jueves, 14 de noviembre de 2013

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Consideran que las leyes limitaron el arrendamiento

Según Apiur, la oferta de alquileres ha disminuido un 98% en 10 años

Propietarios e inquilinos deben esperar meses para un acto conciliatorio

Miles de propietarios han perdido en la práctica su vivienda alquilada gracias a las leyes que han sido dictadas y a las deficiencias operativas de la Sunavi, señala la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur).

Según esta organización, estos propietarios han quedado en un estado de confiscación indirecta, inhibiendo a los demás propietarios a alquilar sus viviendas, perjudicando a las familias que no tienen casa.

Añade que la Sunavi (la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda) vino a sustituir a las 335 oficinas municipales de inquilinato en las funciones de regulación de alquileres de viviendas que funcionaban satisfactoriamente. "Actualmente en la capital y en el interior no existen suficientes fiscales para realizar inspecciones a los 750.000 inmuebles arrendados en el país y fijar los cánones de arrendamiento, dejando a la deriva al mercado de arrendamiento".

Propietarios e inquilinos deben esperar muchos meses para que se realice un acto conciliatorio en la Sunavi, para que posteriormente puedan acudir a los tribunales y solicitar lo establecido en la ley.

A pesar de que miles de propietarios tienen sentencias a su favor legítimamente por tribunales de la República, estas no son ejecutables por cuanto se requiere que Sunavi a través del Ministerio de Vivienda provea refugio o vivienda al inquilino obligado a entregar la vivienda.

Dados los hechos, Apiur estima que la oferta de alquileres ha disminuido un 98% desde hace 10 años cuanto se decretó la congelación de alquileres de vivienda, según puntualiza en un comunicado.

El Universal
13-11-2013

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"La gente perdió la ilusión de mejorar el lugar donde vive"

Faltan planes de acción para solucionar los problemas

Pedro Maldonado vive en El Paraíso hace varias décadas

AMDSAÚ OLIVARES

Pedro Maldonado es vecino de El Paraíso desde hace varias décadas y preside la organización Choka las Manos, que aborda el tema de la deserción escolar y ofrece apoyo y protección a los menores que viven en pobreza extrema.

A su juicio, la apatía vecinal es un rasgo característico en la zona. "La gente perdió la ilusión de ver las cosas bien en su entorno y de mejorar el lugar donde vive". 

-¿A qué atribuye este comportamiento vecinal?

-A la ausencia de resultados. En El Paraíso hay una falta de autoridad en el área del tránsito. No se buscan alternativas para mejorar los problemas. Si hay un embudo en un punto de la avenida hay que buscar la estrategia o el plan de acción para evitarlo, pero eso no existe. 

-¿En qué otros aspectos se evidencia esa ausencia de planes de acción?

-Se supone que esto es una zona de seguridad pues estamos a menos de 500 metros de la Comandancia General de la GN sin embargo la inseguridad es el problema que más nos afecta. También está la falta de mantenimiento preventivo. Se instala un parque infantil pero no se mantiene, en las plazas hay postes doblados o sin luz hace meses y nadie se preocupa en arreglarlos. Se pavimentan las calles pero quedan desniveles no sabemos si por los materiales que usan o por las condiciones en que se colocan. 

ALTOS Y BAJOS

• Hay una carpa del plan Patria Segura en la plaza Washington, pero los vecinos no sienten que esto haya mejorado la seguridad en la zona.

• Vecinos denuncian que es irregular la recolección de basura en El Paraíso

• Fundapatrimonio rehabilitó el conjunto escultórico de la plaza Madariaga, pero jardineras y paisajismo están descuidados.

• Está pendiente la demarcación de calles y avenidas

• Hacen un llamado a los padres y directores de colegios ubicados en la zona para que no contribuyan con el congestionamiento del tránsito.

• El corneteo constante aturde a los vecinos de la Av. Páez

El Universal
13-11-2013

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“La peor decisión que tomamos fue invadir”

Adriana Cabrera ha vivido 23 años en los sótanos de Parque Central

Martha Castro vive en el edificio Continente desde hace 10 años. La infraestructura es inhabitable y es foco de inseguridad 

EMILY AVENDAÑO

Los días de Adriana Cabrera transcurren en un cuarto estrecho, apretujada con su familia en un área que no supera los dos metros de ancho y que reúne cuarto, baño y cocina. Tiene 23 años viviendo en uno de los locales ubicados en el sótano 2 de Parque Central. “Antes vivía en un bajante”, afirma. Por eso no veía con recelo las condiciones de su cuarto. Ahora está embarazada de morochos y teme que sus hijos puedan enfermarse al nacer por los constantes botes de aguas negras en el lugar.

