Para el ministro de la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria "pondrá orden en el tema del desarrollo inmobiliario privado".
Resaltó la necesidad de este marco legal, pues "las constructoras privadas que cometieron fraude en contra de más de 24 mil familias, no dieron ningún tipo de respuesta", por lo que el Gobierno Nacional tuvo que hacerse cargo y culminar las obras.
La Ley Contra la Estafa Inmobiliaria está vigente desde el 30 de abril de 2012 y tiene como objetivo fundamental: "Establecer un conjunto de normas dirigidas a regular, controlar y sancionar la construcción, venta, preventa, permisología y protocolización de viviendas(...)".
"Antes las empresas engañaban a los compradores exigiéndoles cuotas extraordinarias que no estaban previstas en el contrato de compraventa", dijo a AVN el ministro Molina.
El Universal
04-05-2012
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Lic. Henry Medina
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martes, 8 de mayo de 2012
Aquiles Martini Pietri: “Ley Contra Estafa Inmobiliaria aleja aun más solución a la crisis de viviendas del país”
“¿Será que se le abrirán procedimientos a aquellos personeros del Gobierno que a través de la Gran Misión Vivienda han entregado unidades sin las habitabilidades y los servicios públicos respectivos?”
"¿Quién va a construir en Venezuela?", expresó con preocupación el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, en referencia a la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, que fue publicada en Gaceta Oficial Nº 39.912. Agregó que ese texto fue redactado con fines políticos y que perjudica la creación de nuevas viviendas.
Martini Pietri señaló que se genera una mayor centralización y burocracia porque la Ley crea la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Viviendas y Hábitat, que ejercerá todo lo concerniente a la regulación, permisería y control, que hasta ahora ejercen las ingenierías municipales y los entes descentralizados. Inclusive, la Dirección llega a los extremos de determinar los ilícitos y las sanciones, aún por encima de los tribunales de la República, recalcó.
La Ley establece el precio fijo de un proceso que no puede durar más de 24 meses, obviando la realidad que existe en términos de inflación y en escases de materiales para los promotores y constructores del sector privado. “Pretender que todos los urbanismos y construcciones del país, sin discriminar su tamaño, se van a realizar en menos de 24 meses obviando, entre otras cosas, la escases de materia prima que existe, hace de este compromiso algo difícil de alcanzar”, manifestó.
Lo punitivo de la Ley se ve cuando, ante un escenario complicado para el desarrollo inmobiliario, se castiga a los promotores imponiéndoles una multa de 2 Unidades Tributarias y la obligación de pagar el alquiler de su cliente por cada día de retraso en la entrega de la obra. El presidente de la Cámara mostró su preocupación por la discrecionalidad para valorar el hecho de la estafa inmobiliaria y destacó como grave que en caso de paralización del proyecto se prevé la intervención del mismo y su ocupación.
Martini Pietri comentó que con la normativa se crea un régimen especial distinto al previsto en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, lo que resulta inconstitucional y conlleva interferencias en el régimen municipal.
También se creará, a partir de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, un registro nacional de constructoras, contratistas, productoras, y promotores, que se verán sometidos a su vez a una normativa específica, aclaró.
Si bien no se niega la necesidad de regular las faltas que pudiesen cometer las personas, ya sean desarrolladores o compradores, la creación de una Ley que esté enfocada en criminalizar el trabajo de la promoción de viviendas reduce la iniciativa privada, que es parte fundamental de la solución a los problemas habitacionales del país, expresó.
Martini Pietri, estando de acuerdo con el artículo 42, donde se prevé las responsabilidades civiles, penales y administrativas a los funcionarios y/o funcionarias públicas que autoricen las ocupaciones de los urbanismos sin el otorgamiento de las habitabilidades respectivas, se pregunta: “¿Será que se le abrirán procedimientos a aquellos personeros del Gobierno que a través de la Gran Misión Vivienda han entregado unidades sin las habitabilidades y los servicios públicos respectivos?”.
