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Globovision
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, manifestó este lunes su preocupación por el Proyecto de Ley de Arrendamiento que fue aprobado por la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.
“Estamos advirtiendo a las personas lo que significa esta ley, las consecuencias que va a traer y lo que afectará a la propiedad privada,” destacó.
Afirmó que esta Ley también afectará a los inquilinos. “Revisen si hay alguna oferta de arrendamiento están prácticamente anuladas las ofertas en los periódicos”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Bienes Raíces, Felipe Martínez, tildó de peligrosa la creación de un fondo donde serán depositadas todas las multas relacionadas con alquileres.
Martínez aseguró que sólo el 6% de la oferta de viviendas es para alquilar.
Noticias24
19-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
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martes, 20 de septiembre de 2011
Banavih garantiza meta de la Misión Vivienda
Los créditos se pagan con cuotas pequeñas por hasta 25 años
A partir de la próxima semana, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat desplegará puntos de información y un simulador en todo el territorio nacional para que las personas consulten sobre sus opciones de financiamiento tanto para comprar vivienda en el mercado primario y segundario, así como para la auto construcción.
Al rechazar que sectores de la oposición busquen implantar una matriz negativa en relación a los esfuerzos del gobierno con la Misión Vivienda, el presidente del Banavih, Mario Isea, enfatizó que “se van a quedar con los crespos hechos quienes creen que la Misión Vivienda no se va a cumplir”.
Indicó que el presidente de la República, Hugo Chávez ha girado instrucciones de acelerar y apretar el paso para seguir mudando a los refugiados. “Todos los meses se van mudando refugiados”, según el cronograma indicó.
“Es un gran esfuerzo de todo el equipo gubernamental, (…) cuando uno proyecta se contrata primero, luego se desarrolla el proyecto y en la medida en que se va construyendo se va entregando los conjuntos por etapa”.
Aseguró que las cifras se van cumpliendo y cada día se perfecciona más los mecanismos de articulación para que la cartera hipotecaria fluya y los puntos del encaje que se liberaron se incorporen al financiamiento.
"Se aprobaron las condiciones de financiamiento que se van a aplicar al sistema", dijo explicando que para poder adquirir un crédito para la adquisición de una vivienda de 270 millones de bolívares, una familia que tenga como ingreso el salario mínimo recibe 80% de subsidio.
“La banca conoce estas condiciones y las puede aplicar”, señaló. Agregó que se instalarán en todo el país puntos de información de Banavih así como un simulador para que las personas consulten sobre sus opciones de financiamiento tanto para comprar vivienda en el mercado primario como segundario, como para autoconstrucción.
Negó que el Banavih no entregue los subsidios a tiempo, aunque reconoció que habían algunas medidas de control que han sido liberadas para facilitar la fluidez de protocolización de viviendas. “Había cierto control porque existían algunos sectores que jugaban con el dinero, lo represaban y los usaban como capital para la intermediación financiera y no para el financiamiento de vivienda, eso se ha aclarado con la banca y están muy claras las reglas y los acuerdos”, indicó.
Informó que hace poco protocolizaron 800 viviendas en Santa Rita; la semana pasada entregaron más 300 viviendas con Nueva Bolivia, 100 en Salamanca, en Ciudad Caribia y en Belén; y en la costa Oriental del Lago están por culminarse 1020 Ciudad Bolívar.
“El cierre de la misión arroja cifras superiores a 40 mil el mes pasado y esta cifra va a seguir creciendo porque hay grandes desarrollos habitacionales en construcción, algunas etapas para los últimos meses de este año y otras para el 2012”, aseveró.
Unionradio.net
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Al rechazar que sectores de la oposición busquen implantar una matriz negativa en relación a los esfuerzos del gobierno con la Misión Vivienda, el presidente del Banavih, Mario Isea, enfatizó que “se van a quedar con los crespos hechos quienes creen que la Misión Vivienda no se va a cumplir”.
Indicó que el presidente de la República, Hugo Chávez ha girado instrucciones de acelerar y apretar el paso para seguir mudando a los refugiados. “Todos los meses se van mudando refugiados”, según el cronograma indicó.
“Es un gran esfuerzo de todo el equipo gubernamental, (…) cuando uno proyecta se contrata primero, luego se desarrolla el proyecto y en la medida en que se va construyendo se va entregando los conjuntos por etapa”.
Aseguró que las cifras se van cumpliendo y cada día se perfecciona más los mecanismos de articulación para que la cartera hipotecaria fluya y los puntos del encaje que se liberaron se incorporen al financiamiento.
"Se aprobaron las condiciones de financiamiento que se van a aplicar al sistema", dijo explicando que para poder adquirir un crédito para la adquisición de una vivienda de 270 millones de bolívares, una familia que tenga como ingreso el salario mínimo recibe 80% de subsidio.
“La banca conoce estas condiciones y las puede aplicar”, señaló. Agregó que se instalarán en todo el país puntos de información de Banavih así como un simulador para que las personas consulten sobre sus opciones de financiamiento tanto para comprar vivienda en el mercado primario como segundario, como para autoconstrucción.
Negó que el Banavih no entregue los subsidios a tiempo, aunque reconoció que habían algunas medidas de control que han sido liberadas para facilitar la fluidez de protocolización de viviendas. “Había cierto control porque existían algunos sectores que jugaban con el dinero, lo represaban y los usaban como capital para la intermediación financiera y no para el financiamiento de vivienda, eso se ha aclarado con la banca y están muy claras las reglas y los acuerdos”, indicó.
