El caos que se predecía ya es parte de la realidad. El proyecto que contempla 420 viviendas, que se levantan en Colinas de Santa Mónica, justo en la frontera del municipio Libertador con Baruta, empieza a generar problemas a los vecinos de zonas aledañas, incluyendo Cumbres de Curumo.
El primer síntoma es el congestionamiento vial. Cuando la salida hacia Santa Mónica colapsa el escape es la otra urbanización. El tráfico se ha vuelto parte de la rutina durante las horas pico.
Se ha incrementado además el paso de camiones de llenos de material de construcción.
Los vecinos critican la falta de comunicación hacia las comunidades aledañas, que de una u otra forma se ven afectadas cuando instalan edificios de gran densidad poblacional. "No fuimos consultados, nunca se nos tomó en cuenta y eso es algo que criticamos sean de quien sean las viviendas", explica Yolanda Ferrer, miembro de la asociación de vecinos.
Ahora dos torres están levantadas y en la vía hacen trabajos de conexión con la estación que surte de agua a las comunidades cercanas. Las fallas en el servicio son parte de los males en Colinas de Santa Mónica. En Cumbres de Curumo también han empezado a frecuentarse.
Edgar Jaua, vecino de la avenida Isla de Margarita, comentó que allí el suministro de agua ha empezado a fallar. "No se sabe el por qué, eso antes no pasaba", dijo.
Los temores de los vecinos crecen cuando se imaginan el momento es que el complejo habitacional de Misión Vivienda esté habitado: "Es que hasta el supermecado va a colapsar porque es el único que tenemos por aquí y ya funciona a medias. Ese a a ser el más cercano para esa gente", agregó Jaua.
"No hubo planificación para el impacto que genera una edificación con tanta población", indicó Yolanda Ferrer.
Al congestionamiento vial de la urbaización se añade las fallas del transporte público que pasa por Cumbres. Nadie se atreve a dejar su vehículo.
Hay dos líneas, una hacia Chacaíto y otra hacia Santa Mónica; sin embargo, el servicio es irregular.
"Las camioneticas están en mal estado, tardan mucho en pasar y tampoco hay paradas adecuadas para que las personas esperen", relató Ferrer. Además, de acuerdo a las quejas de otros vecinos, las unidades dejan de pasar alrededor de las 8 pm. Quienes llegan más tarde deben optar por un taxi.
Hace años evaluaron una ruta de Metrobús que jamás se concretó.
La petición de un sistema como Transchacao también está entre sus propuestas para solucionar el problema.
El Universal
27-05-2013
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martes, 28 de mayo de 2013
En Gaceta Oficial nombran a nueva presidenta de Banavih
Se designó a Elio Mejías Fuentes como presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A. (CVAL), según consta en la Gaceta Oficial 40.173 que circula hoy.
Mejías Fuentes anteriormente se había desempeñado como viceministro de Desarrollo Rural Integral del Ministerio de Agricultura y Tierras y director principal de la junta directiva del Instituto Nacional de Tierras (Inti).
En la presidencia del Inti fue nombrado Enrique José Maestre, quien también queda a cargo del directorio de esa institución..
Por otro lado, en la gaceta también apareció el nombramiento de María Elena de Oliveira Dos Santos como presidenta del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), en sustitución de Mario Isea, quien fue designado embajador de Venezuela en España. La funcionaria anteriormente se desempeñó como gerente general del Inavi.
Igualmente, se cambiaron las autoridades en la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia). En la presidencia quedó el ex ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Luis Reverol Torres.
El Universal
24-05-2013
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Mejías Fuentes anteriormente se había desempeñado como viceministro de Desarrollo Rural Integral del Ministerio de Agricultura y Tierras y director principal de la junta directiva del Instituto Nacional de Tierras (Inti).
En la presidencia del Inti fue nombrado Enrique José Maestre, quien también queda a cargo del directorio de esa institución..
Por otro lado, en la gaceta también apareció el nombramiento de María Elena de Oliveira Dos Santos como presidenta del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), en sustitución de Mario Isea, quien fue designado embajador de Venezuela en España. La funcionaria anteriormente se desempeñó como gerente general del Inavi.
