La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea avanza en la revisión de la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
El vicepresidente de la instancia, César Rincones, señaló que ya se aprobaron 40 de los 150 artículos que tiene el proyecto, y entre las disposiciones que tuvieron el visto bueno estuvieron las correspondientes al ente regulador de los alquileres.
Informó que durante la discusión se decidió que la Dirección de Inquilinato se transformará en Superintendencia, de manera que sus atribuciones aumentan.
Con los cambios, el organismo se encargará de la estimación de los cánones de arrendamiento, el censo así como de la definición de los contratos de arrendamiento.
El diputado comentó que de los aspectos que serán revisado con detalle estarán justamente los términos de esos contratos de alquiler.
La intención de los parlamentarios es acelerar el informe final del instrumento para que sea llevado a segunda discusión antes del próximo 15 de agosto.
El Universal
22-07-2011
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sábado, 23 de julio de 2011
Cinco años tomará convertir a La Carlota en parque
El ministro Sesto comparó lo que será el parque de La Carlota con el Central Park de Nueva York AVN
El ministro para la transformación de Caracas, Farruco Sesto, informó ayer que ya el presidente Hugo Chávez había aprobado 100 millones de bolívares para comenzar a transformar la base aérea La Carlota en el "Parque Bolívar". Eso para empezar, pues dada la magnitud de la obra, eventualmente será necesario asignar más fondos.
Sesto explicó que el parque se completaría en cuatro o cinco años, aunque podrá comenzar a recibir visitantes en 2013, cuando culmine la primera fase de adecuación.
En las 102 hectáreas habrá un centro de convenciones, un espacio ferial, canchas deportivas, un sistema de caminerías y plazas techadas (inspiradas en las de la UCV) y una conexión ecológica con el Parque del Este, que irá sobre la autopista. Eso junto a un centro educativo de tecnología (desde preescolar hasta la universidad) y el "polo tecnológico", que incluye algunas fábricas.
Sesto presentó una maqueta en la que indicó que algunos hangares y galpones desaparecerán del espacio. También afirmó que, aunque la pista se mantendrá por razones estratégicas, la actividad cotidiana de base aérea y militar se descartará, pues "no coincide con la idea del parque".
Dijo que el desarrollo mejorará las conexiones Norte-Sur en la ciudad, así como el sistema peatonal y de transporte alternativo, pues se implementará también una gran ciclo vía que recorra todo el sistema.
Al parque llegará el transporte público, habrá estacionamiento y una estación del Metro. Asimismo, servicios de atención médica y bomberos.
Mientras, el Presidente escribió en su cuenta en Twitter, @chavezcandanga: "Ese proyecto del Parque Bolívar es un verdadero regalo de La Revolución Bolivariana para nuestra bella Caracas! ¡Bravo Farruco! ¡Viviremos!".
El Universal
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Sesto explicó que el parque se completaría en cuatro o cinco años, aunque podrá comenzar a recibir visitantes en 2013, cuando culmine la primera fase de adecuación.
En las 102 hectáreas habrá un centro de convenciones, un espacio ferial, canchas deportivas, un sistema de caminerías y plazas techadas (inspiradas en las de la UCV) y una conexión ecológica con el Parque del Este, que irá sobre la autopista. Eso junto a un centro educativo de tecnología (desde preescolar hasta la universidad) y el "polo tecnológico", que incluye algunas fábricas.
Sesto presentó una maqueta en la que indicó que algunos hangares y galpones desaparecerán del espacio. También afirmó que, aunque la pista se mantendrá por razones estratégicas, la actividad cotidiana de base aérea y militar se descartará, pues "no coincide con la idea del parque".
Dijo que el desarrollo mejorará las conexiones Norte-Sur en la ciudad, así como el sistema peatonal y de transporte alternativo, pues se implementará también una gran ciclo vía que recorra todo el sistema.
Al parque llegará el transporte público, habrá estacionamiento y una estación del Metro. Asimismo, servicios de atención médica y bomberos.
Mientras, el Presidente escribió en su cuenta en Twitter, @chavezcandanga: "Ese proyecto del Parque Bolívar es un verdadero regalo de La Revolución Bolivariana para nuestra bella Caracas! ¡Bravo Farruco! ¡Viviremos!".
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Firmas extranjeras vuelven aprovechando auge inversionista
Portafolio.co
De regreso Sacyr, ICA y FCC, que planean tener presencia en las obras del país.
Tres firmas extranjeras que tuvieron un desempeño polémico en el país quieren volver a ser protagonistas en los proyectos de infraestructura.
