El comportamiento del sector sigue siendo similar al registrado en 2011
Los constructores señalan que se requiere invertir Bs 60 millardos anuales en la recuperación de obras ARCHIVO
MAYELA ARMAS H.
El pasado año el Ejecutivo decidió acelerar la construcción de soluciones habitacionales y para ello creó la Misión Vivienda Venezuela. No obstante el mayor número de unidades culminadas, la administración de Hugo Chávez Frías en su segundo período de gobierno tiene como balance haber terminado 2,17 viviendas por cada mil habitantes.
El economista Ángel Alayón señaló que para solventar el déficit habitacional es necesario que la producción de soluciones tenga un crecimiento más alto. "Han sido muy pocos los años en los que la construcción redujo el incremento anual del déficit de unidades".
En ese marco, destacó el comportamiento de la producción de casas y puso como ejemplo que en el primer período de gobierno de Chávez (1999 a 2004) se realizaron 0,87 viviendas por cada mil habitantes y en el segundo (que comenzó en 2004) aumentó a 2,17 unidades. Sin embargo, ese nivel de producción dista de los registrados en otros años.
Alayón mencionó que en la administración de Luis Herrera Campins se terminaron 5,4 viviendas por cada mil habitantes; en el primer gobierno de Rafael Caldera se hicieron 5,43 viviendas y en el primer período de Carlos Andrés Pérez se llegó a efectuar 5,18 viviendas.
En la XIII Convención Anual de la Vivienda y Hábitat, organizada por la Cámara Venezolana de la Construcción, el economista expresó que para cerrar la brecha de viviendas deben realizarse 4,2 millones de unidades en 15 años, lo que equivale a 275.000 casas por año. "Para ello es necesario incrementar las inversiones. Actualmente la gaveta hipotecaria representa 2% del PIB, y en países como Chile los créditos para la producción de viviendas equivalen a 7% del PIB".
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Gilbert Dao, comentó que "el crecimiento de la construcción en Venezuela es el menor de América Latina". Y aseguró que la desinversión afecta.
"Para recuperar la infraestructura se tienen que inyectar más de 60 millardos de bolívares anuales y para desarrollar nuevos proyectos la inversión tiene que estar por el orden de 7% del PIB".
Sin insumos
El presidente de la organización indicó que la situación de la construcción privada al cierre del primer trimestre de este año no fue distinta a la registrada en el 2011 y agregó que las fallas en el suministro de los insumos básicos siguen retrasando los proyectos.
"Cuando se realizan las evaluaciones por regiones se tiene que la escasez de materiales es el factor que más afecta".
En el transcurso del año los constructores han indicado que el suministro de cemento ha sido irregular y en los últimos días se ha afectado más por la paralización de los hornos de la Fábrica Nacional de Cementos. Situación similar se ha presentado con las cabillas, pues el abastecimiento no se efectúa con regularidad. A ello se suma que la mayor parte de la oferta de insumos que existe se orienta a la Misión Vivienda.
Gilbert Dao indicó que "el grueso de los materiales va orientado a la Misión y no sólo los proyectos privados reciben menos materiales, las grandes obras de infraestructura están afectadas por la menor disponibilidad de insumos".
Comentó que "en las grandes obras es crítico el suministro, de acuerdo a lo que han indicado las contratistas".
El economista José Manuel Puente apuntó que "este año la construcción privada tendrá un comportamiento errático, mientras que la construcción pública estará favorecida por el mayor gasto del Gobierno".
Aunque las erogaciones del sector público se incrementarán, estima que en la producción de viviendas las metas no se cumplirán. Para este período el Ejecutivo tiene como objetivo efectuar 200.000 soluciones, y ese monto incluye casas de entes oficiales y privados.
El Universal
25-04-2012
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jueves, 26 de abril de 2012
CVC: Se necesitan Bs.60.000 millones para infraestructura
El sector de construcción sufre consecuencias de la escasez de materiales.
La Cámara Venezolana de la Construcción dijo este martes que el país necesita 60.000 millones de bolívares "para recuperar la infraestructura" nacional existente y lamentó que sólo se invierta la mitad de lo requerido en infraestructura nueva.
"No se puede promover el desarrollo de un país sin inversión en infraestructura" y se necesitan 60.000 millones de bolívares "para recuperar" la existente y a la vez elevar el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que se invierte en infraestructura nueva, que actualmente es de 2% o 3%, dijo el presidente del gremio, Gilbert Dao.
Durante un seminario de la organización, Dao destacó que países de la región como Chile, Colombia y Panamá invierten en infraestructura nueva "tasas equivalentes a 7% de su PIB".
