En un acto que estará presidido por el presidente del Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat, Mario Isea, hoy se dará apertura a la Unidad de Información de este organismo financiero, ofician que estará ubicada en la sede del Instituto de la Vivienda de Vargas (Iviar) en Macuto.
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27-10-2011
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jueves, 27 de octubre de 2011
"Ley de Arrendamiento elimina la posibilidad de recuperar la propiedad cuando el contrato termina"
apiur.org
La falta de seguridad para el arrendador de recuperar su vivienda una vez que decide disponer del inmueble es una de las características que le preocupa al presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta. "Con esta ley se elimina la posibilidad de recuperar lapropiedad cuando el contraro termina", destacó.
Orta indicó que el proyecto que está en segunda discusión en la Asamblea Nacional, además de regular los precios, le da la potestad al Estado de decirle al dueño en cuánto tiene que vender al inquilino e inhabilita al Poder Judicial.
En cuanto a la aprobación de la expropiación como medida de sanción, Orta señaló que esto se establece para propietarios que sean multados en dos ocasiones o no vendan las propiedades que les obligan a vender.
El Presidente de la asociación criticó que este instrumento no derogue la Ley contra los Desalojos Arbitrarios: "Si hay un propietario cuyo inquilino no le ha pagado, actualmente no puede acudir ante un tribunal. tienen que ir a un acto conciliatorio".
Asimismo, Orta expresó que para la venta de una propiedad debería tomarse en cuenta el valor que le costó al dueño la vivienda y la ubicación de la misma; es decir, su valor con respecto al mercado.
El Presidente de Apiur dijo que seguirán solicitándole al Poder Legislativo reconsiderar la aplicación de este instrumento legal por considerarlo nefasto y capaz de propiciar "una pelea de pobres contra pobres".
Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR)
26-10-2011
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Orta indicó que el proyecto que está en segunda discusión en la Asamblea Nacional, además de regular los precios, le da la potestad al Estado de decirle al dueño en cuánto tiene que vender al inquilino e inhabilita al Poder Judicial.
En cuanto a la aprobación de la expropiación como medida de sanción, Orta señaló que esto se establece para propietarios que sean multados en dos ocasiones o no vendan las propiedades que les obligan a vender.
El Presidente de la asociación criticó que este instrumento no derogue la Ley contra los Desalojos Arbitrarios: "Si hay un propietario cuyo inquilino no le ha pagado, actualmente no puede acudir ante un tribunal. tienen que ir a un acto conciliatorio".
Asimismo, Orta expresó que para la venta de una propiedad debería tomarse en cuenta el valor que le costó al dueño la vivienda y la ubicación de la misma; es decir, su valor con respecto al mercado.
El Presidente de Apiur dijo que seguirán solicitándole al Poder Legislativo reconsiderar la aplicación de este instrumento legal por considerarlo nefasto y capaz de propiciar "una pelea de pobres contra pobres".
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Crean figura del corredor inmobiliario para prevenir los negocios fraudulentos
Elizabeth Morini, Carlos Utrera, presidenta y vicepresidente de la CIT, junto a los demás integrantes de la directiva de la Cámara Inmobiliaria.
Que los clientes cuenten con un corredor inmobiliario certificado y preparado, evitará el riesgo de que sena víctimas de fraude en la compra-venta y alquiles de inmuebles, de allí que una de las propuestas que promoverá la recién juramentada Cámara Inmobiliaria, Capítulo Táchira, será profesionalizar este oficio para garantizar negociaciones justas y equilibradas.
Elizabeth Morini y Carlos Utrera, presidenta y vicepresidente de la organización, respectivamente, señalaron que todos aquellos agentes que se encuentren activos en el negocio inmobiliario, a través de sus propias empresas o del trabajo independiente, y a toda la colectividad regional, clientes o usuarios, constructores, promotores, en fin, todo lo que implique una negociación o relación inmobiliaria, cuentan con una asociación civil, sin fines de lucro, con voz y personalidad jurídica, inscrita en el Registro Público Segundo del municipio San Cristóbal.
Con el aval de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el gremio busca aglutinar a los vendedores y trabajadores de la industria inmobiliaria, repartidos en más de 60 inmobiliarias y cuatro franquicias en la región, a fin de capacitar a los corredores inmobiliarios certificados.