“No tenemos papeles”, dice sobre la propiedad del inmueble. Hace algunos meses, cuando nombraron a Corpocapital responsable de la administración del complejo, fue censada: “Somos varias las familias que estamos aquí. Espero que nos adjudiquen una vivienda porque no queremos ir a refugio”.

Algunas invasiones tienen más de una década.

Hace 15 años, 32 familias tomaron el edificio Immacolata, localizado en la esquina de Perico, en la avenida Universidad. 12 años atrás, 27 familias invadieron el edificio Continente, en Parque Carabobo. “El inmueble pertenece a Fogade. La policía nunca vino a intentar desalojarnos, acudimos a varias instituciones, pero no nos atendieron. En 2011 conseguimos que el Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres hiciera una inspección y determinó que es una construcción en alto riesgo debido a las filtraciones y a la superpoblación. Este era un edificio de oficinas que no estaba preparado para ser habitado”, explicó Martha Castro, una las primeras en llegar al Continente. Sin embargo, las 27 familias iniciales se multiplicaron y ahora son 70.

Hace una semana, el instituto realizó otra visita y constató que la situación ha empeorado. “Ha sido difícil controlar la cantidad de personas que ingresan u organizarnos para pagar la limpieza. Constituimos una Organización Comunitaria de Vivienda, pero duró poco. La peor decisión que tomamos fue invadir”, dice Castro. En su caso, además de soportar los problemas propios de la invasión reconoce que en el edificio afrontan problemas de inseguridad. “Hay denuncias en la Prefectura y en la Fiscalía hechas por los propios vecinos por la música alta o hechos irregulares que han ocurrido con consumo de drogas, y no podemos decir que sean falsas”.

Problemas de convivencia. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, asegura que no hay una política coherente del gobierno central para controlar las invasiones: “La policía no actúa y la Fiscalía no impulsa los casos para que lleguen a los tribunales penales. Antes del año 2000, las invasiones eran de terrenos, lo inédito era que empezaran a tomar inmuebles construidos o que se encontraban en proceso de construcción, remodelación o venta”. Apiur cuenta 157 edificios invadidos en Caracas.

Para quienes habitan en los alrededores de inmuebles invadidos, las tomas se han convertido en un problema; reconocido por los propios ocupantes. Alejandro Gutiérrez, invasor en la Torre Viasa, ubicada en la avenida México, asegura que sus vecinos tienen muy mala imagen de ellos: “Si roban, dicen que fuimos nosotros. De esa puerta para afuera no nos quieren”. Gutiérrez llegó a la torre hace seis años porque se quemó la casa donde vivía en Petare. Allí se han organizado para mantener las áreas comunes, pero el acceso al agua sigue siendo con tobito y algunas habitaciones ni siquiera tienen baño.

“Cada caso es particular. En el Immacolata han tratado de legalizar su situación. En cambio en Continente deberían desalojar, garantizar una vivienda digna a quien lo merezca y llevar ante la justicia a los criminales”, dijo Carlos Julio Rojas, del Frente de Defensa del Norte de Caracas. 

Regularización

El edificio Quetzal en Plaza Venezuela fue invadido hace 10 años. Un decreto presidencial de 2011 ordenó la expropiación, los habitantes cuentan con un auto de ocupación y están a la espera de que el Banavih les informe las condiciones de pago. En la misma situación está el edificio Taormina, invadido hace 20 años en la avenida La Salle.

En el Immacolata esperan que se tome una medida similar.

Roberto Orta, presidente de Apiur, cuestionó la medida porque los propietarios de los inmuebles aún no reciben el pago producto de la expropiación.

El Nacional
13-11-2013

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Vecinos de El Paraíso viven entre la zozobra y el caos

El tránsito colapsa por terminales improvisados y carros mal parados

En la avenida Páez conviven con las podas indiscriminadas y las alcantarillas sin tapa 

DELIA MENESES 
Cuando no es un choque, es el exceso de velocidad de los conductores de transporte público o particular, botes de agua por fallas en las tuberías, huecos y baches en el asfalto, alcantarillas sin tapas o un sinfín de infracciones de tránsito. 

Desde la redoma de La India hasta la plaza Madariaga, la avenida José Antonio Páez, en El Paraíso, en sus casi 3,2 kilómetros de extensión, está llena de aceras fracturadas, monte crecido, ramas caídas y podas indiscriminadas.

La comunidad lamenta la pérdida de frescura y sombra que ofrecían árboles centenarios en una zona que se caracterizó por su abundante vegetación. Sin embargo; hay comerciantes y vecinos que justifican la tala diciendo que las altas ramas opacan la iluminación, que las raíces levantan las aceras o que el arbolado disminuye la visibilidad de las fachadas de los negocios. 

Ana Isabel González, vecina de El Pinar, hace un llamado a la Corporación de Servicios de Libertador, para que los árboles reciban tratamiento fitosanitario y que se siembren especies que no dañen las aceras.