Informó que hace poco protocolizaron 800 viviendas en Santa Rita; la semana pasada entregaron más 300 viviendas con Nueva Bolivia, 100 en Salamanca, en Ciudad Caribia y en Belén; y en la costa Oriental del Lago están por culminarse 1020 Ciudad Bolívar.
“El cierre de la misión arroja cifras superiores a 40 mil el mes pasado y esta cifra va a seguir creciendo porque hay grandes desarrollos habitacionales en construcción, algunas etapas para los últimos meses de este año y otras para el 2012”, aseveró.
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Asamblea Nacional retomará sesiones ordinarias este martes
Luego de concluir el receso parlamentario, la Asamblea Nacional (AN) iniciará este martes 20 de septiembre las sesiones ordinarias para continuar el segundo período legislativo.
La sesión se iniciará a las 2:00 de la tarde y dentro del Orden del Día destaca la segunda discusión del Proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.
Asimismo, se considerarán dos créditos adicionales para el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, y un crédito adicional para el Gobierno del Distrito Capital, de acuerdo con la agenda publicada en la página web del parlamento.
La AN finalizó el 15 de agosto el período ordinario de sesiones, y durante el receso parlamentario se realizaron varias reuniones extraordinarias para abordar diversos tópicos.
El 18 de agosto se discutió la repatriación de las reservas internacionales en oro, mientras que el 22 de ese mes se trató el plan de agresión a instituciones del Estado por parte de sectores de la oposición con fines desestabilizadores.
Ese mismo día continuó la segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial.
El lunes 12 de septiembre se discutió el señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en un informe que incluyó a funcionarios venezolanos en una lista de "narcotraficantes" por su supuesto apoyo a grupos insurgentes colombianos.
También en varias sesiones extraordinarias se aprobaron diferentes créditos adicionales.
El Nacional
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Asimismo, se considerarán dos créditos adicionales para el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, y un crédito adicional para el Gobierno del Distrito Capital, de acuerdo con la agenda publicada en la página web del parlamento.
La AN finalizó el 15 de agosto el período ordinario de sesiones, y durante el receso parlamentario se realizaron varias reuniones extraordinarias para abordar diversos tópicos.
El 18 de agosto se discutió la repatriación de las reservas internacionales en oro, mientras que el 22 de ese mes se trató el plan de agresión a instituciones del Estado por parte de sectores de la oposición con fines desestabilizadores.
Ese mismo día continuó la segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial.
El lunes 12 de septiembre se discutió el señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en un informe que incluyó a funcionarios venezolanos en una lista de "narcotraficantes" por su supuesto apoyo a grupos insurgentes colombianos.
También en varias sesiones extraordinarias se aprobaron diferentes créditos adicionales.
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Fondo de protección del inquilino recibirá las multas
Multas en Ley de Alquileres llegan a 1.000 unidades tributarias
La modificación a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios contempla la creación del Fondo de Seguridad Social del Inquilino y el Pequeño Arrendador, cuyos ingresos serán las consignaciones y las multas.
En la reforma aprobada por la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea, los diputados incluyeron un fondo especial que asumiría algunos compromisos de los inquilinos y los pequeños propietarios. En el articulado se detalla que el esquema tendrá diferentes de fuentes de recursos.
En los artículos correspondientes a las sanciones se indica que cuando se impongan las multas, que oscilan entre 50 y 1.000 unidades tributarias, los recursos pagados serán destinados al fondo de protección. Luego en las disposiciones transitorias se apunta las consignaciones (pagos que se hacen en los tribunales cuando los inquilinos están en mora) también irán a ese esquema, pero esa transferencia se realizará un año después de la entrada en vigencia de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos.
La disposición agrega que "los arrendadores y arrendatarios que se encuentren sujetos al procedimiento de consignación judicial de pagos producto de la relación arrendaticia ante los tribunales de consignación, tendrán un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para adecuar el pago del canon de arrendamiento".
Agrega que "si transcurrido el año, prescribe la acción de retirar lo consignado por parte de los titulares de la relación arrendaticia, los recursos que se encuentren sin reclamo en las cuentas bancarias destinadas a consignación, serán destinados por al Fondo de Seguridad Social del Inquilino y del Pequeño Arrendador".
El diputado Diosdado Cabello el pasado 31 de agosto comentó que "hay recursos que tienen 15 y 20 años colocados y los dueños no los han utilizado. Esas cuentas habrá que revisarlas" e indicó que ese esquema de protección tendrá varios objetivos, siendo uno de ellos cancelar los pagos a las depositarias (aquellas que reciben los enseres de los arrendatarios cuando éstos son desalojados y no tienen vivienda).
El proyecto de marco legal señala que el Fondo adicionalmente tendrá otros fines.
Según la propuesta de instrumento, "en los casos de relaciones arrendaticias anteriores a la entrada en vigencia de la ley, en los cuales el arrendador no comparezca o no se encuentre identificado, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento y el arrendatario suscribirán un acuerdo a favor de los herederos del propietario del inmueble. Los intereses generados producto del depósito del pago del canon de arrendamiento estarán en función del nuevo Fondo de Seguridad Social del Inquilino y del Pequeño Arrendador".
El Universal
19-09-2011
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En la reforma aprobada por la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea, los diputados incluyeron un fondo especial que asumiría algunos compromisos de los inquilinos y los pequeños propietarios. En el articulado se detalla que el esquema tendrá diferentes de fuentes de recursos.
