Los propietarios de inmuebles creen que el texto tendrá efectos nocivos VENANCIO ALCÁZARES
La aprobación del proyecto de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios se acerca a la recta final en la Asamblea Nacional y la forma como ha quedado redactado su contenido sigue despertando inquietud entre los propietarios de inmuebles dedicados al alquiler.
Para el próximo martes, 18 de octubre, se espera que los parlamentarios terminen la discusión de esta ley que cambia los términos de la relación entre arrendadores y arrendatarios.
La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) colocó en su página Web las razones básicas por las que rechaza este proyecto de ley, entre las que destaca la aplicación excesiva de controles.
Al respecto se indica que se convierte el arrendamiento de viviendas "en un trámite burocrático".
Apiur indica así que es su obligación difundir los nocivos efectos que tendrá el proyecto de ley, haciendo un llamado público al Presidente de la República y a los diputados oficialistas a que reconsideren y corrijan el texto.
Argumenta que "se han creado todas las trabas y subterfugios procesales para hacer imposible la recuperación de la vivienda alquilada, por más noble que sea la razón del propietario para recuperar su vivienda, ratificándose además a la Ley contra los Desalojos Arbitrarios, promulgada sin facultades especificas por el Presidente de la República por la vía Habilitante, la cual bloquea cualquier sentencia judicial favorable al propietario hasta que el Estado le consiga una vivienda al inquilino saliente, por lo que ninguna sentencia será aplicable".
Cuestiona, entre otras cosas, que se establecen multas solo para los propietarios, revelando el carácter punitivo y discriminatorio de la ley. "Además en el artículo 138, se estrena un nuevo tipo de expropiación por reincidencia en tres multas, lo cual desnaturaliza a la figura de la expropiación constitucional de la expropiación por causa de utilidad pública e interés social, convirtiéndola en una herramienta de castigo y obligado al Estado a pagar expropiaciones no beneficiosa para la administración pública y sin utilidad para la Nación".
El Universal
15-10-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
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martes, 18 de octubre de 2011
Gobierno asignará inmuebles disponibles en obras tomadas
Urbanismos ocupados temporalmente serán asignados por MinVivienda | Juan Camacho
El Ministerio de Vivienda y Hábitat asignará los inmuebles de los conjuntos residenciales con medida de ocupación temporal que no fueron prevendidos por la constructora, según la resolución que establece las condiciones para la culminación de las obras, publicada en la Gaceta Oficial 39777.
La norma precisa que cada urbanismo intervenido por el Gobierno desde 2010 estará a cargo de una junta administradora formada por dos representantes del ministerio y uno de los compradores afectados. Esta instancia proporcionará una lista de las viviendas disponibles.
La junta también deberá suministrar una relación de precios desde la primera hasta la última venta, con el fin de que el ministerio determine el monto que se cobrará por los inmuebles sin vender, a los cuales sólo podrán optar personas que no posean vivienda principal.
Otras funciones serán velar por el cumplimiento del cronograma de ejecución física y financiera, manejar las cuentas bancarias de las empresas con medida de ocupación temporal y celebrar los contratos que sean necesarios para la finalización de la obra.
También deberán efectuar reuniones quincenales para mantener informados a los compradores, garantizar que se respeten las condiciones establecidas en los contratos firmados por las constructoras y tramitar los permisos necesarios para la protocolización de los inmuebles.
La banca, que firmó un compromiso con el Indepabis para terminar las obras, será responsable de la gerencia técnica y administrativa, la supervisión de las constructoras, el pago de la nómina y la elaboración de los documentos para la protocolización, entre otras tareas.
Las constructoras tendrán que respetar las condiciones del contrato inicial, preparar un cronograma para la culminación de los trabajos y reanudar de inmediato las labores. En caso de que sean las que iniciaron el proyecto, deberán devolver el dinero cobrado por índice de precios al consumidor.
Convenios de pago. El Ejecutivo también publicó en la Gaceta Oficial 39777 una resolución con los lineamientos para que el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat suscriba convenios de pago con los empleadores públicos y privados que tengan deudas con el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda.
El Banavih otorgará plazos de 3 a 18 meses para la cancelación de 2% del aporte que corresponde a las empresas, porque la contribución de 1% que se descuenta al empleado por nómina deberá ser cancelada en su totalidad al momento de suscribir el acuerdo.
Los convenios deberán incluir el cálculo de los rendimientos de las cuentas de ahorro de cada trabajador. Si durante la vigencia del trato se produce una variación de 10% o más entre la tasa acordada y la vigente, se ajustarán las cuotas restantes.
Los empleadores dispondrán de tres meses para solicitar los convenios de pagos de las deudas de años anteriores a 2011, para lo cual deberán consignar la nómina de trabajadores correspondiente a los meses adeudados.
