lunes, 24 de noviembre de 2014

GPP denunció “guiso del cemento” entre funcionarios en Táchira

“Un sacudón” en todo el tren ejecutivo, solicitaron integrantes del Gran Polo Patriótico –GPP-, al gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora, para que revise de manera exhaustiva la gestión y relaciones de sus directivos, después de que descubrieron un “guiso” en la venta de cemento de parte del Director del Instituto Autónomo para el Poder Comunal del estado Táchira –Inapcet-. 

Juan Carlos Guevara, secretario General del partido Patria Para Todos –PPT-, como vocero de la rueda de prensa, informó que recibieron la denuncia de la venta ilícita de cemento a precios exorbitantes en una empresa, por lo que un grupo de acercó a inspeccionar y comprobaron que en un galpón estaban acaparados 2 mil 300 sacos de cemento, los cuales estaban siendo revendidos. “Estaban vendiendo el saco de cemento a mil bolívares si eran al menor, mientras con la compra de diez sacos el precio quedaba en 750 bolívares”, precisó.

Destacó que ante esta situación acudieron a la Zona Operativa de Defensa Integral Táchira –Zodi-, solicitando su colaboración, por lo que les asignaron unos efectivos, los cuales se presentaron en el sitio y pudieron constatar la cantidad de cemento, siendo el representante legal de la empresa un ciudadano de nombre Wladimir Díaz, quien les explica que ese material de construcción de parte del Inapcet, encargado de organizar a los consejos comunales de parte de la Gobernación.

Ese mismo día conversaron con la directora de la Superintendencia de Precios Justos –Sundee-, Magaly Rodríguez, de quien consideran que su actuación en el operativo dejó mal parado al Gobierno nacional, a la Superintendencia Nacional de Precios Justos y al poder popular, pero posteriormente se enteraron que ella es familiar de los investigados, específicamente del presidente del Inapcet, Luis Díaz. “Ahora entendemos su actitud, ahora entendemos porqué se burló del poder popular”. 

Detalló que la empresa también tiene como representante a Ana Sofía Díaz, quien según el Registro Nacional de Contratistas, es la dueña del 70% de las acciones de la empresa. Esta persona, es la primera dama del municipio Torbes; es decir, sería la esposa del alcalde, Alberto Maldonado. Todos ellos a su vez, son familia del exdefensor del Pueblo, Aaron Díaz. 

Relató Guevara que para el momento de la inspección no recibieron justificación del acaparamiento, por lo que esperaron al día siguiente para que las autoridades competentes verificaran la permisología y la cantidad de material. Posteriormente la justificación recibida fue que mil 200 pacas de cemento eran parte de un contrato de Inapcet con Albura, mientras que el restante lo relacionaron con contrataciones privadas. 

“Deben renunciar”
Los representantes del GPP exigieron la renuncia inmediata de funcionarios anteriormente nombrados y la verificación de si están en marcha las supuestas obras para las que el Inapcet estaría adquiriendo ese cemento. 

Juan Guevara exhortó al Presidente Nacional del Sundee a que su Directora en el Táchira sea removida, por cuanto esta no creería en el poder popular. “Se ha burlado del poder popular y a parte de esto, a la vista de cualquiera, está que su gestión ha sido gris. Ante eso solicitamos su destitución, al igual que la del señor Luis Díaz, a quien lo exhortamos que ponga su cargo a la orden, que se ponga a derecho. Usted defraudó la confianza que le dio el gobernador Vielma Mora”.

Solicitó que se le de apertura de manera inmediata a una investigación en el Parlamento regional y en la Contraloría del Táchira, aunque ellos piensan elevar la denuncia ante el Ministerio Público. De igual manera pidió una auditoría en la distribución del cemento en el Táchira, porque aseguró que son muchas las denuncias que tienen al respecto. “Podría ser un modus operandi de supuestas obras para desviar el cemento”. 

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23-10-2014
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¿Por qué caen los precios del petróleo?

Así como Riyadh tiene interés en llevar a las cuerdas a Teherán, EEUU desea hacerlo con Rusia

ALFREDO TORO HARDY

Los precios petroleros rondan 80 dólares por barril, su nivel más bajo en cuatro años. Hasta verano los precios estaban sobre 110 dólares y de pronto el tobogán. Con Iraq, Libia, Siria y Nigeria en problemas los precios deberían moverse hacia arriba, no hacia abajo. ¿Qué ocurre entonces? 

La economía global está débil. El PIB de Japón cayó por segundo trimestre consecutivo y Alemania, la locomotora europea, pareciera enrumbarse a una recesión. China da una dura batalla para mantener el crecimiento anticipado y Estados Unidos, aunque crece, lo hace débilmente en relación a estándares históricos. Por tercera vez el FMI bajó sus proyecciones de crecimiento para la economía mundial en 2014, situándola en 3,3%. 

