El director de Catastro del municipio Sotillo, Rosman Moreno, informó que unas 20 mil personas residen en la zona de riesgo del complejo refinador de Puerto La Cruz
Jeannine Castillo
1.618 familias están cerca de la planta de refinación
Puerto La Cruz.- Cerca de 20 mil personas se encuentran en situación de riesgo porque sus viviendas están ubicadas en Barrio Mariño, El Pensil y Juan Bimba, dentro de la franja de seguridad de la Refinería de Puerto La Cruz.
El director de Catastro de la Alcaldía del municipio Juan Antonio Sotillo, Rosman Moreno, contabilizó un total de 1.618 inmuebles en el área, de los cuales seis son edificios residenciales: Los Olivos, Ivensa, Las Aves, Torre Porteña, Puerto Carlos y Monte Carlos, algunos con hasta 18 pisos y tres apartamentos por planta.
El cálculo lo hizo siguiendo los lineamientos del Instituto Nacional de Estadísticas, que estima cinco habitantes por vivienda.
Desalojo
Los residentes de las urbanizaciones Gulf y Chuparín de Puerto La Cruz fueron excluidos de la estadística porque aun cuando están cerca de la planta, no forman parte del cinturón de seguridad.
Así lo aseguró la directora de Títulos de Tierra de Sotillo, Yolimar González, quien indicó que cuando se produjo el incendió de la laguna de lastre dentro de la refinería, fueron desalojados los residentes de ambos sectores, sólo por precaución.
“Cuando ocurre un incidente como el suscitado el domingo, se requiere despejar un kilómetro a la redonda del siniestro por seguridad, pero en el área de riesgo sólo están Barrio Mariño, El Pensil y Juan Bimba”, acotó.
El año pasado, cuando se inició la expansión de planta refinadora, habitantes de las comunidades El Jobo y Valle del Resfrán fueron reubicados en el conjunto residencial Parque Vidoño de Barcelona, pero según algunos vecinos, las personas han vuelto a la zona.
La directora de Planeamiento Urbano de Sotillo, Francismar Machado, dijo desconocer las razones por las que en años anteriores la alcaldía concedió los permisos de construcción cerca de la franja de seguridad, donde actualmente hay una escuela de educación inicial.
El equipo de El Tiempo trató de contactar al alcalde Stalin Fuentes para que informara sobre el avance del plan de reubicación de las familias que habitan en el lugar, pero no fue posible.
Luis Rodríguez, vecino de El Pensil, aseguró que no está dispuesto ha abandonar su vivienda porque “uno debe estar donde está la plata y cerca de Pdvsa es donde hay trabajo”, aseveró.
La cuenta
Tres días han transcurrido desde que cayó el rayo dentro de las instalaciones de la Refinería de Puerto La Cruz, el cual originó un incendio en el separador API (American Petroleum Institute) o laguna de lastre, que duró aproximadamente tres horas. Durante el incidente, los cuerpos de seguridad desalojaron a los habitantes de sectores aledaños, quienes permanecieron en el Paseo de La Cruz y el Mar, denominado por los funcionarios como “área de resguardo”. Pdvsa aún ejecuta trabajos de mantenimiento dentro de la laguna.
El tiempo
14-08-2013
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jueves, 15 de agosto de 2013
Mare Abajo rechaza planes de desalojo
La comunidad teme que 300 familias sean sacadas de sus casas, que están en buen estado, para beneficiar a gente de otras zonas
LUIS LÓPEZ
Por 4 horas, residentes del sector Mare Abajo, parroquia Urimare, en Vargas, protestaron en la vía principal del sector para rechazar los planes de construcción de viviendas, que no les han consultado. 300 familias temen el desalojo de sus casas, que están en condiciones aptas, mientras que a 17 familias en situación de riesgo se les ha negado reubicación.
Felicia Medina, vocera del Consejo Comunal Ana Merlo, dijo que por varios meses los consejos comunales Villamar, Ana Merlo y Nueva Luz se han reunido en mesas de trabajo con el Instituto de la Vivienda de Vargas para analizar los planes que tienen para Mare Abajo. Sin embargo, afirmó que lo que empezó como proyecto para beneficiar a familias del sector se ha convertido en un plan urbanístico que ignora a la comunidad.
“Nuestras casas están en buenas condiciones. No entendemos cuál es el capricho de la gobernación de urbanizar esta zona. Hemos cedido los terrenos de La Chatarrera, que le arrebatamos a una empresa privada, porque teníamos un proyecto para la comunidad, pero quieren imponernos la construcción de más edificios. En ese proyecto las menos beneficiadas son las familias del sector porque han reubicado a gente de Guarenas, Guatire y Petare”, informó.