En los artículos correspondientes a las sanciones se indica que cuando se impongan las multas, que oscilan entre 50 y 1.000 unidades tributarias, los recursos pagados serán destinados al fondo de protección. Luego en las disposiciones transitorias se apunta las consignaciones (pagos que se hacen en los tribunales cuando los inquilinos están en mora) también irán a ese esquema, pero esa transferencia se realizará un año después de la entrada en vigencia de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos.
La disposición agrega que "los arrendadores y arrendatarios que se encuentren sujetos al procedimiento de consignación judicial de pagos producto de la relación arrendaticia ante los tribunales de consignación, tendrán un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para adecuar el pago del canon de arrendamiento".
Agrega que "si transcurrido el año, prescribe la acción de retirar lo consignado por parte de los titulares de la relación arrendaticia, los recursos que se encuentren sin reclamo en las cuentas bancarias destinadas a consignación, serán destinados por al Fondo de Seguridad Social del Inquilino y del Pequeño Arrendador".
El diputado Diosdado Cabello el pasado 31 de agosto comentó que "hay recursos que tienen 15 y 20 años colocados y los dueños no los han utilizado. Esas cuentas habrá que revisarlas" e indicó que ese esquema de protección tendrá varios objetivos, siendo uno de ellos cancelar los pagos a las depositarias (aquellas que reciben los enseres de los arrendatarios cuando éstos son desalojados y no tienen vivienda).
El proyecto de marco legal señala que el Fondo adicionalmente tendrá otros fines.
Según la propuesta de instrumento, "en los casos de relaciones arrendaticias anteriores a la entrada en vigencia de la ley, en los cuales el arrendador no comparezca o no se encuentre identificado, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento y el arrendatario suscribirán un acuerdo a favor de los herederos del propietario del inmueble. Los intereses generados producto del depósito del pago del canon de arrendamiento estarán en función del nuevo Fondo de Seguridad Social del Inquilino y del Pequeño Arrendador".
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Mercado de Alquiler en amenaza de desaparecer
En Carabobo hay 12 mil procedimientos de desalojo paralizados.
Para tener una oportunidad de mejorar sus ingresos, Rafael García decidió vender su apartamento en el edificio Giordano, pero se dejó llevar por la propuesta del cliente: alquilar el inmueble con opción a compra.
El usuario le propuso darle una inicial, y luego le prometió que solicitaría un crédito. Enseguida, García le arrendó la vivienda a un precio muy módico. De este acuerdo nada se ha cumplido, el arrendatario nunca le ha cancelado las rentas, ni tampoco la inicial. El ocupante alega que por tener una menor de edad tiene derecho a quedarse. Esto motivó a Rafael García a demandarlo en el Tribunal Primero de los Municipios, pero el caso no ha transcendido.
La Ley Contra Desalojos Arbitrarios establece que están suspendidas todas las medidas de desalojo de residencias, sea cual sea el motivo. Según María Elena Navarro, presidenta de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler, en estos casos aún se debe respetar la vigente Ley de Arrendamientos Inmobiliarios de 1999, cuyo artículo 34 destaca que el arrendatario que haya dejado de pagar el canon correspondiente a dos meses de mensualidades consecutivas es causal de desocupación. "El arrendatario y el inquilino deben realizar actos conciliatorios, pero si una de las partes no está de acuerdo no hay trato posible", advirtió.
Esta Red, conformada en agosto de este año propone reducir la sensación de incertidumbre -con asesoramiento gratuito- a los propietarios de los inmuebles sobre los pasos a seguir en caso de afrontar algún problema con los inquilinos.
Relativos beneficios
En la actual Ley de Arrendamientos Inmobiliarios -1999-, el inquilino cuenta con una prórroga, si su contrato llega a término. Se establece un tiempo de gracia, en el cual una vez vencido el período contractual para el uso de la propiedad, la norma automáticamente le otorga al arrendatario un plazo para que pueda ubicar un sitio a dónde irse.
Si tiene una relación arrendaticia de seis meses o un año, tiene una prórroga legal de dos trimestres hasta un tope de tres años. Esto había tenido resultados muy positivos, porque el inquilino durante ese período podía buscar un sitio para vivir. Pero al consultor jurídico de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Carlos Calanche, le preocupa que la comisión de Administración y Servicios de la AN durante la discusión del proyecto de Ley de Regulación y Control de Arrendamientos coloque como obligación, que el contrato sea ahora por un plazo mínimo de tres años.
"Es bastante delicado, porque realmente en este tipo de relaciones los que encaran son la voluntad de las partes".
El instrumento establece la posibilidad preferencial de renovar el contrato para el arrendatario y el inquilino, quienes podrán manifestar su voluntad de no continuar con éste antes del lapso, sin perjuicio de tener que pagar indemnizaciones o cánones restantes. Pero, el hecho de que se tenga que regular universalmente todos los inmuebles, también perjudica a los arrendadores, señala el especialista. La ley vigente establece que son objeto de regulación aquellas propiedades que sean construidas desde 1997; no establece ordenación universal de todas las casas. De aplicarse el proyecto, se desincentivaría la construcción de viviendas para alquiler, porque estas edificaciones serían reguladas por la Dirección de Inquilinato.