Igualmente, se cambiaron las autoridades en la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia). En la presidencia quedó el ex ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Luis Reverol Torres.
El Universal
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Vecinos de 90 edificios solicitan Plan Rescate en Chacao
La edad promedio de los habitantes del edificio Mar en Chacao es 70 años. El único de los ascensores que funcionaba en la torre se dañó el año pasado y para potenciarlo los residentes de los apartamentos debían hacer un aporte de 6.000 bolívares. “No teníamos la capacidad para hacerlo y ya una empresa nos había estafado, así que me metí en la página web de la Alcaldía de Chacao y escribimos una carta al alcalde para solicitar su colaboración”, dijo Oricel Martínez, miembro de la junta de condominio.
Su caso fue tomado como prueba antes de poner en marcha el Plan Rescate, anunciado por el alcalde Emilio Graterón la semana pasada. La alcaldía aportó 80.000 bolívares y fue posible poner en funcionamiento el elevador. El costo total de la obra era de 160.000 bolívares, por lo que el aporte por apartamento se redujo a la mitad. Esto se considera un apoyo en una reparación menor. El plan también incluye instalación de reflectores y reparaciones de fachada.
Para participar y ser considerados en el proyecto basta con inscribirse en www.chacaorganizado.com o enviar una carta a la Oficina de Apoyo al Capital Social. En 7 días la alcaldía ha recibido más de 90 solicitudes.
Alexandra Mclean, directora de la oficina, señaló que una vez que reciben la petición se comunican con los vecinos, realizan una inspección y levantan un informe socioeconómico: “La idea es ayudar en principio a quienes más lo necesiten. Por eso damos prioridad a las personas con menos recursos”.
Para llevar adelante esta política, la alcaldía prevé realizar una inversión de cerca de 5 millones de bolívares. El año pasado invirtieron 3 millones de bolívares. Uno de los requisitos para que la alcaldía haga la intervención es que todos los habitantes de los edificios estén de acuerdo.
En el edificio La Paz, en la calle Páez, recuperaron la fachada. “Los alerones se estaban cayendo y nosotros no teníamos la posibilidad de reparar los balcones por nuestra cuenta. Fue un gran beneficio”, dijo Magaly Cova, que residen en la torre desde hace 43 años.
Las personas no deben hacer aportes para las fachadas e instalación de reflectores. En caso de reparaciones menores cada edificio debe entregar dos presupuestos. “Actuamos lo más rápido posible para evitar que aumenten los costos”, aseguró Mclean.
El Nacional
24-05-2013
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Su caso fue tomado como prueba antes de poner en marcha el Plan Rescate, anunciado por el alcalde Emilio Graterón la semana pasada. La alcaldía aportó 80.000 bolívares y fue posible poner en funcionamiento el elevador. El costo total de la obra era de 160.000 bolívares, por lo que el aporte por apartamento se redujo a la mitad. Esto se considera un apoyo en una reparación menor. El plan también incluye instalación de reflectores y reparaciones de fachada.
Para participar y ser considerados en el proyecto basta con inscribirse en www.chacaorganizado.com o enviar una carta a la Oficina de Apoyo al Capital Social. En 7 días la alcaldía ha recibido más de 90 solicitudes.
Alexandra Mclean, directora de la oficina, señaló que una vez que reciben la petición se comunican con los vecinos, realizan una inspección y levantan un informe socioeconómico: “La idea es ayudar en principio a quienes más lo necesiten. Por eso damos prioridad a las personas con menos recursos”.
Para llevar adelante esta política, la alcaldía prevé realizar una inversión de cerca de 5 millones de bolívares. El año pasado invirtieron 3 millones de bolívares. Uno de los requisitos para que la alcaldía haga la intervención es que todos los habitantes de los edificios estén de acuerdo.
En el edificio La Paz, en la calle Páez, recuperaron la fachada. “Los alerones se estaban cayendo y nosotros no teníamos la posibilidad de reparar los balcones por nuestra cuenta. Fue un gran beneficio”, dijo Magaly Cova, que residen en la torre desde hace 43 años.
