lunes, 9 de julio de 2012

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Obligan a vender a precio de gallina flaca

El día 17 de noviembre del año 2011 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió un recurso de nulidad contra la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos por parte de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), el cual fue admitido por el ente judicial después de 6 meses, por lo que lo seguirán estudiando para dedicidr si lo aprueban o niegan.

Roberto Orta, presidente de Apiur, demandó la nulidad de la quinta disposición transitoria plasmada en la normativa, ya que "esta obliga a que los propietarios o constructoras de los inmuebles que tengan un predio con más de 10 años tienen que venderlos obligatoriamente al inquilino que reside en ese momento. Esta disposición transitoria viola flagrantemente uno de los elementos fundamentales del derecho de propiedad que es legal en la Constitución".

Este es el caso de Carmen Ramírez, dueña de un apartamento ubicado en el centro de Caracas, quien expresó que esa edificación es de vieja data, pero no comparte la Ley de Arrendamientos, pues no está de acuerdo en vender su propiedad; ella mensualmente percibe 1.500 bolívares y con ese dinero puede vivir medianamente bien, además, que se lo quiere dejar como herencia a su hija.

Por su parte, un señor que prefirió mantener su nombre en reserva, destacó que vive alquilado en Puerto La Cruz y está de acuerdo con que le vendan la propiedad a un precio acorde al tiempo que tiene residiendo en el lugar o si el precio no es regulado que le puedan dar facilidades de pago para comprar el inmueble.

Orta señaló que estas disposiciones transitorias contradicen la Carta Magna ya que en el artículo 115 se establece la protección de la libre voluntad de cualquier ciudadano de conservar su patrimonio o de vender su propiedad pero conscientemente no por obligación.

DISPOSICIONES ILEGALES Y CONTRADICTORIAS Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, dijo que "el TSJ admitió un recurso de nulidad introducido por Apiur, pero aún no han dado la sentencia firme sobre el caso. El estatuto plasmado en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda es inconstitucional".

Además, señaló que muchos arrendadores no quieren vender su inmueble, sino que quieren seguir alquilando su propiedad, pero la disposición transitoria obliga a vender la propiedad en edificios con vieja data. "El problema no es vender a precio regulado; la complicación es que a nadie se le puede obligar a vender algo que le pertenece si no desea, pues la Constitución establece que toda persona tiene derecho hacer con su inmueble lo que desee", puntualizó Pietri.

Para Orta las disposiciones transitorias de la normativa de arrendamiento son ilegales, pues en el artículo 88 "los ocupantes que tengan más de 10 años viviendo en un inmueble pueden optar por comprar y los propietarios según está ley tendrán el compromiso de ofertar la venta al inquilino que ocupe la propiedad; el precio será el que determine la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda".

Tal Cual
03-07-2012

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Cámara Venezolana de la Construcción: Sector privado podría construir 200 mil viviendas

VIDEO: Cámara Venezolana de la Construcción: Sector privado podría construir 200 mil viviendas

El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Gilbert Dao, aseguró que por lo menos 200 mil viviendas estaría en capacidad de construir el sector privado, tomando en cuenta que actualmente 107 mil unidades se encuentran paralizadas y otras 90 mil sin iniciar.

Aseguró que el principal problema es el acceso a los insumos, además de la reciente legislación que han levantado un cerco sobre la actividad privada.

De acuerdo con la encuesta de Datanálisis correspondiente al mes de mayo de este año, 72% de la poblacion responsabiliza al gobierno central y al ejecutivo nacional de la falta de viviendas en el pais.

23,9% de la poblacion dice que por escasez de insumos para la construccion, 4 puntos porcentuales mas que en marzo, cuando fue la otra medicion.

En cuanto a la mision vivienda, 43,6% dice que ve avance en esta materia, y 32,7% dice que conoce o ha sido beneficiario de la mision vivienda Venezuela.

Al evaluar la calidad de los servicios, 71% evalua de manera negativa la vialidad, 72,4% la infraestructura, 68% la recoleccion de basura, 57,8% la electricidad (12,2% mas que en marzo, cuando era de 45,6%).