Reflexionó que si el objetivo es estimular al sector privado para el desarrollo de más viviendas a fin de subsanar el problema del déficit habitacional de más de 2 millones 700 mil unidades, esta nueva Ley tampoco es la respuesta adecuada, por lo que cabe pensar que se busca eliminar la promoción inmobiliaria, afectando igualmente la propiedad privada de los venezolanos.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela, en consonancia con la labor que ha realizado todos estos años, denuncia que la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria no sólo perjudica al aparato productivo, sino que afecta a los millones de personas de escasos recursos que están a la espera de una vivienda digna. En este sentido, el gremio seguirá levantando su voz a un marco legal punitivo e injusto, y se reserva todas las acciones que los medios democráticos le permitan.
Camara Inmobiliaria
03-05-12
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"¿Quién va a construir en Venezuela?", expresó con preocupación el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, en referencia a la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, que fue publicada en Gaceta Oficial Nº 39.912. Agregó que ese texto fue redactado con fines políticos y que perjudica la creación de nuevas viviendas.
Martini Pietri señaló que se genera una mayor centralización y burocracia porque la Ley crea la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Viviendas y Hábitat, que ejercerá todo lo concerniente a la regulación, permisería y control, que hasta ahora ejercen las ingenierías municipales y los entes descentralizados. Inclusive, la Dirección llega a los extremos de determinar los ilícitos y las sanciones, aún por encima de los tribunales de la República, recalcó.
La Ley establece el precio fijo de un proceso que no puede durar más de 24 meses, obviando la realidad que existe en términos de inflación y en escases de materiales para los promotores y constructores del sector privado. “Pretender que todos los urbanismos y construcciones del país, sin discriminar su tamaño, se van a realizar en menos de 24 meses obviando, entre otras cosas, la escases de materia prima que existe, hace de este compromiso algo difícil de alcanzar”, manifestó.
Lo punitivo de la Ley se ve cuando, ante un escenario complicado para el desarrollo inmobiliario, se castiga a los promotores imponiéndoles una multa de 2 Unidades Tributarias y la obligación de pagar el alquiler de su cliente por cada día de retraso en la entrega de la obra. El presidente de la Cámara mostró su preocupación por la discrecionalidad para valorar el hecho de la estafa inmobiliaria y destacó como grave que en caso de paralización del proyecto se prevé la intervención del mismo y su ocupación.
Martini Pietri comentó que con la normativa se crea un régimen especial distinto al previsto en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, lo que resulta inconstitucional y conlleva interferencias en el régimen municipal.
También se creará, a partir de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, un registro nacional de constructoras, contratistas, productoras, y promotores, que se verán sometidos a su vez a una normativa específica, aclaró.
Si bien no se niega la necesidad de regular las faltas que pudiesen cometer las personas, ya sean desarrolladores o compradores, la creación de una Ley que esté enfocada en criminalizar el trabajo de la promoción de viviendas reduce la iniciativa privada, que es parte fundamental de la solución a los problemas habitacionales del país, expresó.
Martini Pietri, estando de acuerdo con el artículo 42, donde se prevé las responsabilidades civiles, penales y administrativas a los funcionarios y/o funcionarias públicas que autoricen las ocupaciones de los urbanismos sin el otorgamiento de las habitabilidades respectivas, se pregunta: “¿Será que se le abrirán procedimientos a aquellos personeros del Gobierno que a través de la Gran Misión Vivienda han entregado unidades sin las habitabilidades y los servicios públicos respectivos?”.
Reflexionó que si el objetivo es estimular al sector privado para el desarrollo de más viviendas a fin de subsanar el problema del déficit habitacional de más de 2 millones 700 mil unidades, esta nueva Ley tampoco es la respuesta adecuada, por lo que cabe pensar que se busca eliminar la promoción inmobiliaria, afectando igualmente la propiedad privada de los venezolanos.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela, en consonancia con la labor que ha realizado todos estos años, denuncia que la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria no sólo perjudica al aparato productivo, sino que afecta a los millones de personas de escasos recursos que están a la espera de una vivienda digna. En este sentido, el gremio seguirá levantando su voz a un marco legal punitivo e injusto, y se reserva todas las acciones que los medios democráticos le permitan.
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Franquiciados en el limbo con la eliminación de la tercerización
Aseguran que las cooperativas tienen grandes oportunidades con la nueva LOT (Créditos: SXC)
Mariana Martínez Rodríguez.- Las empresas tienen tres años para eliminar la figura de la tercerización a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica del Trabajo.
En este caso las franquicias o franquiciados quedan en el limbo. Se desconoce si el Ejecutivo las va a prohibir en las áreas medulares.