"Si por un lado se está dejando de invertir en infraestructura nueva y por otro se necesita cada vez más dinero para recuperar la infraestructura existente, tenemos una idea de la magnitud de la crisis", remarcó en el seminario y en declaraciones a los periodistas.
Además de problemas de inversión, sostuvo que ese sector del empresariado privado "está sufriendo consecuencias de una escasez de insumos", principalmente de hierro y cemento, lo que además repercute en el nivel de empleo.
"Estamos en capacidad plena de emplear a 1,2 millones de personas", pero debido a la falta de materiales "estamos con aproximadamente 450.000" trabajadores, añadió.
El Gobierno del presidente Hugo Chávez ha dado prioridad a la construcción de casas en el marco de la llamada "Gran Misión Vivienda Venezuela" que arrancó en marzo de 2011 con la meta de acabar en 2019 con el déficit de 3 millones de unidades.
El ministro venezolano de Vivienda, Ricardo Molina, dijo el pasado 12 de abril que el Gobierno ha entregado desde entonces casi 200.000 casas.
Para abaratar costos y acelerar la resolución del problema, Chávez decretó en febrero pasado que las empresas dedicadas a la extracción, producción, venta y transporte de materiales de construcción deben dar prioridad a ese plan gubernamental.
El Carabobeño
24-04-2012
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La Cámara Venezolana de la Construcción dijo este martes que el país necesita 60.000 millones de bolívares "para recuperar la infraestructura" nacional existente y lamentó que sólo se invierta la mitad de lo requerido en infraestructura nueva.
"No se puede promover el desarrollo de un país sin inversión en infraestructura" y se necesitan 60.000 millones de bolívares "para recuperar" la existente y a la vez elevar el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que se invierte en infraestructura nueva, que actualmente es de 2% o 3%, dijo el presidente del gremio, Gilbert Dao.
Durante un seminario de la organización, Dao destacó que países de la región como Chile, Colombia y Panamá invierten en infraestructura nueva "tasas equivalentes a 7% de su PIB".
"Si por un lado se está dejando de invertir en infraestructura nueva y por otro se necesita cada vez más dinero para recuperar la infraestructura existente, tenemos una idea de la magnitud de la crisis", remarcó en el seminario y en declaraciones a los periodistas.
Además de problemas de inversión, sostuvo que ese sector del empresariado privado "está sufriendo consecuencias de una escasez de insumos", principalmente de hierro y cemento, lo que además repercute en el nivel de empleo.
"Estamos en capacidad plena de emplear a 1,2 millones de personas", pero debido a la falta de materiales "estamos con aproximadamente 450.000" trabajadores, añadió.
El Gobierno del presidente Hugo Chávez ha dado prioridad a la construcción de casas en el marco de la llamada "Gran Misión Vivienda Venezuela" que arrancó en marzo de 2011 con la meta de acabar en 2019 con el déficit de 3 millones de unidades.
El ministro venezolano de Vivienda, Ricardo Molina, dijo el pasado 12 de abril que el Gobierno ha entregado desde entonces casi 200.000 casas.
Para abaratar costos y acelerar la resolución del problema, Chávez decretó en febrero pasado que las empresas dedicadas a la extracción, producción, venta y transporte de materiales de construcción deben dar prioridad a ese plan gubernamental.
El Carabobeño
24-04-2012
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"El Cabletren de Petare es una obra costosa de baja capacidad"
Las autoridades de Cametro han prometido que para el mes de noviembre estará operando la primera etapa del Cabletren KISAI MENDOZA
El Cabletren de Petare, que es la obra bandera del Metro de Caracas por ser la única que van a inaugurar este año en su primera fase, "es un sistema de transporte costoso y de una capacidad relativamente baja, y en otros países se utiliza como un medio de interés turístico ó para movilizar pasajeros entre terminales aéreos, como el caso de México", según afirman expertos en transporte.
De acuerdo con la ficha técnica de Cametro, esta obra que tiene un costo de 280 millones de dólares en su primera fase, y contará con tres de las cinco estaciones que beneficiarán a 115 mil personas.
El arquitecto Tomás De La Barra, quien dirige una empresa de consultoría en planificación urbana (Modelística) y es especialista en transporte, comentó que este tipo de sistema de transporte no se utiliza en áreas urbanas, por cuanto no se trata de un sistema masivo de personas, tal como lo es el Metro de Caracas.
Sin embargo, aclara que desconoce los criterios que privaron para construir esta obra en esta zona de la ciudad (Petare Norte).