Se preve también crear una Superintendencia Nacional de Inquilinos, un ente administrativo adscrito al Ministerio de Vivienda y Hábitat, que se encargará de regular las incidencias que puedan presentar el inquilino y el arrendador. "Incluso supedita la redacción de cualquier contrato de arrendamiento a la supervisión de inquilinato para que esta verifique el canon y los convenimientos. Como consecuencia, otro trámite burocrático bastante complejo, pues si una persona quisiera suscribir este tipo de gestión con cualquier otra tendría que ir a esta entidad, esperar que revisen el documento y luego admitirlo", explicó Calanche. Para el abogado, es ilógico porque a veces hay contratos que deben hacerse de manera privada y otros a través de un notario.
Si un arrendador quería alquilar el inmueble amoblado, no podía pasar del 30% del canon de arrendamiento. Esta norma fue suprimida, lo cual traería como consecuencia que muchas personas de manera arbitraria alquilarán con sobreprecio.
Y en los casos donde los inquilinos fallecen, cualquier persona podría sustituir la posición que tenía. Esto generaría un mercado negro de personas que podrían traspasar los herederos del ocupante. "Podrían alquilárselos a un tercero, ajeno a la relación arrendataria", atestiguó Carlos Calanche.
Una ley parcializada
Ninguna ley puede aprobarse en desmedro de una de las partes. En el negocio del arrendamiento, el arrendador es el que ofrece su vivienda al mercado para que sea ocupada. Si la ordenanza perjudica a uno de los sectores no es buena. El Estado es el que decide todo, pone los precios y define las condiciones. De acuerdo con la directora de Políticas Públicas del Centro de Estudios para la Divulgación del Conocimiento Económico, Isabel Pereira, la norma debe ser objetiva, imparcial y beneficiosa para ambas partes.
"Las condiciones son tan duras para el arrendador que el mercado de alquileres en Venezuela ha caído desde hace aproximadamente dos años. En el país existe un déficit de más de dos millones de casas, cifras que demuestran que el Gobierno Nacional fracasó en la Misión Vivienda. Aparte que, las familias que aún no han tenido acceso a una propiedad y resolvían con el arrendamiento, ahora estarán muy perjudicadas porque este mercado tenderá a desaparecer. Los propietarios de viviendas, preferirán venderlas o inclusive mantenerlas cerradas, vaticinó Pereira.
Unos de los objetivos del sector construcción era edificar viviendas para alquiler, pero estarán limitadas, porque serán sometidas a una norma cuyo gran objetivo: es expropiarle la casa al propietario. "No consideran la defensa de la propiedad de la persona que trabajó durante toda su vida para comprar una casa, alquilarla y de ahí tener un ingreso para vivir. O que la tiene arrendada por un tiempo; mientras sus hijos son pequeños y cuando sean mayores dárselas", atestiguó Isabel Pereira. A su juicio, los arrendadores que quieran desocupar su inmueble tendrán que esperar que la Superintendencia Nacional de Inquilinos le consiga otra casa al ocupante. "¿Y cómo? si en el país no hay residencias".
Canon desequilibrado
El que también la Superintendencia decida el valor de la vivienda, sin tener en cuenta su localización, destruye el valor de la zona que ha logrado tener servicios suficientes para responder a la demanda. "Cómo una persona que habite en Prebo va a querer colocar su inmueble en el mercado de alquileres si va a costar igual que un apartamento en La Isabelica o en Paraparal", se preguntó Mayela Fonseca, consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo.
Estas son intervenciones del Estado en la economía. Sin embargo, admite la directora de Cedice que a las leyes vigentes hay que ajustarles ciertos parámetros para adecuarlas a los tiempos actuales, pero no se debe intentar derogar para producir un instrumento legal que resulta perjudicial para ambos.
Recuperación del inmueble
El procedimiento para poder recuperar el inmueble no tardará menos de cinco meses. La Superintendencia Nacional de Inquilinos, vía que hay que agotar previamente para poder desalojar, deberá recibir el documento de los arrendadores. "Indudablemente el panorama jurídico será dañino para ambas partes", advirtió la consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, Mayela Fonseca.
La abogada alertó que debido a la discusión del nuevo instrumento se ha impedido que se ejecuten las decisiones que se espera por los casos en demandas, lo que ha generado efectos como: mayor morosidad por parte de los inquilinos. Muchos arrendatarios al enterarse que este proceso impide la interposición de cualquier juicio en contra de ellos para desalojarlos comenzaron a insolventarse en los pagos. "En lugar de ayudar al problema habitacional, esta ley lo agravará, agregó.
Proyecto en discusión
Desde 2007 está en discusión la Ley de Regulación y Control de Arrendamientos de Viviendas, que consta de 150 artículos. A través de firmas recabadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se inició la discusión del proyecto, que actualmente se debate en la Asamblea Nacional. Hasta el seis de septiembre habían realizado 18 sesiones, mediante mesas técnicas que preside el diputado Diosdado Cabello.
El Carabobeño
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Para tener una oportunidad de mejorar sus ingresos, Rafael García decidió vender su apartamento en el edificio Giordano, pero se dejó llevar por la propuesta del cliente: alquilar el inmueble con opción a compra.
El usuario le propuso darle una inicial, y luego le prometió que solicitaría un crédito. Enseguida, García le arrendó la vivienda a un precio muy módico. De este acuerdo nada se ha cumplido, el arrendatario nunca le ha cancelado las rentas, ni tampoco la inicial. El ocupante alega que por tener una menor de edad tiene derecho a quedarse. Esto motivó a Rafael García a demandarlo en el Tribunal Primero de los Municipios, pero el caso no ha transcendido.