Destacó Morini que, el objetivo más importante a corto plazo es la creación del curso de formación del corredor inmobiliario, avalado por la institución, debido a que "un profesional con esta formación será capaz de mediar entre la oferta y la demanda en negocios inmobiliarios, participando en ambos mediante la ejecución de actos o hechos que permitan materializar el negocio, donde sea capaz de crear el ambiente, establecer el ritmo y marcar el camino a seguir en una negociación".
--- Ahora bien, el corredor inmobiliario debe conocer a profundidad el inmueble que vende; debe tener un extenso conocimiento sobre los aspectos jurídicos de la actividad inmobiliaria; así como desarrollar escenarios financieros que satisfagan los requerimientos de sus clientes; debe conocer la limitación o el potencial de desarrollo del inmueble para establecer un precio y el mercadeo eficaz hasta el 'cierre` del negocio". Si se trata de vender un proyecto completo o gerenciar un condominio, debe crear una atmósfera motivante de crecimiento en el mismo---, explicó.
Código de ética del corredor
Uno de los aspectos que destacan en la conformación de esta organización, es la implementación del Código de Ética del Corredor Inmobiliario, ya que con este instrumento se dará lugar al adecentamiento en el desempeño del negocio, a la legalización de personas que de forma "independiente" ejercen el mismo, sin cumplir con facturaciones y obligaciones tributarias, sin ni siquiera una firma personal registrada, Rif, ni dirección conocida, corriéndose el riesgo del fraude contra los clientes confiados. Y, ante situaciones de este tipo, que se han presentado, se hace preciso legitimarlos de forma activa, precisó Marini.
Subrayó Carlos Utrera que: "Nuestro afán es frenar la tendencia delincuencial en la organización de asociaciones civiles falsas y de personajes de dudosa reputación que se encargan de inventar proyectos urbanísticos fantasmas exigiendo, previamente, altas sumas de dinero para "asegurar" la compra de la propiedad y para ello nosotros como Cámara tendremos la acción de veeduría a fin de alertar sobre la imposibilidad de llevar a cabo esos proyectos que violarían las leyes urbanísticas, ambientales, ecológicas y de viabilidad arquitectónica".
De igual modo, aseguró Utrera que los agremiados tienen la obligación moral y ética de otorgar servicios confiables. "Nuestros agremiados deberán trabajar con seriedad ya que nuestro Código de Ética tiene las directrices para que un corredor se muestre probo, responsable; de lo contrario, nuestro Comité de Ética revisará el caso conforme a la denuncia suficientemente sustentada por parte de usuarios que hayan sido o se sientan lesionados en sus derechos. En ese sentido, se estudiarán, se revisarán y si hay motivos, se sancionará o expulsará al miembro que haya incurrido en error, omisión o mala intención", posteriormente le aplicarán sanciones, según la ley.
Asesoría a la comunidad
Destacaron ambos representantes de la junta directiva que, la Cámara Inmobiliaria del Táchira cuenta con una consultoría jurídica, integrada por varios abogados, quienes asesorarán a la comunidad de forma gratuita en materia registral y notarial, solicitud de créditos hipotecarios, conciencia ecológica y respeto a las leyes ambientales a nivel de los propietarios y constructores de proyectos urbanísticos, condominios, así como aspectos impositivos referidos a vivienda principal u otros bienes inmuebles, entre otros casos.
Aunado a esto, mantendrá comisiones permanentes que trabajarán en áreas legal, financiera, corretaje, administración, ingeniería, asesoría de asuntos municipales, permisología y apoyo a la gestión municipal; además, combatirá la competencia desleal entre sus miembros, ya que al vender inmuebles todos los corredores están en la capacidad de asesorar debidamente al propietario y al comprador con respecto a la naturaleza de la negociación que se emprenderá.
Quienes estén interesados en afiliarse a la Cámara o plantear inquietudes en temas vinculados al sector inmobiliario, pueden visitar las oficinas en el Centro Comercial La Scala, piso 2, local 15, carrera 25 de Barrio Obrero, y sus teléfonos son 0414 7053805, 0414 7058704. Twitter: @camintachira.
lanacion.com.ve
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Que los clientes cuenten con un corredor inmobiliario certificado y preparado, evitará el riesgo de que sena víctimas de fraude en la compra-venta y alquiles de inmuebles, de allí que una de las propuestas que promoverá la recién juramentada Cámara Inmobiliaria, Capítulo Táchira, será profesionalizar este oficio para garantizar negociaciones justas y equilibradas.