Luis Herrera, vocero del Consejo Comunal Villamar, dijo que los servicios han colapsado porque no se previó el impacto ambiental de las edificaciones. “La red de aguas servidas está tapada y el agua se desborda por las calles. Nuestras casas están en buenas condiciones y la prioridad son los que viven alquilados, arrimados y en riesgo, pero para ellos no hay repuesta”, dijo.
Se conoció que Pedro Morales, director de Ivivar, se reunirá hoy con los consejos comunales para definir la reubicación de las familias en riesgo.
El Nacional
13-08-2013
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LUIS LÓPEZ
Por 4 horas, residentes del sector Mare Abajo, parroquia Urimare, en Vargas, protestaron en la vía principal del sector para rechazar los planes de construcción de viviendas, que no les han consultado. 300 familias temen el desalojo de sus casas, que están en condiciones aptas, mientras que a 17 familias en situación de riesgo se les ha negado reubicación.
Felicia Medina, vocera del Consejo Comunal Ana Merlo, dijo que por varios meses los consejos comunales Villamar, Ana Merlo y Nueva Luz se han reunido en mesas de trabajo con el Instituto de la Vivienda de Vargas para analizar los planes que tienen para Mare Abajo. Sin embargo, afirmó que lo que empezó como proyecto para beneficiar a familias del sector se ha convertido en un plan urbanístico que ignora a la comunidad.
“Nuestras casas están en buenas condiciones. No entendemos cuál es el capricho de la gobernación de urbanizar esta zona. Hemos cedido los terrenos de La Chatarrera, que le arrebatamos a una empresa privada, porque teníamos un proyecto para la comunidad, pero quieren imponernos la construcción de más edificios. En ese proyecto las menos beneficiadas son las familias del sector porque han reubicado a gente de Guarenas, Guatire y Petare”, informó.
Luis Herrera, vocero del Consejo Comunal Villamar, dijo que los servicios han colapsado porque no se previó el impacto ambiental de las edificaciones. “La red de aguas servidas está tapada y el agua se desborda por las calles. Nuestras casas están en buenas condiciones y la prioridad son los que viven alquilados, arrimados y en riesgo, pero para ellos no hay repuesta”, dijo.
Se conoció que Pedro Morales, director de Ivivar, se reunirá hoy con los consejos comunales para definir la reubicación de las familias en riesgo.
El Nacional
13-08-2013
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Aprobaron emisión de bonos para financiar Misión Vivienda
La Comisión de Finanzas autorizó recursos por 4 millardos de bolívares para cancelar compromisos salariales en las regiones
NICOLLE YAPUR.
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó una operación de crédito público para la emisión de Títulos de Deuda Pública, en bolívares y en dólares, por 10 millardos de bolívares. El monto será destinado al financiamiento de la Gran Misión Vivienda, como está estipulado en la Ley de Endeudamiento Complementario 2013.
La instancia parlamentaria también autorizó las condiciones para otras dos emisiones de bonos destinadas a la reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública hasta por 22,05 millardos de bolívares, operación contenida en la legislación aprobada en julio.
Un crédito adicional de 4 millardos de bolívares también fue autorizado por los diputados de la comisión, y se destinarán a las gobernaciones y alcaldías del país.
El monto no corresponde a las asignaciones del situado constitucional, sino de una erogación especial para atender necesidades salariales de las entidades. Los fondos vienen del Fondo de Eficiencia y fueron dirigidos al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia para su distribución.
El diputado Alfonso Marquina criticó que los recursos provengan del Fondo de Eficiencia, que se nutre de los dividendos de las empresas del Estado y no de fuentes ordinarias. Explicó que el situado se calcula sobre la base de un presupuesto deficitario, lo que no permite cubrir todos los requerimientos.
El crédito se aprobó posteriormente en plenaria junto con otras 6 asignaciones, 5 de las cuales fueron autorizadas por la Comisión de Finanzas la semana pasada. El total fue de 8,8 millardos de bolívares.
El Nacional
14-08-2013
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La instancia parlamentaria también autorizó las condiciones para otras dos emisiones de bonos destinadas a la reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública hasta por 22,05 millardos de bolívares, operación contenida en la legislación aprobada en julio.
Un crédito adicional de 4 millardos de bolívares también fue autorizado por los diputados de la comisión, y se destinarán a las gobernaciones y alcaldías del país.
El monto no corresponde a las asignaciones del situado constitucional, sino de una erogación especial para atender necesidades salariales de las entidades. Los fondos vienen del Fondo de Eficiencia y fueron dirigidos al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia para su distribución.