La Ley Contra Desalojos Arbitrarios establece que están suspendidas todas las medidas de desalojo de residencias, sea cual sea el motivo. Según María Elena Navarro, presidenta de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler, en estos casos aún se debe respetar la vigente Ley de Arrendamientos Inmobiliarios de 1999, cuyo artículo 34 destaca que el arrendatario que haya dejado de pagar el canon correspondiente a dos meses de mensualidades consecutivas es causal de desocupación. "El arrendatario y el inquilino deben realizar actos conciliatorios, pero si una de las partes no está de acuerdo no hay trato posible", advirtió.
Esta Red, conformada en agosto de este año propone reducir la sensación de incertidumbre -con asesoramiento gratuito- a los propietarios de los inmuebles sobre los pasos a seguir en caso de afrontar algún problema con los inquilinos.
Relativos beneficios
En la actual Ley de Arrendamientos Inmobiliarios -1999-, el inquilino cuenta con una prórroga, si su contrato llega a término. Se establece un tiempo de gracia, en el cual una vez vencido el período contractual para el uso de la propiedad, la norma automáticamente le otorga al arrendatario un plazo para que pueda ubicar un sitio a dónde irse.
Si tiene una relación arrendaticia de seis meses o un año, tiene una prórroga legal de dos trimestres hasta un tope de tres años. Esto había tenido resultados muy positivos, porque el inquilino durante ese período podía buscar un sitio para vivir. Pero al consultor jurídico de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Carlos Calanche, le preocupa que la comisión de Administración y Servicios de la AN durante la discusión del proyecto de Ley de Regulación y Control de Arrendamientos coloque como obligación, que el contrato sea ahora por un plazo mínimo de tres años.
"Es bastante delicado, porque realmente en este tipo de relaciones los que encaran son la voluntad de las partes".
El instrumento establece la posibilidad preferencial de renovar el contrato para el arrendatario y el inquilino, quienes podrán manifestar su voluntad de no continuar con éste antes del lapso, sin perjuicio de tener que pagar indemnizaciones o cánones restantes. Pero, el hecho de que se tenga que regular universalmente todos los inmuebles, también perjudica a los arrendadores, señala el especialista. La ley vigente establece que son objeto de regulación aquellas propiedades que sean construidas desde 1997; no establece ordenación universal de todas las casas. De aplicarse el proyecto, se desincentivaría la construcción de viviendas para alquiler, porque estas edificaciones serían reguladas por la Dirección de Inquilinato.
Se preve también crear una Superintendencia Nacional de Inquilinos, un ente administrativo adscrito al Ministerio de Vivienda y Hábitat, que se encargará de regular las incidencias que puedan presentar el inquilino y el arrendador. "Incluso supedita la redacción de cualquier contrato de arrendamiento a la supervisión de inquilinato para que esta verifique el canon y los convenimientos. Como consecuencia, otro trámite burocrático bastante complejo, pues si una persona quisiera suscribir este tipo de gestión con cualquier otra tendría que ir a esta entidad, esperar que revisen el documento y luego admitirlo", explicó Calanche. Para el abogado, es ilógico porque a veces hay contratos que deben hacerse de manera privada y otros a través de un notario.
Si un arrendador quería alquilar el inmueble amoblado, no podía pasar del 30% del canon de arrendamiento. Esta norma fue suprimida, lo cual traería como consecuencia que muchas personas de manera arbitraria alquilarán con sobreprecio.
Y en los casos donde los inquilinos fallecen, cualquier persona podría sustituir la posición que tenía. Esto generaría un mercado negro de personas que podrían traspasar los herederos del ocupante. "Podrían alquilárselos a un tercero, ajeno a la relación arrendataria", atestiguó Carlos Calanche.
Una ley parcializada
Ninguna ley puede aprobarse en desmedro de una de las partes. En el negocio del arrendamiento, el arrendador es el que ofrece su vivienda al mercado para que sea ocupada. Si la ordenanza perjudica a uno de los sectores no es buena. El Estado es el que decide todo, pone los precios y define las condiciones. De acuerdo con la directora de Políticas Públicas del Centro de Estudios para la Divulgación del Conocimiento Económico, Isabel Pereira, la norma debe ser objetiva, imparcial y beneficiosa para ambas partes.
"Las condiciones son tan duras para el arrendador que el mercado de alquileres en Venezuela ha caído desde hace aproximadamente dos años. En el país existe un déficit de más de dos millones de casas, cifras que demuestran que el Gobierno Nacional fracasó en la Misión Vivienda. Aparte que, las familias que aún no han tenido acceso a una propiedad y resolvían con el arrendamiento, ahora estarán muy perjudicadas porque este mercado tenderá a desaparecer. Los propietarios de viviendas, preferirán venderlas o inclusive mantenerlas cerradas, vaticinó Pereira.
Unos de los objetivos del sector construcción era edificar viviendas para alquiler, pero estarán limitadas, porque serán sometidas a una norma cuyo gran objetivo: es expropiarle la casa al propietario. "No consideran la defensa de la propiedad de la persona que trabajó durante toda su vida para comprar una casa, alquilarla y de ahí tener un ingreso para vivir. O que la tiene arrendada por un tiempo; mientras sus hijos son pequeños y cuando sean mayores dárselas", atestiguó Isabel Pereira. A su juicio, los arrendadores que quieran desocupar su inmueble tendrán que esperar que la Superintendencia Nacional de Inquilinos le consiga otra casa al ocupante. "¿Y cómo? si en el país no hay residencias".