Las personas no deben hacer aportes para las fachadas e instalación de reflectores. En caso de reparaciones menores cada edificio debe entregar dos presupuestos. “Actuamos lo más rápido posible para evitar que aumenten los costos”, aseguró Mclean.
El Nacional
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Comuna de Macuto exige 19 terrenos para construir viviendas
Vecinos afirman que planes impulsados por el grupo han sido un fracaso
Cuencas de los ríos también están secas esta temporada
Macuto.- Pareciera que la única vía para el desarrollo de proyectos que se maneja en Vargas es el de la expropiación. Dentro de la Comuna Guaicamacuto, cuyo campo de acción es la parroquia Macuto, en asamblea, se aprobó solicitar a las autoridades la expropiación de 19 terrenos de esta parroquia, los cuales a su juicio, se encuentran en "estado de ocio y abandono".
Ya en 2010 la Comuna había realizado la misma solicitud, pues los terrenos serán utilizados para los proyectos que se realizarían con los recursos que aprobó el fallecido presidente Hugo Chávez para dicha instancia en el año 2010, Bs. 10 millones, que hasta la fecha no han sido otorgados.
"Planeamos construir viviendas, hacer dos desarrollos turísticos y tres empresas socioproductivas. Estos proyectos ya cuentan con el visto bueno de Fundacomunal y serán respaldados con ese aporte presidencial que será retomado", indica la vocera de la comuna, Martha Berroterán, quien aseguró que en esta oportunidad si lograrán recuperar los 400 mil metros de terreno que aspiran.
Entre los terrenos que están en la mira comunal, destaca la franja que ladea el río El Cojo. Allí quieren levantar un complejo deportivo.
Sin embargo, muchos son escépticos. "La Comuna ha sido un gran fracaso. Ellos le piden al gobierno que les expropie terrenos, pero no dicen que quebraron el restaurante La Iguana cuando se los entregaron, o que administran el estacionamiento de El Ceibo y no rinden cuentas y que la bloquera que funcionaba en El Teleférico tampoco pudo seguir. Esto se quedara en anuncio" comenta Juan Nieves, vecino de Punta Brisas. NNA
El Universal
27-05-2013
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Cuencas de los ríos también están secas esta temporada
Macuto.- Pareciera que la única vía para el desarrollo de proyectos que se maneja en Vargas es el de la expropiación. Dentro de la Comuna Guaicamacuto, cuyo campo de acción es la parroquia Macuto, en asamblea, se aprobó solicitar a las autoridades la expropiación de 19 terrenos de esta parroquia, los cuales a su juicio, se encuentran en "estado de ocio y abandono".
Ya en 2010 la Comuna había realizado la misma solicitud, pues los terrenos serán utilizados para los proyectos que se realizarían con los recursos que aprobó el fallecido presidente Hugo Chávez para dicha instancia en el año 2010, Bs. 10 millones, que hasta la fecha no han sido otorgados.
"Planeamos construir viviendas, hacer dos desarrollos turísticos y tres empresas socioproductivas. Estos proyectos ya cuentan con el visto bueno de Fundacomunal y serán respaldados con ese aporte presidencial que será retomado", indica la vocera de la comuna, Martha Berroterán, quien aseguró que en esta oportunidad si lograrán recuperar los 400 mil metros de terreno que aspiran.
Entre los terrenos que están en la mira comunal, destaca la franja que ladea el río El Cojo. Allí quieren levantar un complejo deportivo.
Sin embargo, muchos son escépticos. "La Comuna ha sido un gran fracaso. Ellos le piden al gobierno que les expropie terrenos, pero no dicen que quebraron el restaurante La Iguana cuando se los entregaron, o que administran el estacionamiento de El Ceibo y no rinden cuentas y que la bloquera que funcionaba en El Teleférico tampoco pudo seguir. Esto se quedara en anuncio" comenta Juan Nieves, vecino de Punta Brisas. NNA
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Denuncian que invasores y gatillos alegres atemorizan al norte de Caracas
La inseguridad se ha convertido en un problema muy grave para los habitantes de parroquias como San Bernardino, Altagracia, Candelaria, El Recreo y San José que ven en una toma ilegal un sinónimo de violencia y caos.
