De aprobarse el proyecto de Ley de Arrendamiento, se desconocería la propiedad privada en el país, tal como se consagra en la Constitución Nacional , así lo afirmó el Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini.
El empresario indicó que la ciudadanía cuando votó por el "No" en la consulta de la reforma constitucional, lo hizo entre otras razones para rechazar el concepto de "propiedad privada" que se planteaba.Martini, considera que según lo establecido en el proyecto que se discute en la Asamblea Nacional, ser propietario es un delito "pues quien con sacrificio compró un inmueble destinado a vivienda, perdería todos los derechos o atributos que confiere la propiedad".
El vocero gremial aseguró que ni siquiera el propietario tendrá derecho en el caso de la expropiación a recibir un precio justo por su inmueble. " De ahora en adelante ser propietario de dos o más inmuebles para vivienda sería un delito y eso estaría en contra de las garantías constitucionales", puntualizó el presidente de la Cámara Inmobiliaria.
Residencias virtuales
Aquiles Martini considera inviable que las personas que alquilan habitaciones para estudiantes puedan ofrecer todos los servicios que estarían planteándose para la modalidad de residencias estudiantiles."No todos los arrendatarios pueden tener en sus inmuebles acceso a internet, cocina, sala de juego y lavandería", dijo el promotor inmobiliario. En este sentido propone que se diseñe un plan especial que sirva para atender a los estudiantes que viven alquilados.
Temas pendientes
La valorización del inmueble, las causales de desalojo y la propuesta de destinar el 25% de las unidades de vivienda que formen parte de un complejo urbanístico para el alquiler, son elementos aún por definirse en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.
Otro aspecto importante es el de las disposiciones transitorias, pues es necesario saber qué pasará con los contratos firmados hasta la fecha, explicó Martini.
Entorno Inteligente
12-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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martes, 13 de septiembre de 2011
Ley de Arrendamientos creará "mercado negro" de alquileres
Carlos Alberto Calanche, consultor jurídico de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur).
Todo aquel que anhela controlar cada mínimo detalle de una estructura determinada, teme que algo se le salga de sus manos. La Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas pretende legislar prácticamente sobre cada escenario o caso particular; sin embargo, el remedio podría resultar peor que la enfermedad, pues al largo plazo podría generarse un "mercado inmobiliario paralelo" con un funcionamiento "paralegal".
Esa es la principal advertencia que hace Carlos Alberto Calanche, consultor jurídico de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), quien indica que el proyecto de ley que se discute en el seno de la Asamblea Nacional (AN) establece muchas restricciones hacia el arrendador que siempre buscará la manera de obtener alguna ganancia por el alquiler de su vivienda.
Tres son las manera que llevarían a un mercado paralelo. La primera es la obligatoriedad de firmar un contrato inquilino-arrendador por un mínimo de tres años, "con una inflación de galopante que ronda por el 27% cada año, al final se desfavorecerá al propietario, porque tal vez viva de esa renta y la inflación se comerá sus ganancias".
A su juicio la imposibilidad de elevar el canon anualmente, traerá como consecuencia la creación de "métodos paralelos" que permitan de alguna manera ajustar el cobro. Por ejemplo: en el recibo se colocaría el monto oficial y la diferencia tendría que pagarse de manera fraudulenta, durante los últimos dos años; de lo contrario simplemente no se alquilaría, por lo que el inquilino estará obligado a hacerlo, en vista del déficit habitacional en Venezuela.
Traspasos a la orden
El segundo sería la subrogación por el fallecimiento del inquilino, "esto es delicado y se prestará a muchos fraudes", pues en el supuesto de que suceda, un ocupante puede tomar su lugar, "entonces el propietario dirá que si bien la persona compartirá con otros la vivienda, se cobrará algo adicional fuera del recibo". Ello, a su vez, generará la proliferación de traspasos.
En entrevista para el Foro de los Lunes, Calanche asegura que muchas de las respuestas que buscan los inquilinos ya están establecidas en leyes. Por ejemplo, el Código Civil suscribe que en caso de fallecimiento del inquilino, no se interrumpe la relación arrendaticia, sino que el heredero opta por cumplir con el arrendamiento, "pero no un tercero que pueda lucrarse subarrendando".
Cobro extra por accesorios
El último punto, cuya implementación jurídica podría culminar en un camino oscuro, es la propuesta de prohibir el cobro adicional por muebles accesorios, pues los arrendadores querrían abusar de esto.
En principio, se había planteado en la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento que una vivienda amueblada (cocina, nevera, computadora, entre otros), no podría costar más del 40% adicional al canon total, mientras que si eran sólo algunos objetos cada uno sumaría 2% adicional hasta llegar a 40% como tope, "la mayoría decidió que esto sería perjudicial", lamenta.
El abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) indica que como consecuencia, muchos propietarios dudarán al alquilar, pues si tienen muebles, no los darán gratis, "o puede ser que otros dirán que si se quiere la casa se pagará algo adicional por los beneficios fuera del contrato".
Puntos varios
Otros aspectos novedosos que propone el texto jurídico es la eliminación de la llamada prórroga legal, la cual permitía dar un período de gracia al inquilino para que tuviera la posibilidad de ubicar un lugar adonde mudarse.
Además, Calanche sostiene que desde el punto de vista de solución habitacional, el instrumento no estimulará inversiones en construcción de nuevas viviendas, pues no se busca un equilibrio entre los dos grupos y por el artículo 74, el cual establecería que el 25% de las viviendas que se construyan (un edificio, por ejemplo) deberán ser destinadas a alquilar, "supedita que la construcción se disponga para el campo de arrendamiento y no sólo eso, sino que no son ecuánimes al sopesar los intereses del arrendador".
Ello se ve reflejado en el artículo dedicado a la eliminación de la garantía del depósito, porque cuando existía se decía que si el inquilino incumplía con una restauración por algún daño al inmueble o incumpla con el pago de algún servicio, "no habrá manera de resarcir". Además, esto no afecta directamente a los inquilinos actuales, sino a los futuros; "debe estudiarse todo, no sólo proteger al débil jurídico, porque dejará desasistido a lo arrendadores".