Canon desequilibrado
El que también la Superintendencia decida el valor de la vivienda, sin tener en cuenta su localización, destruye el valor de la zona que ha logrado tener servicios suficientes para responder a la demanda. "Cómo una persona que habite en Prebo va a querer colocar su inmueble en el mercado de alquileres si va a costar igual que un apartamento en La Isabelica o en Paraparal", se preguntó Mayela Fonseca, consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo.
Estas son intervenciones del Estado en la economía. Sin embargo, admite la directora de Cedice que a las leyes vigentes hay que ajustarles ciertos parámetros para adecuarlas a los tiempos actuales, pero no se debe intentar derogar para producir un instrumento legal que resulta perjudicial para ambos.
Recuperación del inmueble
El procedimiento para poder recuperar el inmueble no tardará menos de cinco meses. La Superintendencia Nacional de Inquilinos, vía que hay que agotar previamente para poder desalojar, deberá recibir el documento de los arrendadores. "Indudablemente el panorama jurídico será dañino para ambas partes", advirtió la consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, Mayela Fonseca.
La abogada alertó que debido a la discusión del nuevo instrumento se ha impedido que se ejecuten las decisiones que se espera por los casos en demandas, lo que ha generado efectos como: mayor morosidad por parte de los inquilinos. Muchos arrendatarios al enterarse que este proceso impide la interposición de cualquier juicio en contra de ellos para desalojarlos comenzaron a insolventarse en los pagos. "En lugar de ayudar al problema habitacional, esta ley lo agravará, agregó.
Proyecto en discusión
Desde 2007 está en discusión la Ley de Regulación y Control de Arrendamientos de Viviendas, que consta de 150 artículos. A través de firmas recabadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se inició la discusión del proyecto, que actualmente se debate en la Asamblea Nacional. Hasta el seis de septiembre habían realizado 18 sesiones, mediante mesas técnicas que preside el diputado Diosdado Cabello.
El Carabobeño
18-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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Dueños de residencias rechazan posibilidad de que el Estado establezca precios de alquileres
Propietarios de residencias afirman que “nadie puede ponerle precio a lo que es nuestro”
El tema de los alquileres se ha convertido en una noticia de interés nacional. Actualmente dentro del máximo órgano de la nación se discute la Ley de Arrendamientos, que figura, según lo dicho por los funcionarios de Gobierno y parlamentarios oficialistas, como una norma que busca establecer los derechos y deberes tanto del arrendador como del inquilino.
Sin embargo, esta Ley que pretende ponerse en marcha en los próximos meses, ha sido contrariada por quienes aseguran que representa un ataque en contra de la propiedad privada y de los derechos de las personas que se dedican a este tipo de actividades.
Los representantes de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela han dicho en reiteradas ocasiones que esta normativa legal pretende acabar con los derechos de los dueños de las viviendas y darle más beneficios a los inquilinos.
La presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la entidad, Aurelis Farfán, ha criticado cada uno de los avances de la discusión de esta Ley de Arrendamiento y en declaraciones pasadas, aseguró que el “Gobierno pretende dejar indefenso a los arrendatarios, para tomar de la mano a las personas y familias que alquilan, sin tomar en cuenta las múltiples variables que intervienen en las diferentes situaciones”.
“No podemos estar de un sólo lado, es necesario que se tome en cuenta el respeto y los derechos de aquellas personas que deciden hacer del alquiler de habitaciones un medio para subsistir, porque en muchos casos no cuentan con ningún otro empleo”.
En Guayana existen numerosas residencias y casas destinadas al alquiler de habitaciones, que según los números oficiales manejados sobrepasan más de 500 lugares. En una visita hecha por varias viviendas donde alquilan habitación, se logró conversar con algunos propietarios que en muchos casos se negaron a dar información por temor a recibir un cierre o cancelación de su negocio de alquiler.
La señora Ximena Rodríguez, dueña de una residencia, afirmó que en su casa habitan 17 personas por concepto de inquilinos y que se ha encargado de revisar cada uno de los artículos de la Ley de Arrendamientos que se discute actualmente en la Asamblea Nacional.
Dijo que en algunos aspectos comparte las ideas del Gobierno, pero que en otros, se niega a aceptarlos porque sólo ellos conocen el gasto que tienen que llevar a cabo para poder mantener una residencia de calidad.
“Sabemos que el inquilino tiene una serie de derechos que nosotros como arrendadores tenemos el deber de respetar, sin embargo, el Gobierno debe estudiar todas las posibilidades de brindarnos nuestras garantías, para impedir que algunos inquilinos quieran aprovecharse de nosotros y quedarse con nuestros bienes tal como ha ocurrido en el país”.
Rodríguez, destacó que de acuerdo a la última información emitida desde la Asamblea Nacional, se está estudiando la posibilidad de que sea el Gobierno quien fije los precios de los alquileres, acción que cataloga como negativa, porque son los propietarios quienes conocen todo el gasto que han hecho para poder brindar al inquilino la tranquilidad de habitar en un lugar cómodo y adaptado a sus comodidades.
Que estudien el caso
Liseth Martínez, propietaria de otra vivienda donde se alquilan habitaciones, pidió al Gobierno que estudie todas las posibilidades viables para que no sea él quien fije los precios de las viviendas que se alquilan y de los cuartos.
Aseguró que durante varios años ha trabajado junto a su familia para generar este negocio, y lograr dividendos que le permitan vivir mejor. Dijo que el Gobierno no se imagina la cantidad de gastos que tienen como arrendatarios.