Globovisión
04-07-2012

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71,8% de la población atribuye al Gobierno la falta de viviendas

El director de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló que 71,8% de la población responsabiliza al Gobierno central de la falta de vivienda.

Durante la presentación de los indicadores del sector construcción indicó que eso se genera porque el Presidente Hugo Chávez ha dicho ser el responsable de la Gran Misión Vivienda.

Agregó que la población considera que la falta de vivienda es por la ausencia de materiales y 24% de los consultados consideran que la falla con los insumos es culpa del sector público.

La encuesta revela que 71% de los encuestados tiene una percepción negativa sobre la vialidad en el país y responsabiliza por la falta de mantenimiento en 47,4% a los gobiernos regionales.

Sobre el servicio eléctrico el 57,8% tiene una percepción negativa, que sube 12 puntos respecto a marzo cuando fue 45,6%.

El Universal
03-07-2012

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Vías y centros de salud son las obras más demandadas por los venezolanos

El segundo sondeo de opinión sobre indicadores del sector construcción realizado, en el mes de mayo, por la encuestadora Datanálisis, revelan que 41,8% de los venezolanos demandan la construcción de vialidad; 40,4% obras vinculadas al sector salud, como hospitales y clínicas y 34,5% consideraron relevante y prioritaria la construcción de viviendas.

El director de la firma, Luis Vicente León manifesta que los encuestados señalan al Gobierno central como principal responsable de la falta de mantenimiento en las obras de infraestructura, resultado que lo coloca en primer lugar con 25%, tras venir de un tercer puesto obtenido en la encuesta de marzo.

“En marzo el top three era: alcaldías (29,3%), gobernaciones (25,4%) y gobierno central (20,1%); en la medición actual se asigna mayor responsabilidad al gobierno central (25,0%), seguido por las alcaldías (24,4%) y las gobernaciones (23,0%)”, precisa León.

La solución a la problemática habitacional recayó con 71,8% en el sector público. “De acuerdo a los entrevistados, la responsabilidad para resolver el problema de la vivienda recae principalmente sobre: el gobierno nacional (34,7% en 1era. mención y 53,8% en total menciones), el Presidente (22,9% en 1era. mención y 32,0% en total menciones) y el Ministerio de Vivienda y Hábitat (14,2% en 1era. mención y 31,0% en total menciones)”, según destaca el Director de Datanálisis.

Cuando se preguntó por las razones que impiden la solución al problema de la vivienda, León apunta que los resultados arrojaron: la escasez de materiales para la construcción con 23,9%, el Gobierno no se ha ocupado del tema con 12,4% y la falta de coordinación entre el Gobierno y la empresa con 7,7%.

Señala León que la percepción de la gente sobre el avance del Gobierno nacional en solucionar el problema de viviendas registra 43,6%. Sin embargo, aclara que 63,8% de los consultados han manifestado no conocer a algún familiar o amigo que haya resultado beneficiado por la Gran Misión Vivienda.

Pese a la eliminación de las concesiones en algunas de las principales vías del país, el estudio de Datanálisis destaca que 55,7% de los entrevistados manifestaron estar de acuerdo con el retorno de los peajes, lo que representa una importante mayoría, ya que el porcentaje actual de desacuerdo es de sólo el 20,3%.

La información de la firma muestra, también, una evaluación de la calidad de los servicios, revelando resultados negativos, en los rubros como: electricidad, transporte, agua, recolección de basura y vialidad.

Indica Luis Vicente León que los aumentos más significativos en las apreciaciones negativas ocurrieron en los servicios de electricidad con 11,1 puntos porcentuales, pasando del 8,5% de evaluaciones malas y muy malas a 19,6%; y la recolección de basura con un incremento en las evaluaciones negativas de 4,8 puntos porcentuales.

Ante el panorama adverso, el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Gilbert Dao insiste en la necesidad de promover políticas públicas que impulsen el desarrollo del país. En este contexto, plantea la necesidad de instrumentar, la modalidad de participación público privado (PPP) en el sector, la cual consiste en establecer una alianza entre el sector público y privado para el desarrollo y construcción de obras de infraestructura.

