El ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, y el presidente del Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat, Mario Isea, presentaron a la banca pública y privada la propuesta de emisión de cédulas hipotecarias, con el fin de captar 6 millardos de bolívares para obtener recursos adicionales a corto plazo para la Gran Misión Vivienda Venezuela.
En la reunión participaron, además, el titular de la Banca Pública, Rodolfo Marcos Torres; y el director Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela , José Grasso Vecchio, reseñó AVN.
Las cédulas hipotecarias son títulos emitidos por entidades financieras que pagan un interés fijo y que tienen como garantía la totalidad de los créditos hipotecarios concedidos por la entidad que los emite.
La emisión de las cédulas hipotecarias, que serán respaldadas por el Banavih, sólo depende de la autorización del Banco Central de Venezuela. Molina calculó que debe darse en una semana.
El ministro de Vivienda explicó que los 6 millardos de bolívares formarán parte de los 57 millardos de bolívares previstos para la Misión Vivienda, que tiene como meta construir 2 millones de casas entre 2011 y 2017.
El objetivo de estos títulos, que serán adquiridos por la banca, es acceder a recursos de la cartera hipotecaria para destinarlos a la ejecución de obras.
Ya la banca dispuso de 10 millardos de bolívares para la Misión Vivienda, a través de la reducción del encaje legal. "Este instrumento será puesto a disposición de la banca pública y privada", dijo Isea.
El Nacional
25-10-2011
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martes, 25 de octubre de 2011
Banca espera detalles sobre préstamos para remodelación de casas
La banca está a la espera de las modificaciones que se harán a la resolución a través de la cual se distribuyó la cartera hipotecaria para comenzar a otorgar créditos para ampliación, mejoras y autoconstrucción de viviendas.José Grasso Vecchio, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), dijo que para el sistema financiero es importante que se definan los porcentajes que se destinarán a este tipo de financiamiento.Ayer Mario Isea, presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, (Banavih), informó que de la cartera hipotecaria los bancos deberán destinar un porcentaje a créditos de ampliación, mejoras y autoconstrucción, bien a través del Fondo de Ahorro Obligatoria de Vivienda (Faov) o con recursos propios. No obstante, se trata de una resolución emitida en agosto pasado, que será modificada.De acuerdo al presidente del Banavih, quienes coticen al Faov podrán beneficiarse de este esquema. Para ampliación se otorgarán 135.000 bolívares fuertes, en tanto que para mejoras se prevé un monto de Bs.F. 81.000 y para autoconstrucción Bs.F. 202.000.Grasso Vecchio dijo que una vez se definan las condiciones sobre el esquema de préstamos, la banca hará lo conducente para cumplir con el lineamiento.Cree que por lo que resta de año, el tiempo está corto, pues no hay un trimestre completo que permita implementar y afinar el mecanismo.Además observa que, a pesar de la intención de agilizar el trámite para la solicitud de financiamiento, este tipo de préstamos amerita un análisis exhaustivo que permita soportar la operación y cobrarla.Propiedad del terreno o vivienda, hipoteca libre de gravamen, permisología para hacer los trabajos, especialmente de ampliación, son parte de los requisitos que tendrán que cumplir los potenciales beneficiarios.Misión por cumplirDe acuerdo al directivo de la Asociación Bancaria, la idea de destinar recursos para la ampliación y mejoras de inmuebles está en consonancia con la data obtenida por el Gobierno en el marco del censo de la Gran Misión Vivienda Venezuela.Una proporción importante de registrados ha manifestado la necesidad de refaccionar o ampliar sus casas.En la primera etapa del censo, 964.000 familias expresaron que necesitaban un techo propio, en tanto que 300.000 dijo que requería apoyo para mejorarlas, según datos aportados en junio pasado por Ricardo Menéndez, ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias.Grasso Vecchio aseguró que la banca siempre ha aportado recursos para ampliación y remodelación.Ingrid Rojas R.irojas@cadena−capriles.com
El Mundo
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Aportes al ahorro habitacional son sobre el salario normal
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) señala que el aporte que realizan trabajadores y patronos al ahorro habitacional tiene que ser sobre el salario normal y no sobre el salario integral.