Menos expositores
La 27ª edición de la feria Construya Vivienda que se inaugura hoy en el pabellón de exposiciones del Centro Comercial Ciudad Tamanaco tendrá 132 empresas exhibiendo sus productos, 10% menos que en 2010, según la firma Expocenter (organizadora del evento).
Romeo Moravito, director general, destacó que la cantidad de participantes es significativa a pesar de la disminución cuando se toma en cuenta la situación actual del sector construcción, el único que se mantuvo en recesión en el primer semestre del año.
Agregó que los expositores ofrecerán varios sistemas constructivos desde los tradicionales hasta las petrocasas y una gran variedad de insumos: agregados, ascensores, cerámicas, maquinarias, muebles, pinturas, plantas eléctricas, tanques de agua, techos y tuberías, entre otros.
Moravito espera que 25.000 personas visiten la exposición, que estará abierta durante 9 días y cerrará el 23 de octubre. "Ese fue el número que tuvimos el año pasado. Sería ideal repetirlo.
Sabemos que la situación no está fácil, pero siempre hay gente que quiere construir o remodelar".
Incluyen las casas remodeladas en los barrios
Las remodelaciones y reparaciones en las casas de los barrios son incorporadas a las cifras oficiales de la Gran Misión Vivienda, informaron ayer representantes de consejos comunales que pidieron no mencionar sus nombres por temor a represalias.
Los voceros señalaron que recibieron la orden de realizar un censo en las comunidades de las zonas populares y ofrecer créditos de entre 30.000 y 50.000 bolívares a los vecinos para que arreglen lo más pronto posible sus hogares.
Sin embargo, hay escepticismo en las agrupaciones comunitarias frente a la iniciativa crediticia gubernamental porque anteriormente les habían ofrecido el suministro de materiales para otro gran programa habitacional que es la autoconstrucción de viviendas.
Los informantes recordaron que la asistencia se tradujo en cinco sacos de cemento y una docena de cabillas por consejo comunal, volumen insuficiente para las necesidades de refacción de las casas en los barrios.
Al pueblo le quedó claro el mensaje de que la Gran Misión Vivienda Venezuela consiste en la entrega de una casa o apartamento nuevo dentro de complejos urbanos construidos bajo el programa del Ejecutivo.
Los miembros de los consejos comunales consultados consideran abultadas las cifras anunciadas el jueves por el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, quien dijo que se habían construido más de 60.000 casas en la Misión Vivienda y que a finales del presente año estarían concluidas otras 183.000.
El Nacional
15-10-2011
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El Ministerio de Vivienda y Hábitat asignará los inmuebles de los conjuntos residenciales con medida de ocupación temporal que no fueron prevendidos por la constructora, según la resolución que establece las condiciones para la culminación de las obras, publicada en la Gaceta Oficial 39777.
La norma precisa que cada urbanismo intervenido por el Gobierno desde 2010 estará a cargo de una junta administradora formada por dos representantes del ministerio y uno de los compradores afectados. Esta instancia proporcionará una lista de las viviendas disponibles.
La junta también deberá suministrar una relación de precios desde la primera hasta la última venta, con el fin de que el ministerio determine el monto que se cobrará por los inmuebles sin vender, a los cuales sólo podrán optar personas que no posean vivienda principal.
Otras funciones serán velar por el cumplimiento del cronograma de ejecución física y financiera, manejar las cuentas bancarias de las empresas con medida de ocupación temporal y celebrar los contratos que sean necesarios para la finalización de la obra.
También deberán efectuar reuniones quincenales para mantener informados a los compradores, garantizar que se respeten las condiciones establecidas en los contratos firmados por las constructoras y tramitar los permisos necesarios para la protocolización de los inmuebles.
La banca, que firmó un compromiso con el Indepabis para terminar las obras, será responsable de la gerencia técnica y administrativa, la supervisión de las constructoras, el pago de la nómina y la elaboración de los documentos para la protocolización, entre otras tareas.
Las constructoras tendrán que respetar las condiciones del contrato inicial, preparar un cronograma para la culminación de los trabajos y reanudar de inmediato las labores. En caso de que sean las que iniciaron el proyecto, deberán devolver el dinero cobrado por índice de precios al consumidor.
Convenios de pago. El Ejecutivo también publicó en la Gaceta Oficial 39777 una resolución con los lineamientos para que el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat suscriba convenios de pago con los empleadores públicos y privados que tengan deudas con el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda.
El Banavih otorgará plazos de 3 a 18 meses para la cancelación de 2% del aporte que corresponde a las empresas, porque la contribución de 1% que se descuenta al empleado por nómina deberá ser cancelada en su totalidad al momento de suscribir el acuerdo.
Los convenios deberán incluir el cálculo de los rendimientos de las cuentas de ahorro de cada trabajador. Si durante la vigencia del trato se produce una variación de 10% o más entre la tasa acordada y la vigente, se ajustarán las cuotas restantes.
