El sector inmobiliario insiste en participar en la Gran Misión Vivienda
Venezuela. Durante el directorio realizado por la Cámara Inmobiliaria de
Venezuela (CIV), los representantes regionales informaron que en la mayoría de
los estados venezolanos no hay avances que busquen eliminar el déficit
habitacional, que aproximadamente ronda las 2.200.000 viviendas.
Según los agremiados, un ejemplo de la irregularidad se observa en el estado
Bolívar donde hay complejos urbanísticos que tienen 7, 8 y hasta 9 años
abandonados. "Queremos contribuir con lo que sabemos hacer. Nosotros
promocionamos viviendas y eso es lo que al final le da la estabilidad emocional
a las personas porque es el bienestar que toda familia desea", expresó Anaoli
Pérez, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Falcón.
Ante la ausencia de políticas habitaciones, el sector inmobiliario sigue
ofreciendo sus experiencias con la intención de resolver los inconvenientes.
"Nosotros queremos opinar como ciudadanos venezolanos porque conocemos del tema
y tenemos la necesidad de darle una respuesta a nuestras comunidades", manifestó
Shoymei Lau, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Lara. En cuanto al proyecto
de Ley de Arrendamiento aunado a la Ley contra Desalojos Arbitrarios, los
directivos de la CIV alertan que pudieran afectar los problemas de viviendas.
Arturo Facchin, representante del estado Carabobo, dijo que la norma jurídica ha
generado "demasiada desconfianza" y cree necesario impulsar el equilibrio legal
para que "tanto el arrendador como el arrendatario puedan desenvolverse en
términos, claridad, justicia y prosperidad para ambas partes".
SIGUEN LAS INVASIONES
El tema de las invasiones y expropiaciones sigue en el tapete de los privados.
Los miembros de la CIV reportan que en el estado Lara se han producido más de
240 invasiones desde el año 2010. La zona oriental también es crítica porque se
han originado más de 200 en el estado Sucre. A juicio de Ricardo Salazar,
representante de la CIV de Sucre, lo referente a la propiedad ha sido una de sus
principales preocupaciones porque afecta a todos a escala nacional. Por su
parte, Francisco Grullón, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana,
señaló que cerca de 300 expropiaciones se han efectuado en Caracas. "Este
mecanismo ha dejado de ser una vía noble establecida en la ley para convertirse
en una forma de sanción", destacó.
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17-06-2011
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viernes, 17 de junio de 2011
Buscaracas más caro que el Transmilenio
Dos alcaldes y dos ministros. Cuatro administraciones del BusCaracas no han sido
suficientes para culminar este sistema de transporte masivo, que demanda el
doble de inversión que necesitó el TransMilenio de Colombia, según el arquitecto
y urbanista Marcos Negrón.
La idea fue desarrollada por la Alcaldía de Caracas en 2007, con un
financiamiento aproximado de Bs 390 millones. Este monto se incrementó a Bs 880
millones, con la transferencia del proyecto al Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (MTC), que admite retrasos en la ejecución de las obras que
debían haber concluido en 2009. Dos años de demora le han costado al Estado, al
menos Bs 490 millones, "que serían suficientes para construir dos kilómetros del
Metro", razona Negrón.
BusCaracas iniciará con una fase experimental de 32 autobuses normales, que
luego serán sustituidos por 30 unidades articuladas, similares a las de
TransMilenio. Según información oficial, en agosto estarán listas las primeras
seis estaciones: Mercado Las Flores, Panteón, Socorro, La Hoyada, El Cristo y
Roca Tarpeya. El segundo tramo de ejecución hasta Los Ilustres podría estar
listo en enero de 2012.
El atractivo de este tipo de transporte es contar con un canal único por donde
circulen los buses articulados, sin la interferencia de vehículos, en seis
kilómetros, de las avenidas Nueva Granada y Fuerzas Armadas. Así lo corrobora el
ministro Francisco Garcés, titular del MTC.
"Eso nos ha llevado ha realizar una serie de correcciones, para mostrar a
Caracas una forma de transporte público masivo, que es realmente una solución.
Estoy muy entusiasmado, porque en el momento en que se ponga en marcha, los
caraqueños podrán evidenciar la propuesta de este sistema, que hace que las vías
sean usadas de manera mucho más óptima", indicó Garcés a medios oficiales.
PIDEN TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS El vicepresidente del Cabildo Metropolitano
cuestiona la transferencia del BusCaracas de una instancia municipal a otra
nacional. "En cualquier parte del mundo este tipo de obra es planificada por las
gestiones municipales y no por el poder central.
Esto parte del principio de planificación urbana de cada jurisdicción o de un
grupo de entidades, como las del área metropolitana de Caracas. Precisamente
este es el error del BusCaracas, pues debió haber sido contemplado como un
proyecto que articulara la movilidad de todos los caraqueños, que se desplazan
en sus distintos municipios", critica el concejal Alejandro Vivas, quien opina
que este proyecto debe llamarse Bus
El planteamiento de Vivas es reforzado por el arquitecto Marco Negrón, que
rechaza el súbito cambio de competencias de instancias municipales a nacionales.
"Aquí no hay alcabalas que limiten el acceso a Chacao, Libertador, El Hatillo,
Sucre y Baruta.
Por eso el área metropolitana necesita ser planificada con un sistema de
transporte que garantice la movilidad de punta a punta.
