133 artículos tiene el anteproyecto de Ley (Créditos: Archivo)
Sharay Angulo.- Unos 133 artículos tiene el anteproyecto de Ley de Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial que trabaja la Asamblea Nacional.
Los precios para la venta de los establecimientos comerciales también están regulados en el anteproyecto de Ley de Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, en el cual trabaja desde marzo la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN).
Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), advierte que, de ser aprobada la norma como está, "el precio al cual se venderán los inmuebles de uso comercial ya no será producto del mutuo acuerdo entre las partes, sino impuesto por el Estado".
El artículo 79 del papel de trabajo que se distribuyó a los diputados establece que el documento en el cual los propietarios informen a los arrendatarios su voluntad de venderles el inmueble, "expresándoles su derecho de preferencia", deberá incluir también un "precio no mayor al determinado como el valor del inmueble que se fijó en el cálculo del justo valor, establecido en la presente ley para la fecha de la oferta".
Según el artículo 56 del texto legal, "la determinación del valor del inmueble será responsabilidad de la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, Afines y Conexos", que también fijará el canon de arrendamiento máximo.
Para tal fin, esta dirección "contará con peritos tasadores designados para estimar el valor del bien mueble o inmueble", de acuerdo con el artículo 57.
Por tal razón, al momento de vender, los dueños de los locales deberán "anexar una copia de la resolución respectiva emitida por la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial".
Orta advirtió que "la regulación de los precios de venta en las resoluciones 513 y 576 del gobierno de Caldera, en 1971, generó que durante 30 años prácticamente no hubiese negociaciones entre los propietarios y los inquilinos de inmuebles, por lo que la experiencia en el pasado no ha dado ningún resultado".
Riesgos de la centralización
Lo que más le preocupa a Orta sobre el nuevo proyecto legal es que "al igual que sucedió con la vivienda, se pretende centralizar las facultades de las 335 oficinas municipales de inquilinato que funcionan en las alcaldías en una Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, Afines y Conexos".
Estas oficinas se encargan de regular los alquileres, hacer actos conciliatorios y cumplir con todo lo establecido en la Ley de Arrendamiento Inmobiliario de 1999, que sigue vigente para el sector comercial, ya que en noviembre pasado se aprobó otra normativa para el mercado residencial.
"Se creará el mismo caos que existe actualmente con la nueva Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas (Sunavi), que solo tiene una oficina por estado y aún no abarca todo el país", dijo el presidente de Apiur.
Orta aclaró que si bien Apiur, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) y la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) fueron convocadas por la Comisión de Administración y Servicios por motivo de esta ley, "la reunión fue informativa".
El abogado espera que las observaciones de todas las partes sean tomadas en cuenta e incorporadas en el mismo anteproyecto antes de que pase a primera discusión, ya que todavía puede sufrir modificaciones.
Orta destaca que "dependiendo de cómo quede la ley, pueden afectarse las inversiones del sector". Asimismo, lamentó que este texto incorporará a los comercios construidos después de 1987, pese a que estos habían quedado fuera de la regulación vigente para estimular las inversiones.
El Mundo
01-06-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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