Los empleadores dispondrán de tres meses para solicitar los convenios de pagos de las deudas de años anteriores a 2011, para lo cual deberán consignar la nómina de trabajadores correspondiente a los meses adeudados.
Menos expositores
La 27ª edición de la feria Construya Vivienda que se inaugura hoy en el pabellón de exposiciones del Centro Comercial Ciudad Tamanaco tendrá 132 empresas exhibiendo sus productos, 10% menos que en 2010, según la firma Expocenter (organizadora del evento).
Romeo Moravito, director general, destacó que la cantidad de participantes es significativa a pesar de la disminución cuando se toma en cuenta la situación actual del sector construcción, el único que se mantuvo en recesión en el primer semestre del año.
Agregó que los expositores ofrecerán varios sistemas constructivos desde los tradicionales hasta las petrocasas y una gran variedad de insumos: agregados, ascensores, cerámicas, maquinarias, muebles, pinturas, plantas eléctricas, tanques de agua, techos y tuberías, entre otros.
Moravito espera que 25.000 personas visiten la exposición, que estará abierta durante 9 días y cerrará el 23 de octubre. "Ese fue el número que tuvimos el año pasado. Sería ideal repetirlo.
Sabemos que la situación no está fácil, pero siempre hay gente que quiere construir o remodelar".
Incluyen las casas remodeladas en los barrios
Las remodelaciones y reparaciones en las casas de los barrios son incorporadas a las cifras oficiales de la Gran Misión Vivienda, informaron ayer representantes de consejos comunales que pidieron no mencionar sus nombres por temor a represalias.
Los voceros señalaron que recibieron la orden de realizar un censo en las comunidades de las zonas populares y ofrecer créditos de entre 30.000 y 50.000 bolívares a los vecinos para que arreglen lo más pronto posible sus hogares.
Sin embargo, hay escepticismo en las agrupaciones comunitarias frente a la iniciativa crediticia gubernamental porque anteriormente les habían ofrecido el suministro de materiales para otro gran programa habitacional que es la autoconstrucción de viviendas.
Los informantes recordaron que la asistencia se tradujo en cinco sacos de cemento y una docena de cabillas por consejo comunal, volumen insuficiente para las necesidades de refacción de las casas en los barrios.
Al pueblo le quedó claro el mensaje de que la Gran Misión Vivienda Venezuela consiste en la entrega de una casa o apartamento nuevo dentro de complejos urbanos construidos bajo el programa del Ejecutivo.
Los miembros de los consejos comunales consultados consideran abultadas las cifras anunciadas el jueves por el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, quien dijo que se habían construido más de 60.000 casas en la Misión Vivienda y que a finales del presente año estarían concluidas otras 183.000.
El Nacional
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Empresas tienen 3 meses para pagar deudas al Faov
Luís Quintana
Un plazo de tres meses tienen los empleadores que adeuden sus aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Faov) para solicitar un convenimiento de pagos que les permita ponerse al día con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), según lo establece la resolución 171 del Ministerio de Vivienda y Hábitat, publicada en la Gaceta Oficial 39.777 de fecha 13 de octubre de 2011, que circuló este viernes.
Si los patronos no solicitan el convenimiento de pago, pueden ser objeto de averiguaciones administrativas por parte del Banavih. Si hay indicios de responsabilidades penales, se remiten al Ministerio Público (MP), de acuerdo con el artículo 89 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, vigente desde 2008.
El texto plantea los lineamientos para realizar convenimientos de pago de las deudas pendientes al FAOV, instrumento que "juega un rol fundamental en la ejecución de los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)", según señala uno de sus considerandos. La GMVV es un programa del Estado que promueve la construcción a fin de dar respuesta a la demanda habitacional en el país.
Este fondo está constituido por aportes obligatorios efectuados por los trabajadores bajo dependencia y sus patronos. Equivale a 3% del salario integral del empleado: 1% es retenido del sueldo de la persona y 2% lo consigna el empleador.
La resolución publicada en Gaceta Oficial especifica que el Banavih podrá suscribir convenios con el empleador para el pago de deudas correspondientes al 2% aportado por la empresa. Ese acuerdo debe tener un plazo de cancelación de mínimo tres meses y máximos 18 meses. Tiene que incluir el cálculo de los rendimientos de las cuentas de ahorro de cada trabajador.
Mientras, las deudas por el 1% que es retenido al empleado debe ser cancelado en su totalidad al momento de firmar el convenimiento de pago. En ningún caso se acordarán los pagos en plazos, ni tampoco se podrán celebrar convenios con empleadores que reincidan en el incumplimiento de su deber de cancelar los aportes al FAOV.
Al pago adeudado se le debe sumar la multa establecida en el artículo 91 de la Ley. Se trata de 200 unidades tributarias por cada aporte no enterado. El texto legal ordena que el empleador debe enterar los aportes los primeros cinco días hábiles de cada mes.