Otro artículo que ha generado críticas es el número cuatro, el cual implementa un impuesto sobre las viviendas desocupadas, "en vez de arrendar, ocuparán innecesariamente el inmueble, además el Estado no puede saber si una persona está esperando que su hijo se gradúe, eso incluso atenta contra el derecho de propiedad".
El canon
Para este punto, indicó el especialista en Derecho Administrativo, se propone como tope el 15% del salario mínimo, según una versión o del ingreso básico familiar, según la otra, porque se implementará una descongelación progresiva de los cánones de arrendamiento, que desde hace ocho años están paralizados. Ambos casos "son inviables".
Explica que si es sobre el ingreso familiar, resultaría en desavenencias jurídicas, pues la relación arrendaticia es bilateral y si se toma un presupuesto familiar, puede prestarse a que el inquilino es cualquiera, "además, qué pasa si uno de los miembros deja de trabajar".
Si es sobre el 15% del salario mínimo, "no beneficiaría al propietario", pues si una persona pagaba BsF 500, preferirá cancelar menos, "eso traerá desequilibrio, pues no sería la sumatoria de BsF 500 más el 15% del sueldo mínimo, sino sólo el segundo".
Antes que aprobar algo, tanto inquilinos como arrendadores prefirieron diferir el punto, pues "trajo desacuerdos", por lo que se hizo una tercera propuesta: elaborar un estudio sociológico de los casos que lo solicitaran para que el impacto por la descongelación no golpee tanto en el bolsillo.
La venganza del débil contra el fuerte
Lo expuesto por el socio del Bufete de Abogados Orta Poleo hace inferir que la manera en como se ha manejado la discusión del proyecto es una especie de venganza de los inquilinos hacia los propietarios abusadores, "ésa no es la realidad", sostiene.
A su juicio, la ley debería tener aportes y no sólo desmantelar las instituciones que han sido exitosas como la prórroga legal, la garantía del depósito, pagar ante tribunales y no por la Dirección de Inquilinatos que sirve sólo para dirimir controversias, "la garantía del arrendador de poder desalojar al inquilino que no paga, que abusa o subarrienda el inmueble, entre otras". Piensa, Calanche que muchos de esos puntos pueden mejorarse y perdurar en el tiempo.
El único final que tendrá este asunto, asoma el abogado es "confrontación social entre las partes", porque "se protege a un solo sector y se desasiste al otro, lo cual generará desequilibrio" y éste acentuará los conflictos entre inquilinos y propietarios.
Entonces hasta qué punto sería cierto la aseveración de que el alquiler de viviendas cesará paulatinamente, "nadie querrá alquilar", afirma, porque traerá "mucha confrontación ya que los propietarios estarán desasistidos por las instituciones y algunas personas podrían tomar la justicia en sus manos".
En el mercado inmobiliario, al parecer, ocurre como en la economía, si hay temor ante una recesión, se paraliza la economía y comienza su hundimiento, "ya está sucediendo, el alquiler está en desmedro, basta con ver la prensa para observar pocas ofertas, pero no es porque el arrendador quiera explotar, sino porque se necesitan garantías para ceder a un tercero una bien".
Aunque admite que hay hechos "aislados" de violaciones a derechos de los inquilinos, el instrumento no puede intentar regular absolutamente todos los escenarios "habidos y por haber".
Invasiones
Desde el año 1999 hasta el 2011, según cifras de Apiur 22 mil inmuebles han sido invadidos en todo el país. Del total alrededor de 800 casas, terrenos y galpones permanecen tomados en Caracas y 155 edificios también desde el año 2003.
Lo peor del asunto es que no tiene aparente arreglo, pues quienes denuncian el flagelo a la propiedad privada se ven obligados a peregrinar: "deben ir a un tribunal del área civil y allí se les dice que se dirijan al Ministerio Público y éste, a su vez, a la Dirección de Inquilinato, "el Estado no garantiza el derecho a la propiedad, sino que omite su deber".
Más que las palabras, lo dicen los hechos. Del total de expropiaciones efectuadas por el Gobierno, sólo el 5% se ha cancelado a sus dueños. Ejemplos de ellos, los 188 edificios afectados en Caracas en 2006, el Centro Comercial Sambil La Candelaria, sin indemnización a 250 comerciantes, el edificio La Francia donde se desalojó a 600 trabajadores y 91 inquilinos comerciantes sin retribución; 19 estacionamientos en el centro de la ciudad capital para la construcción de viviendas y decenas de pensiones turísticas en Caracas tomadas "por grupos anárquicos con apoyo político, fomentando el no pago a sus huéspedes".
El Carabobeño
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Todo aquel que anhela controlar cada mínimo detalle de una estructura determinada, teme que algo se le salga de sus manos. La Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas pretende legislar prácticamente sobre cada escenario o caso particular; sin embargo, el remedio podría resultar peor que la enfermedad, pues al largo plazo podría generarse un "mercado inmobiliario paralelo" con un funcionamiento "paralegal".
Esa es la principal advertencia que hace Carlos Alberto Calanche, consultor jurídico de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), quien indica que el proyecto de ley que se discute en el seno de la Asamblea Nacional (AN) establece muchas restricciones hacia el arrendador que siempre buscará la manera de obtener alguna ganancia por el alquiler de su vivienda.
Tres son las manera que llevarían a un mercado paralelo. La primera es la obligatoriedad de firmar un contrato inquilino-arrendador por un mínimo de tres años, "con una inflación de galopante que ronda por el 27% cada año, al final se desfavorecerá al propietario, porque tal vez viva de esa renta y la inflación se comerá sus ganancias".
A su juicio la imposibilidad de elevar el canon anualmente, traerá como consecuencia la creación de "métodos paralelos" que permitan de alguna manera ajustar el cobro. Por ejemplo: en el recibo se colocaría el monto oficial y la diferencia tendría que pagarse de manera fraudulenta, durante los últimos dos años; de lo contrario simplemente no se alquilaría, por lo que el inquilino estará obligado a hacerlo, en vista del déficit habitacional en Venezuela.