El diputado Alfonso Marquina criticó que los recursos provengan del Fondo de Eficiencia, que se nutre de los dividendos de las empresas del Estado y no de fuentes ordinarias. Explicó que el situado se calcula sobre la base de un presupuesto deficitario, lo que no permite cubrir todos los requerimientos.
El crédito se aprobó posteriormente en plenaria junto con otras 6 asignaciones, 5 de las cuales fueron autorizadas por la Comisión de Finanzas la semana pasada. El total fue de 8,8 millardos de bolívares.
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Los cinco problemas de la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos
El presidente de Anauco, Roberto León Parilli, advierte que la norma puede generar un mercado secundario
MARIUGENIA AGUILERA GALLARDO
El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, enumeró los cinco problemas más destacados de la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos, que fue aprobada este martes por la Asamblea Nacional:
1. La ley significa un peligro para el usuario, ya que ordena la publicación de listas de esperas y la emisión de listas de compradores al Indepabis, lo que viola el artículo 60 de la Constitución: "Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos". León Parilli aseguró que aunque la lista sea codificada, está a disposición de funcionarios públicos: "Es muy abstracto. Cualquiera dirá que es del Poder Público y tendrá acceso a los datos, lo que hace vulnerables a las personas compradoras. Un delincuente sabrá que un hombre determinado tiene la liquidez para comprarse una camioneta..
2. La regulación trata a la persona natural que vende un vehículo como si fuese un comerciante informal, porque establece que el que vende lo hace para enriquecerse y que evade los impuestos. "El vehículo es un bien de alto valor y es un resguardo del patrimonio. Quien venda por necesidad no está cometiendo un acto que amerite regulación. Es un exceso que la norma prohíba colocar un letrero de "Se vende" en su propio carro y que hacerlo implique multas elevadas y acciones penales", aseveró. Afirmó que las multas establecidas para las páginas en Internet que publiquen precios no establecidos podría ocasionar el cierre de las mismas: "Nos vamos cerrando más. La web facilita saber qué hay en el mercado, y la clausura de estos sitios estrecharía la posibilidad de llegar al bien. Entonces se tendría que rodar la noticia por medio del boca a boca dentro de un marco de oscuridad, como si fuese un delito cuando el derecho de propiedad da la disponibilidad del bien".
3. La ley no solucionará el problema de fondo: que la demanda supera la oferta. De hecho, podría empeorar la distorsión de precios con la creación de un mercado secundario, porque el bien más caro es el que no se consigue.
4. La disposición impide a los aseguradores colocar un precio de garantía superior que el cálculo que establece la ley. "El resultado será que el costo de reposición cueste más que la fórmula constituida y la persona no podrá asegurar el bien. Si tengo un carro usado que cueste 10 bolívares, por ejemplo, no podré comprar otro carro a ese precio", indicó.
5. En lugar de incentivar la producción, la ley persigue a los ensambladores y comercializadores: "Lejos de generar inversión, la puede auyentar. Es una ley muy punitiva que trata a todo el mundo como delincuentes".
El dirigente de la alianza rescata la intención de resolver los problemas, como la especulación y el cumplimiento obligatorio de accesorios a través del control en la supervisión de los puestos de espera. Sin embargo, expresó que la publicación de un lista le parece perjudicial: "Sí existen vivos, especuladores y negociadores de cupos; pero esta ley generará una sequía. Se pueden acabar los carros. Por ejemplo, la Ley de Arrendamiento tenía buenas intenciones de dotar viviendas; no obstante el efecto que causó fue que nadie quisiera alquilar. Pedimos que se revise y se realice una ley mejor. Si el objetivo era darles bienestar a los compradores, no se debió tratarlos de la manera en que lo hace la nueva ley. La solución es producir más carro e inundar el mercado de vehículos. Ahí no hay especulador que valga".
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El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, enumeró los cinco problemas más destacados de la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos, que fue aprobada este martes por la Asamblea Nacional:
1. La ley significa un peligro para el usuario, ya que ordena la publicación de listas de esperas y la emisión de listas de compradores al Indepabis, lo que viola el artículo 60 de la Constitución: "Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos". León Parilli aseguró que aunque la lista sea codificada, está a disposición de funcionarios públicos: "Es muy abstracto. Cualquiera dirá que es del Poder Público y tendrá acceso a los datos, lo que hace vulnerables a las personas compradoras. Un delincuente sabrá que un hombre determinado tiene la liquidez para comprarse una camioneta..