Por su parte, el ingeniero Daniel Baeta, quien fue gerente técnico del Proyecto BusCaracas, afirma que la idea de la obra "es buena, el problema está en que no hubo análisis de demanda, ya que las personas tendrán que hacer varios transbordos para utilizarlo y por lo general el factor tiempo es lo más importante en la movilidad. Sin embargo, por lo general un medio de transporte de este tipo recién inaugurado tiene poca demanda, mientras los usuarios se acostumbran".
Primera fase de la obra
Según han explicado las autoridades del Metro, en esta primera fase del proyecto el Cabletren solo tendrá tres de las cinco estaciones del proyecto, que son Petare, 19 de Abril y 5 de Julio, y comenzará a operar en noviembre de 2012.
"Los trenes viajarán por un viaducto o puente ubicado a una altura promedio de 15 metros y de 2,5 kilómetros de longitud. El vagón se moverá a través de una gran guaya, que halará el tren desde su parte inferior", dijeron las fuentes.
Para Celia Herrera, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Transporte y Vialidad (Sotravial) en esta primera fase "será un sistema como un tren tipo sin fin", porque aún no se ha construido la estación Waraira Repano (Linea 5), solo operará en sentido Petare-La Urbina y viceversa".
Considera la experta que pese a que Petare Norte es una de las zonas populares más pobladas de Caracas, "se le resuelve a muy poca gente el problema de transporte, porque no se ha hecho un trabajo para implementar las rutas alimentadoras con las unidades de transporte que cubren el recorrido de los barrios en la parte de arriba".
La especialista teme que este tipo de sistema sea igual al Metrocable de San Agustín, que fue diseñado para movilizar diariamente 12 mil personas y actualmente son muy pocos los usuarios que utilizan este medio de transporte; por el contrario, los residentes de esta parroquia siguen tomando las líneas de transporte público para movilizarse, o prefieren bajar del barrio por sus escaleras y tomar el subterráneo en la estación de Parque Central.
El Universal
24-04-2012
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El Cabletren de Petare, que es la obra bandera del Metro de Caracas por ser la única que van a inaugurar este año en su primera fase, "es un sistema de transporte costoso y de una capacidad relativamente baja, y en otros países se utiliza como un medio de interés turístico ó para movilizar pasajeros entre terminales aéreos, como el caso de México", según afirman expertos en transporte.
De acuerdo con la ficha técnica de Cametro, esta obra que tiene un costo de 280 millones de dólares en su primera fase, y contará con tres de las cinco estaciones que beneficiarán a 115 mil personas.
El arquitecto Tomás De La Barra, quien dirige una empresa de consultoría en planificación urbana (Modelística) y es especialista en transporte, comentó que este tipo de sistema de transporte no se utiliza en áreas urbanas, por cuanto no se trata de un sistema masivo de personas, tal como lo es el Metro de Caracas.
Sin embargo, aclara que desconoce los criterios que privaron para construir esta obra en esta zona de la ciudad (Petare Norte).
Por su parte, el ingeniero Daniel Baeta, quien fue gerente técnico del Proyecto BusCaracas, afirma que la idea de la obra "es buena, el problema está en que no hubo análisis de demanda, ya que las personas tendrán que hacer varios transbordos para utilizarlo y por lo general el factor tiempo es lo más importante en la movilidad. Sin embargo, por lo general un medio de transporte de este tipo recién inaugurado tiene poca demanda, mientras los usuarios se acostumbran".
Primera fase de la obra
Según han explicado las autoridades del Metro, en esta primera fase del proyecto el Cabletren solo tendrá tres de las cinco estaciones del proyecto, que son Petare, 19 de Abril y 5 de Julio, y comenzará a operar en noviembre de 2012.
"Los trenes viajarán por un viaducto o puente ubicado a una altura promedio de 15 metros y de 2,5 kilómetros de longitud. El vagón se moverá a través de una gran guaya, que halará el tren desde su parte inferior", dijeron las fuentes.
Para Celia Herrera, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Transporte y Vialidad (Sotravial) en esta primera fase "será un sistema como un tren tipo sin fin", porque aún no se ha construido la estación Waraira Repano (Linea 5), solo operará en sentido Petare-La Urbina y viceversa".
Considera la experta que pese a que Petare Norte es una de las zonas populares más pobladas de Caracas, "se le resuelve a muy poca gente el problema de transporte, porque no se ha hecho un trabajo para implementar las rutas alimentadoras con las unidades de transporte que cubren el recorrido de los barrios en la parte de arriba".
La especialista teme que este tipo de sistema sea igual al Metrocable de San Agustín, que fue diseñado para movilizar diariamente 12 mil personas y actualmente son muy pocos los usuarios que utilizan este medio de transporte; por el contrario, los residentes de esta parroquia siguen tomando las líneas de transporte público para movilizarse, o prefieren bajar del barrio por sus escaleras y tomar el subterráneo en la estación de Parque Central.