El BusCaracas es reflejo de otras experiencias como la del TrasBarca de
Barquisimeto, TroleBús de Mérida y los metros de Valencia y Maracaibo. Todos
estos proyectos han sido traspasados al poder central, cuando anteriormente eran
administrados por sus respectivas alcaldías.
En todos los casos han existido retrasos", advierte el especialista en asuntos
de ciudad.
A Negrón le parece interesante esta "intención luminosa" del ex alcalde Freddy
Bernal. Pero reconoce que "los problemas empezaron cuando Jorge Rodríguez asumió
el proyecto, tras ser electo como autoridad del municipio.
El costo del BusCaracas hoy se estima en 19 millones de dólares, que representa
el doble de lo que costó el TransMilenio y que permitió la rehabilitación del
espacio público para garantizar la movilidad vial y peatonal. También resalta la
experiencia de Argentina, que inauguró recientemente un sistema de transporte
similar de 12.5 kilómetros, que representa casi el doble del BusCaracas, y que
fue construido tan solo en siete meses".
DISTINTOS ADMINISTRADORES La concejal Andrea Tavares detalla que durante la
gestión de Freddy Bernal, el financiamiento dependió del Ejecutivo. "Aunque esta
idea nació en la Alcaldía de Libertador, el BusCaracas no estaba presupuestado
en los gastos ordinarios del municipio.
Por tal motivo la cámara legislativa solicitó créditos adicionales al Ejecutivo
nacional, pero lamentablemente los recursos llegaron a destiempo.
Cuando finalmente era transferido el dinero, ya aumentaban los costos de
ejecución, contribuyendo al retraso de este sistema de transporte", señala la
edil, quien precisa irregularidades del sucesor de Bernal.
"Nuestro órgano legislativo estuvo completamente subestimado con la llegada del
alcalde Jorge Rodríguez, que no era partidario del consenso para establecer
posibles soluciones. Desde entonces los concejales manejábamos menos información
ynuestra función contralora estuvo limitada", denuncia Tavares.
Devaluado en su promesa quedó Diosdado Cabello, que recibió este proyecto en el
Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, ahora conocido como MTC. "Una vez que
arranquemos, esperamos entregar la obra completa a todos los caraqueños y
caraqueñas este mismo año 2010, más allá de los deseos de algunos sectores de la
oposición", anunció el hoy diputado, de manera engañosa, pues la realidad no
hizo justicia.
Tavares reconoce que a Garcés le corresponde asumir una planificación lesionada
por las gestiones anteriores. "Toda gerencia pública debe tener continuidad
administrativa. Por eso no es momento de desearle éxito al ministro de
Transporte y Comunicaciones, pues queremos hechos concretos. Creo que ya es hora
que se entreguen cuentas claras a los caraqueños. No descarto que la entrega del
BusCaracas ocurra en 2012, para vincularlo como una obra que estimule votos en
las próximas elecciones presidenciales", prevé la concejal de Patria Para Todos.
En un intento de TalCual por corroborar las denuncias de los entrevistados, el
MTC se reservó responder al respecto.
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17-06-2011
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suficientes para culminar este sistema de transporte masivo, que demanda el
doble de inversión que necesitó el TransMilenio de Colombia, según el arquitecto
y urbanista Marcos Negrón.
La idea fue desarrollada por la Alcaldía de Caracas en 2007, con un
financiamiento aproximado de Bs 390 millones. Este monto se incrementó a Bs 880
millones, con la transferencia del proyecto al Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (MTC), que admite retrasos en la ejecución de las obras que
debían haber concluido en 2009. Dos años de demora le han costado al Estado, al
menos Bs 490 millones, "que serían suficientes para construir dos kilómetros del
Metro", razona Negrón.
BusCaracas iniciará con una fase experimental de 32 autobuses normales, que
luego serán sustituidos por 30 unidades articuladas, similares a las de
TransMilenio. Según información oficial, en agosto estarán listas las primeras
seis estaciones: Mercado Las Flores, Panteón, Socorro, La Hoyada, El Cristo y
Roca Tarpeya. El segundo tramo de ejecución hasta Los Ilustres podría estar
listo en enero de 2012.
El atractivo de este tipo de transporte es contar con un canal único por donde
circulen los buses articulados, sin la interferencia de vehículos, en seis
kilómetros, de las avenidas Nueva Granada y Fuerzas Armadas. Así lo corrobora el
ministro Francisco Garcés, titular del MTC.
"Eso nos ha llevado ha realizar una serie de correcciones, para mostrar a
Caracas una forma de transporte público masivo, que es realmente una solución.
Estoy muy entusiasmado, porque en el momento en que se ponga en marcha, los
caraqueños podrán evidenciar la propuesta de este sistema, que hace que las vías
sean usadas de manera mucho más óptima", indicó Garcés a medios oficiales.
PIDEN TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS El vicepresidente del Cabildo Metropolitano
cuestiona la transferencia del BusCaracas de una instancia municipal a otra
nacional. "En cualquier parte del mundo este tipo de obra es planificada por las
gestiones municipales y no por el poder central.
Esto parte del principio de planificación urbana de cada jurisdicción o de un
grupo de entidades, como las del área metropolitana de Caracas. Precisamente
este es el error del BusCaracas, pues debió haber sido contemplado como un
proyecto que articulara la movilidad de todos los caraqueños, que se desplazan
en sus distintos municipios", critica el concejal Alejandro Vivas, quien opina
que este proyecto debe llamarse Bus
El planteamiento de Vivas es reforzado por el arquitecto Marco Negrón, que
rechaza el súbito cambio de competencias de instancias municipales a nacionales.