Este jueves, una comisión del Ministerio de Vivienda y Hábitat (Minvih) introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de revisión para garantizar que los patronos -públicos y privados- cumplan de forma oportuna con los aportes al Faov. Este Fondo tiene por objeto permitir a toda persona el acceso progresivo a créditos para la compra de vivienda principal.
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Si los patronos no solicitan el convenimiento de pago, pueden ser objeto de averiguaciones administrativas por parte del Banavih. Si hay indicios de responsabilidades penales, se remiten al Ministerio Público (MP), de acuerdo con el artículo 89 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, vigente desde 2008.
El texto plantea los lineamientos para realizar convenimientos de pago de las deudas pendientes al FAOV, instrumento que "juega un rol fundamental en la ejecución de los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)", según señala uno de sus considerandos. La GMVV es un programa del Estado que promueve la construcción a fin de dar respuesta a la demanda habitacional en el país.
Este fondo está constituido por aportes obligatorios efectuados por los trabajadores bajo dependencia y sus patronos. Equivale a 3% del salario integral del empleado: 1% es retenido del sueldo de la persona y 2% lo consigna el empleador.
La resolución publicada en Gaceta Oficial especifica que el Banavih podrá suscribir convenios con el empleador para el pago de deudas correspondientes al 2% aportado por la empresa. Ese acuerdo debe tener un plazo de cancelación de mínimo tres meses y máximos 18 meses. Tiene que incluir el cálculo de los rendimientos de las cuentas de ahorro de cada trabajador.
Mientras, las deudas por el 1% que es retenido al empleado debe ser cancelado en su totalidad al momento de firmar el convenimiento de pago. En ningún caso se acordarán los pagos en plazos, ni tampoco se podrán celebrar convenios con empleadores que reincidan en el incumplimiento de su deber de cancelar los aportes al FAOV.
Al pago adeudado se le debe sumar la multa establecida en el artículo 91 de la Ley. Se trata de 200 unidades tributarias por cada aporte no enterado. El texto legal ordena que el empleador debe enterar los aportes los primeros cinco días hábiles de cada mes.
Este jueves, una comisión del Ministerio de Vivienda y Hábitat (Minvih) introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de revisión para garantizar que los patronos -públicos y privados- cumplan de forma oportuna con los aportes al Faov. Este Fondo tiene por objeto permitir a toda persona el acceso progresivo a créditos para la compra de vivienda principal.
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En 50% ha mermado la oferta de alquileres en Aragua
elperiodiquito.com
La legislación ya fue aprobada en primera discusión el pasado 27 de septiembre y se espera que este martes sea sancionada
Expertos consideran que el proyecto de ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas ofrece muchas ventajas al inquilino
Héctor Gómez, presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Aragua, ofreció su punto de vista sobre el proyecto de ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, que se viene discutiendo en el seno de la Asamblea Nacional, legislación que ya fue aprobada en primera discusión el pasado 27 de septiembre.
Gómez consideró que el estatuto más allá de favorecer al inquilino lo perjudica. Detalló que en vista de que el proyecto le da mucha ventaja al arrendatario y desventaja al propietario, se está generando un desequilibrio en el mercado que está creando mucha preocupación. En este sentido, los arrendadores desde la perspectiva del tema inmobiliario no tienen garantías, lo que ha generado que la oferta de alquiler en Aragua haya mermado 50% con tendencia a seguir bajando.
Es decir, aquellas personas que no tienen como adquirir una vivienda propia cada vez tendrán menos oportunidades de ofertas para alquilar un inmueble. “De ser aprobados todos los artículos el mercado prácticamente va a desaparecer” sentenció. Esto, debido a que el dueño de una propiedad evitará poner en riesgo su inversión y su esfuerzo de muchos años, sin tener garantías de que el arrendatario va a estar al día con el pago mensual o se lo entregará al momento de que el arrendador se lo solicite.
Por ende, el representante de la cartera inmobiliaria aseguró que todo esto conllevará a un marco de turbulencia y de dudas muy grandes. Pronosticó que de aprobarse el proyecto de ley, los propietarios de viviendas valorarán no ceder los muebles en alquiler y optarán por ponerlos a la venta. “La opción será venderlo, porque si como propietario tengo un inmueble y no lo ofrezco en alquiler, el hecho de tenerlo vacío me va a generar un impuesto según este proyecto”, ejemplificó.
Esto debido, a que uno de los artículos habla del cobro de un impuesto cuando el inmueble se encuentra solo y no es alquilado. Gómez, recalcó que todas las leyes deben ser promulgadas para generar beneficios y equilibrio, más no inestabilidad.
