Inmobiliarios afirman que Ley de Arrendamientos “estancará” desarrollo nacional
Representantes nacionales afirman que Ley de Arrendamientos generará perdidas al sector inmobiliario
Desde hace varias semanas los diputados de la Asamblea Nacional (AN) mantienen la discusión permanente de la Ley de Arrendamientos, norma que según lo dicho por los oficialistas busca crear un equilibrio entre la persona que alquila y el propietario del inmueble.
La bandera oficial, ha afirmado en reiteradas ocasiones que la idea es acabar con todo el irrespeto y el abuso que existe actualmente con los arrendatarios, quienes han sido víctimas del cobro indiscriminado de altas tarifas por vivir en calidad de alquilado.
Han rechazado algunas informaciones emitidas por el sector privado y los trabajadores inmobiliarios, que han tratado de desacreditar las bondades de la Ley y la garantía que brindará a todas aquellas personas que alquilan sus viviendas y quienes fungen como arrendatarios.
Durante todas las semanas de la discusión de esta normativa, los miembros del sector privado han llevado a cabo una serie de recorridos a escala nacional, para presentar lo que a su juicio, se define como un “atentado a la propiedad nacional”.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, estuvo de visita hace un poco más de dos semanas en Ciudad Guayana, donde protagonizó una actividad en la que explicó todo el articulado de la Ley de Arrendamientos y los daños que pudiera generar en el mercado inmobiliario.
Dijo que sin ninguna duda, la aprobación de esta normativa sólo favorecerá a los inquilinos y se olvidará de los derechos que tiene el propietario, de llevar a cabo el cobro que considere justo por el alquiler de su inmueble.
Gabriela Sandoval, gerente general de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y Metropolitana, está de gira por la entidad bolivarense donde pretende sostener una serie de reuniones con los representantes inmobiliarios de la zona y con todas aquellas personas que ven en el alquiler de viviendas un medio de vida.
Aseguró que la Ley de Arrendamientos ya está en segunda discusión y esto los ha obligado a intensificar cada una de sus actividades, para que el Gobierno se dé cuenta del grave error que cometerá una vez que se ponga en marcha la norma.
“Hemos tratado de reforzar nuestra presencia en cada una de las discusiones para poder entregar a través de documentos, el disenso que tenemos con los artículos que se discuten dentro del máximo órgano de la nación, porque una vez que se aprueben, sólo nos quedará cumplirlos e iremos desapareciendo como empresarios”.
Ataque a propiedad privada
Sandoval, destacó que su primera definición de la Ley de Arrendamientos es el ataque directo en contra de la propiedad privada, porque deja de lado los derechos del arrendador a tener mandato sobre su propiedad.
“El Gobierno no puede pretender hacer suyo, el inmueble de una persona que durante varios años trabajó para poder crear un negocio de este tipo y sobrevivir. Cómo es posible que el llamado depósito se podrá usar como pago en los casos en el que los inquilinos no puedan cancelar la mensualidad respectiva, si esto forma parte del fondo que le quedará a los propietarios una vez que los arrendatarios abandonen el inmueble”.
La representante de la Cámara Inmobiliaria, aseguró que un segundo aspecto en el que discierne con la Ley, “es porque no pueden crear una normativa que sólo beneficie a un sólo lado de la balanza, porque esto va a crear anarquía dentro de los diferentes sectores de la sociedad e incluso los económicos”.
Aseveró que la Ley de Arrendamientos viene a cercenar el derecho de las personas a la propiedad privada y crea vulnerabilidad en este sentido, porque será el Estado quien lleve a cabo las decisiones con respecto al mundo de los alquileres.
Dijo que en términos de números en el primer trimestre de este año, los niveles de freno en los alquileres era de un 45%, sin embargo, una vez que se llevó a cabo la aprobación en primera discusión de la Ley de Arrendamientos, actualmente se puede decir con propiedad y con cifras conservadores que manejan a escala nacional más de un 70% de eliminación de las opciones para arrendar.
“Esta Ley lo que hará es limitarnos, el sector inmobiliario cada vez está en problemas. En los próximos meses no habrá nada para alquilar y todas las personas tendrán que acudir a créditos hipotecarios para poder tener una vivienda propia”, concluyó Sandoval.