Traspasos a la orden
El segundo sería la subrogación por el fallecimiento del inquilino, "esto es delicado y se prestará a muchos fraudes", pues en el supuesto de que suceda, un ocupante puede tomar su lugar, "entonces el propietario dirá que si bien la persona compartirá con otros la vivienda, se cobrará algo adicional fuera del recibo". Ello, a su vez, generará la proliferación de traspasos.
En entrevista para el Foro de los Lunes, Calanche asegura que muchas de las respuestas que buscan los inquilinos ya están establecidas en leyes. Por ejemplo, el Código Civil suscribe que en caso de fallecimiento del inquilino, no se interrumpe la relación arrendaticia, sino que el heredero opta por cumplir con el arrendamiento, "pero no un tercero que pueda lucrarse subarrendando".
Cobro extra por accesorios
El último punto, cuya implementación jurídica podría culminar en un camino oscuro, es la propuesta de prohibir el cobro adicional por muebles accesorios, pues los arrendadores querrían abusar de esto.
En principio, se había planteado en la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento que una vivienda amueblada (cocina, nevera, computadora, entre otros), no podría costar más del 40% adicional al canon total, mientras que si eran sólo algunos objetos cada uno sumaría 2% adicional hasta llegar a 40% como tope, "la mayoría decidió que esto sería perjudicial", lamenta.
El abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) indica que como consecuencia, muchos propietarios dudarán al alquilar, pues si tienen muebles, no los darán gratis, "o puede ser que otros dirán que si se quiere la casa se pagará algo adicional por los beneficios fuera del contrato".
Puntos varios
Otros aspectos novedosos que propone el texto jurídico es la eliminación de la llamada prórroga legal, la cual permitía dar un período de gracia al inquilino para que tuviera la posibilidad de ubicar un lugar adonde mudarse.
Además, Calanche sostiene que desde el punto de vista de solución habitacional, el instrumento no estimulará inversiones en construcción de nuevas viviendas, pues no se busca un equilibrio entre los dos grupos y por el artículo 74, el cual establecería que el 25% de las viviendas que se construyan (un edificio, por ejemplo) deberán ser destinadas a alquilar, "supedita que la construcción se disponga para el campo de arrendamiento y no sólo eso, sino que no son ecuánimes al sopesar los intereses del arrendador".
Ello se ve reflejado en el artículo dedicado a la eliminación de la garantía del depósito, porque cuando existía se decía que si el inquilino incumplía con una restauración por algún daño al inmueble o incumpla con el pago de algún servicio, "no habrá manera de resarcir". Además, esto no afecta directamente a los inquilinos actuales, sino a los futuros; "debe estudiarse todo, no sólo proteger al débil jurídico, porque dejará desasistido a lo arrendadores".
Otro artículo que ha generado críticas es el número cuatro, el cual implementa un impuesto sobre las viviendas desocupadas, "en vez de arrendar, ocuparán innecesariamente el inmueble, además el Estado no puede saber si una persona está esperando que su hijo se gradúe, eso incluso atenta contra el derecho de propiedad".
El canon
Para este punto, indicó el especialista en Derecho Administrativo, se propone como tope el 15% del salario mínimo, según una versión o del ingreso básico familiar, según la otra, porque se implementará una descongelación progresiva de los cánones de arrendamiento, que desde hace ocho años están paralizados. Ambos casos "son inviables".
Explica que si es sobre el ingreso familiar, resultaría en desavenencias jurídicas, pues la relación arrendaticia es bilateral y si se toma un presupuesto familiar, puede prestarse a que el inquilino es cualquiera, "además, qué pasa si uno de los miembros deja de trabajar".
Si es sobre el 15% del salario mínimo, "no beneficiaría al propietario", pues si una persona pagaba BsF 500, preferirá cancelar menos, "eso traerá desequilibrio, pues no sería la sumatoria de BsF 500 más el 15% del sueldo mínimo, sino sólo el segundo".
Antes que aprobar algo, tanto inquilinos como arrendadores prefirieron diferir el punto, pues "trajo desacuerdos", por lo que se hizo una tercera propuesta: elaborar un estudio sociológico de los casos que lo solicitaran para que el impacto por la descongelación no golpee tanto en el bolsillo.
La venganza del débil contra el fuerte
Lo expuesto por el socio del Bufete de Abogados Orta Poleo hace inferir que la manera en como se ha manejado la discusión del proyecto es una especie de venganza de los inquilinos hacia los propietarios abusadores, "ésa no es la realidad", sostiene.
A su juicio, la ley debería tener aportes y no sólo desmantelar las instituciones que han sido exitosas como la prórroga legal, la garantía del depósito, pagar ante tribunales y no por la Dirección de Inquilinatos que sirve sólo para dirimir controversias, "la garantía del arrendador de poder desalojar al inquilino que no paga, que abusa o subarrienda el inmueble, entre otras". Piensa, Calanche que muchos de esos puntos pueden mejorarse y perdurar en el tiempo.
El único final que tendrá este asunto, asoma el abogado es "confrontación social entre las partes", porque "se protege a un solo sector y se desasiste al otro, lo cual generará desequilibrio" y éste acentuará los conflictos entre inquilinos y propietarios.
Entonces hasta qué punto sería cierto la aseveración de que el alquiler de viviendas cesará paulatinamente, "nadie querrá alquilar", afirma, porque traerá "mucha confrontación ya que los propietarios estarán desasistidos por las instituciones y algunas personas podrían tomar la justicia en sus manos".
En el mercado inmobiliario, al parecer, ocurre como en la economía, si hay temor ante una recesión, se paraliza la economía y comienza su hundimiento, "ya está sucediendo, el alquiler está en desmedro, basta con ver la prensa para observar pocas ofertas, pero no es porque el arrendador quiera explotar, sino porque se necesitan garantías para ceder a un tercero una bien".