Fuentes de las empresas que usan intensamente esa figura aseguraron que estas personas se convierten en empresa, a su vez les pagan a subalternos, manejan rutas y dinero propio para ejecutar las actividades.
Tanto esta figura de "franquicias" como las "cooperativas" se han convertido en pequeñas empresas que prestan un servicio.
En un foro en el Iesa sobre los cambios en la legislación laboral, Federico López, relacionista industrial, alerta que estas figuras también pueden encubrir una relación laboral de dependencia.
Sin embargo, considera que en el caso de las cooperativas, que gozan de una legislación particular, pueden ser una oportunidad de constituir negocios bien establecidos para favorecer a un grupo de trabajadores.
"Si las cooperativas son para evadir derechos u obligaciones legales, es mejor que no lo hagan. Pero si son para mejorar derechos entonces está bien".
El experto considera que se trata de una figura legal siempre y cuando no sea algo fraudulento.
El problema está en que según expertos "la gran mayoría de las cooperativas son fraudulentas, solo 10% de las que se constituyeron permanecen activas".
El dirigente sindical Froilán Barrios explicó que los tercerizados no pueden ser removidos por las empresas. Pues en todo caso es la contratista la que puede salir de estos trabajadores. Pero recuerda que la nueva ley ordena la total absorción de estos.
Los expertos desconocen a partir de qué momento entrará en vigencia la ley, pero no descartan que en la Gaceta Oficial se diga que aplica a partir del 1° de mayo.
Qué dice la nueva legislación
La Ley Orgánica del Trabajo modificada por la vía Habilitante establece en su artículo 47 que "no habrá más simulaciones de la relación laboral".
Asimismo, en su artículo 48 ordena la desaparición de las empresas intermediarias, que contratan y pagan el salario cuando realmente el trabajador labora para otro patrono.
El artículo elimina las empresas que están dentro de otras empresas haciendo lo mismo pero con trabajadores divididos: a unos les pagan unos beneficios y a otros no les pagan nada porque son de las contratistas.
También hace referencia a las empresas "inventadas por los patronos", que según señala, son empresas de maletín de los mismos dueños, pero donde contratan a trabajadores para decir que no tienen nada que ver con ellos.
El artículo 49 establece la prohibición de poner a los trabajadores a firmar contratos mercantiles para decir que no es una relación laboral, sino una relación comercial.
Este mismo apartado dice que solo se permitirán empresas contratistas "de verdad", que según la ley son aquellas que hacen trabajos eventuales, de construcción, de reparaciones, que no están hechas para simular la relación laboral.
La ley da tres años para legalizar estos contratos y eliminar estas figuras.
Informar a los trabajadores
En el foro del Iesa una de las recomendaciones dadas a las empresas es que estudien la ley y bajen más información al trabajador sobre los cambios hechos, de manera que todos la manejen y se eviten focos de dudas.
En materia de jornada y prestaciones aún hay muchas dudas.
El Mundo
04-05-2012
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Mariana Martínez Rodríguez.- Las empresas tienen tres años para eliminar la figura de la tercerización a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica del Trabajo.
En este caso las franquicias o franquiciados quedan en el limbo. Se desconoce si el Ejecutivo las va a prohibir en las áreas medulares.
Fuentes de las empresas que usan intensamente esa figura aseguraron que estas personas se convierten en empresa, a su vez les pagan a subalternos, manejan rutas y dinero propio para ejecutar las actividades.
Tanto esta figura de "franquicias" como las "cooperativas" se han convertido en pequeñas empresas que prestan un servicio.
En un foro en el Iesa sobre los cambios en la legislación laboral, Federico López, relacionista industrial, alerta que estas figuras también pueden encubrir una relación laboral de dependencia.
Sin embargo, considera que en el caso de las cooperativas, que gozan de una legislación particular, pueden ser una oportunidad de constituir negocios bien establecidos para favorecer a un grupo de trabajadores.
"Si las cooperativas son para evadir derechos u obligaciones legales, es mejor que no lo hagan. Pero si son para mejorar derechos entonces está bien".
El experto considera que se trata de una figura legal siempre y cuando no sea algo fraudulento.
El problema está en que según expertos "la gran mayoría de las cooperativas son fraudulentas, solo 10% de las que se constituyeron permanecen activas".
