En 2011 el Gobierno inició las gestiones para permitir la venta de los apartamentos alquilados en edificios de vieja data, pero tres años después esas operaciones continúan sin concretarse.
Esta semana el Ministerio de la Vivienda publicó una norma en la que ordena vender los inmuebles en aquellos edificios que por más de 20 años han sido destinados al alquiler y ese proceso debe hacerse en un lapso de 60 días. No obstante, la orden ya estaba prevista en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Antes de la aprobación de dicha Ley, en mayo de 2011, la Vicepresidencia de la República convocó a los propietarios de 100 inmuebles ubicados en el Área Metropolitana de Caracas a que iniciaran las ventas de los apartamentos alquilados. Luego, cuando la Asamblea Nacional autorizó la Ley de Alquileres, ese proceso pasó a manos de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, que volvió a enviar comunicaciones a los dueños de esas 100 edificaciones.
Para esas ventas el Gobierno creó un fondo especial que manejaría los recursos que se orientarían a los financiamientos hipotecarios.
En tres años, las negociaciones se han concretado solamente con los propietarios de 12 edificios. Voceros de las organizaciones que agrupan a los inquilinos señalan que actualmente las familias que habitan en esos inmuebles están haciendo los procedimientos para gestionar los créditos.
Los precios de venta de esas unidades han tomado como parámetros los rangos establecidos por el Ministerio de la Vivienda para la estimación de los cánones. Para el cálculo de las rentas el despacho a fines de 2012 creó una escala de valores por metro cuadrado, cuyo precio más alto es de 8.200 bolívares.
Los voceros agregan que otros 30 dueños de los 100 citados aceptaron negociar los apartamentos y se encuentran realizando las gestiones para transformar las unidades en propiedad horizontal. El resto no se ha presentado ante el organismo supervisor.
Los límites
Aunque la negociación con los dueños de 100 inmuebles lleva tres años, el Gobierno en la nueva norma reitera que en 60 días se tienen que concretar las ofertas de las casas.
En la resolución establece que los arrendadores que no realicen las ofertas deberán pagar una multa de 2.000 Unidades Tributarias (254.000 bolívares) por cada apartamento no ofrecido a sus inquilinos. La multa deberá ser pagada en un plazo de cinco días hábiles siguientes y, en caso contrario, se considerará reincidente en la sanción, por lo que la multa se doblará.
Si la multa no se cancela, la Superintendencia puede acudir a los tribunales y pedir el embargo del inmueble. MAH
El Universal
02-04-2014
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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