Aunque admite que hay hechos "aislados" de violaciones a derechos de los inquilinos, el instrumento no puede intentar regular absolutamente todos los escenarios "habidos y por haber".
Invasiones
Desde el año 1999 hasta el 2011, según cifras de Apiur 22 mil inmuebles han sido invadidos en todo el país. Del total alrededor de 800 casas, terrenos y galpones permanecen tomados en Caracas y 155 edificios también desde el año 2003.
Lo peor del asunto es que no tiene aparente arreglo, pues quienes denuncian el flagelo a la propiedad privada se ven obligados a peregrinar: "deben ir a un tribunal del área civil y allí se les dice que se dirijan al Ministerio Público y éste, a su vez, a la Dirección de Inquilinato, "el Estado no garantiza el derecho a la propiedad, sino que omite su deber".
Más que las palabras, lo dicen los hechos. Del total de expropiaciones efectuadas por el Gobierno, sólo el 5% se ha cancelado a sus dueños. Ejemplos de ellos, los 188 edificios afectados en Caracas en 2006, el Centro Comercial Sambil La Candelaria, sin indemnización a 250 comerciantes, el edificio La Francia donde se desalojó a 600 trabajadores y 91 inquilinos comerciantes sin retribución; 19 estacionamientos en el centro de la ciudad capital para la construcción de viviendas y decenas de pensiones turísticas en Caracas tomadas "por grupos anárquicos con apoyo político, fomentando el no pago a sus huéspedes".
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Nueva ley no obligará al pequeño arrendador a vender viviendas
Rígel Sergent dijo que esperan adelantar artículos diferidos esta semana
La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) que discute la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios ya clasificó a los propietarios, según el número de viviendas en alquiler que posean. Ahora, la instancia técnica del grupo parlamentario establecerá las diferencias legales que privarán entre ambos tipos de arrendadores en los artículos referidos a causales de desalojo, el Fondo de Seguridad, así como la venta de inmuebles.
Rígel Sergent, vocero de la Red Metropolitana de Inquilinos -proponente del texto-, informó que la ley contrastará deberes y beneficios entre los pequeños propietarios -con una o dos viviendas en alquiler- y los denominados multiarrendadores, es decir, aquellos con tres o más inmuebles en condición de arriendo.
Adelantó que una de las principales diferencias estará contemplada en la disposición transitoria novena, donde se fija la obligación de los propietarios de viviendas de vieja data (construidas hasta 1987) a vender los inmuebles a los inquilinos.
“Mal podríamos obligar al pequeño arrendador a vender, cuando en algún momento puede tener la necesidad de recuperar su vivienda”, explicó al precisar que estos propietarios no estarán sujetos a esta disposición, pero sí deberán cumplirla los multiarrendadores.
Señaló que además se especificará el tipo de inmuebles que contempla la medida, como es el caso de los edificios dedicados únicamente a alquiler.
Propiedad en riesgo
La Ley de Arrendamientos, que consta de 150 artículos, es debatida desde julio por la comisión de la AN, a los fines de ser elevada a la plenaria del parlamento para su definitiva aprobación. Hasta el momento, 104 artículos han recibido el visto bueno -contratos mínimos de tres años, eliminación de depósito-, mientras apartados polémicos como la metodología para determinar el canon, las causales de desalojo y las sanciones se mantienen diferidas.
Sergent indicó que las causas de desocupación también contemplarán diferencias entre pequeños y multiarrendadores. Detalló que de los cinco parámetros, al referido “a la necesidad que tenga el propietario de ocupar el inmueble o alguno de sus familiares” se le agregarán especificaciones que privilegien al dueño de una o dos viviendas alquiladas, para garantizar que pueda recuperar su propiedad. “En el caso del gran arrendador, al tener varias viviendas, hay que blindarse de peticiones no justificadas de necesidad”, dijo.
Añadió que la ley además crea el Fondo de Seguridad Social del Inquilino y del Pequeño Arrendador, con el cual se ofrecerá protección a los arrendatarios, y se les extiende el beneficio a quienes alquilan hasta dos viviendas, pero se excluye al multiarrendador.
Los nuevos apartados de la ley, que según Sergent, serán abordados esta semana, fueron criticados por el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini.
El empresario sostuvo que de ser aprobadas las diferencias entre los tipos de propietarios, se castigará la posesión de tres o más viviendas en alquiler.
“El multiarrendador tendrá menos derecho que el pequeño, no sólo con la posibilidad de alegar necesidad del inmueble para demandar un desalojo, sino que se le obligará a vender”.
A su juicio, no hay ley que obligue a la venta, y por ello pidió equilibrar los derechos y obligaciones.
Eltiempo.com.ve
12-09-2011
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La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) que discute la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios ya clasificó a los propietarios, según el número de viviendas en alquiler que posean. Ahora, la instancia técnica del grupo parlamentario establecerá las diferencias legales que privarán entre ambos tipos de arrendadores en los artículos referidos a causales de desalojo, el Fondo de Seguridad, así como la venta de inmuebles.
Rígel Sergent, vocero de la Red Metropolitana de Inquilinos -proponente del texto-, informó que la ley contrastará deberes y beneficios entre los pequeños propietarios -con una o dos viviendas en alquiler- y los denominados multiarrendadores, es decir, aquellos con tres o más inmuebles en condición de arriendo.
Adelantó que una de las principales diferencias estará contemplada en la disposición transitoria novena, donde se fija la obligación de los propietarios de viviendas de vieja data (construidas hasta 1987) a vender los inmuebles a los inquilinos.
“Mal podríamos obligar al pequeño arrendador a vender, cuando en algún momento puede tener la necesidad de recuperar su vivienda”, explicó al precisar que estos propietarios no estarán sujetos a esta disposición, pero sí deberán cumplirla los multiarrendadores.
Señaló que además se especificará el tipo de inmuebles que contempla la medida, como es el caso de los edificios dedicados únicamente a alquiler.