“El Presidente no puede pretender ser quien fije los precios de las viviendas alquiladas y de las habitaciones de las residencias, porque ahí se estaría atentando en contra de la propiedad privada y del derecho que tenemos nosotros para colocar precio a lo que es nuestro”.
La señora Martínez, dijo que como propietaria, hace un llamado a todos los dueños de las residencias y viviendas alquiladas para que se organicen y puedan establecer un documento firmado en el que se nieguen a aceptar que el Estado sea quien coloque los precios.
Afirmó que aunque no se ha aceptado la medida deben actuar con rapidez, para evitar que se ejecute y de esta manera, no sea el Estado venezolano quien fije el valor de los alquileres. “No podemos permitir que le coloquen precio a lo que es nuestro, porque sólo los arrendatarios conocemos toda la inversión realizada durante varios años para poder lograr tener un medio de vida”.
Aseguró que comparte las afirmaciones hechas por los representantes de la Cámara Inmobiliaria, al asegurar que esta Ley de Arrendamientos pretende defender sólo los derechos del inquilino, dejando atrás los artículos que protegen al arrendador.
Guayaneses respaldan y niegan Ley
Los guayaneses aseguraron que si bien, es necesario que el estado proteja a los arrendadores, también tienen que tomar en cuenta a los inquilinos a la hora de colocar un precio justo a las habitaciones y casas.
Aseguran que en muchos casos las personas exceden el precio de las habitaciones, “aprovechándose de la necesidad de las familias que no tienen un techo propio para vivir”.
Durante un consulta hecha a través de las redes sociales, hubo quienes apoyaron la necesidad de que el Estado intervenga en este “juego de alquileres”, para evitar seguir siendo víctimas de quienes en muchos casos rentan un cuarto en mil bolívares o más, números que son bastante elevados para cualquier persona que obtenga un sueldo igual o inferior al mínimo.
A través del twitter, @willi11barza, dijo que debe ser el Gobierno quien fije los precios, porque es el único que puede llevar a cabo un estudio detallado de las verdaderas necesidades de las personas y plantear un precio realmente justo para ambas partes”.
Por su parte, @erikalanz, dijo que “el Estado no debe intervenir en este tipo de cosas, porque ha demostrado ser imparcial. Siempre el Gobierno ha trabajado en función de favorecer a una de las partes y eso no es justo”.
Aseguró que debería existir lo que denominó como una “ecuación estándar” para el cálculo de los alquileres en el que se tomen en cuenta ciertas variables que respeten tanto al arrendador, como al inquilino.
@matiaruiz, apoyó el hecho de que el Presidente establezca un precio justo, porque “los arrendadores quieren abusar con nosotros por un cuartito donde no entran ni siquiera los objetos personales de una pareja”.
Nueva Prensa de Guayana
18-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
hmedina30@yahoo.es
http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/
El tema de los alquileres se ha convertido en una noticia de interés nacional. Actualmente dentro del máximo órgano de la nación se discute la Ley de Arrendamientos, que figura, según lo dicho por los funcionarios de Gobierno y parlamentarios oficialistas, como una norma que busca establecer los derechos y deberes tanto del arrendador como del inquilino.
Sin embargo, esta Ley que pretende ponerse en marcha en los próximos meses, ha sido contrariada por quienes aseguran que representa un ataque en contra de la propiedad privada y de los derechos de las personas que se dedican a este tipo de actividades.
Los representantes de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela han dicho en reiteradas ocasiones que esta normativa legal pretende acabar con los derechos de los dueños de las viviendas y darle más beneficios a los inquilinos.
La presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la entidad, Aurelis Farfán, ha criticado cada uno de los avances de la discusión de esta Ley de Arrendamiento y en declaraciones pasadas, aseguró que el “Gobierno pretende dejar indefenso a los arrendatarios, para tomar de la mano a las personas y familias que alquilan, sin tomar en cuenta las múltiples variables que intervienen en las diferentes situaciones”.
“No podemos estar de un sólo lado, es necesario que se tome en cuenta el respeto y los derechos de aquellas personas que deciden hacer del alquiler de habitaciones un medio para subsistir, porque en muchos casos no cuentan con ningún otro empleo”.
En Guayana existen numerosas residencias y casas destinadas al alquiler de habitaciones, que según los números oficiales manejados sobrepasan más de 500 lugares. En una visita hecha por varias viviendas donde alquilan habitación, se logró conversar con algunos propietarios que en muchos casos se negaron a dar información por temor a recibir un cierre o cancelación de su negocio de alquiler.
La señora Ximena Rodríguez, dueña de una residencia, afirmó que en su casa habitan 17 personas por concepto de inquilinos y que se ha encargado de revisar cada uno de los artículos de la Ley de Arrendamientos que se discute actualmente en la Asamblea Nacional.
Dijo que en algunos aspectos comparte las ideas del Gobierno, pero que en otros, se niega a aceptarlos porque sólo ellos conocen el gasto que tienen que llevar a cabo para poder mantener una residencia de calidad.
“Sabemos que el inquilino tiene una serie de derechos que nosotros como arrendadores tenemos el deber de respetar, sin embargo, el Gobierno debe estudiar todas las posibilidades de brindarnos nuestras garantías, para impedir que algunos inquilinos quieran aprovecharse de nosotros y quedarse con nuestros bienes tal como ha ocurrido en el país”.