El dirigente sindical Froilán Barrios explicó que los tercerizados no pueden ser removidos por las empresas. Pues en todo caso es la contratista la que puede salir de estos trabajadores. Pero recuerda que la nueva ley ordena la total absorción de estos.
Los expertos desconocen a partir de qué momento entrará en vigencia la ley, pero no descartan que en la Gaceta Oficial se diga que aplica a partir del 1° de mayo.
Qué dice la nueva legislación
La Ley Orgánica del Trabajo modificada por la vía Habilitante establece en su artículo 47 que "no habrá más simulaciones de la relación laboral".
Asimismo, en su artículo 48 ordena la desaparición de las empresas intermediarias, que contratan y pagan el salario cuando realmente el trabajador labora para otro patrono.
El artículo elimina las empresas que están dentro de otras empresas haciendo lo mismo pero con trabajadores divididos: a unos les pagan unos beneficios y a otros no les pagan nada porque son de las contratistas.
También hace referencia a las empresas "inventadas por los patronos", que según señala, son empresas de maletín de los mismos dueños, pero donde contratan a trabajadores para decir que no tienen nada que ver con ellos.
El artículo 49 establece la prohibición de poner a los trabajadores a firmar contratos mercantiles para decir que no es una relación laboral, sino una relación comercial.
Este mismo apartado dice que solo se permitirán empresas contratistas "de verdad", que según la ley son aquellas que hacen trabajos eventuales, de construcción, de reparaciones, que no están hechas para simular la relación laboral.
La ley da tres años para legalizar estos contratos y eliminar estas figuras.
Informar a los trabajadores
En el foro del Iesa una de las recomendaciones dadas a las empresas es que estudien la ley y bajen más información al trabajador sobre los cambios hechos, de manera que todos la manejen y se eviten focos de dudas.
En materia de jornada y prestaciones aún hay muchas dudas.
El Mundo
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Cámara de la Construcción estima más contracción en el sector privado
VIDEO: Cámara de la Construcción estima más contracción en el sector privado
Cámara de la construcción pide más apoyo al Ejecutivo
Emen.- La Cámara de la Construcción estima una mayor contracción del sector privado del sector que la registrada en 2011.
Gilbert Dao, presidente del gremio, aseguró que el sector privado de la construcción construirá menos de las 50.000 viviendas que edificó al final del año pasado, producto básicamente de la “incertidumbre jurídica” de los constructores y los compradores.
“Produciremos menos cada vez menos viviendas”, afirmó el dirigente gremial en el programa El Mundo Economía y Negocios que se trasmitió este domingo en Globovisión.
En cuanto al comportamiento del sector durante el primer trimestre del año, Dao dijo que la situación es “prácticamente la misma” que en otros periodos anteriores: “mientras el sector privado sigue construyendo menos, el gobierno sigue haciendo esfuerzos importantes”.
Aseguró que esos “esfuerzos” del gobierno son insuficientes para una economía que requiere inversiones en infraestructura y vialidad por el orden de los 20.000 millones de dólares.
“El gobierno no tiene ni tendrá la capacidad para llegar a ese crecimiento sin el apoyo del sector privado”, añadió.
Dao también aseguró que existen más proyectos de construcción privados con todos los permisos legales en las alcaldías, pero menos iniciados que en años anteriores. “Del total de proyectos, el 30% están ‘permisados’ pero no iniciados”, añadió.
El dirigente gremial se lamentó que el sector de la construcción ha sido la punta de lanza en las economías de otros países latinoamericanos, como en Panamá o Colombia, con crecimientos de 8% y 7% del PIB. "En Venezuela representa el 2% del PIB, según el Banco Central de Venezuela", agregó.
El Mundo
29-04-2012
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Cámara de la construcción pide más apoyo al Ejecutivo
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Gilbert Dao, presidente del gremio, aseguró que el sector privado de la construcción construirá menos de las 50.000 viviendas que edificó al final del año pasado, producto básicamente de la “incertidumbre jurídica” de los constructores y los compradores.
“Produciremos menos cada vez menos viviendas”, afirmó el dirigente gremial en el programa El Mundo Economía y Negocios que se trasmitió este domingo en Globovisión.