Propiedad en riesgo
La Ley de Arrendamientos, que consta de 150 artículos, es debatida desde julio por la comisión de la AN, a los fines de ser elevada a la plenaria del parlamento para su definitiva aprobación. Hasta el momento, 104 artículos han recibido el visto bueno -contratos mínimos de tres años, eliminación de depósito-, mientras apartados polémicos como la metodología para determinar el canon, las causales de desalojo y las sanciones se mantienen diferidas.
Sergent indicó que las causas de desocupación también contemplarán diferencias entre pequeños y multiarrendadores. Detalló que de los cinco parámetros, al referido “a la necesidad que tenga el propietario de ocupar el inmueble o alguno de sus familiares” se le agregarán especificaciones que privilegien al dueño de una o dos viviendas alquiladas, para garantizar que pueda recuperar su propiedad. “En el caso del gran arrendador, al tener varias viviendas, hay que blindarse de peticiones no justificadas de necesidad”, dijo.
Añadió que la ley además crea el Fondo de Seguridad Social del Inquilino y del Pequeño Arrendador, con el cual se ofrecerá protección a los arrendatarios, y se les extiende el beneficio a quienes alquilan hasta dos viviendas, pero se excluye al multiarrendador.
Los nuevos apartados de la ley, que según Sergent, serán abordados esta semana, fueron criticados por el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini.
El empresario sostuvo que de ser aprobadas las diferencias entre los tipos de propietarios, se castigará la posesión de tres o más viviendas en alquiler.
“El multiarrendador tendrá menos derecho que el pequeño, no sólo con la posibilidad de alegar necesidad del inmueble para demandar un desalojo, sino que se le obligará a vender”.
A su juicio, no hay ley que obligue a la venta, y por ello pidió equilibrar los derechos y obligaciones.
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Intereses ponen papaya la compra de casa
El Banco Central de Venezuela y el Ministerio de la Vivienda ajustaron las tasas de interés para la adquisición de viviendas, construcción y autoconstrucción según Gaceta Oficial N° 39.751 del pasado 6 de septiembre.
La nueva normativa redujo los intereses y facilita la adquisición de viviendas a través de la banca privada y permite que familias con ingresos cercanos a los BsF 7.000 obtengan un crédito con intereses 54% más bajos.
Anteriormente, existían cinco escalas, mientras que ahora se especifican tres nuevos niveles de tasas e ingresos que son aplicables a créditos vigentes y nuevos por igual.
A partir de este mes, 4,66% será el interés para grupos familiares cuyos ingresos sean menores o iguales a cuatro salarios mínimos (6.192), 6,91% para quienes tienen ingresos entre cuatro y seis salarios mínimos (9.288) y 9,16% para los que tengan ingresos entre seis y ocho (12.384).
El tope de interés quedó estipulado en 11,42%, pero no específica el límite de salarios como en la norma de 2009, donde el máximo era BsF 16.650.
El interés para la construcción de viviendas con recursos propios de las instituciones bancarias no sufrió reformas y quedó igualmente en 10,5%.
Voceros de la banca explican que la resolución se encuentra en revisión para determinar quiénes recibirán el interés máximo, debido a las lagunas de la normativa.
El especialista en banca y negocios César Aristimuño explicó que "la reforma no es lo más adecuada, ni lo más conveniente en el actual momento que vive el país. Favorece a unos y desmejora a otros, por lo que no crece el país, ni crea estabilidad".
Advierte que en el mercado no hay la suficiente cantidad de viviendas que se requieren y que la reforma puede generar una oleada de solicitudes de crédito y, "aun cuando los intereses sean bajos, no habrá dónde comprar".
Aristimuño sostiene que para superar la crisis habitacional el Gobierno debe trabajar en coordinación con el sector privado y no disminuir la rentabilidad de la banca, colocándola en una situación de búsqueda de mejores beneficios.
La profesora y economista María Inés Fernández aplaudió que el Gobierno haya facilitado el acceso a los créditos hipotecarios a las familias de clase media.
Comentó que anteriormente este grupo había quedado excluido y que sólo cuando se creó la Ley Especial del Deudor Hipotecario algunas familias pudieron adquirir un inmueble.
La Ley del Deudor dinamizó entonces el sistema y creó beneficios como la tasa de interés social, la cesión de subsidio a las familias de bajos ingresos económicos y las cuotas mensuales que no exceden 20% de los ingresos del beneficiario, para potenciar los atractivos de comprar.
La nueva norma forma parte de un grupo de medidas tomadas por el Gobierno nacional para reactivar el sector. En el mes de mayo, se dictaron condiciones para la cartera obligatoria que obligó a pasar de 10 a 12% la inversión para la construcción de viviendas, 35% para la adquisición de vivienda principal, 7,5% para mejoras, reparaciones o ampliaciones de vivienda principal y 7,5% para autoconstrucción.
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La nueva normativa redujo los intereses y facilita la adquisición de viviendas a través de la banca privada y permite que familias con ingresos cercanos a los BsF 7.000 obtengan un crédito con intereses 54% más bajos.
Anteriormente, existían cinco escalas, mientras que ahora se especifican tres nuevos niveles de tasas e ingresos que son aplicables a créditos vigentes y nuevos por igual.
A partir de este mes, 4,66% será el interés para grupos familiares cuyos ingresos sean menores o iguales a cuatro salarios mínimos (6.192), 6,91% para quienes tienen ingresos entre cuatro y seis salarios mínimos (9.288) y 9,16% para los que tengan ingresos entre seis y ocho (12.384).
El tope de interés quedó estipulado en 11,42%, pero no específica el límite de salarios como en la norma de 2009, donde el máximo era BsF 16.650.
El interés para la construcción de viviendas con recursos propios de las instituciones bancarias no sufrió reformas y quedó igualmente en 10,5%.
Voceros de la banca explican que la resolución se encuentra en revisión para determinar quiénes recibirán el interés máximo, debido a las lagunas de la normativa.