Elizabeth Morini y Carlos Utrera, presidenta y vicepresidente de la organización, respectivamente, señalaron que todos aquellos agentes que se encuentren activos en el negocio inmobiliario, a través de sus propias empresas o del trabajo independiente, y a toda la colectividad regional, clientes o usuarios, constructores, promotores, en fin, todo lo que implique una negociación o relación inmobiliaria, cuentan con una asociación civil, sin fines de lucro, con voz y personalidad jurídica, inscrita en el Registro Público Segundo del municipio San Cristóbal.
Con el aval de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el gremio busca aglutinar a los vendedores y trabajadores de la industria inmobiliaria, repartidos en más de 60 inmobiliarias y cuatro franquicias en la región, a fin de capacitar a los corredores inmobiliarios certificados.
Destacó Morini que, el objetivo más importante a corto plazo es la creación del curso de formación del corredor inmobiliario, avalado por la institución, debido a que "un profesional con esta formación será capaz de mediar entre la oferta y la demanda en negocios inmobiliarios, participando en ambos mediante la ejecución de actos o hechos que permitan materializar el negocio, donde sea capaz de crear el ambiente, establecer el ritmo y marcar el camino a seguir en una negociación".
--- Ahora bien, el corredor inmobiliario debe conocer a profundidad el inmueble que vende; debe tener un extenso conocimiento sobre los aspectos jurídicos de la actividad inmobiliaria; así como desarrollar escenarios financieros que satisfagan los requerimientos de sus clientes; debe conocer la limitación o el potencial de desarrollo del inmueble para establecer un precio y el mercadeo eficaz hasta el 'cierre` del negocio". Si se trata de vender un proyecto completo o gerenciar un condominio, debe crear una atmósfera motivante de crecimiento en el mismo---, explicó.
Código de ética del corredor
Uno de los aspectos que destacan en la conformación de esta organización, es la implementación del Código de Ética del Corredor Inmobiliario, ya que con este instrumento se dará lugar al adecentamiento en el desempeño del negocio, a la legalización de personas que de forma "independiente" ejercen el mismo, sin cumplir con facturaciones y obligaciones tributarias, sin ni siquiera una firma personal registrada, Rif, ni dirección conocida, corriéndose el riesgo del fraude contra los clientes confiados. Y, ante situaciones de este tipo, que se han presentado, se hace preciso legitimarlos de forma activa, precisó Marini.
Subrayó Carlos Utrera que: "Nuestro afán es frenar la tendencia delincuencial en la organización de asociaciones civiles falsas y de personajes de dudosa reputación que se encargan de inventar proyectos urbanísticos fantasmas exigiendo, previamente, altas sumas de dinero para "asegurar" la compra de la propiedad y para ello nosotros como Cámara tendremos la acción de veeduría a fin de alertar sobre la imposibilidad de llevar a cabo esos proyectos que violarían las leyes urbanísticas, ambientales, ecológicas y de viabilidad arquitectónica".
De igual modo, aseguró Utrera que los agremiados tienen la obligación moral y ética de otorgar servicios confiables. "Nuestros agremiados deberán trabajar con seriedad ya que nuestro Código de Ética tiene las directrices para que un corredor se muestre probo, responsable; de lo contrario, nuestro Comité de Ética revisará el caso conforme a la denuncia suficientemente sustentada por parte de usuarios que hayan sido o se sientan lesionados en sus derechos. En ese sentido, se estudiarán, se revisarán y si hay motivos, se sancionará o expulsará al miembro que haya incurrido en error, omisión o mala intención", posteriormente le aplicarán sanciones, según la ley.
Asesoría a la comunidad
Destacaron ambos representantes de la junta directiva que, la Cámara Inmobiliaria del Táchira cuenta con una consultoría jurídica, integrada por varios abogados, quienes asesorarán a la comunidad de forma gratuita en materia registral y notarial, solicitud de créditos hipotecarios, conciencia ecológica y respeto a las leyes ambientales a nivel de los propietarios y constructores de proyectos urbanísticos, condominios, así como aspectos impositivos referidos a vivienda principal u otros bienes inmuebles, entre otros casos.