"Aquí no hay alcabalas que limiten el acceso a Chacao, Libertador, El Hatillo,
Sucre y Baruta.
Por eso el área metropolitana necesita ser planificada con un sistema de
transporte que garantice la movilidad de punta a punta.
El BusCaracas es reflejo de otras experiencias como la del TrasBarca de
Barquisimeto, TroleBús de Mérida y los metros de Valencia y Maracaibo. Todos
estos proyectos han sido traspasados al poder central, cuando anteriormente eran
administrados por sus respectivas alcaldías.
En todos los casos han existido retrasos", advierte el especialista en asuntos
de ciudad.
A Negrón le parece interesante esta "intención luminosa" del ex alcalde Freddy
Bernal. Pero reconoce que "los problemas empezaron cuando Jorge Rodríguez asumió
el proyecto, tras ser electo como autoridad del municipio.
El costo del BusCaracas hoy se estima en 19 millones de dólares, que representa
el doble de lo que costó el TransMilenio y que permitió la rehabilitación del
espacio público para garantizar la movilidad vial y peatonal. También resalta la
experiencia de Argentina, que inauguró recientemente un sistema de transporte
similar de 12.5 kilómetros, que representa casi el doble del BusCaracas, y que
fue construido tan solo en siete meses".
DISTINTOS ADMINISTRADORES La concejal Andrea Tavares detalla que durante la
gestión de Freddy Bernal, el financiamiento dependió del Ejecutivo. "Aunque esta
idea nació en la Alcaldía de Libertador, el BusCaracas no estaba presupuestado
en los gastos ordinarios del municipio.
Por tal motivo la cámara legislativa solicitó créditos adicionales al Ejecutivo
nacional, pero lamentablemente los recursos llegaron a destiempo.
Cuando finalmente era transferido el dinero, ya aumentaban los costos de
ejecución, contribuyendo al retraso de este sistema de transporte", señala la
edil, quien precisa irregularidades del sucesor de Bernal.
"Nuestro órgano legislativo estuvo completamente subestimado con la llegada del
alcalde Jorge Rodríguez, que no era partidario del consenso para establecer
posibles soluciones. Desde entonces los concejales manejábamos menos información
ynuestra función contralora estuvo limitada", denuncia Tavares.
Devaluado en su promesa quedó Diosdado Cabello, que recibió este proyecto en el
Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, ahora conocido como MTC. "Una vez que
arranquemos, esperamos entregar la obra completa a todos los caraqueños y
caraqueñas este mismo año 2010, más allá de los deseos de algunos sectores de la
oposición", anunció el hoy diputado, de manera engañosa, pues la realidad no
hizo justicia.
Tavares reconoce que a Garcés le corresponde asumir una planificación lesionada
por las gestiones anteriores. "Toda gerencia pública debe tener continuidad
administrativa. Por eso no es momento de desearle éxito al ministro de
Transporte y Comunicaciones, pues queremos hechos concretos. Creo que ya es hora
que se entreguen cuentas claras a los caraqueños. No descarto que la entrega del
BusCaracas ocurra en 2012, para vincularlo como una obra que estimule votos en
las próximas elecciones presidenciales", prevé la concejal de Patria Para Todos.
En un intento de TalCual por corroborar las denuncias de los entrevistados, el
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Déficit habitacional: el drama de mayor impacto social en Venezuela
En el foro pasado de la `Tertulia de los martes', el doctor José Mendoza Angulo,
quien se desempeñó como rector de la Universidad de Los Andes, representó a los
merideños en el Senado de la República y ocupó la cartera del Ministerio de
Justicia, entre otras muchas responsabilidades al servicio del país, disertó a
solicitud de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Mérida sobre la
propuesta que el Gobierno nacional ha hecho para enfrentar el drama de la falta
de vivienda que los sectores más populares del país están confrontando.
El doctor José Mendoza Angulo abordó el tema bajo tres dimensiones. Primero la
racionalidad del proyecto, preguntándose ¿Existen las condiciones técnicas y
económicas para cumplir la promesa?, ¿se apoya en una experiencia histórica
validada?, ¿se trata del resultado de una planificación científica de la
solución del problema?; segundo: la dimensión ética ¿Es moral o inmoral lo que
el Gobierno hace?, ¿se pueden alimentar ilusiones y esperanzas sociales sin
fundamento?, ¿estamos frente a un pecado solo atribuible a este Gobierno?; y
tercero: la dimensión política, ¿es un proyecto de país, un plan de Gobierno o
una oferta electoral?, ¿cómo se sostiene electoralmente la oferta de la Misión
Vivienda?
En este contexto, Mendoza Angulo señaló que el actual Gobierno en 12 años ha
construido entre 250 y 350 mil viviendas, a través de siete planes de vivienda:
Plan avispa, dentro del Plan Bolívar 2000; la Misión Hábitat en el 2004, Misión
Villanueva en el 2006, Misión 13 de Abril en 2008, Misión Barrio Tricolor en
2009, el Plan Ruso o Petrocasas en el 2010 y ahora la Gran Misión Vivienda
Venezuela (Gmvv), anunciada a finales del 2010 y comenzada a ejecutar en el
2011, destaca que en los últimos cinco años se prometieron la construcción de
75.000 viviendas en Caracas y apenas se han construido 2.550.