Venezuela no avanzará
Gabriela Sandoval, destacó que actualmente el sector inmobiliario está obligado a acudir al mercado comercial para tratar de remediar la situación, pero no revertirla, porque desde su punto de vista, estos problemas no podrán resolverse, ni siquiera con la aplicación de la Ley. “Si hacemos un análisis de la situación hace 5 años, observaremos cómo ha sufrido el sector inmobiliario porque antes había más movimiento económico, las ofertas de alquileres eran más y las personas tenían dónde arrendar”.
La gerente general de la Cámara Inmobiliaria nacional, dijo que más de un 80% de la población vive en sectores populares y estas zonas es donde más proliferan los alquileres, pero ahora todos los números han bajado. “De seguir así el país no dará muestras de ningún avance, porque hemos dicho en varias ocasiones que esta Ley de Arrendamientos vendrá para estancar aún más la situación económica nacional”.
nuevaprensa.com.ve
07-10-2011
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Lic. Henry Medina
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lunes, 10 de octubre de 2011
Ley de Arrendamiento acabará inversión privada para viviendas
Si se aplica la Ley de Control y Regularización del Arrendamiento de Viviendas, sin ninguna modificación, desaparecerá la inversión privada para la construcción de soluciones habitacionales, afirmó en términos categóricos el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez.
Advirtió que aún cuando expresaron ante el Gobierno, su disposición de participar activamente en la Gran Misión Vivienda, donde el Ejecutivo ha anunciado una inversión muchísimo mayor a la que se ha hecho en años anteriores, siendo el monto récord en el área de viviendas en el sector público, no han sido llamado.
Recordó que durante el año 2010 se destinaron en el presupuesto, 2.000 millones de bolívares fuertes para el área de las viviendas, mientras que en esta oportunidad se está hablando de 50.000 millones de bolívares fuertes.
La pregunta es, sí el país puede invertir anualmente, ese porcentaje del PIB para construir y entregar viviendas al pueblo venezolano. Hemos sostenido que debe haber una combinación, donde el Estado se concentre en aquella parte de la población de escasos recursos los damnificados, los indigentes y los casos de familias que no tienen posibilidades de adquirir una vivienda y, a la vez, debe implementar una política que permita subsidiar a un grupo importante de venezolanos que no pueden por sí solos ahorrar para adquirir una vivienda, estimulando e incentivando al sector privado para que construya viviendas para a esta gran cantidad de venezolanos clase media, clase media baja para poder abarcar todos los estratos-, afirma Jiménez.
No han sido llamados
Dijo que la empresa de la construcción apoya la Gran Misión Vivienda y se puso a la orden del Gobierno, convencidos de que el Ejecutivo necesita de la inversión privada para llevar adelante este gran proyecto habitacional y cumplir las metas.
Lamentablemente, no hemos logrado constituir esa mesa técnica, tampoco el diálogo en el alto nivel con el gobierno para aplicar políticas inclusivas donde podamos participar, por el contrario, con estas leyes últimas y la que se está gestando en la Asamblea Nacional, pensamos que la inversión privada en viviendas podría desaparecer, porque cuando te imponen que debes dedicar parte de tus inversiones a hacer algo completamente diferente a lo que tu eres o sabes hacer, eso es imposible-, afirma Jiménez.
Señala que la actividad de alquiler que se pretende aplicar con la Ley de Arrendamiento, que pretende obligar a que parte de las viviendas que construya la empresa privada, en un 25% deben ser destinadas al alquiler, es una actividad totalmente diferente a la de los constructores.
Advierte Jiménez que han solicitado reuniones con el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Soto Rojas y con el diputado Diosdado Cabello de la Comisión de Administración y Servicios con la finalidad de presentar propuestas alternas a las medidas propuestas, pero no han obtenido repuestas.
Fue categórico al afirmar, que si se aprueba la Ley de Arrendamiento sin modificación, desaparecerá la inversión privada en la construcción de viviendas.
EL IMPULSO
07-10-2011
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Advirtió que aún cuando expresaron ante el Gobierno, su disposición de participar activamente en la Gran Misión Vivienda, donde el Ejecutivo ha anunciado una inversión muchísimo mayor a la que se ha hecho en años anteriores, siendo el monto récord en el área de viviendas en el sector público, no han sido llamado.
Recordó que durante el año 2010 se destinaron en el presupuesto, 2.000 millones de bolívares fuertes para el área de las viviendas, mientras que en esta oportunidad se está hablando de 50.000 millones de bolívares fuertes.
