Representantes del sector inmobiliario afirmaron que la Superintendencia Nacional de Vivienda está colapsada
A casi un año desde la publicación de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, promulgada el 12 de noviembre de 2011, 30.000 juicios que involucran procesos de desalojo se encuentran paralizados en los tribunales venezolanos, asegura Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.
Para el abogado, el principal problema deriva de que la Superintendencia Nacional de Vivienda es la encargada tanto de los trámites administrativos como judiciales, lo que ha generado un colapso en el sector. “Los problemas inquilinarios son de gran cuantía. Han creado una crisis jurídica”, indicó.
Teresa Borges, especialista en derecho inmobiliario, expresó que existe una duda jurídica en cuanto a la naturaleza que van a tener la decisiones de la Sunavi.
“Ellos autorizan a ir a la vía jurisdiccional, no tienen pronunciamiento. Pareciera que lo que se va a lograr es una simple conciliación, que sería lo más idóneo, pero entiendo que son muy pocas las decisiones y que las conciliaciones no han sido exitosas”, dijo. Además, comentó que no conoce casos en los que se le haya dado una salida habitacional al inquilino.
Borges añadió que en el transcurso del último año se ha producido mucha conflictividad entre el arrendador y el inquilino. “Se ven como enemigos, es muy difícil concertar acuerdos”, manifestó. Es por esto que se producen vías de hecho que son contrarias a la Ley.
Además, existe mucha lentitud en los procedimientos de la Sunavi. Orta Poleo comentó que ni siquiera un contrato de arrendamiento puede ser notariado si no se cuenta con la autorización del organismo. La escasez de oficinas y funcionarios también dificultan la ejecución de las normas.
No obstante, el especialista opina que no se trata de la capacidad de un organismo sino de la inaplicabilidad de la legislación.
Cumplimiento
Representantes y especialistas en el área coinciden en que la Ley, promulgada en 2011 ha ocasionado la disminución significativa del mercado de alquileres. De acuerdo con las estimaciones de Apiur, la oferta ha bajado alrededor de 99%. Indicó que esto afecta especialmente a las clases más desfavorecidas, ya que los alquileres representan una solución habitacional para las personas que no pueden adquirir una vivienda.
Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, informó que en un año solo se han registrado 10.000 propietarios en la Sunavi, lo que representa alrededor de un 10% del total. “Todo el mundo está aterrorizado con el tema de alquilar, nadie está alquilando, mercado arrendaticio no existe”, expresó.
Recordó que a un año de la ley, el artículo 68 todavía no se ha podido cumplir por la ausencia del valor de reposición, es decir, cuánto costaría construir el inmueble hoy día. Este monto debe ser fijado por el Ministerio de Vivienda y Hábitat y, de acuerdo con declaraciones del ministro Ricardo Molina, se hace bajo un criterio de valoración socialista, utilizando la experiencia de la Gran Misión Vivienda.
De acuerdo con los cálculos de Martini, el valor del metro cuadrado de las viviendas que edifica el Gobierno a través de convenios internacionales es de aproximadamente 8.000 bolívares, si se toma en cuenta que el Estado paga 122.000 dólares por unidad, las cuales tienen un promedio de 65 metros cuadrados. Este monto no incluye urbanismo, terreno, servicios, etc.
“La metodología del Gobierno para fijar el valor de los inmuebles es absurda porque prescinden del valor del terreno, no toma en cuenta la ubicación y se obtiene un valor vil, es decir, por debajo del valor real”, opinó Orta Poleo.
Descongelar no implica liberar
La providencia administrativa sobre el congelamiento de alquileres, que quedó sin efecto hace un mes, no significa que los cánones se encuentran liberados de forma absoluta. La superintendente Nacional de Arrendamientos, Ana Marina Rodríguez, dijo a AVN que su despacho no va a dictar una nueva medida de congelamiento.
Explicó que el artículo 39 de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda le otorga a la Sunavi la potestad de definir los cánones de alquiler, por lo que no hay razones para continuar congelando los montos.
Esto implica que mientras no se fije esta tarifa no podrán realizarse aumentos en los alquileres, ya que la norma establece que no podrán cobrarse alquileres distintos a los que determine el órgano rector. El incumplimiento de esta norma acarrea sanciones de 100 unidades tributarias.
El Nacional
10-11-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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