En cuanto al comportamiento del sector durante el primer trimestre del año, Dao dijo que la situación es “prácticamente la misma” que en otros periodos anteriores: “mientras el sector privado sigue construyendo menos, el gobierno sigue haciendo esfuerzos importantes”.
Aseguró que esos “esfuerzos” del gobierno son insuficientes para una economía que requiere inversiones en infraestructura y vialidad por el orden de los 20.000 millones de dólares.
“El gobierno no tiene ni tendrá la capacidad para llegar a ese crecimiento sin el apoyo del sector privado”, añadió.
Dao también aseguró que existen más proyectos de construcción privados con todos los permisos legales en las alcaldías, pero menos iniciados que en años anteriores. “Del total de proyectos, el 30% están ‘permisados’ pero no iniciados”, añadió.
El dirigente gremial se lamentó que el sector de la construcción ha sido la punta de lanza en las economías de otros países latinoamericanos, como en Panamá o Colombia, con crecimientos de 8% y 7% del PIB. "En Venezuela representa el 2% del PIB, según el Banco Central de Venezuela", agregó.
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"Ley Contra Estafa Inmobiliaria aleja aun más solución a la crisis de viviendas del país"
"¿Será que se le abrirán procedimientos a aquellos personeros del Gobierno que a través de la Gran Misión Vivienda han entregado unidades sin las habitabilidades y los servicios públicos respectivos?"
"¿Quién va a construir en Venezuela?", expresó con preocupación el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, en referencia a la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, que fue publicada en Gaceta Oficial Nº 39.912. Agregó que ese texto fue redactado con fines políticos y que perjudica la creación de nuevas viviendas.
Martini Pietri señaló que se genera una mayor centralización y burocracia porque la Ley crea la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Viviendas y Hábitat, que ejercerá todo lo concerniente a la regulación, permisería y control, que hasta ahora ejercen las ingenierías municipales y los entes descentralizados.
Inclusive, la Dirección llega a los extremos de determinar los ilícitos y las sanciones, aún por encima de los tribunales de la República, recalcó.
La Ley establece el precio fijo de un proceso que no puede durar más de 24 meses, obviando la realidad que existe en términos de inflación y en escases de materiales para los promotores y constructores del sector privado. “Pretender que todos los urbanismos y construcciones del país, sin discriminar su tamaño, se van a realizar en menos de 24 meses obviando, entre otras cosas, la escases de materia prima que existe, hace de este compromiso algo difícil de alcanzar”, manifestó.
Lo punitivo de la Ley se ve cuando, ante un escenario complicado para el desarrollo inmobiliario, se castiga a los promotores imponiéndoles una multa de 2 Unidades Tributarias y la obligación de pagar el alquiler de su cliente por cada día de retraso en la entrega de la obra. El presidente de la Cámara mostró su preocupación por la discrecionalidad para valorar el hecho de la estafa inmobiliaria y destacó como grave que en caso de paralización del proyecto se prevé la intervención del mismo y su ocupación.
Martini Pietri comentó que con la normativa se crea un régimen especial distinto al previsto en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, lo que resulta inconstitucional y conlleva interferencias en el régimen municipal.
También se creará, a partir de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, un registro nacional de constructoras, contratistas, productoras, y promotores, que se verán sometidos a su vez a una normativa específica, aclaró.
Si bien no se niega la necesidad de regular las faltas que pudiesen cometer las personas, ya sean desarrolladores o compradores, la creación de una Ley que esté enfocada en criminalizar el trabajo de la promoción de viviendas reduce la iniciativa privada, que es parte fundamental de la solución a los problemas habitacionales del país, expresó.
Martini Pietri, estando de acuerdo con el artículo 42, donde se prevé las responsabilidades civiles, penales y administrativas a los funcionarios y/o funcionarias públicas que autoricen las ocupaciones de los urbanismos sin el otorgamiento de las habitabilidades respectivas, se pregunta: “¿Será que se le abrirán procedimientos a aquellos personeros del Gobierno que a través de la Gran Misión Vivienda han entregado unidades sin las habitabilidades y los servicios públicos respectivos?”.