Sin embargo, la debilidad de la demanda no puede explicar una caída tan drástica en los precios: 15% en tres meses. Máxime en momentos de inestabilidad para productores relevantes. Lo fundamental de la respuesta debe buscarse por tanto en la oferta: una producción que sobrepasa en 2,8 millones de barriles diarios a la de hace un año. Estados Unidos y Arabia Saudita serían los principales responsables de ello. 

El caso estadounidense pareciera más transparente: 65% de incremento en su producción petrolera en apenas cinco años como resultado de la revolución del esquisto, lo que la ha llevado a 8,8 millones de barriles diarios, su mayor nivel en casi 30 años. Arabia Saudita, persiguiendo intereses particulares, abre el chorro petrolero, llevándolo a casi 10 millones de barriles diarios. 

¿Qué busca este último país? En términos estrictamente comerciales, mayor porcentaje de mercado. O más concretamente mayor porcentaje del mercado asiático, donde se sitúa 75% del crecimiento mundial de la demanda. Dados sus bajos costos de producción y su flexibilidad para aumentarla, Arabia Saudita puede sustraer clientela a muchos de sus socios de la OPEP. Tan evidente es su intención que aparte de empujar los precios a la baja, redujo en un dólar la cotización de su barril para Asia. Según algunos analistas la monarquía saudita buscaría también hacerle perder rentabilidad al petróleo de esquisto estadounidense, pero esto no se sostiene como argumento. Alrededor de 80% de la producción petrolera de esquisto solo dejaría de ser rentable a partir de 60 dólares por barril.

Sin embargo, habría que ser ingenuo para no suponer que detrás del objetivo comercial hay también otro político. No olvidemos que Arabia Saudita lidera al bloque sunita contrapuesto al chiita que encabeza Irán y que ambos han venido enfrentándose en Siria por vía interpuesta. Cuando Teherán comenzaba a levantar cabeza gracias a la flexibilización de las sanciones, viene este nuevo golpe. Habiéndose deslizado al octavo rango como productor OPEP, debido a las sanciones, Irán había logrado sobrellevarlas gracias a los altos precios. La caída de éstos resulta devastadora.

Si llevamos la suspicacia a nivel de realismo político, deberíamos suponer que Arabia Saudita no está sola en este intento de bajar los precios con fines geopolíticos. Así como Riyadh tiene interés en llevar a las cuerdas a Teherán, también Washington desea hacerlo con Moscú. De hecho el columnista estrella del New York Times, Thomas Friedman, se preguntaba en días pasados si detrás de la baja de los precios no se encontrarían las manos estrechadas de Estados Unidos y Arabia Saudita. Nada tendría mayor sentido estratégico para ambos.

La caída de los precios petroleros, a partir de 1985, desató la crisis económica de la Unión Soviética y puso en movimiento la dinámica que condujo a su implosión. A la inversa, fue el aumento sostenido de los precios petroleros el que devolvió a Moscú parte de su influencia perdida. Si en adición a las sanciones impuestas por Occidente Moscú debe sobrellevar una merma en la sabia vital de su economía, el impacto será tremendo.

De ser ésta la realidad cabría preguntarse por cuanto tiempo pueden Washington y Riyadh sostener el actual nivel de precios. Dado que los costos de producción de Arabia Saudita son de 6 dólares por barril, podría suponerse que por siempre. Pero no es así. Mantener la estabilidad política y social del reino requiere de ingentes gastos sociales y de costosos proyectos de infraestructura. Para sostener la rueda en marcha deberá echarse mano a las reservas internacionales, pero siendo estas de 750 millardos de dólares alcanzará para rato. Nadie desea sin embargo comerse sus reservas. El costo de producción del petróleo de esquisto estadounidense es sustancialmente más alto que el saudita, aunque todavía por debajo de los actuales precios. Estos últimos le representan ventajas y desventajas a ese país. De un lado dinamiza a su economía pero del otro introduce mucha incertidumbre en un sector clave de ésta: el esquisto. Ello indudablemente desestimula las inversiones.

Todo indica que los precios permanecerán bajos por un rato. 

altohar@hotmail.com

El Universal
22-10-2014
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viernes, 21 de noviembre de 2014

Ley de Alquileres en centros comerciales es "aplicable"

El presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Luis Carlos Serra, afirmó que el instrumento legal que regula el arrendamiento en los locales es viable en las condiciones que se encuentra

“La ley es perfectamente aplicable tal como está, es posible que algunos comerciantes y locales aislados no hayan podido interpretar la ley, en ese caso algunos podrían requerir de más tiempo. No vemos ningún problema para una extensión de plazo”, dijo.