El especialista en banca y negocios César Aristimuño explicó que "la reforma no es lo más adecuada, ni lo más conveniente en el actual momento que vive el país. Favorece a unos y desmejora a otros, por lo que no crece el país, ni crea estabilidad".
Advierte que en el mercado no hay la suficiente cantidad de viviendas que se requieren y que la reforma puede generar una oleada de solicitudes de crédito y, "aun cuando los intereses sean bajos, no habrá dónde comprar".
Aristimuño sostiene que para superar la crisis habitacional el Gobierno debe trabajar en coordinación con el sector privado y no disminuir la rentabilidad de la banca, colocándola en una situación de búsqueda de mejores beneficios.
La profesora y economista María Inés Fernández aplaudió que el Gobierno haya facilitado el acceso a los créditos hipotecarios a las familias de clase media.
Comentó que anteriormente este grupo había quedado excluido y que sólo cuando se creó la Ley Especial del Deudor Hipotecario algunas familias pudieron adquirir un inmueble.
La Ley del Deudor dinamizó entonces el sistema y creó beneficios como la tasa de interés social, la cesión de subsidio a las familias de bajos ingresos económicos y las cuotas mensuales que no exceden 20% de los ingresos del beneficiario, para potenciar los atractivos de comprar.
La nueva norma forma parte de un grupo de medidas tomadas por el Gobierno nacional para reactivar el sector. En el mes de mayo, se dictaron condiciones para la cartera obligatoria que obligó a pasar de 10 a 12% la inversión para la construcción de viviendas, 35% para la adquisición de vivienda principal, 7,5% para mejoras, reparaciones o ampliaciones de vivienda principal y 7,5% para autoconstrucción.
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12-09-2011
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Desalojar a un inquilino cuesta Dios y su ayuda
(Créditos: Federico Parra)
Si antes desalojar a un inquilino por causa justificada no era una tarea fácil ni económica, a partir de mayo de 2011 con la vigencia del Decreto Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda, la tarea para los propietarios es imposible.
Si a la norma anti-desalojo se le suma que la actual discusión de la Asamblea Nacional sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos ha paralizado todas las acciones legales en materia de alquiler de viviendas, el panorama es desalentador.
En las oficinas de inquilinato de Plaza y Zamora se registran diariamente entre 50 y 60 denuncias de propietarios contra los inquilinos. Hasta hace unos meses atrás la tendencia legal era totalmente inversa. Es decir, eran los inquilinos quienes accionaban contra los propietarios.
El reclamo más recurrente se refiere al desacuerdo de entrega del inmueble, seguido del incumplimiento de pago por parte del arrendatario y las solicitudes de inquilinos para hacer uso de la prórroga legal antes de salir definitivamente de la propiedad.
Calvario. Lirimar Segobia, asesora jurídica de la oficina de inquilinato de Zamora, aseguró que los casos que recibe a diario "son uno peor que otro".
César González, propietario, relató a ÚN que hace un año compró un inmueble que estaba arrendado en el conjunto residencial Los Cardenales, de la urbanización El Marqués de Guatire, y hasta la fecha no ha logrado la desocupación.
Afirmó que ha hecho un montón de gestiones y denuncias ante diversos organismos, pero no logró nada. Acotó que, incluso, le propuso a la arrendataria exonerarle la deuda de alquiler, que asciende a un año, pagarle el depósito de la nueva vivienda que consiga para mudarse. "Ni así he logrado que desocupe", se quejó.
Mientras espera que el arrendatario impago le entregue el inmueble, González vive con su esposa e hija de cinco años alquilado en una habitación en Caracas y paga BsF 3 mil mensuales al banco por el crédito.
Lirimar Segobia enfatizó que, como el caso de González hay más de 150 en la subregión en las mismas condiciones.
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Si a la norma anti-desalojo se le suma que la actual discusión de la Asamblea Nacional sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos ha paralizado todas las acciones legales en materia de alquiler de viviendas, el panorama es desalentador.
En las oficinas de inquilinato de Plaza y Zamora se registran diariamente entre 50 y 60 denuncias de propietarios contra los inquilinos. Hasta hace unos meses atrás la tendencia legal era totalmente inversa. Es decir, eran los inquilinos quienes accionaban contra los propietarios.
El reclamo más recurrente se refiere al desacuerdo de entrega del inmueble, seguido del incumplimiento de pago por parte del arrendatario y las solicitudes de inquilinos para hacer uso de la prórroga legal antes de salir definitivamente de la propiedad.
Calvario. Lirimar Segobia, asesora jurídica de la oficina de inquilinato de Zamora, aseguró que los casos que recibe a diario "son uno peor que otro".
César González, propietario, relató a ÚN que hace un año compró un inmueble que estaba arrendado en el conjunto residencial Los Cardenales, de la urbanización El Marqués de Guatire, y hasta la fecha no ha logrado la desocupación.
Afirmó que ha hecho un montón de gestiones y denuncias ante diversos organismos, pero no logró nada. Acotó que, incluso, le propuso a la arrendataria exonerarle la deuda de alquiler, que asciende a un año, pagarle el depósito de la nueva vivienda que consiga para mudarse. "Ni así he logrado que desocupe", se quejó.
Mientras espera que el arrendatario impago le entregue el inmueble, González vive con su esposa e hija de cinco años alquilado en una habitación en Caracas y paga BsF 3 mil mensuales al banco por el crédito.
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"El Estado debe favorecer a los pequeños arrendadores"
La familia Benzecry paga altas sumas de dinero en condominio en Los Naranjos sin disfrutar de su vivienda privada VENANCIO ALCÁZARES
Mariela Benzecry alquiló la residencia de su madre en Los Naranjos para costearle los gastos médicos que generaba tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) en 2006. Un año después su mamá falleció y comenzaron los problemas con su inquilina, quien se niega a entregarle el inmueble que heredó junto a su hermano.
La situación de la familia Benzecry se suma a otros 210 casos en Caracas de inquilinos que rechazan la entrega las viviendas privadas a pequeños arrendadores, según cifras de la Red de Propietarios.