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Construir viviendas en terrenos de Polar costará el doble
La construcción de casas "dignas" que plantea el Gobierno nacional en un lote de terrenos de Empresas Polar en Barquisimeto (Lara) costará casi el doble que un plan de vivienda convencional.
El anuncio de adquisición forzosa de galpones en la Zona Industrial I de la capital crepuscular (2010), para desarrollos habitacionales, quebranta el Plan de Desarrollo Urbano Local (Pdul), al cambiar el uso de parcelas destinadas a actividad industrial. Ese "detalle" presupone una gran inversión económica a fines de adecuar los terrenos para la construcción de un complejo residencial del que todavía no se conoce proyecto.
Francisco Mendoza, presidente de la Cámara de Construcción en Lara, estima que la decisión por parte del Ejecutivo de construir en áreas zonificadas como de uso industrial requerirá más tiempo y mayores recursos económicos, por lo que considera que duplicará también los costos de las unidades habitacionales. Explica que la Zona Industrial I de Barquisimeto contempla un lote de terrenos constituidos desde hace más de 60 años en galpones y empresas dedicadas a la prestación de servicios ubicados al norte de la avenida Libertador de Barquisimeto, y que sustituir las estructuras para la edificación de viviendas implicaría realizar trabajos de demolición y reestructuración que elevarían los costos en casi 80%.
"El Gobierno habla de viviendas de desarrollo social que tienen un costo aproximado de 560.000 bolívares por unidad. Esto en función de las regulaciones que ha impuesto a la compraventa de materiales de construcción y que, en términos generales, no se cumplen. El cambio de uso de esos terrenos acarreará labores de demolición, adecuación y acondicionamiento que podrían colocar el precio en casi 780.000 bolívares", expone.
Mendoza esboza un panorama en el que el Gobierno nacional y local deberán ponerse de acuerdo y hacer grandes esfuerzos para no solo construir, sino hacerlo con calidad. Urbanísticamente, el área carece de las condiciones mínimas para la instalación de un complejo residencial. El reto será entonces proveer a la zona de áreas de esparcimiento, recreación y hacer más accesibles servicios básicos como transporte público, educación, aseo urbano y vialidad."No nos oponemos a la construcción de viviendas de ninguna manera. Pero creemos que no se debe construir solo por hacerlo. Hay que construir con planificación, de acuerdo con observaciones lógicas, pensando en los servicios públicos y en brindar calidad de vida.
No como se está haciendo, a través de decisiones inconsultas", sentencia.ExprópieseEn febrero de 2010 el presidente Hugo Chávez anunció en cadena nacional la expropiación de terrenos pertenecientes a Distribuidora Polar Centroccidental (Dipocosa), que albergan galpones de la empresa cervecera y de Pepsi Venezuela. En total son cinco parcelas que tienen en conjunto una extensión de 7,9 hectáreas y que se hallan en el borde sur de la Zona Industrial I de Barquisimeto.
El mandatario justificó la orden con la idea de que los espacios serían destinados a la construcción de viviendas para "los pobres", y añadió: "Si (la empresa) quiere seguir vendiendo cerveza, que busquen a las afueras y construyan unos galpones, pero ahí donde los tienen ahora hay un plan de vivienda bien bueno. Todavía en Barquisimeto hay muchas personas buscando vivienda, ahí y en toda Venezuela".
El anuncio se materializó dos meses después, el 29 de abril de 2010, cuando se publicó en Gaceta Oficial el decreto que ordenaba la adquisición forzosa de los terrenos. La protesta llegó de parte de los trabajadores, que vieron la medida como una amenaza contra el sustento de más de 2.000 familias larenses. Sin embargo, un episodio sirvió para allanar el camino. La alcaldesa de Barquisimeto, Amalia Sáez (Psuv), firmó el 10 de marzo de 2010 el decreto municipal que declaraba de utilidad pública los predios de Empresas Polar. En declaraciones a VTV mencionó el Plan de Desarrollo Urbano Local (Pdul), que establece el uso industrial de las parcelas. El Pdul fue redactado en 2003 y tiene vigencia de 10 años. El gobernador Henri Falcón ha denunciado que solo puede ser revisado o modificado a través de consulta pública, atendiendo a la Ley Orgánica de Ordenamiento Urbano.
La toma de los terrenos no se ha concretado debido a que los trabajadores de Polar y Pepsi Venezuela se han mantenido protestando en defensa de sus empleos. El conflicto pasó entonces a instancias legales cuando se iniciaron las negociaciones.