“Es necesaria una inversión de US $ 12.000 a US $ 15.000 millones en infraestructura pública que debe acelerarse y maximizarse vía la participación del sector privado, en la construcción, mantenimiento y operación de las obras, permitiendo al sector publico destinar los recursos del presupuesto a los aspectos sociales. Esta participación del sector privado, debe garantizar la participación de las empresas venezolanas en consorcio con las empresas internacionales, cuando el financiamiento para la infraestructura venga del exterior, garantizando la transferencia de tecnología y fortaleciendo y haciendo más competitiva a las empresas venezolanas.” destaca Dao.

Dao asegura que las perspectivas del sector no son buenas, porque se han seguido promulgando leyes que han venido a contraer y a crear más inseguridad jurídica. “De hecho a veces no tenemos claro el procedimiento a seguir para poder cumplirlas”.

Destaca que la situación del sector construcción se torna cada vez más adversa, en la medida que las leyes se convierten en acciones punitivas, por las cuales se multa o encarcela por su incumplimiento, y al no haber transparencia en el procedimiento, el sector privado se abstiene de seguir construyendo hasta tanto no tenga la situación clara.

“Definitivamente el sector construcción requiere de normas y leyes claras, que se aplique una Ley de Contrataciones de manera transparente, que se dé mayor cabida a las empresas nacionales cuando construyen las empresas extranjeras. El Estado tiene que tener una política clara para el sector, donde se engranen todos estos aspectos”, precisa el Presidente de la CVC.

Prensa Cámara Venezolana de la Construcción
04-07-2012

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En Valle Abajo denuncian que la GN ampara a tomistas

Los vecinos tienen cuatro días cerrando la Av. Los Ilustres para protestar
Tomistas saludan amigablemente a diario a los guardias(Archivo)

A José Antonio Fernández, quien desde hace 48 años está al frente de un taller mecánico en la calle Ventuari de Valle Abajo, en la parroquia San Pedro, lo están llevando a la quiebra. Desde el sábado pasado, los tomistas de un terreno cercano se han apostado a las puertas de su negocio y hacen fotografías de quienes ingresan, lo que ha provocado una desbandada de sus clientes.

"Nadie quiere entrar y dejar su carro en el taller por temor", lamenta el comerciante.

Los vecinos de Valle Abajo están en permanente vigilia para defender este terreno, pues varios otros espacios han sido tomados en los alrededores.

Desde hace cuatro días varios miembros de la comunidad han cerrado la avenida Los Ilustres como medida de protesta. Relatan que cada vez que se concentran aparecen individuos en motos de alta cilindrada que ponen a sonar sus motores y se plantan en medio de los vecinos en actitud provocadora.

Varias mujeres, residentes de Valle Abajo, quienes fueron hasta la carpa de la Guardia Nacional, ubicada en las cercanías del Metro de Los Símbolos, para buscar protección, denunciaron que los invasores están amparados por los guardias nacionales pues los han visto entrar y salir de la carpa a cualquier hora del día y saludar amistosamente a los efectivos.

Fernández asegura que se trata de invasores de oficio que pasan todo el día instalados bajo un toldo y se van al finalizar la tarde. En la noche quedan algunos de guardia y la comunidad ha denunciado que orinan en los alrededores.

Por su parte, los integrantes del Campamento de Pioneros "Enevolución" (unas 25 familias) que custodian los terrenos alegan que están luchando por espacios para gestionar un proyecto de autoconstrucción. Sostienen que se amparan en el artículo 33 de la Ley de Tierras Urbanas que posibilita a grupos organizados a custodiar espacios que se encuentran sin uso o puedan tener utilidad social. Gladyz Parra, habitante del sector, indicó que los tomistas aseguran estar amparados por la Alcaldía Libertador y por la Vicepresidencia. "Ellos están seguros que la orden saldrá desde la propia Presidencia de la República. Pero es ilegal pues el terreno está en uso".

Otro de los vecinos denunció que uno de los líderes de la toma es un escolta de un ministerio, por lo que anda en una moto sin placa que tiene documentos oficiales.

El Universal
30-06-2012

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