Denuncian que esta semana un grupo de invasores amenazó con un arma de fuego a propietarios y comerciantes del Hotel Nobletón, coaccionándolos a que en los próximos días podrían regresar e intentar entrar a sus locales por la fuerza.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, explicó que las invasiones se han convertido en los mayores focos de violencia y anarquía ocasionando temor y peligro en la ciudadanía que puede perder no solo la propiedad sino su derecho a la vida.
“Las tomas ilegales están asociadas a delitos como el robo, atraco, trafico de drogas y hasta secuestros, chantajeando a los propietarios como ocurrió el pasado miércoles donde 8 motorizados armados amedrentaron a vecinos y comerciantes de la esquina de Puente Yánez de Candelaria, allí está ubicado el Hotel Nobletón que se encuentra parcialmente invadido”, dijo.
Rojas señaló que dentro de estas edificaciones se vive en un mundo parecido al de una cárcel, siendo la ley del más fuerte la que se impone y colocando a las personas que residen en la invasiones en condiciones de vida inhumanas, asimismo en las disputas internas se puede llegar incluso al homicidio.
“Hace 20 días en la entrada de una invasión cerca de la esquina de la Marrón fue asesinado un hombre de dos tiros en la cabeza, esta se suma al homicidio de una mujer que recibió 20 puñaladas dentro de su habitación en otra toma en los Caobos”.
Informó que actualmente se encuentran invadidos 74 edificaciones en todo el norte de la capital, estas son utilizadas como guaridas de maleantes que cuando cometen sus delitos se refugian en estos inmuebles.
“Exigimos al ministro de Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres que despliegue la Policía Nacional Bolivariana en estas zona, ya que consideramos que los militares como puntal del Plan Patria Segura no están preparados para combatir la delincuencia. Estamos sitiados por este problema. Son 37 tomas en El Recreo, 27 en Candelaria y 10 En San Bernardino”, afirmó.
“Balas perdidas tienen angustiada a la ciudadanía”
El luchador social reveló que en las últimas semanas la presencia de personas haciendo disparos al aire de forma indiscriminada e impactos de balas perdidas contra viviendas ha aumentado gravemente, muchos de estos usos ilegales de armas se dan en las invasiones donde actúan con total impunidad.
“Todavía estamos esperando que sea promulgada la Ley Desarme, que no quede solo en el papel y sea aplicada para sacar de las calle estos objetos que cada día enlutan a miles de familias venezolanas”.
En relación con esto Bárbara Salas, vecina de Candelaria, relató como a comienzos este martes al llegar a su vivienda ubicada en la esquina de Peligro encontró a su poodle con un impacto de bala cuando esta se asomaba al balcón del apartamento.
“Eso puedo haberle ocurrido a un ser humano, pero no por ser un perro carece de importancia, la violencia ya no respeta el interior de la viviendas mi mascota se encuentra muy grave y este es solo un ejemplo de lo que puede producir un arma utilizada de forma indebida”, acentuó.
“La presión popular es nuestra defensa contra este caos”
Carlos Rojas reveló que luego de constantes denuncias y protestas lograron hace pocos días el desalojo de una peluquería en la esquina de Venus, que estaba invadida desde hace más de año.
“Gracias a las presión comunitaria conseguimos que los cuerpos de seguridad del estado actuarán para restablecer el orden y devolverle la propiedad a su legitima dueña. Esto es un triunfo del verdadero poder popular”.
http://vanguardiaonline24
27-05-2013
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Denuncian que esta semana un grupo de invasores amenazó con un arma de fuego a propietarios y comerciantes del Hotel Nobletón, coaccionándolos a que en los próximos días podrían regresar e intentar entrar a sus locales por la fuerza.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, explicó que las invasiones se han convertido en los mayores focos de violencia y anarquía ocasionando temor y peligro en la ciudadanía que puede perder no solo la propiedad sino su derecho a la vida.
