viernes, 14 de septiembre de 2012

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Aquiles Martini Pietri: Solo con políticas incluyentes, es posible satisfacer demanda de viviendas y hacer ciudades sustentables

Luego de haber transcurrido diez meses desde la promulgación y entrada en vigencia de la Ley de Arrendamientos, el mercado de alquileres se ha reducido a un mínimo a nivel nacional. Bien sea por haber generado una mayor burocracia, un estancamiento de trámites, desconfianza entre inquilinos y propietarios, e incluso la llamada violencia inquilinaría, la realidad es que, hoy por hoy, los venezolanos le huyen al arrendamiento.

“El panorama a futuro es muy incierto porque, como consecuencia de la Ley de Arrendamiento, ya las familias no encuentran viviendas para alquilar”, aseguró el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri.

El problema de la vivienda se ha agravado a pesar de lo que los voceros del Gobierno pregonen lo contrario. La reciente solicitud por parte del ciudadano Presidente y candidato a la reelección de que necesitará 6 años más en el poder para que ningún venezolano quede sin vivienda, da cuenta de ello. Han sido 14 años de gestión revolucionaria y con varios planes a cuestas (Petrocasas, Misión Villanueva, Misión Vivienda entre otros), que no solo no han podido solucionar este problema sino, peor aún, los datos recogidos por la Misión Vivienda hablan de un déficit de 2.7 millones en el país, es decir, el doble de lo reconocido por el ciudadano Presidente, quien dijo al principio de la “revolución” que el déficit se ubicaba en, aproximadamente, 1 millón 500 mil unidades.

A diez meses de su promulgación ningún venezolano puede cumplir con esta ley, pues la Superintendencia Nacional de Arrendamiento no ha podido desplegarse en todo el país y tampoco ha sido posible que el Ministerio de la Vivienda y Hábitat defina el valor de reposición necesario para el cálculo regulado del precio de la vivienda y del canon de alquiler.

"No puede ser beneficiosa una ley que, de forma comprobada, ha acabado con la oferta de alquileres en todas las ciudades del país. Habíamos advertido que era injusta pues genera un desequilibrio a favor de unos en perjuicio de otros, dificultando la relación contractual y armónica entre inquilinos y propietarios, poniendo acento en la posibilidad del incumplimiento de las partes y imposibilidad de recuperar la vivienda por parte del propietario", declaró.

A juicio del presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, “esta ley debe ser revisada y reajustada llevándola a equilibrio para los interesados, toda vez que se promueva su verdadera discusión con visiones incluyentes y no con la visión electoral, política e ideológica con la cual se discutió”. Opinó que una alianza entre el sector público y el sector privado, para desarrollar proyectos de viviendas en alquiler, sigue siendo una de las soluciones.

Por otro lado, el representante del sector inmobiliario manifestó que las cifras que se manejan, inclusive las del Banco Central de Venezuela demuestran que, en ningún caso, ni en el mejor esfuerzo que haya hecho este Gobierno, el desarrollo de nuevas soluciones habitacionales ha superado la demanda que se produce por el crecimiento vegetativo de la población. Esto quiere decir, puntualizó Martini Pietri, que la participación del sector privado, aparte de ser constitucional, es fundamental y necesaria. En ese orden de ideas manifestó que deben revisarse las alianzas existentes entre el gobierno nacional y los gobiernos y empresas privadas con países amigos, para la construcción de viviendas. “La solución al déficit habitacional no puede ni debe ir en detrimento de trabajadores, empresas y familias venezolanas”, recalco.

"Con un aparato productivo debilitado, la constante falta de materiales de construcción, y legislaciones cada vez más centralizadoras y restrictivas, se aleja más la posibilidad de un plan sostenido y efectivo para que se desarrollen núcleos habitacionales sustentables con viviendas dignas para todos y cada uno de los venezolanos", sentenció.