Aunado a esto, mantendrá comisiones permanentes que trabajarán en áreas legal, financiera, corretaje, administración, ingeniería, asesoría de asuntos municipales, permisología y apoyo a la gestión municipal; además, combatirá la competencia desleal entre sus miembros, ya que al vender inmuebles todos los corredores están en la capacidad de asesorar debidamente al propietario y al comprador con respecto a la naturaleza de la negociación que se emprenderá.
Quienes estén interesados en afiliarse a la Cámara o plantear inquietudes en temas vinculados al sector inmobiliario, pueden visitar las oficinas en el Centro Comercial La Scala, piso 2, local 15, carrera 25 de Barrio Obrero, y sus teléfonos son 0414 7053805, 0414 7058704. Twitter: @camintachira.
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Alquileres que arruinan
TalCualDigital.com
María Prieto lleva más de 10 años arrendando su apartamento ubicado en el centro de Caracas a una estudiante de ingeniería. La propietaria dice que con las cuotas mensuales tiene que hacer lo posible para cancelar la electricidad, agua, teléfono, gas y el condominio del edificio.
Igualmente, asegura que a estas alturas se siente aún más afectada desde que el pasado lunes salió en Gaceta Oficial Nº 39.783, del viernes 21 de octubre, el decreto que extiende la congelación de los arrendamientos de viviendas por seis meses.
Según la dueña del apartamento, la medida del Ejecutivo "es una verdadera locura" pues el pago que recibe mensualmente es insuficiente para subsistir y cancelar los servicios básicos. Al igual que Prieto, son miles los venezolanos que en estos momentos están perjudicados con la prohibición de incrementos.
Por su parte, Felipe Martínez, presidente de la Cámara de Bienes y Raíces, señala que los dueños de viviendas que utilizan su inmueble para alquilar están prácticamente afectados desde hace ocho años, puesto que desde febrero de 2003 el Gobierno acordó poner en el congelador las cuotas de los arrendamientos.
Explicó que en ocho años el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y las Unidades Tributarias (UT) se han incrementado 732% y 340% respectivamente, y por ello impide a los titulares de los inmuebles obtener una ganancia adicional.
Martínez señala que también los inquilinos salen perdiendo porque a consecuencia del insuficiente pago los propietarios se encuentran con las manos atadas a la hora de invertir y hacer mantenimiento en las viviendas. Añadió que disminuirán considerablemente las inversiones de proyectos habitacionales destinados al arrendamiento.
FALTA DE COMUNICACIÓN
Sabiendo que la Asamblea Nacional aprobará la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamiento de Vivienda, la cual establecerá cuál será el canon de alquiler, el Gobierno vuelve a congelar el precio, "lo cual es una estupidez".
Así lo dio a conocer Marisa Fariña, vocera del Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler (Codevivial). De esta forma, indicó que no existe comunicación con los entes del Ejecutivo que tratan de regular los alquileres y aseguró que las medidas se están tomando improvisadamente.
Pidió al Ejecutivo realizar un estudio de sueldos para saber cuáles son las condiciones económicas de las personas.
Tal Cual
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Igualmente, asegura que a estas alturas se siente aún más afectada desde que el pasado lunes salió en Gaceta Oficial Nº 39.783, del viernes 21 de octubre, el decreto que extiende la congelación de los arrendamientos de viviendas por seis meses.
Según la dueña del apartamento, la medida del Ejecutivo "es una verdadera locura" pues el pago que recibe mensualmente es insuficiente para subsistir y cancelar los servicios básicos. Al igual que Prieto, son miles los venezolanos que en estos momentos están perjudicados con la prohibición de incrementos.
Por su parte, Felipe Martínez, presidente de la Cámara de Bienes y Raíces, señala que los dueños de viviendas que utilizan su inmueble para alquilar están prácticamente afectados desde hace ocho años, puesto que desde febrero de 2003 el Gobierno acordó poner en el congelador las cuotas de los arrendamientos.
Explicó que en ocho años el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y las Unidades Tributarias (UT) se han incrementado 732% y 340% respectivamente, y por ello impide a los titulares de los inmuebles obtener una ganancia adicional.
Martínez señala que también los inquilinos salen perdiendo porque a consecuencia del insuficiente pago los propietarios se encuentran con las manos atadas a la hora de invertir y hacer mantenimiento en las viviendas. Añadió que disminuirán considerablemente las inversiones de proyectos habitacionales destinados al arrendamiento.