“Las tomas ilegales están asociadas a delitos como el robo, atraco, trafico de drogas y hasta secuestros, chantajeando a los propietarios como ocurrió el pasado miércoles donde 8 motorizados armados amedrentaron a vecinos y comerciantes de la esquina de Puente Yánez de Candelaria, allí está ubicado el Hotel Nobletón que se encuentra parcialmente invadido”, dijo.
Rojas señaló que dentro de estas edificaciones se vive en un mundo parecido al de una cárcel, siendo la ley del más fuerte la que se impone y colocando a las personas que residen en la invasiones en condiciones de vida inhumanas, asimismo en las disputas internas se puede llegar incluso al homicidio.
“Hace 20 días en la entrada de una invasión cerca de la esquina de la Marrón fue asesinado un hombre de dos tiros en la cabeza, esta se suma al homicidio de una mujer que recibió 20 puñaladas dentro de su habitación en otra toma en los Caobos”.
Informó que actualmente se encuentran invadidos 74 edificaciones en todo el norte de la capital, estas son utilizadas como guaridas de maleantes que cuando cometen sus delitos se refugian en estos inmuebles.
“Exigimos al ministro de Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres que despliegue la Policía Nacional Bolivariana en estas zona, ya que consideramos que los militares como puntal del Plan Patria Segura no están preparados para combatir la delincuencia. Estamos sitiados por este problema. Son 37 tomas en El Recreo, 27 en Candelaria y 10 En San Bernardino”, afirmó.
“Balas perdidas tienen angustiada a la ciudadanía”
El luchador social reveló que en las últimas semanas la presencia de personas haciendo disparos al aire de forma indiscriminada e impactos de balas perdidas contra viviendas ha aumentado gravemente, muchos de estos usos ilegales de armas se dan en las invasiones donde actúan con total impunidad.
“Todavía estamos esperando que sea promulgada la Ley Desarme, que no quede solo en el papel y sea aplicada para sacar de las calle estos objetos que cada día enlutan a miles de familias venezolanas”.
En relación con esto Bárbara Salas, vecina de Candelaria, relató como a comienzos este martes al llegar a su vivienda ubicada en la esquina de Peligro encontró a su poodle con un impacto de bala cuando esta se asomaba al balcón del apartamento.
“Eso puedo haberle ocurrido a un ser humano, pero no por ser un perro carece de importancia, la violencia ya no respeta el interior de la viviendas mi mascota se encuentra muy grave y este es solo un ejemplo de lo que puede producir un arma utilizada de forma indebida”, acentuó.
“La presión popular es nuestra defensa contra este caos”
Carlos Rojas reveló que luego de constantes denuncias y protestas lograron hace pocos días el desalojo de una peluquería en la esquina de Venus, que estaba invadida desde hace más de año.
“Gracias a las presión comunitaria conseguimos que los cuerpos de seguridad del estado actuarán para restablecer el orden y devolverle la propiedad a su legitima dueña. Esto es un triunfo del verdadero poder popular”.
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27-05-2013
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Familias ocupan terreno en el este de Barquisimeto
Escrito por IML
Una situación irregular se presentó este domingo en unos terrenos de propiedad privada, ubicados en el este de Barquisimeto. Un grupo de familias sin techo decidieron ingresar al espacio ubicado en las cercanías de un mercado popular para instalar sus viviendas.
De acuerdo con información recabada a través de las redes sociales, este domingo cerca de 60 familias llegaron al terreno de la urbanización Parque Residencial Las Trinitarias con la intención de instalarse en la zona. Cargando con los materiales para la construcción de ranchos ingresaron al lugar, donde esperan una solución habitacional por parte del Gobierno nacional.
En el lugar se presentaron funcionarios de la Guardia Nacional para conversar con los ocupantes.
El Impulso
26-05-2013
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En el lugar se presentaron funcionarios de la Guardia Nacional para conversar con los ocupantes.
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Gobierno tiene pendiente entrega de 385.800 títulos de propiedad
Misión Vivienda, avenida Libertador / Ernesto Morgado
Existen trabas legales para generar el documento, de acuerdo con expertos en materia inmobiliaria
NICOLLE YAPUR
La Gran Misión Vivienda Venezuela ha construido desde su creación, en marzo de 2011, 385.853 viviendas, según cifras oficiales. Desde entonces, ninguna ha sido cancelada. En recientes declaraciones, el presidente Nicolás Maduro instó a los beneficiarios a empezar a pagar las unidades, incluso a través de “aportes simbólicos de 100, 200 bolívares”.