2. La regulación trata a la persona natural que vende un vehículo como si fuese un comerciante informal, porque establece que el que vende lo hace para enriquecerse y que evade los impuestos. "El vehículo es un bien de alto valor y es un resguardo del patrimonio. Quien venda por necesidad no está cometiendo un acto que amerite regulación. Es un exceso que la norma prohíba colocar un letrero de "Se vende" en su propio carro y que hacerlo implique multas elevadas y acciones penales", aseveró. Afirmó que las multas establecidas para las páginas en Internet que publiquen precios no establecidos podría ocasionar el cierre de las mismas: "Nos vamos cerrando más. La web facilita saber qué hay en el mercado, y la clausura de estos sitios estrecharía la posibilidad de llegar al bien. Entonces se tendría que rodar la noticia por medio del boca a boca dentro de un marco de oscuridad, como si fuese un delito cuando el derecho de propiedad da la disponibilidad del bien".
3. La ley no solucionará el problema de fondo: que la demanda supera la oferta. De hecho, podría empeorar la distorsión de precios con la creación de un mercado secundario, porque el bien más caro es el que no se consigue.
4. La disposición impide a los aseguradores colocar un precio de garantía superior que el cálculo que establece la ley. "El resultado será que el costo de reposición cueste más que la fórmula constituida y la persona no podrá asegurar el bien. Si tengo un carro usado que cueste 10 bolívares, por ejemplo, no podré comprar otro carro a ese precio", indicó.
5. En lugar de incentivar la producción, la ley persigue a los ensambladores y comercializadores: "Lejos de generar inversión, la puede auyentar. Es una ley muy punitiva que trata a todo el mundo como delincuentes".
El dirigente de la alianza rescata la intención de resolver los problemas, como la especulación y el cumplimiento obligatorio de accesorios a través del control en la supervisión de los puestos de espera. Sin embargo, expresó que la publicación de un lista le parece perjudicial: "Sí existen vivos, especuladores y negociadores de cupos; pero esta ley generará una sequía. Se pueden acabar los carros. Por ejemplo, la Ley de Arrendamiento tenía buenas intenciones de dotar viviendas; no obstante el efecto que causó fue que nadie quisiera alquilar. Pedimos que se revise y se realice una ley mejor. Si el objetivo era darles bienestar a los compradores, no se debió tratarlos de la manera en que lo hace la nueva ley. La solución es producir más carro e inundar el mercado de vehículos. Ahí no hay especulador que valga".
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Choferes se quejan por fallas en suministro de gasolina
Más vueltas que un perro para echarse deben dar los transportistas de los municipios Independencia y Paz Castillo para llenar los tanques de gasolina de sus vehículos, pues afirman que nuevamente hay fallas en el suministro en ambas localidades. Luis Rincón, presidente del Bloque de Transporte de Independencia, comentó a ÚN que el problema ya tiene más de un mes y que los choferes deben hacer maromas para surtir sus vehículos para trabajar. "La situación es irregular tanto con el gasoil como con la gasolina, porque algunas veces pasan dos y tres días sin que lleguen al municipio las gandolas que surten de combustible las estaciones", dijo. Rincón precisó que en Independencia hay cuatro estaciones de servicio (dos en el casco central y dos en las afueras), pero son insuficientes si se toma en consideración que estas estaciones también surten a choferes de Paz Castillo. "En Independencia operan 15 líneas de transporte público y en Paz Castillo 14, sin contar que también hay particulares que deben llenar sus carros en estas gasolineras", detalló. El representante del bloque tereseño precisó que en Paz Castillo hay una sola estación de servicio, que no alcanza para atender el número de conductores particulares y de camionetas del municipio. "La opción que tenemos es trasladarnos hasta La Peñita, en el municipio Cristóbal Rojas, o ir a otras bombas de gasolina en la misma jurisdicción, lo que representa una pérdida de tiempo si se trata de un chofer de transporte público". Elías Campos, presidente del Bloque de Transporte de Paz Castillo, puntualizó que en la única estación de servicio de la localidad se surten choferes de la jurisdicción, además de los que cubren las rutas de Mariche y La Lagunita. "Tenemos desde hace un año un proyecto aprobado por Pdvsa, que se ejecutará en un terreno ubicado en el sector La Nueva Virginia, donde se construirá una estación de servicio, pero no nos han dado respuesta todavía", apuntó.
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miércoles, 14 de agosto de 2013
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¿Y si antes de empezar lo que hay que hacer, empezamos lo que tendríamos que haber hecho? (Felipe)
¿Y si en vez de planear tanto voláramos un poco más alto? (Mafalda)
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