"Las más caras"
Manuel Cols, ex presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroccidente (Fudeco), afirma que las viviendas, en caso de ser construidas, serán "las más caras" que se hayan levantado en la entidad: "Cambiar el uso a la zona industrial significa reventar toda el área y dotarla de cloacas, alcantarillado, instalaciones de aguas blancas, servicio eléctrico y vialidad. Será un gran esfuerzo para un logro tan pequeño", advierte cotejando el número de viviendas que se pueden construir con el déficit habitacional en Lara, que según cifras de la Cámara Inmobiliaria local alcanza las 250 unidades.
Cols habla con propiedad. Dirigió el ente de planificación, gestión urbana y asesoría técnica más importante de la región por 28 años. Asoma una alternativa como posible solución: "Concentrar" los empeños en rehabilitar la ciudad tomando en cuenta otros espacios en los cuales −asegura− se ubican desde hace meses decenas de familias esperando a que llegue el financiamiento en urbanismos incompletos.
Cita varias parcelas abandonadas en el centro de la ciudad y le agrega más de 300 hectáreas "subutilizadas" al norte, donde ya el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat ha adelantado otros proyectos."Es preferible habilitar otros terrenos. El casco central de la ciudad está en ruinas. Es innegable que hay que darles viviendas a la gente, pero a qué precio. La rentabilidad se viene al suelo con esta propuesta. Sería desperdiciar miles de dólares", argumenta.
Costo social
Las repercusiones de la expropiación no solo arrastran consecuencias económicas. El costo social también lleva implícito la pérdida de 800 empleos directos y más de 2.000 indirectos, de acuerdo con voceros de Polar y Pepsi Venezuela. Representantes sindicales rechazan la medida y acusan al Gobierno de actuar contra la estabilidad de los trabajadores. Richard Prieto, vocero de los empleados de Empresas Polar, asegura que las negociaciones no han dado frutos "porque el Gobierno actúa guiado por un capricho". "Nos extraña mucho la decisión de ocupación. Ellos saben que hay un proceso de arreglo amigable. Nos ha tomado a todos por sorpresa. La empresa ofreció unos terrenos en el este de la ciudad que tienen todas las características para la construcción de viviendas", señala.
Juan Tacoa, vocero de los trabajadores de Pepsi Venezuela, cuestiona que el Gobierno pretenda expropiar los terrenos sin siquiera presentar un proyecto y sin prever que decenas de familias quedarían sin sustento. "Es un atropello contra los trabajadores. Seremos los más afectados en todo esto. Nos encontramos en total incertidumbre. El Estado atenta contra los derechos de los trabajadores porque no dice a dónde iremos". Prieto también se lamenta porque cree que la verdadera intención del Gobierno no es beneficiar al pueblo con viviendas, sino perjudicar a Polar.
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El anuncio de adquisición forzosa de galpones en la Zona Industrial I de la capital crepuscular (2010), para desarrollos habitacionales, quebranta el Plan de Desarrollo Urbano Local (Pdul), al cambiar el uso de parcelas destinadas a actividad industrial. Ese "detalle" presupone una gran inversión económica a fines de adecuar los terrenos para la construcción de un complejo residencial del que todavía no se conoce proyecto.
Francisco Mendoza, presidente de la Cámara de Construcción en Lara, estima que la decisión por parte del Ejecutivo de construir en áreas zonificadas como de uso industrial requerirá más tiempo y mayores recursos económicos, por lo que considera que duplicará también los costos de las unidades habitacionales. Explica que la Zona Industrial I de Barquisimeto contempla un lote de terrenos constituidos desde hace más de 60 años en galpones y empresas dedicadas a la prestación de servicios ubicados al norte de la avenida Libertador de Barquisimeto, y que sustituir las estructuras para la edificación de viviendas implicaría realizar trabajos de demolición y reestructuración que elevarían los costos en casi 80%.
"El Gobierno habla de viviendas de desarrollo social que tienen un costo aproximado de 560.000 bolívares por unidad. Esto en función de las regulaciones que ha impuesto a la compraventa de materiales de construcción y que, en términos generales, no se cumplen. El cambio de uso de esos terrenos acarreará labores de demolición, adecuación y acondicionamiento que podrían colocar el precio en casi 780.000 bolívares", expone.
Mendoza esboza un panorama en el que el Gobierno nacional y local deberán ponerse de acuerdo y hacer grandes esfuerzos para no solo construir, sino hacerlo con calidad. Urbanísticamente, el área carece de las condiciones mínimas para la instalación de un complejo residencial. El reto será entonces proveer a la zona de áreas de esparcimiento, recreación y hacer más accesibles servicios básicos como transporte público, educación, aseo urbano y vialidad."No nos oponemos a la construcción de viviendas de ninguna manera. Pero creemos que no se debe construir solo por hacerlo. Hay que construir con planificación, de acuerdo con observaciones lógicas, pensando en los servicios públicos y en brindar calidad de vida.