La inquilina de Mariela Benzecry llegó a su casa en el piso 3 (Apto. 3-B) de las residencias Helena de la calle El Paují de Los Naranjos por recomendación de la conserje del edificio. "Luego nos enteramos que la señora Josefina Díaz Capriles había sido desalojada de un penthouse en el edificio tras vencerse su contrato de arrendamiento. El dinero que nos pagaba (Bs 2 mil) lo usábamos para pagar el tratamiento de mi mamá en el Urológico de San Román y el condominio", dijo.
La propietaria contó que el arrendamiento se realizó con el compromiso de que la inquilina se mudara a su casa en La Trinidad cuando se le solicitara la entrega del inmueble. "Le notificamos legalmente su plazo para retirarse en 2007. Pasaron dos años y no se fue. Luego la demandamos y el juez no dictaminó la devolución de mi casa", agregó Benzecry.
Tras cuatro años de lucha a Mariela Benzecry le ha tocado vivir arrimada en casa de una prima. Mientras que a su hermano León, su esposa y dos hijos les exigen abandonar la vivienda que arriendan en la urbanización Terrazas del Ávila.
"Hoy tenemos a una inquilina ocupando mi casa de cuatro habitaciones y pagando solo Bs 4 mil de alquiler (160 m2). El Estado debe favorecer a los pequeños arrendadores. No perdemos la esperanza porque hoy están afectadas dos familias por una inquilina que fue declarada persona no grata en el edificio. Ella no ha demostrado intención de comprar mi casa. Incluso el cheque que dejó para depósito no tenía fondos. Me toca pagar condominio sin disfrutar de mi casa", culminó.
Capriles no pudo contactarse porque no abre las puertas de la casa que arrienda.
Toma forzada en El Rosal
El abogado y experto en inquilinato, Pedro Beiruti, denunció que la propietaria de una vivienda en el edificio VVZ de la calle Sorocaima de El Rosal aprovechó las vacaciones de su inquilino para violar las cerraduras y tomar su inmueble.
"Pedro Santana, inquilino, no pudo entrar al apartamento que alquiló porque la propietaria cambió las cerraduras. Denunciamos el caso en la Dirección de Inquilinato, institución que intentó recuperar el inmueble, pero los vecinos y la junta de condominio impidieron la acción. El inquilino se fue de viaje 10 días a su hacienda y al regresar el martes pasado no pudo entrar al apartamento. Adentro estaba la dueña, Adedo de Venegas", dijo.
Beiruti aseguró que la junta de condominio, liderada por el dirigente oficialista, Héctor Dávila, y otros vecinos obstaculizaron la conciliación. "El viernes logramos que el representante de la empresa apoderada del inmueble entregara las llaves. Santana no quiso entrar por temor y solicitó ayuda en la Fiscalía para confirmar la entrega de la casa", dijo.
El abogado destacó que nadie debe tomar la justicia por sus propios medios y aunque el propietario tenga derechos debe agotar los procedimientos legales existentes.
Héctor Dávila, presidente de la junta de condominio del edificio VVZ, afirmó que el inquilino del piso 7 (apartamento 71) arrendó el lugar mientras sus hijos estudiaban en Caracas. "Ellos se fueron y se quedó con el apartamento, propiedad de Adedo de Venegas, de 83 años. Santana recibió 50 firmas porque es persona no grata en el edificio. Él le echó liga de frenos a un carro. El vecino afectado lo grabó y lo denunciamos. Ingiere licor, no colabora con las filtraciones, chocó la puerta del estacionamiento y no la arregló. Incluso debe Bs 7 mil de condominio. Solo paga Bs 300 de alquiler por una vivienda de 85 m2 en El Rosal. La acción de la propietaria es precisamente lo que debería pasar cuando se trata de un inquilino indeseado" resaltó Dávila.
Roberto Bertossi, yerno de Adedo de Venegas y dueño de la empresa apoderada de su vivienda, relató que la propietaria actuó a modus propio.
"Inquilinato la amenazó con desalojarla, una anciana de 83 años. La vivienda fue comprada en 1995 y fue puesta a nombre de la compañía por una decisión de ancianos. Se hizo un contrato en 2001 y se convirtió en indeterminado y inquilino para por tribunales el arrendamiento", indicó.
Bertossi duerme en una hamaca en la sala de su casa. A un lado su esposa descansa en el sofá porque le cedió su habitación a su mamá. "Luego de lo sucedido entregamos las llaves de la casa de El Rosal. El inquilino es deshonesto porque paga Bs 300. Esa no es su vivienda principal y la recuperaremos por completo", afirmó.
El Universal
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La situación de la familia Benzecry se suma a otros 210 casos en Caracas de inquilinos que rechazan la entrega las viviendas privadas a pequeños arrendadores, según cifras de la Red de Propietarios.
La inquilina de Mariela Benzecry llegó a su casa en el piso 3 (Apto. 3-B) de las residencias Helena de la calle El Paují de Los Naranjos por recomendación de la conserje del edificio. "Luego nos enteramos que la señora Josefina Díaz Capriles había sido desalojada de un penthouse en el edificio tras vencerse su contrato de arrendamiento. El dinero que nos pagaba (Bs 2 mil) lo usábamos para pagar el tratamiento de mi mamá en el Urológico de San Román y el condominio", dijo.
La propietaria contó que el arrendamiento se realizó con el compromiso de que la inquilina se mudara a su casa en La Trinidad cuando se le solicitara la entrega del inmueble. "Le notificamos legalmente su plazo para retirarse en 2007. Pasaron dos años y no se fue. Luego la demandamos y el juez no dictaminó la devolución de mi casa", agregó Benzecry.
Tras cuatro años de lucha a Mariela Benzecry le ha tocado vivir arrimada en casa de una prima. Mientras que a su hermano León, su esposa y dos hijos les exigen abandonar la vivienda que arriendan en la urbanización Terrazas del Ávila.