“Los venezolanos debemos esforzarnos y empeñarnos en superar las matrices sesgadas con visiones políticas e ideológicas para abordar el tema de la vivienda y solucionarlo en base a la discusión, el diálogo y el compromiso de todos”, advirtió Martini Pietri. En ese sentido, dijo que los focos de atención deben ponerse en la producción y distribución adecuada de los materiales de construcción como son cemento y cabillas; la planificación urbana para crear habitabilidad y desarrollo socioeconómico en armonía con la expansión y mejoramiento de los servicios básicos necesarios; la definición de una política de financiamiento confiable, sustentable y transparente a través de la banca pública y privada; y la adaptación del marco jurídico basado en el respeto a los derechos constitucionales individuales y comunes y a la propiedad privada, a fin de generar tranquilidad y confianza para todos los participantes.

La gran fortaleza de un plan amplio y consensuado de viviendas, donde participen las empresas privadas, el sector público, las universidades, las organizaciones gremiales y la sociedad civil organizada, deberá concentrar su enfoque especialmente en los sectores más necesitados de la población, quienes verán incrementada su calidad de vida, y por lo tanto Venezuela toda se verá beneficiada, disminuyendo y cumpliendo así con la deuda social y sus consecuencias, que no ha podido ser saldada en todos estos años.

“Un modelo de ciudad sustentable, más vivible, donde los servicios funcionen, exista educación, seguridad, capacidades productivas, movilidad, espacios de esparcimiento, y núcleos de desarrollo económico, será uno de los caminos que debemos seguir los venezolanos para encontrar la solución al déficit habitacional y de esta manera lograr ese clima de paz y progreso que todos nos merecemos”.

Martini Pietri aseguró que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela asume el compromiso de facilitar las discusiones y planteamientos entre los distintos sectores, que permitan diseñar este modelo de ciudad a la que aspiramos los venezolanos, “lo hemos hecho en el pasado y hoy, ratificamos nuestro responsabilidad y nuestro deber de seguir trabajando por esas miles de familias que a pesar de las promesas incumplidas de la política actual de vivienda y aún no ven cristalizadas sus expectativas, mantienen la esperanza de una Venezuela de opciones, oportunidades y progreso".

Cámara Inmobiliaria de Venezuela Prensa
12-09-2012

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Aporte obligado al Fondo de Vivienda