La pregunta es, sí el país puede invertir anualmente, ese porcentaje del PIB para construir y entregar viviendas al pueblo venezolano. Hemos sostenido que debe haber una combinación, donde el Estado se concentre en aquella parte de la población de escasos recursos los damnificados, los indigentes y los casos de familias que no tienen posibilidades de adquirir una vivienda y, a la vez, debe implementar una política que permita subsidiar a un grupo importante de venezolanos que no pueden por sí solos ahorrar para adquirir una vivienda, estimulando e incentivando al sector privado para que construya viviendas para a esta gran cantidad de venezolanos clase media, clase media baja para poder abarcar todos los estratos-, afirma Jiménez.
No han sido llamados
Dijo que la empresa de la construcción apoya la Gran Misión Vivienda y se puso a la orden del Gobierno, convencidos de que el Ejecutivo necesita de la inversión privada para llevar adelante este gran proyecto habitacional y cumplir las metas.
Lamentablemente, no hemos logrado constituir esa mesa técnica, tampoco el diálogo en el alto nivel con el gobierno para aplicar políticas inclusivas donde podamos participar, por el contrario, con estas leyes últimas y la que se está gestando en la Asamblea Nacional, pensamos que la inversión privada en viviendas podría desaparecer, porque cuando te imponen que debes dedicar parte de tus inversiones a hacer algo completamente diferente a lo que tu eres o sabes hacer, eso es imposible-, afirma Jiménez.
Señala que la actividad de alquiler que se pretende aplicar con la Ley de Arrendamiento, que pretende obligar a que parte de las viviendas que construya la empresa privada, en un 25% deben ser destinadas al alquiler, es una actividad totalmente diferente a la de los constructores.
Advierte Jiménez que han solicitado reuniones con el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Soto Rojas y con el diputado Diosdado Cabello de la Comisión de Administración y Servicios con la finalidad de presentar propuestas alternas a las medidas propuestas, pero no han obtenido repuestas.
Fue categórico al afirmar, que si se aprueba la Ley de Arrendamiento sin modificación, desaparecerá la inversión privada en la construcción de viviendas.
EL IMPULSO
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¿Cómo es el rollo del Venezolano de Crédito con el encaje?
En julio, cuando se oficializó en Gaceta Oficial la decisión del Banco Central de Venezuela (BCV) de disminuir tres puntos el encaje legal (de 17% a 14%) las entidades debieron invertir ese dinero de los depósitos del público en unos "certificados" que emitió el Bandes, bajo el marco de la Misión Vivienda.
Los fondos se depositaron en el Bandes, administrados bajo la figura de un fideicomiso, en donde la petrolera estatal colocó recursos adicionales. El monto total de la convocatoria, que se lanzó el primero de julio de este año, fue de Bs.F. 8.900 millones, que correspondía a la cantidad disponible de las entidades por los tres puntos liberados. Los papeles, que se ofrecieron a un vencimiento de tres años, le dejan a los bancos que los adquirió un interés de 3,75% anual.
En el prospecto se incluyó una lista de los que debían comprar y se excluyó a otros que no podían participar por no reflejar la cuenta del encaje legal en el BCV con el monto reglamentario.
De hecho, de las entidades públicas solo participó el Banco de Venezuela, y el Banco del Pueblo. Aunque El Venezolano de Crédito, de capital privado y presidido por Oscar García Mendoza, estaba en esa lista, el banquero decidió no adquirir los papeles. Y por no participar en la operación diseñada por el Ejecutivo para la Misión Vivienda tuvo que aumentar el encaje seis puntos. Esto, luego que el ente emisor dispusiera que las entidades que no participaran en la oferta tuvieran que aumentar a 23% su encaje.
Dos meses y medio después, García Mendoza introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad sobre esta medida, alegando que se utilizó una herramienta de política monetaria para otros fines."El encaje legal es un instrumento de política monetaria para proteger el sistema financiero y para prever que alguna de las instituciones sufra problemas", se indica en el documento."No puede servir para resolver una coyuntura política en materia de vivienda, que le corresponde a otros organismos del Estado y no al BCV", se agrega.