Según la decisión de la Sala, emitida en junio y notificada en octubre, "este órgano ha sostenido que la base de cálculo de los aportes (al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda) se encuentran delimitados por el salario normal". No obstante, la Ley de Vivienda indica que la contribución de 3% es sobre el salario integral.
El salario normal es la remuneración que se devenga regular y permanente. El salario integral incluye bonos, entre otros conceptos.
Conindustria en un comunicado dice que la decisión responde a una medida interpuesta en 2008. Detalla que se introdujo un recurso de interpretación sobre la Ley de Vivienda referido a la base del aporte. "La Sala declaró el decaimiento de la acción, pero se logró que la instancia analizara lo contemplado al aporte y estableció que la base contributiva es el salario normal y no el integral". MAH
El Universal
25-10-11
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Según la decisión de la Sala, emitida en junio y notificada en octubre, "este órgano ha sostenido que la base de cálculo de los aportes (al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda) se encuentran delimitados por el salario normal". No obstante, la Ley de Vivienda indica que la contribución de 3% es sobre el salario integral.
El salario normal es la remuneración que se devenga regular y permanente. El salario integral incluye bonos, entre otros conceptos.
Conindustria en un comunicado dice que la decisión responde a una medida interpuesta en 2008. Detalla que se introdujo un recurso de interpretación sobre la Ley de Vivienda referido a la base del aporte. "La Sala declaró el decaimiento de la acción, pero se logró que la instancia analizara lo contemplado al aporte y estableció que la base contributiva es el salario normal y no el integral". MAH
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"Mi pieza es mi único sustento"
Además de todos los problemas que tienen, los habitantes de los barrios tienen una nueva preocupación: la Ley de Arrendamientos. María Elena Uribe (en la foto) teme perder parte de su casa KISAÍ MENDOZA
María Elena Uribe llegó a Caracas desde Rubio, estado Táchira, en el año 73. En el barrio 5 de Julio de Petare consiguió la oportunidad de comprar un rancho que luego, junto a su esposo, pudo convertir en un hogar para su familia. Años después él la dejó y con sus dos hijos creciendo, se vio en la necesidad de sumar habitaciones a su casa para ayudarse con los alquileres.
Ella forma parte de la estadística que indica que 83% de los propietarios en zonas populares están compartiendo su casa con inquilinos o habitan en el mismo barrio. Luego, 70% de las operaciones inmobiliarias allí son alquileres. El estudio es del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) y el Centro Ciudades de la Gente, ambos de la UCV, y fue realizado en ocho barrios caraqueños durante el año 2008.
El sociólogo y director de Lacso, Roberto Briceño León, teme que la Ley de Arrendamientos, arbitraria e imposible de aplicar a su juicio, se sustituirá por la fuerza. "En los barrios es ilegal construir y alquilar. La mitad de los contratos se hacen de palabra, a personas conocidas o con referencias. La Ley va a acabar con el inquilinato formal y va a surgir un mercado negro. La gente va a seguir teniendo la necesidad de alquilar y les va a resultar más difícil y más caro conseguir algo".
María Elena, con casi 80 años, tiene tantas historias de inquilinos como para escribir varios libros, pero nunca le había ido tan mal como ahora. En 2008 le pidió por primera vez a uno de los cuatro ocupantes de habitaciones en su casa que se fuera, pero todavía está esperando. Lo que ocurre es que las aguas negras del anexo (ubicado en la platabanda) se filtran por el techo debido a un error en la construcción.