Igualmente subrayó que en estos 12 años el despacho que tiene a su cargo la
construcción de viviendas en Venezuela, ha cambiado de nombre varias veces,
Minfra substituyó a Mindur; luego se creó Vivienda y Hábitat, después el Mopvi y
ahora nuevamente Vivienda y Hábitat, además, en estos mismos 12 años han pasado
por estos despachos 12 ministros. Enfatizó sobre lo señalado por la doctora
Josefina Baldó, quien se desempeñó como directora del Consejo Nacional de la
Vivienda durante los primeros 15 meses del Gobierno del presidente Chávez, la
cual se preguntaba "¿Quién rindió cuentas de la Misión Hábitat que juraba que en
2012 no habría un venezolano sin casa?, ¿se volvió a hablar del programa de
sustitución de rancho por casa o del programa ocho que tantas esperanzas
levantaron?, ¿qué barrio fue transformado por la unidad operativa para la
transformación de barrios (Uotip)?", para concluir que "el problema principal
nace de la ausencia de una política integral... cada día hay una misión, un
nuevo programa y ningún norte, no hay metas precisas".
Testimonios sobre Misión Vivienda
El doctor José Mendoza Angulo reseñó algunos testimonios como los señalados por
la junta directiva del Colegio de Arquitectos de Venezuela, "...nos llevarán a
una nueva frustración social y política, especialmente a la población más pobre
que vive en todos los barrios del país". Así mismo el Movimiento 2D, "el gran
fracaso de la Gran Misión Vivienda comienza a ser evidente antes de lo esperado.
Del Gobierno se ha apoderado el temor de que la gente deje de creer en el
milagro... ese temor se tradujo en los últimos días en la nueva ola de
expropiaciones que se registró en Caracas".
Igualmente, Cipriano Heredia, dirigente de ABP, dijo: "...la oferta de construir
2 millones de viviendas en los próximos seis años no solo es engañosa en sí
misma, sino que será con seguridad la verdadera y más grande estafa inmobiliaria
de la historia de Venezuela".
Andrés Velásquez expresó: "una oferta que juega al electoralismo planteado por
el Presidente de la República con la necesidad de los pobres de este país";
también Andrés Velásquez señaló: "con la pobreza no se puede seguir jugando ni
engañando a la gente, tal como lo ha hecho en el caso de la inseguridad, el
empleo y el costo de la vida".
Próximo tema
El doctor José Mendoza Angulo invitó para el próximo martes 21 de junio, a las
7:00 p.m., en la sede de la Cámara de Comercio del estado Mérida a escuchar al
ingeniero Pedro Omar Mora, quien disertará sobre la "crisis de la electricidad
en Venezuela, crónica de una muerte anunciada".
Diario de Los Andes
17-06-2011
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quien se desempeñó como rector de la Universidad de Los Andes, representó a los
merideños en el Senado de la República y ocupó la cartera del Ministerio de
Justicia, entre otras muchas responsabilidades al servicio del país, disertó a
solicitud de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Mérida sobre la
propuesta que el Gobierno nacional ha hecho para enfrentar el drama de la falta
de vivienda que los sectores más populares del país están confrontando.
El doctor José Mendoza Angulo abordó el tema bajo tres dimensiones. Primero la
racionalidad del proyecto, preguntándose ¿Existen las condiciones técnicas y
económicas para cumplir la promesa?, ¿se apoya en una experiencia histórica
validada?, ¿se trata del resultado de una planificación científica de la
solución del problema?; segundo: la dimensión ética ¿Es moral o inmoral lo que
el Gobierno hace?, ¿se pueden alimentar ilusiones y esperanzas sociales sin
fundamento?, ¿estamos frente a un pecado solo atribuible a este Gobierno?; y
tercero: la dimensión política, ¿es un proyecto de país, un plan de Gobierno o
una oferta electoral?, ¿cómo se sostiene electoralmente la oferta de la Misión
Vivienda?
En este contexto, Mendoza Angulo señaló que el actual Gobierno en 12 años ha
construido entre 250 y 350 mil viviendas, a través de siete planes de vivienda:
Plan avispa, dentro del Plan Bolívar 2000; la Misión Hábitat en el 2004, Misión
Villanueva en el 2006, Misión 13 de Abril en 2008, Misión Barrio Tricolor en
2009, el Plan Ruso o Petrocasas en el 2010 y ahora la Gran Misión Vivienda
Venezuela (Gmvv), anunciada a finales del 2010 y comenzada a ejecutar en el
2011, destaca que en los últimos cinco años se prometieron la construcción de
75.000 viviendas en Caracas y apenas se han construido 2.550.
Igualmente subrayó que en estos 12 años el despacho que tiene a su cargo la
construcción de viviendas en Venezuela, ha cambiado de nombre varias veces,
Minfra substituyó a Mindur; luego se creó Vivienda y Hábitat, después el Mopvi y
ahora nuevamente Vivienda y Hábitat, además, en estos mismos 12 años han pasado
por estos despachos 12 ministros. Enfatizó sobre lo señalado por la doctora
Josefina Baldó, quien se desempeñó como directora del Consejo Nacional de la
Vivienda durante los primeros 15 meses del Gobierno del presidente Chávez, la
cual se preguntaba "¿Quién rindió cuentas de la Misión Hábitat que juraba que en
2012 no habría un venezolano sin casa?, ¿se volvió a hablar del programa de
sustitución de rancho por casa o del programa ocho que tantas esperanzas
levantaron?, ¿qué barrio fue transformado por la unidad operativa para la
transformación de barrios (Uotip)?", para concluir que "el problema principal
nace de la ausencia de una política integral... cada día hay una misión, un
nuevo programa y ningún norte, no hay metas precisas".