ESTABLECERÁN MONTO DE ALQUILER
El monto de arrendamiento de inmuebles de ser aprobado el proyecto de ley va a ser establecido por la Superintendencia Nacional de Alquileres. Los propietarios temen que el arrendamiento de habitación, pensión, inmueble de interés social, inmueble de lujo, entre otros, no reciba el justiprecio acorde a la zona donde se ubique.
AFECTARÁ A PAREJAS JÓVENES
El presidente de la Cámara Inmobiliaria en Aragua consideró que al aprobarse la ley de arrendamiento las más afectadas serán las parejas jóvenes, por el hecho de no tener oportunidades de alquiler. Recalcó, que todavía se está a tiempo de ofrecer un estatuto que beneficie a ambas partes. “Para nosotros los inmobiliarios, tanto el inquilino como el propietario son pieza fundamental de negocio”, aseveró.
Además, señaló que el proyecto vislumbra la eliminación de la figura del depósito y dispone que los contratos no deban ser menores a tres años, tiempo en el que tampoco pueden generarse aumentos. “Es muy probable que se alquile un inmueble hoy, la persona se vaya en cinco años no pague y no pase nada, porque no hay algo que la obligue a pagar”, dijo.
INTERFERIRÁ EN EL TURISMO
“No queremos ser alarmistas ni profetas del desastre, pero sí se tiene que entender que esto puede generar un problema interno mucho más grande”, mencionó el presidente de la Cámara. Al mismo tiempo hizo referencia al tema turístico, que también está resultando afectado. Detalló que ya han recibido casos de personas que han dado en alquiler inmuebles en la Isla de Margarita y posteriormente, no han podido sacar a los inquilinos, aun cuando todavía no se aprueba la ley.
PROPIETARIOS ESTÁN A LA ESPERA
Sinoe García, asesora de una inmobiliaria en Aragua, destacó que actualmente el mercado está paralizado, a la espera de lo que va a ocurrir con el proyecto de Ley de Arrendamiento. “Las personas no quieren alquilar hasta saber realmente lo que va a pasar de ser aprobada esta nueva ley, hay mucha incertidumbre”, dijo.
Agregó que de aprobarse, los artículos no deben ser aplicados como “matemática pura”; es decir, los propietarios podrían establecer acuerdos con inquilinos responsables en compañía de un abogado, donde se establezca un acuerdo que beneficie a ambas partes.
“Para nosotros los inmobiliarios, tanto el inquilino como el propietario son pieza fundamental del negocio”
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La legislación ya fue aprobada en primera discusión el pasado 27 de septiembre y se espera que este martes sea sancionada
Expertos consideran que el proyecto de ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas ofrece muchas ventajas al inquilino
Héctor Gómez, presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Aragua, ofreció su punto de vista sobre el proyecto de ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, que se viene discutiendo en el seno de la Asamblea Nacional, legislación que ya fue aprobada en primera discusión el pasado 27 de septiembre.
Gómez consideró que el estatuto más allá de favorecer al inquilino lo perjudica. Detalló que en vista de que el proyecto le da mucha ventaja al arrendatario y desventaja al propietario, se está generando un desequilibrio en el mercado que está creando mucha preocupación. En este sentido, los arrendadores desde la perspectiva del tema inmobiliario no tienen garantías, lo que ha generado que la oferta de alquiler en Aragua haya mermado 50% con tendencia a seguir bajando.
Es decir, aquellas personas que no tienen como adquirir una vivienda propia cada vez tendrán menos oportunidades de ofertas para alquilar un inmueble. “De ser aprobados todos los artículos el mercado prácticamente va a desaparecer” sentenció. Esto, debido a que el dueño de una propiedad evitará poner en riesgo su inversión y su esfuerzo de muchos años, sin tener garantías de que el arrendatario va a estar al día con el pago mensual o se lo entregará al momento de que el arrendador se lo solicite.
Por ende, el representante de la cartera inmobiliaria aseguró que todo esto conllevará a un marco de turbulencia y de dudas muy grandes. Pronosticó que de aprobarse el proyecto de ley, los propietarios de viviendas valorarán no ceder los muebles en alquiler y optarán por ponerlos a la venta. “La opción será venderlo, porque si como propietario tengo un inmueble y no lo ofrezco en alquiler, el hecho de tenerlo vacío me va a generar un impuesto según este proyecto”, ejemplificó.
Esto debido, a que uno de los artículos habla del cobro de un impuesto cuando el inmueble se encuentra solo y no es alquilado. Gómez, recalcó que todas las leyes deben ser promulgadas para generar beneficios y equilibrio, más no inestabilidad.
ESTABLECERÁN MONTO DE ALQUILER
El monto de arrendamiento de inmuebles de ser aprobado el proyecto de ley va a ser establecido por la Superintendencia Nacional de Alquileres. Los propietarios temen que el arrendamiento de habitación, pensión, inmueble de interés social, inmueble de lujo, entre otros, no reciba el justiprecio acorde a la zona donde se ubique.