Ella ha tenido que lidiar con eso durante años y ahora será peor, cree, con la Ley de Arrendamientos en puertas. "Yo no pude estudiar nada, no tengo profesión y a esta edad no me dan trabajo, mi pieza es mi sustento. Los inquilinos me necesitan y yo los necesito a ellos. El Gobierno debería dar más apoyo a los propietarios, porque mucha gente gana poquito y no puede comprar vivienda. Quieren poner a los inquilinos como dueños de la casa y eso es una injusticia".
María Elena cobra Bs. 200 mensuales por una habitación con baño y cocina, pero lo raro es que le paguen puntual. "Antes uno iba a la prefectura, pero las quitaron y ahora ¿a quién acudo? Estoy desesperada, no tengo más con qué vivir".
Ella intentó hacer la diligencia en la Comisión Municipal de Justicia de Sucre, desde donde enviaron una convocatoria al inquilino, pero él no asistió. Luego fue a la dirección General de Inquilinato del Ministerio de Vivienda, pero le pidieron consignar requisitos que ni siquiera entiende.
"Bajo un criterio de proteger a los inquilinos, se les daña. Ahora conseguir viviendas en alquiler va a ser doblemente difícil. Vamos al contrario de la mayoría de los países del mundo, en donde se impulsa el alquiler y se dan garantías a ambas partes para equilibrar. Lo que el Gobierno debería hacer es alentar a la gente a que compre o construya viviendas y alquile", asegura Briceño León.
Roberto Orta, presidente de la Asociación de Inmuebles Urbanos (Apiur), afirma que se está estableciendo un sistema de venta obligatorio a cualquier propietario que tenga más de dos viviendas, lo que incluye a la mayoría de los edificios de los barrios. El tema, explica, es que éstos no pueden ser incluidos como propiedad horizontal porque los terrenos generalmente son invadidos o municipales: "Los inquilinos van a creer que el Estado les va a regalar las viviendas. Habrá conflicto y violencia, pues la Ley no toma en cuenta la realidad de los barrios".
María Elena ha evitado enfrentamientos con su inquilino, sobre todo porque teme que pueda tomar represalias contra sus hijos o nietos. Ella va esperar un poco más, pero está determinada a defender su único patrimonio: "Me tendrán que matar para quitarme mi casa".
Otros casos
Calixta Istúriz, líder comunitaria de Petare, asegura que en los últimos días -más que nunca- ha recibido numerosas quejas de vecinos que han tenido problemas con sus inquilinos. "Uno se siente impotente, atado de manos. Lo que trato de hacer es mediar para que los conflictos no vayan a la violencia".
Calixta se pregunta si es casualidad que sus vecinos arrendatarios y afectos al oficialismo, hayan desocupado, incluso a la fuerza, a sus inquilinos hace pocos meses: "Ellos sabían lo que venía", afirmó.
A unas casas de María Elena, está Carmen Ortuño. Ella es la nieta de la propietaria de una casa de tres plantas. En el medio vive con su esposo, su abuela y su bebé; en el de abajo, su mamá con su nueva familia y arriba, un inquilino que se niega a marcharse. El argumento es repetido: el inquilino no ha conseguido adonde irse. Mientras, ella vive apretada con el resto de su familia.
Carmen pidió apoyo a la Junta Comunal, pero sus integrantes no han asistido a ninguna de las reuniones que ella convoca. "Estamos solos en este esfuerzo. Toda esa angustia por Bs. 250.¨ Desde hace tres años nos dice que está buscando".
Orta no ve otra salida posible además de oponerse a la Ley, que además confirmaría la norma contra desalojos: "Va a crear más situaciones de injusticia que de justicia", señala.
El Universal
24-10-2011
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María Elena Uribe llegó a Caracas desde Rubio, estado Táchira, en el año 73. En el barrio 5 de Julio de Petare consiguió la oportunidad de comprar un rancho que luego, junto a su esposo, pudo convertir en un hogar para su familia. Años después él la dejó y con sus dos hijos creciendo, se vio en la necesidad de sumar habitaciones a su casa para ayudarse con los alquileres.