Para Oscar García, la Gran Misión Vivienda Venezuela, proyecto del Ejecutivo para atender el déficit habitacional, no tiene planes ni proyectos detallados por esto considera arriesgado que se obligue a la banca privada a invertir más fondos del fideicomiso en este plan. Denunció que la presidencia de la República ha "malgastado" 1,2 billones de dólares razón por la que no confía en entregar el dinero de los depositantes, "si un banquero le entrega el dinero al Gobierno ese dinero va a desaparecer". Indicó que los ahorristas también deben tener una posición crítica ante la desviación de recursos, es ilógico que el dinero depositado por los ahorristas a corto plazo sea prestado a "larguísimo plazo". "Eso creará un problema terrible en el sistema financiero", auguró.
Entorno Inteligente
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En el prospecto se incluyó una lista de los que debían comprar y se excluyó a otros que no podían participar por no reflejar la cuenta del encaje legal en el BCV con el monto reglamentario.
De hecho, de las entidades públicas solo participó el Banco de Venezuela, y el Banco del Pueblo. Aunque El Venezolano de Crédito, de capital privado y presidido por Oscar García Mendoza, estaba en esa lista, el banquero decidió no adquirir los papeles. Y por no participar en la operación diseñada por el Ejecutivo para la Misión Vivienda tuvo que aumentar el encaje seis puntos. Esto, luego que el ente emisor dispusiera que las entidades que no participaran en la oferta tuvieran que aumentar a 23% su encaje.
Dos meses y medio después, García Mendoza introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad sobre esta medida, alegando que se utilizó una herramienta de política monetaria para otros fines."El encaje legal es un instrumento de política monetaria para proteger el sistema financiero y para prever que alguna de las instituciones sufra problemas", se indica en el documento."No puede servir para resolver una coyuntura política en materia de vivienda, que le corresponde a otros organismos del Estado y no al BCV", se agrega.
Para Oscar García, la Gran Misión Vivienda Venezuela, proyecto del Ejecutivo para atender el déficit habitacional, no tiene planes ni proyectos detallados por esto considera arriesgado que se obligue a la banca privada a invertir más fondos del fideicomiso en este plan. Denunció que la presidencia de la República ha "malgastado" 1,2 billones de dólares razón por la que no confía en entregar el dinero de los depositantes, "si un banquero le entrega el dinero al Gobierno ese dinero va a desaparecer". Indicó que los ahorristas también deben tener una posición crítica ante la desviación de recursos, es ilógico que el dinero depositado por los ahorristas a corto plazo sea prestado a "larguísimo plazo". "Eso creará un problema terrible en el sistema financiero", auguró.
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Rusia quiere seguir construyendo casas en el país
El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, dijo este jueves que las empresas rusas están dispuestas a construir todas las viviendas que sean necesarias para cubrir el déficit habitacional que hay en Venezuela.
Chávez puso como ejemplo el trabajo que ha hecho Rusia para acelerar la construcción de viviendas en Caracas, unidades habitacionales que se edifican para adjudicarlas a los damnificados por las lluvias de 2010 y 2011.
“Esto es un trabajo que no se detiene”, dijo Chávez durante la firma de acuerdos entre los gobiernos de Rusia y Venezuela, en el Palacio de Miraflores.
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Faltan 2,8 millones de casas
Desde hace 10 meses vive con sus hijos en el refugio de La Rinconada, donde padece la insuficiencia de baños, suministro de agua por apenas 2 horas al día y una alimentación tan deficiente que gasta lo poco que tiene en su propia comida.
"Me traje mi nevera y compro mi mercado", dice la madre de familia.
Pide que no citen su nombre por temor a represalias. "No me han asignado casa porque he salido en la prensa denunciando las malas condiciones del refugio". Indica que quienes tienen ubicación asegurada no están mejor. "Hay 37 familias que esperan desde hace un mes que les entreguen sus viviendas".
Ella forma parte de los 130.000 damnificados que dejaron las lluvias de diciembre de 2010 y que esperan que la Gran Misión Vivienda Venezuela, lanzada por el presidente Hugo Chávez para construir 2 millones de unidades en 7 años, no se quede en el papel.
Los resultados históricos atentan contra la promesa gubernamental, que implica construir casi 300.000 viviendas anuales.
El único año en que se terminaron más de 100.000 unidades en el país fue 1973, según la Cámara Venezolana de la Construcción.
La edificación insuficiente ha provocado un déficit de 2,8 millones de casas, calcula Provea y confirman las cifras del registro de la Misión Vivienda.
La situación actual no ayuda. El sector público ha construido un promedio de 20.000 viviendas anuales desde 1999 y la inversión privada está prácticamente paralizada desde 2009 por las expropiaciones, los cambios en el marco legal del sector y los problemas con el suministro de materiales.