Destacó este miércoles que la normativa debe contar con el consenso de las partes.

Manifestó que la relación que entre comerciante y arrendador debe ser la que prive, asegurando que la ley también hizo su previsión para llegar a los acuerdos con la Sundde o “a la dirección de arrendamientos comerciales del Ministerio de Fomento para buscar que la autoridad defina si se está aplicando correctamente la normativa legal”.

Noticia al Dia
20-11-2014
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Gobierno viola ley del ambiente al construir viviendas y el nuevo puente en La Restinga

Si la justicia también se le aplicara a los funcionarios rojos,el gobernador Mata debería ser interpelado por la AN y multadopor tumbarmás de cien matas de coco y talar 1.600 metros de manglar rojo, expresamente protegido por convenios internacionales.

Morel Rodríguez Ávila reitera que “el gobernador Mata viola impunemente la legislación ambiental y por su culpa está seriamente amenazado un sector del Parque La Restinga”. Dice que “los defensores del ambiente en Nueva Esparta han elevado su voz en numerosas ocasiones pero la respuesta oficial es el silencio, interesado como está el gobierno en asegurar votos sin importarle la destrucción de ese hermoso escenario”.

El ex mandatario regional explica que “para la construcción de 48 viviendas y del puente alterno, al gobernador Mata no le importó llevarse por delante la ley ambiental pues, preñado de populismo y no de buenas intenciones, lo que en La Restinga está haciendo está de plano prohibido”.

Añadió que “el gobernador Mata estaba al tanto que en el caso de las viviendas, lo allí permitido no era construir sino remodelar; y en cuanto al puente alterno también sabía que su utilidad sólo beneficiaría a un reducido grupo de usuarios. Las dos obras, por tanto, estuvieron cuestionadas desde el momento mismo en que se planificaron”.

Sostiene Rodríguez Ávila que “Mata, como todo un totalitarista, que nada le importa la ley ni menos la preservación de ese enclave tan necesario en el mapa mundial ambiental, en el mapa turístico nacional y en el mapa insular, procedió a ordenar las referidas construcciones, violentando la legalidad correspondiente”.

Cree que “si la justicia también se le aplicara a los funcionarios rojos, el gobernador Mata debería ser interpelado por la Asamblea Nacional y multado por tumbar más de 100 matas de coco y la tala de 1.600  metros de manglar rojo, expresamente protegido por convenios internacionales”, recordando que “a mí, por el derribo de dos árboles enfermos, que estaban por caerse, me juzgaron y condenaron a pagar 70 mil bolívares de multa, inapelable, a pesar de tener toda la permisología y autorización legal, incluso contando con la aprobación de todo el pueblo de Los Robles. Tampoco la justicia fue aplicada a un alcalde del oficialismo que ordenó derribar numerosos árboles, sin ninguna clase de permiso, para ensanchar un tramo de la Avenida 31 de Julio”.

El líder de la democracia neoespartana recuerda que su intención “no fue destruir el ambiente sino concretarle al pueblo roblero la construcción de una nueva iglesia, solicitud de años, porque la actual resulta insuficiente para albergar la feligresía en una misa de domingo. Vale preguntarse, entonces, ¿por qué la justicia se me aplicó con todo rigor, faltando que me metieran preso, y a Mata, que está destruyendo un sectortan sensible en todo sentido del Parque La Restinga las autoridades ambientales, la Guardia Nacional, la Asamblea Nacional y los tribunales lo dejan violar descaradamente la legalidad? La respuesta es simple: impunidad, que en el diccionario de la ética y la moralidad puede traducirseen corrupción, característica fundamental del gobierno que nos desgobierna”.

Morel Rodríguez Ávila pide a Mata Figueroa “rendir las explicaciones del caso al pueblo insular y a los defensores del ambiente, uno y otro realmente preocupados por el duro impacto del proyecto habitacional y la construcción del nuevo puente”.

Igual llamado le formula “a las instituciones que tienen a su cargo la preservación y defensa del medio ambiente. Y a los diputados del oficialismo en la Asamblea Regional y en la Asamblea Nacional a que expliquen en qué basan su aprobación a esta inexcusable y flagrante violación de la legalidad vigente”

Reporte Confidencial
20-11-2014
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Es ilegal vender viviendas en moneda extranjera

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, reiteró el artículo 49 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda prohíbe el pago de inmuebles en moneda extranjera.

Aseveró en entrevista con Unión Radio que la persona que esté vendiendo en dólares o en cualquier moneda extranjera debe tener en cuenta que “está cometiendo un acto ilegal.”

De igual forma recordó a quienes arriendan sin la regulación del Sistema de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (Sunavi) que están fuera del marco de la Ley.

Globovisión
17-11-2014
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