Ella forma parte de la estadística que indica que 83% de los propietarios en zonas populares están compartiendo su casa con inquilinos o habitan en el mismo barrio. Luego, 70% de las operaciones inmobiliarias allí son alquileres. El estudio es del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) y el Centro Ciudades de la Gente, ambos de la UCV, y fue realizado en ocho barrios caraqueños durante el año 2008.
El sociólogo y director de Lacso, Roberto Briceño León, teme que la Ley de Arrendamientos, arbitraria e imposible de aplicar a su juicio, se sustituirá por la fuerza. "En los barrios es ilegal construir y alquilar. La mitad de los contratos se hacen de palabra, a personas conocidas o con referencias. La Ley va a acabar con el inquilinato formal y va a surgir un mercado negro. La gente va a seguir teniendo la necesidad de alquilar y les va a resultar más difícil y más caro conseguir algo".
María Elena, con casi 80 años, tiene tantas historias de inquilinos como para escribir varios libros, pero nunca le había ido tan mal como ahora. En 2008 le pidió por primera vez a uno de los cuatro ocupantes de habitaciones en su casa que se fuera, pero todavía está esperando. Lo que ocurre es que las aguas negras del anexo (ubicado en la platabanda) se filtran por el techo debido a un error en la construcción.
Ella ha tenido que lidiar con eso durante años y ahora será peor, cree, con la Ley de Arrendamientos en puertas. "Yo no pude estudiar nada, no tengo profesión y a esta edad no me dan trabajo, mi pieza es mi sustento. Los inquilinos me necesitan y yo los necesito a ellos. El Gobierno debería dar más apoyo a los propietarios, porque mucha gente gana poquito y no puede comprar vivienda. Quieren poner a los inquilinos como dueños de la casa y eso es una injusticia".
María Elena cobra Bs. 200 mensuales por una habitación con baño y cocina, pero lo raro es que le paguen puntual. "Antes uno iba a la prefectura, pero las quitaron y ahora ¿a quién acudo? Estoy desesperada, no tengo más con qué vivir".
Ella intentó hacer la diligencia en la Comisión Municipal de Justicia de Sucre, desde donde enviaron una convocatoria al inquilino, pero él no asistió. Luego fue a la dirección General de Inquilinato del Ministerio de Vivienda, pero le pidieron consignar requisitos que ni siquiera entiende.
"Bajo un criterio de proteger a los inquilinos, se les daña. Ahora conseguir viviendas en alquiler va a ser doblemente difícil. Vamos al contrario de la mayoría de los países del mundo, en donde se impulsa el alquiler y se dan garantías a ambas partes para equilibrar. Lo que el Gobierno debería hacer es alentar a la gente a que compre o construya viviendas y alquile", asegura Briceño León.
Roberto Orta, presidente de la Asociación de Inmuebles Urbanos (Apiur), afirma que se está estableciendo un sistema de venta obligatorio a cualquier propietario que tenga más de dos viviendas, lo que incluye a la mayoría de los edificios de los barrios. El tema, explica, es que éstos no pueden ser incluidos como propiedad horizontal porque los terrenos generalmente son invadidos o municipales: "Los inquilinos van a creer que el Estado les va a regalar las viviendas. Habrá conflicto y violencia, pues la Ley no toma en cuenta la realidad de los barrios".
María Elena ha evitado enfrentamientos con su inquilino, sobre todo porque teme que pueda tomar represalias contra sus hijos o nietos. Ella va esperar un poco más, pero está determinada a defender su único patrimonio: "Me tendrán que matar para quitarme mi casa".
Otros casos
Calixta Istúriz, líder comunitaria de Petare, asegura que en los últimos días -más que nunca- ha recibido numerosas quejas de vecinos que han tenido problemas con sus inquilinos. "Uno se siente impotente, atado de manos. Lo que trato de hacer es mediar para que los conflictos no vayan a la violencia".
Calixta se pregunta si es casualidad que sus vecinos arrendatarios y afectos al oficialismo, hayan desocupado, incluso a la fuerza, a sus inquilinos hace pocos meses: "Ellos sabían lo que venía", afirmó.