El mercado secundario inmuebles usados puede ser una opción, pero depende de un financiamiento, que es limitado. Víctor Lara, profesional de 30 años de edad, gana 4.200 bolívares mensuales. Con eso sólo puede optar a un crédito de 169.000 bolívares, insuficiente para comprar una vivienda.
Lara puede recibir un subsidio de 97.500 bolívares, pero éste sólo se obtiene por viviendas cuyo valor no supere los 270.000 bolívares, y la oferta en ese rango es muy reducida: una búsqueda en un portal especializado arrojó 37 resultados en todo el país.
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Ella forma parte de los 130.000 damnificados que dejaron las lluvias de diciembre de 2010 y que esperan que la Gran Misión Vivienda Venezuela, lanzada por el presidente Hugo Chávez para construir 2 millones de unidades en 7 años, no se quede en el papel.
Los resultados históricos atentan contra la promesa gubernamental, que implica construir casi 300.000 viviendas anuales.
El único año en que se terminaron más de 100.000 unidades en el país fue 1973, según la Cámara Venezolana de la Construcción.
La edificación insuficiente ha provocado un déficit de 2,8 millones de casas, calcula Provea y confirman las cifras del registro de la Misión Vivienda.
La situación actual no ayuda. El sector público ha construido un promedio de 20.000 viviendas anuales desde 1999 y la inversión privada está prácticamente paralizada desde 2009 por las expropiaciones, los cambios en el marco legal del sector y los problemas con el suministro de materiales.
El mercado secundario inmuebles usados puede ser una opción, pero depende de un financiamiento, que es limitado. Víctor Lara, profesional de 30 años de edad, gana 4.200 bolívares mensuales. Con eso sólo puede optar a un crédito de 169.000 bolívares, insuficiente para comprar una vivienda.
Lara puede recibir un subsidio de 97.500 bolívares, pero éste sólo se obtiene por viviendas cuyo valor no supere los 270.000 bolívares, y la oferta en ese rango es muy reducida: una búsqueda en un portal especializado arrojó 37 resultados en todo el país.
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Inquilinos deberán inscribirse en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda
avn.info.ve
La Asamblea Nacional aprobó este jueves el artículo 76 del proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, el cual establece que todas las personas con necesidad de vivienda y que estén en capacidad de cancelar un canon de arrendamiento mensual deben inscribirse en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda.
Así se acordó durante la segunda discusión del referido proyecto de ley, realizada este jueves en sesión ordinaria del Parlamento. En esta oportunidad fueron discutidos y aprobados un total de 34 artículos.
Hasta la fecha se han discutido 77 artículos de los 152 que conforman esta normativa legal.
La Superintendencia Nacional de Arrendamiento y Vivienda, figura que está contemplada en el proyecto de la llamada Ley de Arrendamiento administrará y regulará lo relacionado con el alquiler en el país.
La creación de la superintendencia está contemplada en el proyecto de Ley de Arrendamiento, según lo establece el artículo 16 de la normativa. Esta institución tendrá como competencia coordinar las políticas referentes a la materia inquilinaria, en todos los municipios del país, de acuerdo con el artículo 17 de la normativa. El nuevo ente también administrará el fondo para la protección de los inquilinos.
Diosdado Cabello, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), indicó que esta ley reivindicará a más de 150 mil familias que viven en situación de arrendamiento.
Otros artículos de importancia aprobados en la plenaria son el 73, el cual establece que constructores deben destinar 10% de los inmuebles a ser arrendados; y el 74, que obliga al constructor a informar respecto de la cantidad de viviendas con fines de arrendamiento.
La iniciativa, producto del esfuerzo mancomunado entre todos los sectores de la sociedad venezolana, ha promovido la participación colectiva para la elaboración de esta ley, la cual tiene como premisa humanizar los alquileres y establecer un equilibrio entre inquilinos y propietarios.
También prevé proteger y garantizar el derecho humano a una vivienda y hábitat adecuado para todas las personas y familias, especialmente de quienes se encuentran en situación de discriminación por: orientación sexual, identidad de género, origen étnico, preferencia política y religiosa, estado civil, clase social, así como en otros casos de vulnerabilidad o marginación por discapacidad, enfermedades terminales, entre otras.