No como se está haciendo, a través de decisiones inconsultas", sentencia.ExprópieseEn febrero de 2010 el presidente Hugo Chávez anunció en cadena nacional la expropiación de terrenos pertenecientes a Distribuidora Polar Centroccidental (Dipocosa), que albergan galpones de la empresa cervecera y de Pepsi Venezuela. En total son cinco parcelas que tienen en conjunto una extensión de 7,9 hectáreas y que se hallan en el borde sur de la Zona Industrial I de Barquisimeto.
El mandatario justificó la orden con la idea de que los espacios serían destinados a la construcción de viviendas para "los pobres", y añadió: "Si (la empresa) quiere seguir vendiendo cerveza, que busquen a las afueras y construyan unos galpones, pero ahí donde los tienen ahora hay un plan de vivienda bien bueno. Todavía en Barquisimeto hay muchas personas buscando vivienda, ahí y en toda Venezuela".
El anuncio se materializó dos meses después, el 29 de abril de 2010, cuando se publicó en Gaceta Oficial el decreto que ordenaba la adquisición forzosa de los terrenos. La protesta llegó de parte de los trabajadores, que vieron la medida como una amenaza contra el sustento de más de 2.000 familias larenses. Sin embargo, un episodio sirvió para allanar el camino. La alcaldesa de Barquisimeto, Amalia Sáez (Psuv), firmó el 10 de marzo de 2010 el decreto municipal que declaraba de utilidad pública los predios de Empresas Polar. En declaraciones a VTV mencionó el Plan de Desarrollo Urbano Local (Pdul), que establece el uso industrial de las parcelas. El Pdul fue redactado en 2003 y tiene vigencia de 10 años. El gobernador Henri Falcón ha denunciado que solo puede ser revisado o modificado a través de consulta pública, atendiendo a la Ley Orgánica de Ordenamiento Urbano.
La toma de los terrenos no se ha concretado debido a que los trabajadores de Polar y Pepsi Venezuela se han mantenido protestando en defensa de sus empleos. El conflicto pasó entonces a instancias legales cuando se iniciaron las negociaciones.
"Las más caras"
Manuel Cols, ex presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroccidente (Fudeco), afirma que las viviendas, en caso de ser construidas, serán "las más caras" que se hayan levantado en la entidad: "Cambiar el uso a la zona industrial significa reventar toda el área y dotarla de cloacas, alcantarillado, instalaciones de aguas blancas, servicio eléctrico y vialidad. Será un gran esfuerzo para un logro tan pequeño", advierte cotejando el número de viviendas que se pueden construir con el déficit habitacional en Lara, que según cifras de la Cámara Inmobiliaria local alcanza las 250 unidades.
Cols habla con propiedad. Dirigió el ente de planificación, gestión urbana y asesoría técnica más importante de la región por 28 años. Asoma una alternativa como posible solución: "Concentrar" los empeños en rehabilitar la ciudad tomando en cuenta otros espacios en los cuales −asegura− se ubican desde hace meses decenas de familias esperando a que llegue el financiamiento en urbanismos incompletos.
Cita varias parcelas abandonadas en el centro de la ciudad y le agrega más de 300 hectáreas "subutilizadas" al norte, donde ya el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat ha adelantado otros proyectos."Es preferible habilitar otros terrenos. El casco central de la ciudad está en ruinas. Es innegable que hay que darles viviendas a la gente, pero a qué precio. La rentabilidad se viene al suelo con esta propuesta. Sería desperdiciar miles de dólares", argumenta.
Costo social
Las repercusiones de la expropiación no solo arrastran consecuencias económicas. El costo social también lleva implícito la pérdida de 800 empleos directos y más de 2.000 indirectos, de acuerdo con voceros de Polar y Pepsi Venezuela. Representantes sindicales rechazan la medida y acusan al Gobierno de actuar contra la estabilidad de los trabajadores. Richard Prieto, vocero de los empleados de Empresas Polar, asegura que las negociaciones no han dado frutos "porque el Gobierno actúa guiado por un capricho". "Nos extraña mucho la decisión de ocupación. Ellos saben que hay un proceso de arreglo amigable. Nos ha tomado a todos por sorpresa. La empresa ofreció unos terrenos en el este de la ciudad que tienen todas las características para la construcción de viviendas", señala.