Testimonios sobre Misión Vivienda
El doctor José Mendoza Angulo reseñó algunos testimonios como los señalados por
la junta directiva del Colegio de Arquitectos de Venezuela, "...nos llevarán a
una nueva frustración social y política, especialmente a la población más pobre
que vive en todos los barrios del país". Así mismo el Movimiento 2D, "el gran
fracaso de la Gran Misión Vivienda comienza a ser evidente antes de lo esperado.
Del Gobierno se ha apoderado el temor de que la gente deje de creer en el
milagro... ese temor se tradujo en los últimos días en la nueva ola de
expropiaciones que se registró en Caracas".
Igualmente, Cipriano Heredia, dirigente de ABP, dijo: "...la oferta de construir
2 millones de viviendas en los próximos seis años no solo es engañosa en sí
misma, sino que será con seguridad la verdadera y más grande estafa inmobiliaria
de la historia de Venezuela".
Andrés Velásquez expresó: "una oferta que juega al electoralismo planteado por
el Presidente de la República con la necesidad de los pobres de este país";
también Andrés Velásquez señaló: "con la pobreza no se puede seguir jugando ni
engañando a la gente, tal como lo ha hecho en el caso de la inseguridad, el
empleo y el costo de la vida".
Próximo tema
El doctor José Mendoza Angulo invitó para el próximo martes 21 de junio, a las
7:00 p.m., en la sede de la Cámara de Comercio del estado Mérida a escuchar al
ingeniero Pedro Omar Mora, quien disertará sobre la "crisis de la electricidad
en Venezuela, crónica de una muerte anunciada".
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17-06-2011
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Censo de Misión Vivienda es un diagnóstico y no la solución
Explicó que el Gobierno ha optado por importar materiales. (Foto Clemente
Espinoza)
Mariely Mendoza
El censo nacional de la Misión Vivienda servirá para conocer cuántas familias no
tienen casas. No va a ser una solución, pero sí un diagnóstico para saber la
realidad del país.
La afirmación la hizo Aquiles Martínez Pietri, presidente de la Cámara
Inmobiliaria de Venezuela, que participó en el taller Nuevos cambios en la
Gaveta Hipotecaria, como parte de una gira que realiza en varios estados para
analizar la situación de cada región.
La Misión Vivienda creada por el Gobierno pareciera que no ha tomado en cuenta
la ubicación de tierras que tengan la opción para servicios públicos, y para las
150 mil viviendas que el Presidente prometió para este año. Tendrían que
conseguir 7 mil 500 hectáreas, lo cual es más o menos un lote del tamaño del
valle de Valencia, detalló Martínez Pietri.
En segundo lugar, refiere que hay problemas con los insumos, cabillas, cemento,
cables y otros. El Gobierno ha optado por importar estos materiales, además de
casas prefabricadas, lo cual no tiene sentido.
El Carabobeño
17-06-2011
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Espinoza)
Mariely Mendoza
El censo nacional de la Misión Vivienda servirá para conocer cuántas familias no
tienen casas. No va a ser una solución, pero sí un diagnóstico para saber la
realidad del país.
La afirmación la hizo Aquiles Martínez Pietri, presidente de la Cámara
Inmobiliaria de Venezuela, que participó en el taller Nuevos cambios en la
Gaveta Hipotecaria, como parte de una gira que realiza en varios estados para
analizar la situación de cada región.
La Misión Vivienda creada por el Gobierno pareciera que no ha tomado en cuenta
la ubicación de tierras que tengan la opción para servicios públicos, y para las
150 mil viviendas que el Presidente prometió para este año. Tendrían que
conseguir 7 mil 500 hectáreas, lo cual es más o menos un lote del tamaño del
valle de Valencia, detalló Martínez Pietri.
En segundo lugar, refiere que hay problemas con los insumos, cabillas, cemento,
cables y otros. El Gobierno ha optado por importar estos materiales, además de
casas prefabricadas, lo cual no tiene sentido.
El Carabobeño
17-06-2011
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Banca afirma que culminará proyectos hipotecarios paralizados
La Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) reitera a través de una nota de prensa
"el compromiso de cumplir cabalmente con el acuerdo suscrito con el Ejecutivo
Nacional el 6 de mayo, a raíz de la paralización de 57 conjuntos habitacionales
en todo el país".
Las entidades financieras rechazan "el contenido de las declaraciones de
representantes del Movimiento Contralor por la Vivienda y la Vida (MOVIDA),
quienes señalaron ante medios de comunicación social que no han ocurrido avances
en la solución de este problema".
Igualmente la Asociación Bancaria señala que "no es cierto que los conjuntos
residenciales afectados continúen paralizados".
"Los avances relacionados con la culminación de estas viviendas han sido
debidamente supervisados por el Indepabis, organismo que conoce en detalle la
situación de cada uno de los 57 casos. La ABV está igualmente comprometida a
rendir cuentas, dentro de los debidos lapsos, ante las correspondientes
instancias del Ejecutivo", afirman,
Añade que "en los próximos días, la Asociación Bancaría de Venezuela hará del
conocimiento público el estatus de estas viviendas, que podrá ser consultado por
medio del portal web www.asobanca.com.ve".
Finalmente aseguran que "representantes de la ABV reafirmaron, en todo caso, que
el propósito de las instituciones financieras es culminar todas las obras según
los proyectos originales y respetando las condiciones pactadas, tal como se
acordó ante diversas instancias del Ejecutivo y ante el país".