Reflexionó que si el objetivo es estimular al sector privado para el desarrollo de más viviendas a fin de subsanar el problema del déficit habitacional de más de 2 millones 700 mil unidades, esta nueva Ley tampoco es la respuesta adecuada, por lo que cabe pensar que se busca eliminar la promoción inmobiliaria, afectando igualmente la propiedad privada de los venezolanos.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela, en consonancia con la labor que ha realizado todos estos años, denuncia que la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria no sólo perjudica al aparato productivo, sino que afecta a los millones de personas de escasos recursos que están a la espera de una vivienda digna. En este sentido, el gremio seguirá levantando su voz a un marco legal punitivo e injusto, y se reserva todas las acciones que los medios democráticos le permitan.
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"¿Quién va a construir en Venezuela?", expresó con preocupación el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, en referencia a la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, que fue publicada en Gaceta Oficial Nº 39.912. Agregó que ese texto fue redactado con fines políticos y que perjudica la creación de nuevas viviendas.
Martini Pietri señaló que se genera una mayor centralización y burocracia porque la Ley crea la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Viviendas y Hábitat, que ejercerá todo lo concerniente a la regulación, permisería y control, que hasta ahora ejercen las ingenierías municipales y los entes descentralizados.
Inclusive, la Dirección llega a los extremos de determinar los ilícitos y las sanciones, aún por encima de los tribunales de la República, recalcó.
La Ley establece el precio fijo de un proceso que no puede durar más de 24 meses, obviando la realidad que existe en términos de inflación y en escases de materiales para los promotores y constructores del sector privado. “Pretender que todos los urbanismos y construcciones del país, sin discriminar su tamaño, se van a realizar en menos de 24 meses obviando, entre otras cosas, la escases de materia prima que existe, hace de este compromiso algo difícil de alcanzar”, manifestó.
Lo punitivo de la Ley se ve cuando, ante un escenario complicado para el desarrollo inmobiliario, se castiga a los promotores imponiéndoles una multa de 2 Unidades Tributarias y la obligación de pagar el alquiler de su cliente por cada día de retraso en la entrega de la obra. El presidente de la Cámara mostró su preocupación por la discrecionalidad para valorar el hecho de la estafa inmobiliaria y destacó como grave que en caso de paralización del proyecto se prevé la intervención del mismo y su ocupación.
Martini Pietri comentó que con la normativa se crea un régimen especial distinto al previsto en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, lo que resulta inconstitucional y conlleva interferencias en el régimen municipal.
También se creará, a partir de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, un registro nacional de constructoras, contratistas, productoras, y promotores, que se verán sometidos a su vez a una normativa específica, aclaró.
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La Cámara Inmobiliaria de Venezuela, en consonancia con la labor que ha realizado todos estos años, denuncia que la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria no sólo perjudica al aparato productivo, sino que afecta a los millones de personas de escasos recursos que están a la espera de una vivienda digna. En este sentido, el gremio seguirá levantando su voz a un marco legal punitivo e injusto, y se reserva todas las acciones que los medios democráticos le permitan.
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Sector construcción caerá tras escasez de materiales y nueva ley
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Gilbert Dao, expresó que con la escasez de materiales básicos en la construcción, como cabillas y cemento, y con la nueva Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, muchas empresas no podrán iniciar nuevos proyectos.
La ley establece el pago de multas y alquiler a aquellos constructores que se atrasen por cada día que se demore la entrega de una vivienda, “el constructor indemnizará al comprador con el equivalente a 2 unidades tributarias y además sufragará el arrendamiento mensual que esté pagando el afectado”.
Dao señaló que la cámara ha venido denunciando desde hace meses las escasez de material “los índices de escasez de cabillas y cemento alcanza en algunos casos entre el 70 y el 80 por ciento”.
Igualmente, indicó que el sector de la construcción se siente acorralado con las diversas leyes que se han aprobado recientemente “y ahora se suma la nueva Ley del Trabajo (LOT)".
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03-05-2012
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La ley establece el pago de multas y alquiler a aquellos constructores que se atrasen por cada día que se demore la entrega de una vivienda, “el constructor indemnizará al comprador con el equivalente a 2 unidades tributarias y además sufragará el arrendamiento mensual que esté pagando el afectado”.
Dao señaló que la cámara ha venido denunciando desde hace meses las escasez de material “los índices de escasez de cabillas y cemento alcanza en algunos casos entre el 70 y el 80 por ciento”.
Igualmente, indicó que el sector de la construcción se siente acorralado con las diversas leyes que se han aprobado recientemente “y ahora se suma la nueva Ley del Trabajo (LOT)".
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