Habitantes de complejo urbanístico gubernamental manifiestan temor a denunciar ante situaciones de amenaza y amedrentamiento a los opositores
Después de cinco meses el caso de Isabella Bauza, quien fue sacada de su apartamento de la Gmvv ubicado en Ciudad Tiuna por cacerolear al presidente Maduro, permanece sin respuesta
Rafael Arias
Caracas.- Era el 9 de septiembre de 2016 y los habitantes de una de las edificaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) llamada Ciudad Tiuna -dentro del complejo militar Fuerte Tiuna, en el oeste de Caracas-, fueron sorprendidos en horas de la madrugada.
Un comité conformado por funcionarios de la Inmobiliaria Nacional; grupos de los llamados colectivos, comandados por la entonces viceministra de la Suprema Felicidad Carolina Cestari, se dirigieron hasta la torre A04, piso 7, apartamento 7H-A04 para desalojar a la señora Isabella Bauza, su hijo de año y medio; y su abuela, por presuntamente haber participado en los cacerolazos en contra de la gestión de Nicolás Maduro que ocurrieron en la zona días previos al procedimiento.
Rosa López -nombre ficticio para proteger su identidad-, quien es amiga de Bauza, relató que luego de haber transcurrido cinco meses de ese hecho ni la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público o las organizaciones de protección a los niños y adolescentes se han pronunciado sobre el caso.
“Ninguna instancia ha querido pronunciarse sobre este caso donde claramente a Bauza la desalojaron de su apartamento sin justificación legal alguna. Su único alegato fue no apoyar a la revolución”.
Durante el incidente se logró grabar a la viceministra Cestari: “(Esta) no es una medida administrativa por eso me vine a entender con usted. Para nosotros es un tema de seguridad, porque este es un fuerte militar donde aplican normas. Aquí tenemos un pueblo amenazado por el imperio más asesino del mundo. Hoy tenemos que proteger en principio al presidente Nicolás Maduro, que vive acá”, se deja escuchar en la grabación obtenida al momento de ejecutar la medida contra la residente del inmueble.
Dos camiones dispuestos cargaron con los enseres del apartamento al tiempo que los miembros de colectivos coreaban a gritos “¡Victoria popular, victoria popular!”.
Bauza fue sacada arbitrariamente pese a haber sido adjudicada con el inmueble tras haber cancelado Bs 108 mil de inicial, en la zona del urbanismo destinada a la clase media, además de tener un crédito hipotecario aprobado por el Banco de Venezuela. “Luego de haberse cumplido la medida aún continúa cancelando ese crédito de Bs 7 mil mensuales sin disfrutar la vivienda y sin que nadie le dé la cara ante este hecho”.
Tras ese episodio a Bauza le fue prohibido el acceso al complejo. “Es oriunda de Margarita pero trabaja en una embajada ubicada en Caracas. Hasta pensó en irse del país luego de haber pasado por esa situación pero con un bebé tan pequeño no se atrevió”.
El Tiempo contactó a Bauza pero dijo que por temor a represalias contra su persona y familia no daría más detalles sobre el caso.
Recientemente el presidente Maduro designó a Cestari como jefa de gobierno del Distrito Capital. Ocupó la presidencia de la Fundación Niño Simón, Misión Niño Jesús y también se hizo cargo del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Para el sociólogo Rafael Uzcátegui, vocero de la Organización No Gubernamental (ONG) Provea, todo este tipo de desalojos “se han convertido en mecanismos que promueven la discriminación y la segregación”, aún más cuando existe temor a denunciar por la falta de respuesta judicial.
“Sabemos que esta es una situación que existe y está ocurriendo, pero aún no tenemos una cifra consolidada de estos casos. Hemos conocido a través de la prensa de algunas denuncias puntuales que hasta el momento no hemos podido verificar situación que hace que estos casos queden invisibles ante los organismos que deben dar respuesta a estos abusos. Existe un temor por parte de la población a hacerlos visibles ante la poca respuesta de la autoridad”, explicó.
Seguridad jurídica
Otros habitantes de las residencias de Fuerte Tiuna fueron amenazados tras ese hecho tal y como lo señala el señor Danilo Pereira (nombre usado a petición del entrevistado).
“Ellos alegaron que iban a investigar a todos los escuálidos que vivían aquí, realizaron reuniones donde le pedían a los residentes que delataran a los opositores, que iban a cortarles el gas y el agua. Además amenazaron con prohibirles comprar las bolsas de los Clap. Porque ese derecho solo lo tenían los revolucionarios de corazón”, relató.
Uzcátegui recordó que la seguridad jurídica de la propiedad es uno de los componentes del derecho a la vivienda, protege a sus habitantes de un desalojo. “Hemos visitado a comunidades favorecidas por la Misión Vivienda. Las personas que han recibido casas no cuentan con un título de propiedad que les garantice protección contra desalojos arbitrarios”.
Destaca que ante los organismos internacionales los funcionarios del Estado han asegurado que Venezuela es un país “de cero desalojos”.
Desde el inicio de la Gmvv, Provea ha exigido la titularidad de todas las tierras y viviendas entregadas a las familias. En visitas llevadas a cabo en los urbanismos, se ha constatado la incertidumbre en la que viven las familias sobre la propiedad del inmueble.
“La irregularidad en la ocupación de los inmuebles de la Gmvv ha permitido violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo los recientes desahucios a familias ocurridos en el marco de los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), calificados por las autoridades como recuperación de viviendas”, indicó.
El Tiempo
14-02-2017
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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