A unas casas de María Elena, está Carmen Ortuño. Ella es la nieta de la propietaria de una casa de tres plantas. En el medio vive con su esposo, su abuela y su bebé; en el de abajo, su mamá con su nueva familia y arriba, un inquilino que se niega a marcharse. El argumento es repetido: el inquilino no ha conseguido adonde irse. Mientras, ella vive apretada con el resto de su familia.
Carmen pidió apoyo a la Junta Comunal, pero sus integrantes no han asistido a ninguna de las reuniones que ella convoca. "Estamos solos en este esfuerzo. Toda esa angustia por Bs. 250.¨ Desde hace tres años nos dice que está buscando".
Orta no ve otra salida posible además de oponerse a la Ley, que además confirmaría la norma contra desalojos: "Va a crear más situaciones de injusticia que de justicia", señala.
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Recuperan con 500 árboles áreas del Parque del Este
Los pequeños disfrutaron un domingo sembrando árboles en el parque MANAURE QUINTERO
Una jornada verde se realizó ayer en el parque del Este Generalísimo Francisco de Miranda con la recuperación de un área al plantar 500 especies de arboles ornamentales que fueron donados por Automercados Plaza's y la Organización No Gubernamental Conbive.
La actividad se inició a las 9 de la mañana con la participación de niños, jóvenes y adultos que se acercaron al parque por iniciativa propia; y otros convocados por las empresas patrocinantes.
Esta es la segunda reforestación que se realiza en este espacio público de la ciudad. La última fue en el mes de julio, en la cual fue sembrada la misma cantidad de árboles en el área conocida como jardín La Cayena, informó Yolanda Romero, gerente de Relaciones con los Clientes de automercados Plaza's. Previo a la siembra los jóvenes de la ONG hicieron una explicación de la actividad y la importancia que tiene en la conservación de la biodiversidad en el parque.
Además hubo una demostración y explicación sobre algunos animales que hay el terrario del parque.
Drai Cabello, coordinador de la ONG Conbive, explicó que esta organización nació por la inquietud de un grupo de estudiantes de Veterinaria y Biología de la conservación de la biodiversidad venezolana. En la jornada también fue presentado el proyecto "La Limonada", de Gabriela Medina, revista web para fomentar el uso de los parques de Caracas.
El Universal
24-10-2011
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La actividad se inició a las 9 de la mañana con la participación de niños, jóvenes y adultos que se acercaron al parque por iniciativa propia; y otros convocados por las empresas patrocinantes.
Esta es la segunda reforestación que se realiza en este espacio público de la ciudad. La última fue en el mes de julio, en la cual fue sembrada la misma cantidad de árboles en el área conocida como jardín La Cayena, informó Yolanda Romero, gerente de Relaciones con los Clientes de automercados Plaza's. Previo a la siembra los jóvenes de la ONG hicieron una explicación de la actividad y la importancia que tiene en la conservación de la biodiversidad en el parque.
Además hubo una demostración y explicación sobre algunos animales que hay el terrario del parque.
Drai Cabello, coordinador de la ONG Conbive, explicó que esta organización nació por la inquietud de un grupo de estudiantes de Veterinaria y Biología de la conservación de la biodiversidad venezolana. En la jornada también fue presentado el proyecto "La Limonada", de Gabriela Medina, revista web para fomentar el uso de los parques de Caracas.
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Congelan los montos de arrendamientos por seis meses
La resolución conjunta tendrá vigencia de seis meses desde su publicación en Gaceta | Juan Camacho
El ministerio de Vivienda y Hábitat y el de Comercio decidieron mantener en todo el territorio nacional; los montos de los cánones establecidos para el 15 de octubre de 2011, a ser cobrados por concepto de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda y arrendamiento de porciones destinadas a inmuebles de uso mixto, en virtud de haber sido declarado servicio de primera necesidad.