Para los expertos, el retraso en el cobro de este aporte reside en que el Gobierno no ha entregado a los adjudicatarios un documento de propiedad. “El Estado tiene más de 300.000 títulos pendientes. Es difícil imaginar lo que significa ingresarlos todos en el registro público”, expresó Alfredo Cilento, investigador del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción.
Roberto Orta Martínez, abogado especialista en temas inmobiliarios, explicó que para emitir títulos de propiedad es necesario el registro de un documento de condominio, que de acuerdo con la Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda, equivale al papel de propiedad multifamiliar.
Orta Martínez señaló que en su experiencia, hasta los momentos, no ha visto ninguno registrado. “Hay mucha improvisación”, comentó. Adicionalmente, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, señaló que el registro del título de propiedad debe venir acompañado de un documento de finalización de obra. “Sabemos que muchas de las viviendas que han entregado no están listas”, manifestó.
Existe otro obstáculo adicional: muchas de las unidades habitacionales fueron edificadas en terrenos expropiados, como los que ocupaban algunos estacionamientos de Caracas, los cuales no han sido pagados a sus antiguos dueños. “El Gobierno no ha culminado el proceso de expropiación y los propietarios no han sido indemnizados, por lo que mal puede dar documentos de propiedad sobre una propiedad que no es del Estado”, indicó.
Desconocimiento. Maduro acotó que al pueblo venezolano “no le gusta lo regalado” y el pago de estas viviendas significaba garantizar la continuidad del programa. Para ello, anunció la conformación del Fondo Central de Vivienda, cuyo funcionamiento no ha sido publicado en Gaceta Oficial.
Fuentes del Banco Nacional de Vivienda indicaron que los detalles sobre el fondo, como el mecanismo de cobro, los montos y las condiciones, aún no han sido definidos.
En el documento de adjudicación entregado a los habitantes de los edificios de la Gran Misión Vivienda sólo se les indica que el cobro de las cuotas iniciará cuando sea anunciado por las autoridades pertinentes, a través del instituto rector –que puede variar- y en condiciones que serán determinadas posteriormente.
Martini recordó que una de las críticas que el Gobierno hizo a los contratos inmobiliarios, y que inspiró la Ley de Estafa Inmobiliaria, era que se trataba de documentos perjudiciales para el comprador. “¿Qué más perjudicial que un contrato en el que las personas no saben ni el monto ni las condiciones en las que van a cancelar?”, expresó.
Queda por determinar también el tema de los subsidios. Según la normativa vigente los subsidios de 100% son temporales y tienen una duración de dos años. Sin embargo, el presidente Maduro afirmó en que los refugiados no pagarán por sus viviendas.
Los damnificados que viven en Ciudad Tiuna desde diciembre de 2012 no han realizado ningún tipo de pago. Poseen un documento de adjudicación, al que se refieren como título de propiedad. “Nosotros no hemos pagado nada estos meses, pero sabemos que tenemos que hacerlo. Yo estoy de acuerdo con pagar, no nos han cobrando ni luz ni agua”, señaló una beneficiaria. Los residentes esperan que el cobro se realice de acuerdo con la capacidad de pago de las personas.
A los beneficiarios más recientes no les han entregado ni siquiera el documento de adjudicación. Pedro Salas, residente de un edificio de la Misión Vivienda en Montalbán, indicó que está dispuesto a dar una contribución mensual por la vivienda que acaba de recibir, apenas el 9 de mayo.
“Estamos de acuerdo con el pago, pero también estamos esperando que nos ayuden porque hay muchos desempleados”, manifestó. Acotó que a ninguno de los residentes les han informado dónde tienen que cancelar ni de cuánto serán las cuotas.