Rodríguez, destacó que de acuerdo a la última información emitida desde la Asamblea Nacional, se está estudiando la posibilidad de que sea el Gobierno quien fije los precios de los alquileres, acción que cataloga como negativa, porque son los propietarios quienes conocen todo el gasto que han hecho para poder brindar al inquilino la tranquilidad de habitar en un lugar cómodo y adaptado a sus comodidades.
Que estudien el caso
Liseth Martínez, propietaria de otra vivienda donde se alquilan habitaciones, pidió al Gobierno que estudie todas las posibilidades viables para que no sea él quien fije los precios de las viviendas que se alquilan y de los cuartos.
Aseguró que durante varios años ha trabajado junto a su familia para generar este negocio, y lograr dividendos que le permitan vivir mejor. Dijo que el Gobierno no se imagina la cantidad de gastos que tienen como arrendatarios.
“El Presidente no puede pretender ser quien fije los precios de las viviendas alquiladas y de las habitaciones de las residencias, porque ahí se estaría atentando en contra de la propiedad privada y del derecho que tenemos nosotros para colocar precio a lo que es nuestro”.
La señora Martínez, dijo que como propietaria, hace un llamado a todos los dueños de las residencias y viviendas alquiladas para que se organicen y puedan establecer un documento firmado en el que se nieguen a aceptar que el Estado sea quien coloque los precios.
Afirmó que aunque no se ha aceptado la medida deben actuar con rapidez, para evitar que se ejecute y de esta manera, no sea el Estado venezolano quien fije el valor de los alquileres. “No podemos permitir que le coloquen precio a lo que es nuestro, porque sólo los arrendatarios conocemos toda la inversión realizada durante varios años para poder lograr tener un medio de vida”.
Aseguró que comparte las afirmaciones hechas por los representantes de la Cámara Inmobiliaria, al asegurar que esta Ley de Arrendamientos pretende defender sólo los derechos del inquilino, dejando atrás los artículos que protegen al arrendador.
Guayaneses respaldan y niegan Ley
Los guayaneses aseguraron que si bien, es necesario que el estado proteja a los arrendadores, también tienen que tomar en cuenta a los inquilinos a la hora de colocar un precio justo a las habitaciones y casas.
Aseguran que en muchos casos las personas exceden el precio de las habitaciones, “aprovechándose de la necesidad de las familias que no tienen un techo propio para vivir”.
Durante un consulta hecha a través de las redes sociales, hubo quienes apoyaron la necesidad de que el Estado intervenga en este “juego de alquileres”, para evitar seguir siendo víctimas de quienes en muchos casos rentan un cuarto en mil bolívares o más, números que son bastante elevados para cualquier persona que obtenga un sueldo igual o inferior al mínimo.
A través del twitter, @willi11barza, dijo que debe ser el Gobierno quien fije los precios, porque es el único que puede llevar a cabo un estudio detallado de las verdaderas necesidades de las personas y plantear un precio realmente justo para ambas partes”.
Por su parte, @erikalanz, dijo que “el Estado no debe intervenir en este tipo de cosas, porque ha demostrado ser imparcial. Siempre el Gobierno ha trabajado en función de favorecer a una de las partes y eso no es justo”.
Aseguró que debería existir lo que denominó como una “ecuación estándar” para el cálculo de los alquileres en el que se tomen en cuenta ciertas variables que respeten tanto al arrendador, como al inquilino.
@matiaruiz, apoyó el hecho de que el Presidente establezca un precio justo, porque “los arrendadores quieren abusar con nosotros por un cuartito donde no entran ni siquiera los objetos personales de una pareja”.
Nueva Prensa de Guayana
18-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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hmedina30@yahoo.es
http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/
Gómez Sigala: Ley de Arrendamiento será un freno más a la construcción
A juicio del diputado por el estado Lara, Eduardo Gómez Sigala la aprobación de la Ley de Arrendamientos no solucione el problema sólo limita la propiedad privada.
“Aquí no están resolviendo el problema del arrendamiento limitando la propiedad privada y restringiendo la oferta de bienes para arrendamiento…están tratando de canalizar esto por instituciones oficialistas y será un freno más a la industria de la construcción”, dijo al Noticiero Promar.
Gómez Sigala explicó que esta nueva normativa legal fue aprobada por la Comisión en ausencia de la bancada de la oposición y será presentada el próximo martes en la sesión ordinaria de la AN.
Con respecto al tema de Guyana, el parlamentario indicó que el Gobierno de Hugo Chávez no ha asumido una postura contundente sobre esta situación, y que no ha actuado con diligencia al respecto.
Por último, señaló que la bancada oficialista no tiene prioridad en materia legislativa y que se han negado a discutir las estrategias y las acciones que el Ejecutivo nacional debe tomar en materia de seguridad.
EL IMPULSO
17-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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“Aquí no están resolviendo el problema del arrendamiento limitando la propiedad privada y restringiendo la oferta de bienes para arrendamiento…están tratando de canalizar esto por instituciones oficialistas y será un freno más a la industria de la construcción”, dijo al Noticiero Promar.
Gómez Sigala explicó que esta nueva normativa legal fue aprobada por la Comisión en ausencia de la bancada de la oposición y será presentada el próximo martes en la sesión ordinaria de la AN.
Con respecto al tema de Guyana, el parlamentario indicó que el Gobierno de Hugo Chávez no ha asumido una postura contundente sobre esta situación, y que no ha actuado con diligencia al respecto.
Por último, señaló que la bancada oficialista no tiene prioridad en materia legislativa y que se han negado a discutir las estrategias y las acciones que el Ejecutivo nacional debe tomar en materia de seguridad.
EL IMPULSO
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