El Universal
17-06-2011
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"el compromiso de cumplir cabalmente con el acuerdo suscrito con el Ejecutivo
Nacional el 6 de mayo, a raíz de la paralización de 57 conjuntos habitacionales
en todo el país".
Las entidades financieras rechazan "el contenido de las declaraciones de
representantes del Movimiento Contralor por la Vivienda y la Vida (MOVIDA),
quienes señalaron ante medios de comunicación social que no han ocurrido avances
en la solución de este problema".
Igualmente la Asociación Bancaria señala que "no es cierto que los conjuntos
residenciales afectados continúen paralizados".
"Los avances relacionados con la culminación de estas viviendas han sido
debidamente supervisados por el Indepabis, organismo que conoce en detalle la
situación de cada uno de los 57 casos. La ABV está igualmente comprometida a
rendir cuentas, dentro de los debidos lapsos, ante las correspondientes
instancias del Ejecutivo", afirman,
Añade que "en los próximos días, la Asociación Bancaría de Venezuela hará del
conocimiento público el estatus de estas viviendas, que podrá ser consultado por
medio del portal web www.asobanca.com.ve".
Finalmente aseguran que "representantes de la ABV reafirmaron, en todo caso, que
el propósito de las instituciones financieras es culminar todas las obras según
los proyectos originales y respetando las condiciones pactadas, tal como se
acordó ante diversas instancias del Ejecutivo y ante el país".
El Universal
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APIUR rechaza paralización de la justicia inmobiliaria por la Ley contra Desalojos Arbitrarios
En una nota de prensa, la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos
(Apiur) se pronunció con respecto a la Ley contra Desalojos Arbitrarios y su
promulgación, la cual "es la violación más absoluta del derecho de propiedad".
Niegan que todos los desalojos judiciales sean arbitrarios e ilegales, pues "las
medidas de desalojos son el resultado de la aplicación de la vigente Ley de
Arrendamientos y otras leyes".
Explican que esa ley fue promulgada "sin tomar en cuenta si sus ocupantes son
morosos, ocupantes ilegales, usufructuarios, comodatarios" y agregan que esa
normativa "suspende todos los juicios sin importar la causal y los derechos del
propietario de cualquier clase social".
Recuerdan que actualmente, el Ministerio de Vivienda "aún no tiene la
infraestructura para procesar los 40.000 juicios inquilinarios y otros miles de
juicios inmobiliarios dejando un gran vacío de justicia, ya que quienes
requieran justicia deberán esperar que se constituyan los departamentos a nivel
nacional que llevarán estos procedimientos".
A continuación la nota de prensa:
Se ha tratado de crear durante los últimos 5 años, una matriz de opinión de que
todos los desalojos judiciales son arbitrarios e ilegales, lo cual es
evidentemente falso pues las medidas de desalojos son el resultado de la
aplicación de la vigente Ley de Arrendamientos y otras leyes y constituyen actos
legales del Poder Judicial. En mayo el Presidente de la República promulga la
Ley contra Desalojos Arbitrarios, la cual es en realidad una ley contra los
desalojos judiciales, la cual desmonta el estado de derecho inmobiliario, al
suspender todos los juicios inmobiliarios donde la posesión de una vivienda este
en discusión.
Se han formado con auspicio gubernamental organizaciones civiles de ocupantes o
inquilinos, que vienen desacatando desde hace 3 años, en el Área Metropolitana,
gran parte de los desalojos de derecho o judiciales. Se estableció como práctica
el desacato a las órdenes de entrega judicial, ya que estas organizaciones
impedían la medida o reintroducían en el inmueble a los desalojados o a otros
ciudadanos, ante la vista indiferente de muchos jueces ejecutivos de medidas,
jueces de la causa y autoridades policiales quienes tenían el deber de
restablecer el orden infringido. En los desalojos desacatados, los propietarios
de igual manera tenían que pagar altos gastos en cerrajeros, depositarias y
avaluadores, quedando de todas maneras sin la posesión del inmueble y sobre todo
quedando burlada la administración de justicia.
El Presidente Chávez solicitó públicamente a la Presidenta del Tribunal Supremo
Luisa Estella Morales, la paralización de los desalojos judiciales de viviendas
por cualquier causa, quien no tardó una semana en dictar en su carácter de
Presidenta de la Comisión Judicial del T.S.J., creándose una interrupción de
todos los debidos procesos inmobiliarios.
Luego en mayo el Presidente promulga por vía habilitante el decreto Ley contra
los Desalojos Arbitrario, el cual suspendió a nivel nacional todos los juicios y
procedimientos administrativos de recuperación de bienes inmuebles destinados a
viviendas principales, sin tomar en cuenta si sus ocupantes son morosos,
ocupantes ilegales, usufructuarios, comodatarios, hasta tanto el Gobierno
Nacional, no realice un acto conciliatorio entre las partes. Esta es la
violación más absoluta del derecho de propiedad, pues suspende todos los juicios
sin importar la causal y los derechos del propietario de cualquier clase social.