Un informe elaborado por Transparencia Venezuela sobre la Misión Vivienda señala que en ninguna de las viviendas se ha entregado título de propiedad. “Nos preocupa particularmente que los beneficiarios tienen muy poca información sobre el uso, venta, alquiler, gestión de espacios comunes, pago de condominios y otras acciones derivadas de la propiedad”, según el texto.
Trámite costoso. Cilento teme que el costo operativo de cobrar a los beneficiarios por las viviendas sea más elevado que el aporte como tal. Explicó que para realizar el trámite el Gobierno debe disponer de funcionarios y materiales, e incluso infraestructura, que requieren un gasto adicional dentro del programa.
Esta situación, según Cilento, ya se ha presentado en el pasado. Recordó que la inflación de los años 70 diluyó el valor de los aportes del Instituto Nacional de Vivienda, y el costo del cobro superó el monto de la recaudación.
Propiedad multifamiliar. Los inmuebles otorgados a través de la Gran Misión Vivienda están sometidos al régimen de propiedad multifamiliar, que establece el derecho de las unidades familiares sobre el terreno, inmuebles y las áreas de uso y disfrute común.
La Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda establece que el documento de propiedad familiar es similar a un documento de condominio, que establece cuáles son las áreas de uso común y cuáles son los apartamentos susceptibles a enajenación separada.
El artículo 20 dicta que el documento de propiedad familiar de cada una de las casas, apartamentos y otros inmuebles debe ser protocolizado ante la oficina de registro correspondiente. Añade que el ministerio con competencia en materia de registros y notarías deberá dictar todas las normas especiales para adecuarse de inmediato a los términos de la legislación.
El abogado Roberto Orta Martínez la Ley señaló que los beneficiarios no pueden vender ni alquilar la propiedad.
Las Cifras 80% es el subsidio habitacional para una persona que gane un salario mínimo. A las personas que devenguen el equivalente a dos sueldos mínimos, se les subsidiará 54% del costo de la vivienda. Para aquellos que perciban 3 salarios, el aporte será de 28,3%
El Nacional
27 -05-2013
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Existen trabas legales para generar el documento, de acuerdo con expertos en materia inmobiliaria
NICOLLE YAPUR
La Gran Misión Vivienda Venezuela ha construido desde su creación, en marzo de 2011, 385.853 viviendas, según cifras oficiales. Desde entonces, ninguna ha sido cancelada. En recientes declaraciones, el presidente Nicolás Maduro instó a los beneficiarios a empezar a pagar las unidades, incluso a través de “aportes simbólicos de 100, 200 bolívares”.
Para los expertos, el retraso en el cobro de este aporte reside en que el Gobierno no ha entregado a los adjudicatarios un documento de propiedad. “El Estado tiene más de 300.000 títulos pendientes. Es difícil imaginar lo que significa ingresarlos todos en el registro público”, expresó Alfredo Cilento, investigador del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción.
Roberto Orta Martínez, abogado especialista en temas inmobiliarios, explicó que para emitir títulos de propiedad es necesario el registro de un documento de condominio, que de acuerdo con la Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda, equivale al papel de propiedad multifamiliar.
Orta Martínez señaló que en su experiencia, hasta los momentos, no ha visto ninguno registrado. “Hay mucha improvisación”, comentó. Adicionalmente, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, señaló que el registro del título de propiedad debe venir acompañado de un documento de finalización de obra. “Sabemos que muchas de las viviendas que han entregado no están listas”, manifestó.
Existe otro obstáculo adicional: muchas de las unidades habitacionales fueron edificadas en terrenos expropiados, como los que ocupaban algunos estacionamientos de Caracas, los cuales no han sido pagados a sus antiguos dueños. “El Gobierno no ha culminado el proceso de expropiación y los propietarios no han sido indemnizados, por lo que mal puede dar documentos de propiedad sobre una propiedad que no es del Estado”, indicó.
Desconocimiento. Maduro acotó que al pueblo venezolano “no le gusta lo regalado” y el pago de estas viviendas significaba garantizar la continuidad del programa. Para ello, anunció la conformación del Fondo Central de Vivienda, cuyo funcionamiento no ha sido publicado en Gaceta Oficial.