FALTA DE COMUNICACIÓN
Sabiendo que la Asamblea Nacional aprobará la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamiento de Vivienda, la cual establecerá cuál será el canon de alquiler, el Gobierno vuelve a congelar el precio, "lo cual es una estupidez".
Así lo dio a conocer Marisa Fariña, vocera del Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler (Codevivial). De esta forma, indicó que no existe comunicación con los entes del Ejecutivo que tratan de regular los alquileres y aseguró que las medidas se están tomando improvisadamente.
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BCV revisará los términos de las cédulas hipotecarias
Según las autoridades, los recursos garantizarán la terminación de las obras habitacionales
El Ministerio de la Vivienda y el Banco Nacional de la Vivienda emitirán cédulas hipotecarias por 6 millardos de bolívares, que serían adquiridas por la banca, para garantizar recursos a la construcción de casas. Esos nuevos instrumentos serán revisados por el Banco Central de Venezuela (BCV).
El presidente del instituto emisor, Nelson Merentes, señaló ayer que "estamos por discutir y revisar esos papeles en el Directorio del BCV. No puedo adelantar opinión, pero puedo decir que el BCV apoyará todo lo que refleje bienestar, todo lo que contribuya a la Misión Vivienda. El BCV acompaña este programa y da ideas".
Al consultársele sobre estas propuestas, indicó: "esas ideas las estamos analizando".
El proyecto de cédulas hipotecarias fue presentado el pasado lunes a la banca y el prospecto indica que los instrumentos tendrán un plazo de 10 años con un rendimiento de 2%
El respaldo de los nuevos títulos será la cartera de créditos del Banco Nacional de la Vivienda, que comprende los financiamientos dados con los recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (esquema que recibe los aportes de empleados y patronos).
El ministro de la Vivienda, Ricardo Molina, indicó a AVN, que "esta emisión permitirá obtener los recursos para la construcción que están en la cartera hipotecaria que aún no han sido ejecutados". Eso significa que los papeles podrán computarse a la gaveta.
El Gobierno ordenó a los bancos destinar de su cartera 12% al sector hipotecario. De esos recursos se contempló que 50% debía orientarse a proyectos. Con la emisión, los fondos para obras se destinarían a adquirir los papeles. El Ejecutivo recibiría los recursos de los bancos y luego los asignaría a los desarrollos de vivienda.
Molina manifestó que esos 6 millardos de bolívares forman parte de los 57 millardos que están asignados a la Misión. y agregó que "nos interesa garantizar un flujo financiero para que las obras puedan avanzar como se debe".
El ministro de la Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, dijo que los bancos estatales tendrán títulos por 1,2 millardos de bolívares.
El Universal
26-10-2011
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El presidente del instituto emisor, Nelson Merentes, señaló ayer que "estamos por discutir y revisar esos papeles en el Directorio del BCV. No puedo adelantar opinión, pero puedo decir que el BCV apoyará todo lo que refleje bienestar, todo lo que contribuya a la Misión Vivienda. El BCV acompaña este programa y da ideas".
Al consultársele sobre estas propuestas, indicó: "esas ideas las estamos analizando".
El proyecto de cédulas hipotecarias fue presentado el pasado lunes a la banca y el prospecto indica que los instrumentos tendrán un plazo de 10 años con un rendimiento de 2%
El respaldo de los nuevos títulos será la cartera de créditos del Banco Nacional de la Vivienda, que comprende los financiamientos dados con los recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (esquema que recibe los aportes de empleados y patronos).
El ministro de la Vivienda, Ricardo Molina, indicó a AVN, que "esta emisión permitirá obtener los recursos para la construcción que están en la cartera hipotecaria que aún no han sido ejecutados". Eso significa que los papeles podrán computarse a la gaveta.
El Gobierno ordenó a los bancos destinar de su cartera 12% al sector hipotecario. De esos recursos se contempló que 50% debía orientarse a proyectos. Con la emisión, los fondos para obras se destinarían a adquirir los papeles. El Ejecutivo recibiría los recursos de los bancos y luego los asignaría a los desarrollos de vivienda.
Molina manifestó que esos 6 millardos de bolívares forman parte de los 57 millardos que están asignados a la Misión. y agregó que "nos interesa garantizar un flujo financiero para que las obras puedan avanzar como se debe".