Juan Tacoa, vocero de los trabajadores de Pepsi Venezuela, cuestiona que el Gobierno pretenda expropiar los terrenos sin siquiera presentar un proyecto y sin prever que decenas de familias quedarían sin sustento. "Es un atropello contra los trabajadores. Seremos los más afectados en todo esto. Nos encontramos en total incertidumbre. El Estado atenta contra los derechos de los trabajadores porque no dice a dónde iremos". Prieto también se lamenta porque cree que la verdadera intención del Gobierno no es beneficiar al pueblo con viviendas, sino perjudicar a Polar.
Entorno Inteligente
24-04-2012
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Cámara de la Construcción: El empleo ha caído entre el 50% y el 63%
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Gilbert Dao, aseguró hace minutos que el sector privado de la construcción emplea entre 50% y 63% menos personas, luego de nueve meses consecutivos de caída del PIB de ese sector. “A plena capacidad podemos emplear 1 millón 200 mil personas”.
opinan los foristas
Aseguró que la escasez de insumos es “tan grave como lo fue el último trimestre del 2011”.
Calificó además de grave la desinversión que existe en el sector, que en los actuales momentos representa el 2% a 3% del PIB. “En países vecinos como Chile y Colombia la inversión es del 7% del PIB”. “Nos estamos quedando atrás”, agregó.
“Los últimos estudios que tenemos indican que para recuperar la infraestructura que tenemos (…) necesitamos de 60 mil millones de dólares”, sin tomar en cuenta los recursos que se necesitan para nueva infraestructura.
Esto lo dijo desde el Hotel Tamanaco, donde hoy se inauguró la Convención de Vivienda y Hábitat.
NoticieroDigital.com
24-04-2012
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opinan los foristas
Aseguró que la escasez de insumos es “tan grave como lo fue el último trimestre del 2011”.
Calificó además de grave la desinversión que existe en el sector, que en los actuales momentos representa el 2% a 3% del PIB. “En países vecinos como Chile y Colombia la inversión es del 7% del PIB”. “Nos estamos quedando atrás”, agregó.
“Los últimos estudios que tenemos indican que para recuperar la infraestructura que tenemos (…) necesitamos de 60 mil millones de dólares”, sin tomar en cuenta los recursos que se necesitan para nueva infraestructura.
Esto lo dijo desde el Hotel Tamanaco, donde hoy se inauguró la Convención de Vivienda y Hábitat.
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24-04-2012
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Apiur solicita difundir información sobre el plazo final para retirar alquileres consignados
Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) denunció la poca información que han difundido los tribunales sobre el plazo que tienen los propietarios para retirar las consignaciones de alquileres. A partir del 12 de noviembre los propietarios que no retiren su dinero lo perderán definitivamente.
Orta explicó que la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas establece que si para el 12 de noviembre de 2012 los propietarios no retiran el dinero consignado por alquileres ante los tribunales, estos pasarán automáticamente al erario público.
“Son miles de millones de bolívares que van a pasar a manos del Ejecutivo en un fondo que va a ser manejado por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, por lo que están confiscando a los propietarios el derecho a tener su dinero“, advirtió Orta.
El presidente de Apiur solicitó a la Superintendencia de Arrendamientos que difunda por distintas vías esta disposición que fue anexada a la reforma de la Ley que regula los alquileres.
Orta explicó que los juicios de consignaciones de cánones de arrendamiento son procedimientos legales llevados por el Poder Judicial, donde éste ejerce la custodia del dinero propiedad del arrendador o arrendatario, a los efectos de probar la solvencia del inquilino.
Apiur considera irregular que la nueva normativa otorgue los fondos no retirados al poder Ejecutivo, por lo que introdujo a principios de año un recurso de nulidad contra esta disposición pues es un “atropello a la propiedad privada”.
Con información de Tal Cual
Noticias24
23-04-12
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
hmedina30@yahoo.es
http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/
Orta explicó que la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas establece que si para el 12 de noviembre de 2012 los propietarios no retiran el dinero consignado por alquileres ante los tribunales, estos pasarán automáticamente al erario público.
“Son miles de millones de bolívares que van a pasar a manos del Ejecutivo en un fondo que va a ser manejado por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, por lo que están confiscando a los propietarios el derecho a tener su dinero“, advirtió Orta.
El presidente de Apiur solicitó a la Superintendencia de Arrendamientos que difunda por distintas vías esta disposición que fue anexada a la reforma de la Ley que regula los alquileres.
Orta explicó que los juicios de consignaciones de cánones de arrendamiento son procedimientos legales llevados por el Poder Judicial, donde éste ejerce la custodia del dinero propiedad del arrendador o arrendatario, a los efectos de probar la solvencia del inquilino.