A los trabajadores formales se les descuenta un porcentaje de sus ingresos laborales por concepto de "aporte al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda" (Faov). El aporte también es realizado por el empleador, quien debe contribuir por disposiciones legales que lo obligan a ello.
A pesar de que es un descuento regular que se registra en sus comprobantes de pago, muchos trabajadores desconocen cómo se utiliza ese aporte y cuándo pueden hacer uso de éste.
El abogado Juan Cristóbal Carmona Borjas, especialista en Derecho Tributario, responde a algunas de las preguntas más frecuentes sobre el tema.
−¿En qué consisten los aportes al Faov?
Es una masa de dinero proporcionada por trabajadores y empleadores, de conformidad con la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, así como por los rendimientos que de ésta se derivan, dirigida a la satisfacción de necesidades de vivienda principal o hábitat.
−¿Quiénes están obligados a efectuar los aportes al Faov?
Se trata de un aporte mixto, correspondiendo efectuarlo, por una parte, a los patronos, y por la otra, a los trabajadores. Los primeros aportan las dos terceras partes de los mismos, en tanto que los trabajadores la tercera parte.
−¿Cómo se calculan los aportes al Faov?
El aporte es equivalente al tres por ciento (3%) del salario integral, entendiéndose por éste, todos los conceptos que con carácter de remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuera su denominación o método de cálculo, y siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, corresponda al trabajador por la prestación de un servicio. Comprende, entre otros, las comisiones, primas, gratificaciones, utilidades, bono vacacional, recargos por días feriados, horas extras, trabajo nocturno, alimentación y vivienda.
Respecto del cálculo de estos aportes no aplica el límite de diez (10) salarios mínimos previsto en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral para aportes similares de otros subsistemas.
−¿Con qué frecuencia deben efectuarse los aportes al Faov?
Mensualmente. El empleador debe retener el 2% del salario integral del trabajador y complementar esa cantidad con el 1% que a él corresponde aportar y depositar el total que resulte de la sumatoria de esos dos componentes, antes del quinto día hábil de cada mes en la cuenta del trabajador abierta por ante el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih).
−¿Quién administra los aportes al Faov?
El Banavih. Esa institución tiene la obligación de velar por la veracidad y la oportunidad de la información relativa a las transacciones efectuadas en la cuenta de cada trabajador.
−¿Qué destino puede conferírsele a los aportes al Faov?
Los titulares podrán usar los ahorros que tengan en este Fondo para el financiamiento, compra, construcción, sustitución, restitución, reparación o remodelación de su vivienda principal; el refinanciamiento o pago de hipotecas; e incluso podrán cederlos total o parcialmente, por ejemplo, a sus familiares más cercanos, quienes también los recibirán en caso de fallecimiento del trabajador, debiendo éstos igualmente emplearlos para este tipo de fines.
−¿Qué consecuencias pueden derivarse del incumplimiento de la obligación de efectuar el aporte?
El patrono que incumple con el deber de enterar los aportes oportunamente, será sancionado con multa equivalente a 200 unidades tributarias (UT) por cada aporte no enterado, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal correspondiente.
Adicionalmente, el infractor podrá ser objeto de una amonestación moral y pública, que supondrá la fijación de un cartel contentivo de la palabra "Infractor", que será fijado en un lugar visible desde el exterior del sitio donde tiene su sede el sujeto pasivo de la sanción principal."

El Mundo
13-09-2012

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Sin aplicarse los aspectos clave de la Ley de Alquileres

El valor de reposición de los inmuebles no se ha publicado

Inmobiliarios dicen que el mercado de alquileres se ha reducido
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Aquiles Martini, señaló que los aspectos clave de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que entró en vigencia el 12 de noviembre de 2011, continúan sin aplicarse.

En un comunicado, indicó que "a 10 meses de la promulgación todavía no se puede cumplir con la ley, pues la Superintendencia Nacional de Arrendamientos no ha podido desplegarse en todo el país y tampoco ha sido posible que el Ministerio de la Vivienda y Hábitat defina el valor de reposición para el cálculo regulado del precio de la vivienda y del canon de alquiler".

Aunque propietarios e inquilinos pueden registrar los contratos en el organismo, el cálculo de la renta a cobrar bajo los parámetros de la ley aún no se puede realizar.

Martini dijo que "el mercado de alquileres se ha reducido a un mínimo a nivel nacional. La Ley ha generado una mayor burocracia, un estancamiento de trámites, y desconfianza entre inquilinos y propietarios".

Agregó que "el panorama a futuro es muy incierto porque, como consecuencia de la Ley de Arrendamiento, las familias no encuentran viviendas para alquilar. Esta ley debe ser revisada y reajustada".

El Universal
13-09-2012

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Pernoctará a las puertas de su vivienda para exigir desalojo

Lenny Pirela exige la entrega de su vivienda en Terrazas de Club Hípico | Leonardo Guzmán
Como protesta por la renuencia de una inquilina a desalojar su inmueble, Lenny Pirela se instaló ayer con su familia en la entrada de su apartamento, en Terrazas del Club Hípico, con colchones y provisiones para exigir la devolución de la vivienda.

Pirela vive en Barinas con su familia, pero sus dos hijos mayores comenzarán a estudiar en la universidad próximamente y necesitan un lugar donde residir en Caracas. "Mi hija mayor vive en casa de una amiga, y eso no es justo porque ella tiene su apartamento en la ciudad. No podemos seguir esperando más tiempo para que nos devuelvan el inmueble".