AFECTARÁ A PAREJAS JÓVENES
El presidente de la Cámara Inmobiliaria en Aragua consideró que al aprobarse la ley de arrendamiento las más afectadas serán las parejas jóvenes, por el hecho de no tener oportunidades de alquiler. Recalcó, que todavía se está a tiempo de ofrecer un estatuto que beneficie a ambas partes. “Para nosotros los inmobiliarios, tanto el inquilino como el propietario son pieza fundamental de negocio”, aseveró.
Además, señaló que el proyecto vislumbra la eliminación de la figura del depósito y dispone que los contratos no deban ser menores a tres años, tiempo en el que tampoco pueden generarse aumentos. “Es muy probable que se alquile un inmueble hoy, la persona se vaya en cinco años no pague y no pase nada, porque no hay algo que la obligue a pagar”, dijo.
INTERFERIRÁ EN EL TURISMO
“No queremos ser alarmistas ni profetas del desastre, pero sí se tiene que entender que esto puede generar un problema interno mucho más grande”, mencionó el presidente de la Cámara. Al mismo tiempo hizo referencia al tema turístico, que también está resultando afectado. Detalló que ya han recibido casos de personas que han dado en alquiler inmuebles en la Isla de Margarita y posteriormente, no han podido sacar a los inquilinos, aun cuando todavía no se aprueba la ley.
PROPIETARIOS ESTÁN A LA ESPERA
Sinoe García, asesora de una inmobiliaria en Aragua, destacó que actualmente el mercado está paralizado, a la espera de lo que va a ocurrir con el proyecto de Ley de Arrendamiento. “Las personas no quieren alquilar hasta saber realmente lo que va a pasar de ser aprobada esta nueva ley, hay mucha incertidumbre”, dijo.
Agregó que de aprobarse, los artículos no deben ser aplicados como “matemática pura”; es decir, los propietarios podrían establecer acuerdos con inquilinos responsables en compañía de un abogado, donde se establezca un acuerdo que beneficie a ambas partes.
“Para nosotros los inmobiliarios, tanto el inquilino como el propietario son pieza fundamental del negocio”
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Inmobiliarios advierten que ley inhibirá fabricación de viviendas
Martini dijo que Ley arriesga inversión de constructores y anula parte de la renta
Los miedos parecen elevarse en el sector inmobiliario. El gremio que aglutina a los promotores de viviendas, advierte que la Ley de Arrendamientos le pondrá un “candado” a la construcción, ya que la obligación de ceder una porción de los inmuebles para alquiler, no solo violenta la propiedad privada, sino que expone a pérdida parte de la inversión.
El pronóstico lo hizo el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini. En una entrevista radial, precisó que la norma “empeora” la situación de las constructoras, que actualmente están aquejadas por falta de insumos e inseguridad jurídica, y ahora quedan sometidas a la discrecionalidad de un funcionario público para entregar un número indeterminado de viviendas para alquiler.
El apartado legal al que se refiere Martini fue el aprobado esta semana por la Asamblea Nacional (AN) donde se estipula que las constructoras deben obligatoriamente destinar inmuebles para el arrendamiento, en conformidad con lo que establezca el Ministerio de la Vivienda (artículo 73).
Otras disposiciones indican que los inmuebles serán alquilados a personas elegidas por el despacho Vivienda, el cual además impondrá el canon y el valor de la estructura cuando vaya a ser vendido al término de 10 años. “Para eso que confisquen la mitad del edificio y listo” sentenció Martini al decir que estas normas “inhibirán la construcción, ya que se desconoce cuántas viviendas deberán ser cedidas, lo cual pone en riesgo la inversión del constructor y anula parte de la rentabilidad”.
Depositarias en la mira
La Ley de Arrendamientos, actualmente en segunda discusión por la AN, la conforman 142 artículos, de los cuales 114 ya fueron aprobados y 28 apartados están diferidos, entre los que se cuentan los referidos a fijación del canon de alquiler.
Martini anticipa que el cerco legal se estrechará para el sector, por lo que los constructores dejarán de invertir. Agrega que las numerosas trabas redujeron 60% entre 2009 y 2010 los metros cuadrados permisados para edificar, que pasaron de 2 millones a 800 mil. En 2011, estima que caerá otro 50%, porque la cifra de metros autorizados no llega a 400 mil.
Aunado a la entrega de inmuebles para alquiler, expuso que será la Superintendencia de Vivienda la que avale la construcción, revisará los costos para fijar el alquiler, y además determinará el precio del inmueble para ser vendido. “Obligar a alquilar e imponer precios, es un riesgo muy elevado para el inversor”, dijo.