Apiur considera irregular que la nueva normativa otorgue los fondos no retirados al poder Ejecutivo, por lo que introdujo a principios de año un recurso de nulidad contra esta disposición pues es un “atropello a la propiedad privada”.
Con información de Tal Cual
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Reclaman que AN no ha presentado proyecto para alquiler de locales
El gremio inmobiliario fue convocado hace tres semanas a la Comisión de Administración y Servicios para que presenten propuestas y observaciones para un nuevo instrumento que prepara la Asamblea Nacional, con el propósito de regular los alquileres de oficinas, locales comerciales, galpones para uso industrial y centros de usos educativos privados.
Sin embargo, la ausencia de un papel de trabajo o anteproyecto de ley ha limitado los avances, de acuerdo a la explicación que ofreció a Emen, Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV).
Explicó que aun cuando han asistido a dos reuniones para hacer observaciones "no sabemos sobre qué base hacerlas, pues no nos han presentado el anteproyecto".
Dijo que los diputados están por confirmarles una nueva reunión para mañana martes "pero esperamos que esta vez tengan algo para saber sobre qué hacer observaciones o propuestas".
No obstante, Martini subrayó que de entrada aceptaron la invitación "porque estaremos allí, así como lo estuvimos durante los debates de la Ley de Arrendamiento de Viviendas, para oponernos a cualquier pretensión de limitar la iniciativa privada".
Para el vocero del gremio inmobiliario, la pretensión de regular y controlar los arrendamientos para el uso comercial, es un nuevo atropello que atenta contra el mercado de alquileres.
Martini Prieti dijo que con esta nueva medida se contribuirá aun más a acabar con la oferta de alquileres, pues recordó que previo a la entrada en vigencia de la Ley de Arrendamiento de Vivienda, promulgada en noviembre de 2011, ya el mercado de alquileres de viviendas venía en picada.
El balance más reciente de los gremios inmobiliarios, reportan que la oferta de viviendas para alquiler se redujo a 1%. "Nadie está alquilando apartamentos ni casas, porque saben que no podrán sacar a los inquilinos", resumió Martini.
Papel de trabajo
Hace más de un mes la Comisión de Administración y Servicios adelantó un papel de trabajo para la aprobación de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento de Inmuebles para Uso Comercial. Se indicaba que en principio es para dar cumplimiento a la disposición de la Ley de Arrendamiento de Viviendas vigente desde 2011, donde se establece hacer la distinción entre alquiler de viviendas y de inmuebles de uso comercial; y por tanto se recomienda que este tipo de edificaciones deben tener su propia ley e instrumento especial.
Beatriz Caripa
bcaripa@cadena−capriles.com
El Mundo
23-04-12
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Lic. Henry Medina
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Sin embargo, la ausencia de un papel de trabajo o anteproyecto de ley ha limitado los avances, de acuerdo a la explicación que ofreció a Emen, Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV).
Explicó que aun cuando han asistido a dos reuniones para hacer observaciones "no sabemos sobre qué base hacerlas, pues no nos han presentado el anteproyecto".
Dijo que los diputados están por confirmarles una nueva reunión para mañana martes "pero esperamos que esta vez tengan algo para saber sobre qué hacer observaciones o propuestas".
No obstante, Martini subrayó que de entrada aceptaron la invitación "porque estaremos allí, así como lo estuvimos durante los debates de la Ley de Arrendamiento de Viviendas, para oponernos a cualquier pretensión de limitar la iniciativa privada".
Para el vocero del gremio inmobiliario, la pretensión de regular y controlar los arrendamientos para el uso comercial, es un nuevo atropello que atenta contra el mercado de alquileres.
Martini Prieti dijo que con esta nueva medida se contribuirá aun más a acabar con la oferta de alquileres, pues recordó que previo a la entrada en vigencia de la Ley de Arrendamiento de Vivienda, promulgada en noviembre de 2011, ya el mercado de alquileres de viviendas venía en picada.
El balance más reciente de los gremios inmobiliarios, reportan que la oferta de viviendas para alquiler se redujo a 1%. "Nadie está alquilando apartamentos ni casas, porque saben que no podrán sacar a los inquilinos", resumió Martini.
Papel de trabajo
Hace más de un mes la Comisión de Administración y Servicios adelantó un papel de trabajo para la aprobación de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento de Inmuebles para Uso Comercial. Se indicaba que en principio es para dar cumplimiento a la disposición de la Ley de Arrendamiento de Viviendas vigente desde 2011, donde se establece hacer la distinción entre alquiler de viviendas y de inmuebles de uso comercial; y por tanto se recomienda que este tipo de edificaciones deben tener su propia ley e instrumento especial.
Beatriz Caripa
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