El ministro de la Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, dijo que los bancos estatales tendrán títulos por 1,2 millardos de bolívares.
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miércoles, 26 de octubre de 2011
Sidor produjo más de 232.000 toneladas de cabillas de enero a septiembre
Inicio>EconomíaSidor produjo más de 232.000 toneladas de cabillas de enero a septiembre25−Oct 06:51 pm|AVNSidor indicó que en septiembre Pdvsa Industrial recibió 11.515 toneladas de cabillas, mientras que Fundacomunal obtuvo 1.021 toneladasLa empresa Sidor | Saúl RondónLa producción de cabillas en la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) desde enero a septiembre de 2011 se ubicó en 232.158 toneladas, destinadas a las obras de infraestructura y viviendas en el territorio nacional.De acuerdo con información publicada por la acería estatal, con el objeto de brindar apoyo a la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el transcurso del año se han entregado 39.361 toneladas de cabillas a la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal) para la edificación de desarrollos habitacionales.De igual forma, se han suministrado 18.691 toneladas de este insumo a Pdvsa Industrial, filial de Petróleos de Venezuela, y 12.979 toneladas a la empresa constructora BZS de Venezuela, mediante un convenio con la República de Bielorrusia.Sidor indicó además que en septiembre Pdvsa Industrial recibió 11.515 toneladas de cabillas, mientras que Fundacomunal obtuvo 1.021 toneladas.
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Asamblea Nacional eliminó fórmula que fija precios de viviendas
La polémica no abandona la discusión de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas. Este martes, cuando la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) retomó el debate de la norma, el oficialismo aprobó la incorporación de dos nuevos capítulos (residencias estudiantiles y defensoría), y la eliminación de la fórmula para determinar el precio de los inmuebles, del cual se desprenderá el alquiler. El diputado del Psuv, Elio Serrano, propuso fusionar los apartados 61 y 62 −método de cálculo para valorar los inmuebles−, y delegar en la Superintendencia de Viviendas, la fijación del precio de las unidades según los siguientes parámetros: valor de reposición (costo de construir la casa en los actuales momentos), dimensiones del inmueble, valor de depreciación, vulnerabilidad sísmica, región geográfica y "cualquier otro elemento que considere el funcionario". Para los legisladores opositores Juan Carlos Caldera (Primero Justicia) y Leomagno Flores (AD), el artículo otorga discrecionalidad a la Superintendencia para determinar los costos. "Esa redacción deja en manos del funcionario, a su real saber y entender, desechar los cinco criterios de la ley y recurrir a otros que, en su opinión, sean mejores", dijo Flores; al tiempo que el dirigente aurinegro agregó "la fórmula debe estar expresa en la ley. Pedimos que el artículo sea diferido". En esta misma línea, la independiente María Corina Machado agregó que la propuesta destruye la propiedad privada. El primer vicepresidente de la AN, Aristóbulo Istúriz, insistió en que con el instrumento, compuesto de 142 artículos, no está en juego la propiedad privada, y la nueva redacción fue aprobada. Nuevos capítulos Previo a la discusión de los apartados 61 y 62, la AN además aprobó modificar el margen de ganancia de los alquileres (artículo 66). De ser una utilidad única de 3%, quedó entre este porcentaje y 5%, rango que retoma la propuesta inicial. La Ley vigente la establece entre 6% y 9%. También los legisladores incorporaron dos nuevos capítulos a la ley. En la sección tercera se creó el Sistema Nacional de Defensa del Derecho a la Vivienda, el cual será coordinado por la Defensa Pública de alquiler, en aras de proteger al débil jurídico, es decir, al inquilino. El diputado Leomagno Flores acusó que se crea una especie de híbrido entre la "fiscalía inmobiliaria" y una defensoría que atiende a una sola de las partes, el arrendatario, cuando la ley garantiza la igualdad. En contraparte, el pesuvista Algencio Monasterios, indicó que la Defensa Pública en materia inquilinaria ya existe, y que la ley refuerza la figura. En el texto también se incorporó un capítulo denominado "De las viviendas estudiantiles", el cual establece en su artículo 54, que los arrendadores de vivienda estudiantil deben registrarse en la Superintendencia. Quedó establecido que la duración de estos contratos deberán ser por el tiempo de estudios.
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