Aunque los inmobiliarios consideran que la Ley perjudicará a los futuros arrendatarios, porque no habrá oferta, la vocero de la Red Metropolitana de Inquilinos, Elizabeth Santos, descartó que el mercado de alquileres disminuya, sino por el contrario, se hará más justo. Argumentó que actualmente de nada vale la oferta, porque “los costos son tan elevados y desproporcionados que las familias no pueden pagarlos”. Anticipó que la regulación hará accesible la vivienda para todos.
Mientras la polémica persiste, la Red de Inquilinos, proponente de la Ley, avanza en ampliar el ámbito de aplicación. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Inmuebles Urbanos, Apiur, informó que este viernes, el grupo aprobó solicitar a la AN incluir un capítulo que elimine las depositarias judiciales en materia de arrendamiento (que preservan bienes y enseres a desalojados) que están en manos privadas, y se cree una de propiedad estatal.
Análisis alterno
Son 28 artículos de La Ley de Arrendamientos que debate la AN, los que han sido diferidos. La Red Metropolitana de Inquilinos decidió este viernes crear una Mesa Técnica que estudie los apartados legales para elevar propuestas a la plenaria Legislativa. El grupo de inquilinos evaluará modificaciones en el método de cálculo de alquiler y en la protección del pequeño arrendador.
Eltiempo.com.ve
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Los miedos parecen elevarse en el sector inmobiliario. El gremio que aglutina a los promotores de viviendas, advierte que la Ley de Arrendamientos le pondrá un “candado” a la construcción, ya que la obligación de ceder una porción de los inmuebles para alquiler, no solo violenta la propiedad privada, sino que expone a pérdida parte de la inversión.
El pronóstico lo hizo el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini. En una entrevista radial, precisó que la norma “empeora” la situación de las constructoras, que actualmente están aquejadas por falta de insumos e inseguridad jurídica, y ahora quedan sometidas a la discrecionalidad de un funcionario público para entregar un número indeterminado de viviendas para alquiler.
El apartado legal al que se refiere Martini fue el aprobado esta semana por la Asamblea Nacional (AN) donde se estipula que las constructoras deben obligatoriamente destinar inmuebles para el arrendamiento, en conformidad con lo que establezca el Ministerio de la Vivienda (artículo 73).
Otras disposiciones indican que los inmuebles serán alquilados a personas elegidas por el despacho Vivienda, el cual además impondrá el canon y el valor de la estructura cuando vaya a ser vendido al término de 10 años. “Para eso que confisquen la mitad del edificio y listo” sentenció Martini al decir que estas normas “inhibirán la construcción, ya que se desconoce cuántas viviendas deberán ser cedidas, lo cual pone en riesgo la inversión del constructor y anula parte de la rentabilidad”.
Depositarias en la mira
La Ley de Arrendamientos, actualmente en segunda discusión por la AN, la conforman 142 artículos, de los cuales 114 ya fueron aprobados y 28 apartados están diferidos, entre los que se cuentan los referidos a fijación del canon de alquiler.
Martini anticipa que el cerco legal se estrechará para el sector, por lo que los constructores dejarán de invertir. Agrega que las numerosas trabas redujeron 60% entre 2009 y 2010 los metros cuadrados permisados para edificar, que pasaron de 2 millones a 800 mil. En 2011, estima que caerá otro 50%, porque la cifra de metros autorizados no llega a 400 mil.
Aunado a la entrega de inmuebles para alquiler, expuso que será la Superintendencia de Vivienda la que avale la construcción, revisará los costos para fijar el alquiler, y además determinará el precio del inmueble para ser vendido. “Obligar a alquilar e imponer precios, es un riesgo muy elevado para el inversor”, dijo.
Aunque los inmobiliarios consideran que la Ley perjudicará a los futuros arrendatarios, porque no habrá oferta, la vocero de la Red Metropolitana de Inquilinos, Elizabeth Santos, descartó que el mercado de alquileres disminuya, sino por el contrario, se hará más justo. Argumentó que actualmente de nada vale la oferta, porque “los costos son tan elevados y desproporcionados que las familias no pueden pagarlos”. Anticipó que la regulación hará accesible la vivienda para todos.
Mientras la polémica persiste, la Red de Inquilinos, proponente de la Ley, avanza en ampliar el ámbito de aplicación. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Inmuebles Urbanos, Apiur, informó que este viernes, el grupo aprobó solicitar a la AN incluir un capítulo que elimine las depositarias judiciales en materia de arrendamiento (que preservan bienes y enseres a desalojados) que están en manos privadas, y se cree una de propiedad estatal.
Análisis alterno
Son 28 artículos de La Ley de Arrendamientos que debate la AN, los que han sido diferidos. La Red Metropolitana de Inquilinos decidió este viernes crear una Mesa Técnica que estudie los apartados legales para elevar propuestas a la plenaria Legislativa. El grupo de inquilinos evaluará modificaciones en el método de cálculo de alquiler y en la protección del pequeño arrendador.