Escarificaron el pavimento frente al colegio San José de Tarbes hace unas semanas y lo dejaron así, se lamenta Héctor Becerra, un taxista que muchas veces pierde dos horas para llegar de la plaza Madariaga hasta Plaza Venezuela.

La avenida Páez es sinónimo de tranca. El caos vial lo agravan la suerte de terminales improvisados en la redoma de La India, frente al centro comercial Galerías El Paraíso. El panorama empeora por los carros que vienen de la Paz y van a La Vega o la Cota 905 que se atraviesan en la vía. 

A lo largo de la avenida es común observar muchos vehículos estacionados en el canal derecho, que dejan solo un canal de circulación. Otro embudo se forma frente a Multiplazas Paraíso, la entrada y salida del centro comercial retrasa el flujo vehicular. Además la parada de autobuses por puesto está justo después de la salida del mall y las unidades se detienen en la puerta de la salida. También hay problemas con la zona de carga y descarga. 

La deuda con los espacios públicos es evidente al recorrer la plaza Washington, Páez y Madariaga, con sus jardineras descuidadas y caminerías rotas. La gente que trota en las mañanas en la Madariaga sale con sus perros y palos por miedo a la inseguridad. En Los Laureles, la panadería y la farmacia han sido robados varias veces este año. Vecinos reportan robos de carros y secuestros. A finales de agosto, un indigente fue asesinado de 4 disparos en plena avenida. Y en la parte alta de la Av. Los Laureles hay guerra de bandas en los barrios Barlovento y Las Casitas. 

El Univeresal
13-11-2013

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Baruteños piden seguridad y mejores servicios básicos

Vecinos piden que se regularice el servicio de agua dentro del municipio Baruta 

En el municipio Baruta, que es la principal jurisdicción opositora de Venezuela, los vecinos de los sectores populares y de las zonas de clase media expresan las mismas inquietudes. Como si se tratara de un discurso planificado, los habitantes consultados insisten en que el próximo alcalde debe enfocarse en mejorar la seguridad y los servicios básicos.

Ana Francisca Lugo, residente de la urbanización Alto Prado, tiene la misma inquietud que Gladys Ramírez, del barrio La Palomera. “Necesitamos que regularicen el servicio de agua. A veces llega amarilla y con un olor desagradable. Pero también es necesario que hagan la recolección de basura con disciplina porque a veces pasamos días con los desechos sólidos en las puertas de nuestras casas”, advirtió Ramírez.

A Carlos Delgado, miembro de la Asociación de Vecinos de Chuao, le preocupa la inseguridad en el municipio y la falta de recursos que tiene la alcaldía para atender las necesidades de la jurisdicción: “Hablo por mí, no en nombre de Asochuao, sino en mi calidad de vecino. El gobierno local tiene pocos ingresos y las lluvias registradas en los últimos meses, ha afectado el presupuesto. Actualmente sufrimos las consecuencias de la inseguridad porque los delincuentes están operando en esta zona que era relativamente tranquila”.

Tanto Harold Cova, representante del Consejo Comunal de Chuao, como Elsa Salazar, miembro de la Asociación de Vecinos de Caurimare, consideran que las fallas en el alumbrado público han originado que en el municipio se incrementen los índices delictivos.

Kiomara Scovino, presidente de la Asociación de Vecinos de Prados del Este, destacó que las organizaciones que han migrado a los consejos comunales han tenido trabas para constituir comunas. “Como la alcaldía no tiene recursos, los gastos de mantenimiento y de seguridad en los parques de Prados del Este los asumimos los vecinos. Nuestro próximo alcalde debe garantizar que no quedaremos excluidos”.

El Nacional
12-11-2013

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Refugiados del Ministerio de Transporte protestaron para exigir viviendas

Refugiados del Ministerio de Transporte protestaron para exigir viviendas

SCZ/Oswaldo Avendaño / Globovisión

En horas de la noche de este martes, refugiados del Ministerio de Transporte Terrestre protestaron para exigir viviendas. Aseguran que tienen tres años viviendo en la sede del organismo ubicado en Chacao y les habían prometido ser reubicados en 2013. 

"El coordinador de refugio (Francisco Vilela) nos dio la noticia este año de que no hay vivienda para nosotros los refugiados del MPPTT. Queremos respuesta, queremos una Navidad feliz en nuestra vivienda, queremos casa YA", reclamaron los integrantes del Cacique Colectivo Chacao.

Exigen al ministro Haiman El Troudi que se pronuncie. "Ya basta de engaños. De aquí no nos mueve nadie, queremos al ministro", demandaron los refugiados.