Al día de hoy, el Ministerio de Vivienda, aún no tiene la infraestructura para
procesar los 40.000 juicios inquilinarios y otros miles de juicios inmobiliarios
dejando un gran vacío de justicia, ya que quienes requieran justicia deberán
esperar que se constituyan los departamentos a nivel nacional que llevarán estos
procedimientos. Es decir, a más de un mes de promulgada la ley la justicia
Inmobiliaria está paralizada, en perjuicio de miles de propietarios que ya
tenían sentencias o de propietarios que necesitan la vivienda para habitarlas
sus familiares o cuyos inquilinos no le pagan. Esto deslegitima e inhabilita el
verdadero papel del Poder Judicial que es el de impartir justicia y el de
resolver los conflictos de los ciudadanos, dejando en manos del Poder Ejecutivo
en primer término, la aplicación de las leyes, para que después el ciudadano de
igual manera deba acudir a los tribunales.
Es una ley arbitraria e irracional que pone en peligro todas las propiedades,
todas las posesiones legítimas, ya que pone al Poder Ejecutivo por encima del
Poder Judicial y crea un procedimiento previo al judicial y suspendiendo todos
los juicios iniciados en materia de vivienda, hasta tanto no se tomen decisiones
administrativas y se realicen actos conciliatorios, suspendiendo la restitución
de la propiedad alquilada u ocupada por un tercero, hasta tanto hasta tanto el
Ministerio de Vivienda, no le haya dado una nueva vivienda a las personas
desalojadas. El Estado ni siquiera tiene viviendas disponibles para los
damnificados, difícilmente las tendrá para los ocupantes salientes, lo que deja
la propiedad alquilada o dada bajo cualquier figura, bajo una situación de
"confiscación indirecta".
Propietarios miembros de APIUR afectados por este decreto Ley contra los
Desalojos, en los próximos días interpondrán un recurso de nulidad ante el
tribunales competentes, a los efectos de restituir las garantías
constitucionales infringidas contra la propiedad privada, el debido proceso, la
tutela judicial efectiva, previstos en la Constitución, el Código Civil, la Ley
de Arrendamientos Inmobiliarios y el Código de Procedimiento Civil, es por lo
que solicitamos públicamente al Presidente revocar este decreto y dejar a la
Asamblea Nacional terminar de discutir la Ley de Arrendamientos de Viviendas y
en caso contrario que el Ministro de la Vivienda, active los actos
conciliatorios a nivel nacional, para que se reactive la justicia inmobiliaria.
Los efectos más nocivos de esta situación es para las millones de familias
venezolanas que no tienen vivienda, ya que esta ley ha extinguido prácticamente
la oferta de viviendas en alquiler, que en el año 2003 constituía el 30% de las
soluciones habitacionales.
Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR)
17-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
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corredor_inmobiliario-subscribe@yahoogroups.com
(Apiur) se pronunció con respecto a la Ley contra Desalojos Arbitrarios y su
promulgación, la cual "es la violación más absoluta del derecho de propiedad".
Niegan que todos los desalojos judiciales sean arbitrarios e ilegales, pues "las
medidas de desalojos son el resultado de la aplicación de la vigente Ley de
Arrendamientos y otras leyes".
Explican que esa ley fue promulgada "sin tomar en cuenta si sus ocupantes son
morosos, ocupantes ilegales, usufructuarios, comodatarios" y agregan que esa
normativa "suspende todos los juicios sin importar la causal y los derechos del
propietario de cualquier clase social".
Recuerdan que actualmente, el Ministerio de Vivienda "aún no tiene la
infraestructura para procesar los 40.000 juicios inquilinarios y otros miles de
juicios inmobiliarios dejando un gran vacío de justicia, ya que quienes
requieran justicia deberán esperar que se constituyan los departamentos a nivel
nacional que llevarán estos procedimientos".
A continuación la nota de prensa:
Se ha tratado de crear durante los últimos 5 años, una matriz de opinión de que
todos los desalojos judiciales son arbitrarios e ilegales, lo cual es
evidentemente falso pues las medidas de desalojos son el resultado de la
aplicación de la vigente Ley de Arrendamientos y otras leyes y constituyen actos
legales del Poder Judicial. En mayo el Presidente de la República promulga la
Ley contra Desalojos Arbitrarios, la cual es en realidad una ley contra los
desalojos judiciales, la cual desmonta el estado de derecho inmobiliario, al
suspender todos los juicios inmobiliarios donde la posesión de una vivienda este
en discusión.
Se han formado con auspicio gubernamental organizaciones civiles de ocupantes o
inquilinos, que vienen desacatando desde hace 3 años, en el Área Metropolitana,
gran parte de los desalojos de derecho o judiciales. Se estableció como práctica
el desacato a las órdenes de entrega judicial, ya que estas organizaciones
impedían la medida o reintroducían en el inmueble a los desalojados o a otros
ciudadanos, ante la vista indiferente de muchos jueces ejecutivos de medidas,
jueces de la causa y autoridades policiales quienes tenían el deber de
restablecer el orden infringido. En los desalojos desacatados, los propietarios
de igual manera tenían que pagar altos gastos en cerrajeros, depositarias y
avaluadores, quedando de todas maneras sin la posesión del inmueble y sobre todo
quedando burlada la administración de justicia.
El Presidente Chávez solicitó públicamente a la Presidenta del Tribunal Supremo
Luisa Estella Morales, la paralización de los desalojos judiciales de viviendas
por cualquier causa, quien no tardó una semana en dictar en su carácter de
Presidenta de la Comisión Judicial del T.S.J., creándose una interrupción de
todos los debidos procesos inmobiliarios.