Eltiempo.com.ve
15-10-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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Porcentaje de viviendas para alquilar se fijará en forma discrecional
Será un funcionario cualquiera, de manera discrecional, el que determinará cual es el porcentaje de viviendas que deberán levantar los constructores para dedicarlas al alquiler, lo cual genera gran incertidumbre en el sector inmobiliario y de la construcción.
El planteamiento lo hizo el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, al cuestionar la aprobación de nuevos artículos de la Ley de Arrendamiento por parte de la Asamblea Nacional.
-La situación es verdaderamente inquietante, porque en esa norma relativa a los constructores, que no solo los obliga a construir viviendas para alquilar, antes en un 25%, luego se bajó al 10%, más tarde lo eliminaron y dejaron a la libre discrecionalidad de un funcionario público cuánto es lo que se tiene que destinar para alquilar, pero no solo lo tiene que alquilar a la persona que diga la Superintendencia, sino al precio regulado que ellos fijen, pero además dentro de diez años hay que vendérselo obligatoriamente al precio que ellos decidan, lo mejor es que hablen claro y nos digan que nos van a confiscar la mitad de los edificios-, afirma.
Insiste que la norma en su contenido es inflexible, ya que si no se acepta lo que establece la norma, amenazan con expropiar, que es una práctica macabra de amedrentar.
Recuerda que hace menos de un mes, el Presidente dijo que se habían construido 55.000 viviendas; la semana pasada el ministro para la Vivienda y Hábitat dijo que se había construido el 78% de la meta; el presidente de Banavih dijo hace dos días que eran 40.000 y hoy sale el ministro asegurando que son 70 mil.
-Ahora bien, los informes del Banco Central de Venezuela sobre la construcción de viviendas más nunca los hicieron, uno busca estas viviendas y no aparecen; si la prioridad eran los damnificados, siguen apareciendo damnificados-, afirma.
Admite que muchos constructores, ante esta persecución y la satanización contra el sector y el lanzarlo al escarnio público, a diestra y siniestra no les ha quedado más remedio que irse, por cuanto su seguridad no está garantizada.
EL IMPULSO
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-La situación es verdaderamente inquietante, porque en esa norma relativa a los constructores, que no solo los obliga a construir viviendas para alquilar, antes en un 25%, luego se bajó al 10%, más tarde lo eliminaron y dejaron a la libre discrecionalidad de un funcionario público cuánto es lo que se tiene que destinar para alquilar, pero no solo lo tiene que alquilar a la persona que diga la Superintendencia, sino al precio regulado que ellos fijen, pero además dentro de diez años hay que vendérselo obligatoriamente al precio que ellos decidan, lo mejor es que hablen claro y nos digan que nos van a confiscar la mitad de los edificios-, afirma.
Insiste que la norma en su contenido es inflexible, ya que si no se acepta lo que establece la norma, amenazan con expropiar, que es una práctica macabra de amedrentar.
Recuerda que hace menos de un mes, el Presidente dijo que se habían construido 55.000 viviendas; la semana pasada el ministro para la Vivienda y Hábitat dijo que se había construido el 78% de la meta; el presidente de Banavih dijo hace dos días que eran 40.000 y hoy sale el ministro asegurando que son 70 mil.
-Ahora bien, los informes del Banco Central de Venezuela sobre la construcción de viviendas más nunca los hicieron, uno busca estas viviendas y no aparecen; si la prioridad eran los damnificados, siguen apareciendo damnificados-, afirma.
Admite que muchos constructores, ante esta persecución y la satanización contra el sector y el lanzarlo al escarnio público, a diestra y siniestra no les ha quedado más remedio que irse, por cuanto su seguridad no está garantizada.
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Misión Vivienda ha construido 19.522 casas en Venezuela
Hasta la fecha se han construido 19.522 casas en Venezuela | Humberto Matheus
La ministra de las Comunas y Protección Social, Isis Ochoa, aseveró que los consejos comunales han asumido el compromiso de la autoconstrucción de viviendas y señaló que a través de este programa se están ejecutando en la actualidad 55 mil nuevas casas en el territorio nacional.
El Poder Popular, con asistencia técnica de diferentes instituciones del Estado venezolano, ha construido hasta la fecha 19.522 casas como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela, programa social que tiene como objetivo solucionar el déficit habitacional en el país.
La ministra de las Comunas y Protección Social, Isis Ochoa, acotó que los consejos comunales han asumido el compromiso de la autoconstrucción de viviendas y señaló que a través de este programa se están ejecutando en la actualidad 55 mil nuevas casas en el territorio nacional.
El Nacional
15-10-2011
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La ministra de las Comunas y Protección Social, Isis Ochoa, acotó que los consejos comunales han asumido el compromiso de la autoconstrucción de viviendas y señaló que a través de este programa se están ejecutando en la actualidad 55 mil nuevas casas en el territorio nacional.
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