De acuerdo con Pirela, la residencia fue alquilada en agosto de 2010. El contrato original establecía seis meses de alquiler, aunque admitía otros seis meses extra al terminar el primer período. Al finalizar el segundo período, la propietaria de la vivienda no renovó el contrato, y otorgó seis meses más de prórroga legal a la inquilina. Sin embargo, en febrero de este año ­fecha en que vencía el lapso de espera­, la mujer solicitó una temporada más en la vivienda, para que su hijo pequeño pudiera terminar el período escolar. Cuando finalizaron las clases, se rehusó a desalojar la vivienda.

Pirela afirma que la inquilina fue seleccionada por la Misión Vivienda Venezuela para otorgarle un apartamento, pero que no quiere aceptarlo.

"Ella dice que no se irá de mi casa porque no quiere perder su estatus. Dice que las casas de la Misión Vivienda son muy pequeñas".

La propietaria del inmueble expresa que la inquilina intenta intimidarla cuando afirma que es funcionaria de Miraflores y que su esposo es capitán del Ejército. Además, según la arrendataria, la pareja cuenta con el apoyo de oficiales de ese cuerpo de la FAN y del ministro de la Defensa.

Pirela sostiene que está dispuesta a acampar indefinidamente en el pasillo del edificio, hasta que los arrendatarios desocupen el apartamento y puedan utilizarlo sus hijos.

El Nacional
12-09-2012

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Déficit habitacional materia pendiente

Desde 1999 la cantidad de viviendas terminadas asciende a 700 mill La meta es realizar más de 2,6 millones de viviendas en un lapso de seis años La propuesta prevé el incremento en la fabricación de insumos
Venezuela ⁄ La política de vivienda a lo largo de 14 años se ha ejecutado a través de tres misiones y de la aprobación de marcos legales, que además de establecer esquemas financieros a tasas sociales, han incrementado las regulaciones al sector privado de la construcción. En ese contexto, el número de unidades fabricadas desde 1999 hasta agosto de 2012 asciende a 700 mil, mientras que el déficit continúa en 1,9 millones de viviendas.

Las limitaciones en las inversiones, los problemas en la ejecución de los fondos asignados y la mayor cantidad de pasos fijados para el inicio de las obras han sido algunos de los factores que no han permitido un crecimiento constante en la producción de casas, siendo la excepción el 2011, cuando las autoridades decidieron acelerar la construcción. Sin embargo, la brecha aún no se cierra.

El Gobierno, al inicio de su gestión en 1999, anunció que las metas anuales de producción serían de 60.000 casas, objetivos que se mantuvieron hasta 2004 cuando se dio un giro en la política con la creación del Ministerio y luego con el lanzamiento de la Misión Hábitat. En aquel momento, el jefe de Estado dijo que la construcción sería de 120 mil unidades por año.

Pero el número más alto de viviendas terminadas por año entre 2004 y 2006 estuvo en torno las 50 mil, por ello, en 2007 el Ejecutivo insistió en la necesidad de avanzar más en la producción de viviendas y conformó la Misión Villanueva que tuvo como meta la realización de 110.000 casas al año y la conformación de ciudades sociales.

En el marco de ese plan, el Estado nacionalizó las industrias del cemento y las siderúrgicas. Pese a las acciones, el número más alto de viviendas terminadas fue 58 mil.

Dado el bajo desempeño y la cercanía de las elecciones, en 2011 se lanzó la Gran Misión Vivienda, para acelerar la producción. Y con el fin de realizar más de 150 mil casas se ocuparon terrenos y se concentró la distribución de insumos. El pasado año la cantidad de casas, terminadas superó la barrera de las 140 mil.

A la par de la mayor construcción, el Gobierno creó una nueva estructura legal que le restó espacio a los privados.