La discusión de los artículos restantes se hará el próximo martes 10 de octubre en la sesión ordinaria prevista a las 2:00 de la tarde.
Agencia Venezolana de Noticias
07-10-2011
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Así se acordó durante la segunda discusión del referido proyecto de ley, realizada este jueves en sesión ordinaria del Parlamento. En esta oportunidad fueron discutidos y aprobados un total de 34 artículos.
Hasta la fecha se han discutido 77 artículos de los 152 que conforman esta normativa legal.
La Superintendencia Nacional de Arrendamiento y Vivienda, figura que está contemplada en el proyecto de la llamada Ley de Arrendamiento administrará y regulará lo relacionado con el alquiler en el país.
La creación de la superintendencia está contemplada en el proyecto de Ley de Arrendamiento, según lo establece el artículo 16 de la normativa. Esta institución tendrá como competencia coordinar las políticas referentes a la materia inquilinaria, en todos los municipios del país, de acuerdo con el artículo 17 de la normativa. El nuevo ente también administrará el fondo para la protección de los inquilinos.
Diosdado Cabello, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), indicó que esta ley reivindicará a más de 150 mil familias que viven en situación de arrendamiento.
Otros artículos de importancia aprobados en la plenaria son el 73, el cual establece que constructores deben destinar 10% de los inmuebles a ser arrendados; y el 74, que obliga al constructor a informar respecto de la cantidad de viviendas con fines de arrendamiento.
La iniciativa, producto del esfuerzo mancomunado entre todos los sectores de la sociedad venezolana, ha promovido la participación colectiva para la elaboración de esta ley, la cual tiene como premisa humanizar los alquileres y establecer un equilibrio entre inquilinos y propietarios.
También prevé proteger y garantizar el derecho humano a una vivienda y hábitat adecuado para todas las personas y familias, especialmente de quienes se encuentran en situación de discriminación por: orientación sexual, identidad de género, origen étnico, preferencia política y religiosa, estado civil, clase social, así como en otros casos de vulnerabilidad o marginación por discapacidad, enfermedades terminales, entre otras.
La discusión de los artículos restantes se hará el próximo martes 10 de octubre en la sesión ordinaria prevista a las 2:00 de la tarde.
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Ley ratifica prohibición de traspasar alquileres
Silvino Castrillo
La discusión de artículos de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos Inmobiliarios en la plenaria de la AN quedó diferida para el próximo martes 11 de octubre. Sin embargo, se avanzó hasta el artículo 72, de los 150 que contiene el texto.
Una de las normas que quedaron para la revisión es la referida a la fijación del canon de arrendamiento, materia que regirá el Ministerio de Vivienda y Hábitat (Minvih). En este sentido, el ministerio deberá presentar propuestas y hacer especificaciones.
También se acordó en el debate de esta semana diferir los artículos relativos a la creación de la superintendencia de inquilinato y la defensoria en materia inquilinaria. Representantes de la Defensoría del Pueblo hicieron la observación a la comisión de Administración y Servicios, dado que argumentaron que hay funciones de estas dos instancias que coinciden.
No más traspasos. Esta semana, el parlamento aprobó la norma de la nueva ley de alquileres donde se ratifica la prohibición de hacer contratos de subarrendamientos o traspasos. Esta prohibición está en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios vigente pero, según los inquilinos que intervienen en la elaboración de la ley, esta disposición no se cumple; "y es necesario ratificar que los traspasos y subarrendamientos están fuera de ley".
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07-10-2011
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Una de las normas que quedaron para la revisión es la referida a la fijación del canon de arrendamiento, materia que regirá el Ministerio de Vivienda y Hábitat (Minvih). En este sentido, el ministerio deberá presentar propuestas y hacer especificaciones.
También se acordó en el debate de esta semana diferir los artículos relativos a la creación de la superintendencia de inquilinato y la defensoria en materia inquilinaria. Representantes de la Defensoría del Pueblo hicieron la observación a la comisión de Administración y Servicios, dado que argumentaron que hay funciones de estas dos instancias que coinciden.
No más traspasos. Esta semana, el parlamento aprobó la norma de la nueva ley de alquileres donde se ratifica la prohibición de hacer contratos de subarrendamientos o traspasos. Esta prohibición está en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios vigente pero, según los inquilinos que intervienen en la elaboración de la ley, esta disposición no se cumple; "y es necesario ratificar que los traspasos y subarrendamientos están fuera de ley".
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