Fuentes del Banco Nacional de Vivienda indicaron que los detalles sobre el fondo, como el mecanismo de cobro, los montos y las condiciones, aún no han sido definidos.
En el documento de adjudicación entregado a los habitantes de los edificios de la Gran Misión Vivienda sólo se les indica que el cobro de las cuotas iniciará cuando sea anunciado por las autoridades pertinentes, a través del instituto rector –que puede variar- y en condiciones que serán determinadas posteriormente.
Martini recordó que una de las críticas que el Gobierno hizo a los contratos inmobiliarios, y que inspiró la Ley de Estafa Inmobiliaria, era que se trataba de documentos perjudiciales para el comprador. “¿Qué más perjudicial que un contrato en el que las personas no saben ni el monto ni las condiciones en las que van a cancelar?”, expresó.
Queda por determinar también el tema de los subsidios. Según la normativa vigente los subsidios de 100% son temporales y tienen una duración de dos años. Sin embargo, el presidente Maduro afirmó en que los refugiados no pagarán por sus viviendas.
Los damnificados que viven en Ciudad Tiuna desde diciembre de 2012 no han realizado ningún tipo de pago. Poseen un documento de adjudicación, al que se refieren como título de propiedad. “Nosotros no hemos pagado nada estos meses, pero sabemos que tenemos que hacerlo. Yo estoy de acuerdo con pagar, no nos han cobrando ni luz ni agua”, señaló una beneficiaria. Los residentes esperan que el cobro se realice de acuerdo con la capacidad de pago de las personas.
A los beneficiarios más recientes no les han entregado ni siquiera el documento de adjudicación. Pedro Salas, residente de un edificio de la Misión Vivienda en Montalbán, indicó que está dispuesto a dar una contribución mensual por la vivienda que acaba de recibir, apenas el 9 de mayo.
“Estamos de acuerdo con el pago, pero también estamos esperando que nos ayuden porque hay muchos desempleados”, manifestó. Acotó que a ninguno de los residentes les han informado dónde tienen que cancelar ni de cuánto serán las cuotas.
Un informe elaborado por Transparencia Venezuela sobre la Misión Vivienda señala que en ninguna de las viviendas se ha entregado título de propiedad. “Nos preocupa particularmente que los beneficiarios tienen muy poca información sobre el uso, venta, alquiler, gestión de espacios comunes, pago de condominios y otras acciones derivadas de la propiedad”, según el texto.
Trámite costoso. Cilento teme que el costo operativo de cobrar a los beneficiarios por las viviendas sea más elevado que el aporte como tal. Explicó que para realizar el trámite el Gobierno debe disponer de funcionarios y materiales, e incluso infraestructura, que requieren un gasto adicional dentro del programa.
Esta situación, según Cilento, ya se ha presentado en el pasado. Recordó que la inflación de los años 70 diluyó el valor de los aportes del Instituto Nacional de Vivienda, y el costo del cobro superó el monto de la recaudación.
Propiedad multifamiliar. Los inmuebles otorgados a través de la Gran Misión Vivienda están sometidos al régimen de propiedad multifamiliar, que establece el derecho de las unidades familiares sobre el terreno, inmuebles y las áreas de uso y disfrute común.
La Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda establece que el documento de propiedad familiar es similar a un documento de condominio, que establece cuáles son las áreas de uso común y cuáles son los apartamentos susceptibles a enajenación separada.
El artículo 20 dicta que el documento de propiedad familiar de cada una de las casas, apartamentos y otros inmuebles debe ser protocolizado ante la oficina de registro correspondiente. Añade que el ministerio con competencia en materia de registros y notarías deberá dictar todas las normas especiales para adecuarse de inmediato a los términos de la legislación.
El abogado Roberto Orta Martínez la Ley señaló que los beneficiarios no pueden vender ni alquilar la propiedad.
Las Cifras 80% es el subsidio habitacional para una persona que gane un salario mínimo. A las personas que devenguen el equivalente a dos sueldos mínimos, se les subsidiará 54% del costo de la vivienda. Para aquellos que perciban 3 salarios, el aporte será de 28,3%
El Nacional
27 -05-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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