Globovisión
12-11-2013

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Varguenses se ubican en sede de Ivivar en reclamo de casas

"Ciudad Carpita" busca que les otorguen viviendas en edificios

Hay representantes de 300 familias en Playa Grande

NADESKA NORIEGA ÁVILA

La Guaira.- Representantes de 300 familias de sectores como La Esperanza I y II (Carayaca) Zamora, Marapa - Piache, Mamo, Martín Vegas, la Soublette, barrio Aeropuerto (Cata La Mar) y barrio San Antonio y El Tigrillo (Naiguatá), se mantendrán en carpas frente al Ministerio de Vivienda, en el urbanismo Hugo Chavez de Playa Grande, hasta lograr la adjudicación en algún edificio de los que desarrolla la Gran Misión Vivienda Venezuela.

"De aquí no nos vamos hasta tener un documento de adjudicación. Todos pertenecemos a familias que viven en estructuras declaradas inhabitables y de alto riesgo, algunos desde 1999. Hemos introducido las carpetas con todos los recaudos en el Ministerio y en Ivivar sin ninguna respuesta. No es justo que se le otorgue vivienda a gente foránea cuando cientos de varguenses seguimos enfrentando penurias", explicó la vocera Laurelys Monsalve.

Dijeron que entre las familias hay niños con necesidades especiales y gente que padece cáncer. "Pareciera que para nosotros no hay buena voluntad, solo presión para que nos retiremos. Pero no lo vamos a hacer porque no queremos más promesas".

Vecinos de Playa Grande bautizaron la protesta como "Ciudad Carpita" y la catalogan como una consecuencia del populismo. "Queremos que nos den la cara. Que venga el gobernador que pasa todos los días por aquí, que se baje del carro y nos escuche. Que lo sepan él y el presidente Maduro, que en Vargas hay familias con más de diez años esperando casa. Si somos buenos para dar votos también lo debemos ser para recibir nuestras viviendas" agregó José Gregorio Gamero.

El Universal
13-11-2013

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Caen los bonos del país y se agrava caída de las reservas

JP Morgan movió su recomendación para los títulos de compra a neutral

Al cierre del 11 de noviembre las divisas para cubrir importaciones y pagos de deuda están en lo más bajo desde el 30 de diciembre de 2004 

VÍCTOR SALMERÓN 

La "ofensiva económica" que ha iniciado el Gobierno, con el anuncio de que regulará las ganancias de todos los sectores de la economía, la rebaja forzosa de precios que ha propiciado desórdenes en tiendas de electrodomésticos y detenciones de empresarios acusados de especular, incrementan el temor a un ciclo de más inestabilidad política en Venezuela y los inversionistas se desprenden de los bonos en divisas de la República y Pdvsa.

El bono de la República que vence en 2027, uno de los más representativos de la cesta de títulos, registró un descenso de 5,7 puntos para ubicarse en 72,6% de su valor, mientras que los emitidos por Pdvsa registraron caídas de entre 2,1 y 5,8 puntos, de acuerdo con el reporte de ECG management.

JP Morgan decidió modificar su recomendación para la deuda venezolana desde compra a neutral enviando la señal al mercado de menor optimismo sobre la marcha de la economía del país.

En la nota enviada a sus clientes la entidad financiera destaca que el precio de la cesta petrolera venezolana registra una caída de 8% en las últimas cinco semanas desde 100 dólares el barril hasta 92 dólares, reflejando la tendencia del mercado y un mayor peso de los crudos de menor valor en la composición de la cesta.

JP Morgan añade que el declive de los precios del petróleo se traduce en que el eventual ajuste macroeconómico que tendrá que hacer el Gobierno deberá ser más severo y por ende aumenta la probabilidad de mayor tensión política y social.

El anuncio de Pdvsa de que realizará una emisión de bonos incrementó la percepción en el mercado de que Venezuela atraviesa por una creciente escasez de divisas, algo que también ha sido reforzado por el constante descenso de las reservas internacionales.

El tanque de divisas que permite otorgar dólares para importaciones, pagar deuda externa y respaldar la moneda, se ubicó al cierre del once de noviembre en 21 mil 303 millones de dólares, una magnitud que se traduce en un fuerte descenso de 29% en el año y el nivel más bajo desde el 30 de diciembre de 2004.

El descenso obedece a una mezcla de factores entre los que destaca la caída en los precios del oro, metal que representa alrededor de 85% de las reservas, incremento en los pagos que tiene que hacer la República por concepto de deuda externa, el elevado monto de las importaciones y el declive en el ingreso proveniente de las exportaciones petroleras por caída en la producción de barriles y convenios con países a los que Pdvsa vende a descuento.

Las reservas líquidas, que son los dólares en efectivo que tiene el BCV para cubrir las importaciones del sector privado se ubican por debajo de 2 mil millones de dólares, un nivel históricamente bajo.

El Universal
13-11-2013

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