El Universal
12-09-2012

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Obras a todo tren antes del 7- O

Expertos advierten que construcción acelerada derivará en futuros problemas

Al menos nueve construcciones se ejecutan solamente en la avenida Libertador VICENTE CORREALE
DALYLA DENNERY
Obras en construcción se erigen a granel y a toda máquina por la ciudad. Cualquier espacio vacío ha sido bueno para edificar. A tan sólo 24 días para las elecciones, los constructores parecen tratar de hacer todo y cuanto esté a su alcance para concluir la mayor cantidad de complejos habitacionales.

Sin embargo, los expertos consideran "dramático" el acelerado ritmo con el que ejecutan estos complejos, sin tener en cuenta el tiempo que requiere cada procedimiento.

El ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de Caracas, Francisco Sesto, aseguró que sólo la Oficina Presidencial de Planificación, construye 122 edificios y 14 complejos habitacionales entre el municipio Libertador y el estado Vargas, para un total de 11.188 viviendas. "Es como hacer una ciudad de 60 mil habitantes". Las redes de servicios públicos (agua, gas y electricidad) son las mismas.

Para la presidenta del Instituto Urbano de la Alcaldía Mayor, Zulma Bolívar, se trata de políticas ejecutadas de forma improvisada y sin planificación. "Se nota que hay un apuro terrible por el tema de las elecciones. Todo lo quieren listo para mostrarlo y trabajan en tres y cuatro turnos, lo que es realmente dramático porque fuerzan el tiempo de construcción", señaló.

En tal sentido, explicó que una losa de concreto de un edificio tiene un tiempo determinado para que fragüe. "Con los imprevistos propios que tienen las constructoras y tratando de hacer magia, quién garantiza que esas obras cumplirán con los estándares de calidad y que no pase lo que sucedió con las viviendas en Valles del Tuy".

Las autoridades han informado que 52% de estas obras son levantadas por el Poder Popular para poder alcanzar por los tiempo establecidos. El canal del estado anunció, además, un maratón de entrega de viviendas para el próximo 3 y 4 de octubre, a escasas 72 horas de las presidenciales.

Igualmente, el caos que generan estas obras en su entorno han sido una de las preocupaciones de vecinos y autoridades municipales.

"Los alrededores de estas construcciones son un desastre. Cierran vías completas para poner materiales, no tienen consideración con el entorno, traen deterioro y gran congestionamiento. Para hacer edificaciones de esta envergadura debe haber coordinación y conciliación con las alcaldías que son los entes que conocen mejor que nadie el territorio y los posibles colaboradores", estimó la presidenta del Instituto Urbano de la Alcaldía Mayor.

Flor Benayto, se desempeña como comerciante en San Bernardino frente a una de estas construcciones. "Todos los materiales los lanzan en el medio de la calle y a veces se agarran hasta dos canales. Trabajan en las noches y hasta los domingos, así que todos estamos cansados con la bulla y enfermos por tanta tierra", contó.

Ramón Ríos, habitante del sector Juan Pablo II, lamenta que la construcción estatal no siguiera con el proyecto original de la zona.

Con el Cabletren de Petare se vive una situación similar, tras ser anunciado por Chávez en el 2008 en los últimos meses fue cuando se hizo visible la construcción, pero a pesar que su recorrido es de sólo 2,1 kilómetros será inaugurado un primer tramo con tres estaciones.

Pero todo no podrá ser mostrado antes del 7- O. El retraso es evidente en el caso del Buscaracas, el Metro Guarenas- Guatire y la Línea 5.

EN DETALLE

• Libertador, el municipio más poblado de Caracas, cuenta con 13,75% de su territorio dispuesto para la construcción de viviendas y le sigue Baruta, con 2,07%.

• En Distrito Capital se han entregado al momento 7.222 viviendas y para el período 2012-2013 están en construcción 54.841 casas más.

• El ministro para la Transformación de la capital, Farruco Sesto, afirmó que en el caso de la Gran Caracas (Distrito Capital, Miranda y Vargas) había más de 33 mil familias refugiadas y que hasta la fecha se han entregado casi 15 mil techos.

El Universal
13-09-2012

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