Esta resolución conjunta es vinculante, para todas las autoridades competentes que ejercen funciones administrativas en materia inquilinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del decreto 427 de Ley de arrendamiento inmobiliario.
Los arrendadores que infrinjan esta resolución serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios.
La resolución conjunta tendrá vigencia de seis meses desde su publicación en Gaceta, hasta el mes de abril de 2012.
El Nacional
24-10-2011
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Esta resolución conjunta es vinculante, para todas las autoridades competentes que ejercen funciones administrativas en materia inquilinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del decreto 427 de Ley de arrendamiento inmobiliario.
Los arrendadores que infrinjan esta resolución serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios.
La resolución conjunta tendrá vigencia de seis meses desde su publicación en Gaceta, hasta el mes de abril de 2012.
El Nacional
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Proyecto de Ley de Arrendamientos es centro de polémica aún sin ser sancionado
OPCIONES. En Nueva Esparta, por su condición turística, muchos de los propietarios han optado por alquilar casas o apartamentos sólo por temporadas. FOTO BILLY CASTRO
Durante las últimas semanas se ha venido postergando la discusión pendiente en la Asamblea Nacional del proyecto de la Ley para Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas.
Sin embargo, la aprobación definitiva de este documento legal se ve venir prontamente, pues de forma progresiva se viene dando luz verde a una serie de artículos que antes de su aplicación generan revuelo en la población.
La duración del contrato y la forma de fijar el precio del alquiler son apenas dos puntos en el centro de la polémica. Si bien la actual de Ley de Inquilinato fue sancionada apenas en octubre de 1999, por este mismo Gobierno y vía primera habilitante, está por sancionarse otro texto que regirá la materia.
Desde que las discusiones se iniciaron formalmente en la Asamblea Nacional, la oferta de inmuebles –refieren datos de la Cámara Inmobiliaria nacional- ha bajado 45% y actualmente apenas menos del 3% de las viviendas existentes se ofrece en alquiler, según lo publica el diario El Mundo en su versión digital.
¿Por qué los propietarios se abstienen de alquilar sus inmuebles? Veamos los principales artículos que han generado desconfianza en ese sector:
-El artículo 4 obliga a un impuesto por vivienda desocupada. Esto, junto a otras normativas como la recién aprobada Ley contra Desalojos Forzosos, ha motivado a muchos propietarios a vender su inmueble en lugar de colocarlo en el mercado de alquileres.
-El artículo 46 coloca un plazo mínimo de tres años para la duración de los contratos de arrendamiento. Igualmente no considera ajustes por inflación.
-El artículo 52 insta a la llamada subrogación por muerte del inquilino. Es decir, si la persona que suscribió el contrato fallece, los derechos sobre la propiedad son “heredados” a otra persona, incluso de otro grupo familiar.
-El artículo 62 del proyecto de ley establece una ecuación para determinar el valor del inmueble, a fin de calcular el canon.
Sin embargo, se le critica que no toma en cuenta los gastos que pagan los propietarios (tales como condominio o derecho de frente). Tampoco se reconocen en esta “ecuación del canon” factores como inflación, valor de compra y ubicación de la propiedad.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Según el testimonio de abogados, esta cuestionada ley se presta para ser interpretada de muchas formas; sin embargo, sus enunciados dan una visión que prácticamente limita al sector.
La disposición transitoria 5 ratifica la Ley contra Desalojos Forzosos e inhabilita toda sentencia firme en perjuicio del arrendador y a favor del inquilino.
La disposición transitoria 8 prácticamente obliga a vender y a comprar. De no proceder a la venta de un inmueble construido antes del año 1987, existe la posibilidad cierta de que este bien resulte expropiado.
La disposición transitoria 9 coloca el valor de la tierra en cero, ya que, según el texto legal, en el precio del inmueble el costo del terreno no será considerado.
En varios artículos, la nueva ley elimina las llamadas “garantías” que tradicionalmente exigen los arrendadores. De forma particular, el texto prohíbe “taxativamente” los depósitos.