Luego en mayo el Presidente promulga por vía habilitante el decreto Ley contra
los Desalojos Arbitrario, el cual suspendió a nivel nacional todos los juicios y
procedimientos administrativos de recuperación de bienes inmuebles destinados a
viviendas principales, sin tomar en cuenta si sus ocupantes son morosos,
ocupantes ilegales, usufructuarios, comodatarios, hasta tanto el Gobierno
Nacional, no realice un acto conciliatorio entre las partes. Esta es la
violación más absoluta del derecho de propiedad, pues suspende todos los juicios
sin importar la causal y los derechos del propietario de cualquier clase social.
Al día de hoy, el Ministerio de Vivienda, aún no tiene la infraestructura para
procesar los 40.000 juicios inquilinarios y otros miles de juicios inmobiliarios
dejando un gran vacío de justicia, ya que quienes requieran justicia deberán
esperar que se constituyan los departamentos a nivel nacional que llevarán estos
procedimientos. Es decir, a más de un mes de promulgada la ley la justicia
Inmobiliaria está paralizada, en perjuicio de miles de propietarios que ya
tenían sentencias o de propietarios que necesitan la vivienda para habitarlas
sus familiares o cuyos inquilinos no le pagan. Esto deslegitima e inhabilita el
verdadero papel del Poder Judicial que es el de impartir justicia y el de
resolver los conflictos de los ciudadanos, dejando en manos del Poder Ejecutivo
en primer término, la aplicación de las leyes, para que después el ciudadano de
igual manera deba acudir a los tribunales.
Es una ley arbitraria e irracional que pone en peligro todas las propiedades,
todas las posesiones legítimas, ya que pone al Poder Ejecutivo por encima del
Poder Judicial y crea un procedimiento previo al judicial y suspendiendo todos
los juicios iniciados en materia de vivienda, hasta tanto no se tomen decisiones
administrativas y se realicen actos conciliatorios, suspendiendo la restitución
de la propiedad alquilada u ocupada por un tercero, hasta tanto hasta tanto el
Ministerio de Vivienda, no le haya dado una nueva vivienda a las personas
desalojadas. El Estado ni siquiera tiene viviendas disponibles para los
damnificados, difícilmente las tendrá para los ocupantes salientes, lo que deja
la propiedad alquilada o dada bajo cualquier figura, bajo una situación de
"confiscación indirecta".
Propietarios miembros de APIUR afectados por este decreto Ley contra los
Desalojos, en los próximos días interpondrán un recurso de nulidad ante el
tribunales competentes, a los efectos de restituir las garantías
constitucionales infringidas contra la propiedad privada, el debido proceso, la
tutela judicial efectiva, previstos en la Constitución, el Código Civil, la Ley
de Arrendamientos Inmobiliarios y el Código de Procedimiento Civil, es por lo
que solicitamos públicamente al Presidente revocar este decreto y dejar a la
Asamblea Nacional terminar de discutir la Ley de Arrendamientos de Viviendas y
en caso contrario que el Ministro de la Vivienda, active los actos
conciliatorios a nivel nacional, para que se reactive la justicia inmobiliaria.
Los efectos más nocivos de esta situación es para las millones de familias
venezolanas que no tienen vivienda, ya que esta ley ha extinguido prácticamente
la oferta de viviendas en alquiler, que en el año 2003 constituía el 30% de las
soluciones habitacionales.
Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR)
17-06-2011
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Constructores piden que Ejecutivo importe insumos
laverdad.com
Yrmana Almarza
Las fallas eléctricas agravan el problema en la producción de insumos básicos
para la construcción. Las industrias del cemento y cabillas merman la
elaboración, lo que ocasiona que la oferta en el mercado local sea cada vez más
estrecha.
Juan Francisco Jiménez, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción,
expresó su preocupación. "Los primeros cortes son en la industria del acero y de
cemento, lo que en gran parte ocasiona todo el problema de la escasez".
Llamó al Gobierno nacional a no "descuidar" el tema de la producción de estos
insumos, "y organice la importación de 100 mil toneladas de cabilla y 200 mil
toneladas de cemento para abastecer el mercado de manera inmediata y urgente".
Escasez y especulación en los materiales de construcción son los principales
problemas que afectan la actividad y que obligó a los empresarios del sector a
solicitar al Ejecutivo nacional "tomar acciones contundentes" para autorizar la
importación de estos recursos para poder cumplir con las obras en ejecución.
Jiménez aseguró que en esta actividad acostumbran a trabajar con fuentes de
energía alterna, "pero la escasez y la especulación no sólo se mantiene sino que
está agravada".
laverdad.com
17-06-2011
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Yrmana Almarza
Las fallas eléctricas agravan el problema en la producción de insumos básicos
para la construcción. Las industrias del cemento y cabillas merman la
elaboración, lo que ocasiona que la oferta en el mercado local sea cada vez más
estrecha.
Juan Francisco Jiménez, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción,
expresó su preocupación. "Los primeros cortes son en la industria del acero y de
cemento, lo que en gran parte ocasiona todo el problema de la escasez".
Llamó al Gobierno nacional a no "descuidar" el tema de la producción de estos
insumos, "y organice la importación de 100 mil toneladas de cabilla y 200 mil
toneladas de cemento para abastecer el mercado de manera inmediata y urgente".
Escasez y especulación en los materiales de construcción son los principales
problemas que afectan la actividad y que obligó a los empresarios del sector a
solicitar al Ejecutivo nacional "tomar acciones contundentes" para autorizar la
importación de estos recursos para poder cumplir con las obras en ejecución.
Jiménez aseguró que en esta actividad acostumbran a trabajar con fuentes de
energía alterna, "pero la escasez y la especulación no sólo se mantiene sino que
está agravada".
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