"Hoy tenemos a una inquilina ocupando mi casa de cuatro habitaciones y pagando solo Bs 4 mil de alquiler (160 m2). El Estado debe favorecer a los pequeños arrendadores. No perdemos la esperanza porque hoy están afectadas dos familias por una inquilina que fue declarada persona no grata en el edificio. Ella no ha demostrado intención de comprar mi casa. Incluso el cheque que dejó para depósito no tenía fondos. Me toca pagar condominio sin disfrutar de mi casa", culminó.
Capriles no pudo contactarse porque no abre las puertas de la casa que arrienda.
Toma forzada en El Rosal
El abogado y experto en inquilinato, Pedro Beiruti, denunció que la propietaria de una vivienda en el edificio VVZ de la calle Sorocaima de El Rosal aprovechó las vacaciones de su inquilino para violar las cerraduras y tomar su inmueble.
"Pedro Santana, inquilino, no pudo entrar al apartamento que alquiló porque la propietaria cambió las cerraduras. Denunciamos el caso en la Dirección de Inquilinato, institución que intentó recuperar el inmueble, pero los vecinos y la junta de condominio impidieron la acción. El inquilino se fue de viaje 10 días a su hacienda y al regresar el martes pasado no pudo entrar al apartamento. Adentro estaba la dueña, Adedo de Venegas", dijo.
Beiruti aseguró que la junta de condominio, liderada por el dirigente oficialista, Héctor Dávila, y otros vecinos obstaculizaron la conciliación. "El viernes logramos que el representante de la empresa apoderada del inmueble entregara las llaves. Santana no quiso entrar por temor y solicitó ayuda en la Fiscalía para confirmar la entrega de la casa", dijo.
El abogado destacó que nadie debe tomar la justicia por sus propios medios y aunque el propietario tenga derechos debe agotar los procedimientos legales existentes.
Héctor Dávila, presidente de la junta de condominio del edificio VVZ, afirmó que el inquilino del piso 7 (apartamento 71) arrendó el lugar mientras sus hijos estudiaban en Caracas. "Ellos se fueron y se quedó con el apartamento, propiedad de Adedo de Venegas, de 83 años. Santana recibió 50 firmas porque es persona no grata en el edificio. Él le echó liga de frenos a un carro. El vecino afectado lo grabó y lo denunciamos. Ingiere licor, no colabora con las filtraciones, chocó la puerta del estacionamiento y no la arregló. Incluso debe Bs 7 mil de condominio. Solo paga Bs 300 de alquiler por una vivienda de 85 m2 en El Rosal. La acción de la propietaria es precisamente lo que debería pasar cuando se trata de un inquilino indeseado" resaltó Dávila.
Roberto Bertossi, yerno de Adedo de Venegas y dueño de la empresa apoderada de su vivienda, relató que la propietaria actuó a modus propio.
"Inquilinato la amenazó con desalojarla, una anciana de 83 años. La vivienda fue comprada en 1995 y fue puesta a nombre de la compañía por una decisión de ancianos. Se hizo un contrato en 2001 y se convirtió en indeterminado y inquilino para por tribunales el arrendamiento", indicó.
Bertossi duerme en una hamaca en la sala de su casa. A un lado su esposa descansa en el sofá porque le cedió su habitación a su mamá. "Luego de lo sucedido entregamos las llaves de la casa de El Rosal. El inquilino es deshonesto porque paga Bs 300. Esa no es su vivienda principal y la recuperaremos por completo", afirmó.
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Inversión para insumos de construcción suma $241 millones
El Gobierno a través del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) ha invertido $241 millones en la creación de fábricas para la producción de insumos de la construcción.
Aunque las autoridades argumentan que se hacen esfuerzos en la actividad industrial, las cifras oficiales revelan que la ejecución de los proyectos orientados a la generación de materiales es lenta. Esa inversión por medio del Fonden abarca el período de 2006 a 2011 y si bien se han asignado más de $240 millones, los recursos erogados ascienden a $110 millones (46% del total).
Esas asignaciones no incluyen las inyecciones a las cementeras, siderúrgicas y otras industrias ya establecidas, solamente comprenden los fondos para la creación de nuevas empresas.
Los datos del Fonden revelan que a las nuevas cementeras Cerro Azul y Santiago se han asignado $148 millones, de esa cantidad se han desembolsado 86 millones. Esta semana el ministro de Ciencia e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, destacaba que Cerro Azul tiene un avance de 81%, pero la constitución de esa planta se autorizó en 2005.
Para las empresas de producción de insumos básicos para la construcción de viviendas fueron asignados $1,7 millones, los cuales fueron ejecutados en su totalidad. En el detalle se indica que el Fonden entregó recursos para un complejo orientado a la producción de ladrillos de arcilla, de los $46 millones, ya fueron empleados $18 millones.
El Gobierno destinó a la fábrica socialista de producción de maquinaria pesada para la construcción 35 millones de dólares y los datos oficiales indican que los fondos no se han erogado.
La construcción en el primer semestre tuvo un retroceso de 4,3% y uno de los aspectos que más incidió fue la menor disponibilidad de insumos básicos.
El Universal
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Esas asignaciones no incluyen las inyecciones a las cementeras, siderúrgicas y otras industrias ya establecidas, solamente comprenden los fondos para la creación de nuevas empresas.
Los datos del Fonden revelan que a las nuevas cementeras Cerro Azul y Santiago se han asignado $148 millones, de esa cantidad se han desembolsado 86 millones. Esta semana el ministro de Ciencia e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, destacaba que Cerro Azul tiene un avance de 81%, pero la constitución de esa planta se autorizó en 2005.
Para las empresas de producción de insumos básicos para la construcción de viviendas fueron asignados $1,7 millones, los cuales fueron ejecutados en su totalidad. En el detalle se indica que el Fonden entregó recursos para un complejo orientado a la producción de ladrillos de arcilla, de los $46 millones, ya fueron empleados $18 millones.
El Gobierno destinó a la fábrica socialista de producción de maquinaria pesada para la construcción 35 millones de dólares y los datos oficiales indican que los fondos no se han erogado.
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