Asimismo, la ley propuesta presenta artículos que obligan a las empresas constructoras a destinar al alquiler un porcentaje de las unidades que están en los nuevos desarrollos habitacionales.
Otra de las objeciones del sector privado es que todas las compañías constructoras tendrán que notificar a la Superintendencia de Arrendamientos –organismo que regirá todo lo concerniente al ramo- la cantidad de viviendas a realizar y el plazo de terminación. Sin la carta aval del ente, no podrán iniciar las obras.
Elsoldemargarita.com.ve
23-10-2011
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Sin embargo, la aprobación definitiva de este documento legal se ve venir prontamente, pues de forma progresiva se viene dando luz verde a una serie de artículos que antes de su aplicación generan revuelo en la población.
La duración del contrato y la forma de fijar el precio del alquiler son apenas dos puntos en el centro de la polémica. Si bien la actual de Ley de Inquilinato fue sancionada apenas en octubre de 1999, por este mismo Gobierno y vía primera habilitante, está por sancionarse otro texto que regirá la materia.
Desde que las discusiones se iniciaron formalmente en la Asamblea Nacional, la oferta de inmuebles –refieren datos de la Cámara Inmobiliaria nacional- ha bajado 45% y actualmente apenas menos del 3% de las viviendas existentes se ofrece en alquiler, según lo publica el diario El Mundo en su versión digital.
¿Por qué los propietarios se abstienen de alquilar sus inmuebles? Veamos los principales artículos que han generado desconfianza en ese sector:
-El artículo 4 obliga a un impuesto por vivienda desocupada. Esto, junto a otras normativas como la recién aprobada Ley contra Desalojos Forzosos, ha motivado a muchos propietarios a vender su inmueble en lugar de colocarlo en el mercado de alquileres.
-El artículo 46 coloca un plazo mínimo de tres años para la duración de los contratos de arrendamiento. Igualmente no considera ajustes por inflación.
-El artículo 52 insta a la llamada subrogación por muerte del inquilino. Es decir, si la persona que suscribió el contrato fallece, los derechos sobre la propiedad son “heredados” a otra persona, incluso de otro grupo familiar.
-El artículo 62 del proyecto de ley establece una ecuación para determinar el valor del inmueble, a fin de calcular el canon.
Sin embargo, se le critica que no toma en cuenta los gastos que pagan los propietarios (tales como condominio o derecho de frente). Tampoco se reconocen en esta “ecuación del canon” factores como inflación, valor de compra y ubicación de la propiedad.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Según el testimonio de abogados, esta cuestionada ley se presta para ser interpretada de muchas formas; sin embargo, sus enunciados dan una visión que prácticamente limita al sector.
La disposición transitoria 5 ratifica la Ley contra Desalojos Forzosos e inhabilita toda sentencia firme en perjuicio del arrendador y a favor del inquilino.
La disposición transitoria 8 prácticamente obliga a vender y a comprar. De no proceder a la venta de un inmueble construido antes del año 1987, existe la posibilidad cierta de que este bien resulte expropiado.
La disposición transitoria 9 coloca el valor de la tierra en cero, ya que, según el texto legal, en el precio del inmueble el costo del terreno no será considerado.
En varios artículos, la nueva ley elimina las llamadas “garantías” que tradicionalmente exigen los arrendadores. De forma particular, el texto prohíbe “taxativamente” los depósitos.
Asimismo, la ley propuesta presenta artículos que obligan a las empresas constructoras a destinar al alquiler un porcentaje de las unidades que están en los nuevos desarrollos habitacionales.
Otra de las objeciones del sector privado es que todas las compañías constructoras tendrán que notificar a la Superintendencia de Arrendamientos –organismo que regirá todo lo concerniente al ramo- la cantidad de viviendas a realizar y el plazo de terminación. Sin la carta aval del ente, no podrán iniciar las obras.
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23-10-2011
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