Se trata de la mexicana Ingenieros Civiles Asociados S.A. (ICA) y de las españolas Sacyr Vallehermoso y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)
ICA acaba de ganar un contrato sobre aguas residuales en Medellín; FCC abrirá en septiembre oficinas en Colombia, y Sacyr es parte de un consorcio que participa en una licitación del proyecto Hidroituango. La firma ve condiciones propicias para tener una presencia de primera línea.
FCC ABRE OFICINA
Baldomero Falcones, presidente del grupo español Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), anunció que a partir del primero de septiembre abrirán oficinas en Colombia.
FCC tiene el 50 por ciento de participación de Proactiva, que mantuvo por 9 años la disposición final de basuras en el relleno sanitario de Doña Juana, en Bogotá.
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) decidió liquidar unilateralmente el contrato con Proactiva, por incumplimientos en el contrato y le impuso sanciones económicas por 51.945 millones de pesos. El pleito con Proactiva Doña Juana aún no está resuelto.
Por lo pronto, Falcones dice que la aspiración de FCC es trabajar en Colombia en tres frentes: infraestructura, servicios medios ambientales y energía renovable.
SACYR, EN HIDROITUANGO
El presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, afirmó en la Universidad Menéndez Pelayo que vuelve a Colombia porque se ha recuperado el grado de inversión y hay seguridad jurídica y económica.
De hecho, la empresa ya actúa en el país en el Consorcio SC Ituango, en la licitación para construir túneles de desviación del río Cauca para Hidroituango.
Sacyr hizo parte de la concesión del Magdalena Medio (Commsa) y tuvo un pleito de más de siete años con el Estado por el incumplimiento del contrato para la construcción de la vía que ahora se conoce como Ruta del Sol, y que debió estar hace diez años.
El pleito terminó en el 2007 con el pago de unas sanciones por incumplimiento, luego de declarar la caducidad del contrato. Commsa fue el segundo negocio del que tuvo que retirarse Sacyr, pues el primero fue la rehabilitación de la línea férrea del Pacífico.
ICA, AHORA EN MEDELLÍN
ICA, la mayor constructora de México, ganó en abril un contrato de 67 millones de dólares para la construcción de un túnel de aguas residuales en Medellín.
En septiembre de 1997, se hizo al mayor contrato para la recuperación y el mantenimiento de la malla vial que se haya firmado en la historia de Bogotá, durante la primera administración de Antanas Mockus.
En el contrato por 111 mil millones, ICA se comprometió a recuperar durante año y medio 3.760 kilómetros de vías y 24 meses más para hacerles mantenimiento.
Sin embargo, desde el primer mes empezaron los retrasos y en el 2001 un tribunal de arbitramento condenó al Distrito a pagar 24 mil millones de pesos a la firma mexicana, por la cancelación unilateral del contrato, y estos a su vez debieron pagar 1.450 millones de pesos a la Alcaldía por incumplimientos en las obras.
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Tres firmas extranjeras que tuvieron un desempeño polémico en el país quieren volver a ser protagonistas en los proyectos de infraestructura.
Se trata de la mexicana Ingenieros Civiles Asociados S.A. (ICA) y de las españolas Sacyr Vallehermoso y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)
ICA acaba de ganar un contrato sobre aguas residuales en Medellín; FCC abrirá en septiembre oficinas en Colombia, y Sacyr es parte de un consorcio que participa en una licitación del proyecto Hidroituango. La firma ve condiciones propicias para tener una presencia de primera línea.
FCC ABRE OFICINA
Baldomero Falcones, presidente del grupo español Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), anunció que a partir del primero de septiembre abrirán oficinas en Colombia.
FCC tiene el 50 por ciento de participación de Proactiva, que mantuvo por 9 años la disposición final de basuras en el relleno sanitario de Doña Juana, en Bogotá.
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) decidió liquidar unilateralmente el contrato con Proactiva, por incumplimientos en el contrato y le impuso sanciones económicas por 51.945 millones de pesos. El pleito con Proactiva Doña Juana aún no está resuelto.
Por lo pronto, Falcones dice que la aspiración de FCC es trabajar en Colombia en tres frentes: infraestructura, servicios medios ambientales y energía renovable.
SACYR, EN HIDROITUANGO
El presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, afirmó en la Universidad Menéndez Pelayo que vuelve a Colombia porque se ha recuperado el grado de inversión y hay seguridad jurídica y económica.
De hecho, la empresa ya actúa en el país en el Consorcio SC Ituango, en la licitación para construir túneles de desviación del río Cauca para Hidroituango.
Sacyr hizo parte de la concesión del Magdalena Medio (Commsa) y tuvo un pleito de más de siete años con el Estado por el incumplimiento del contrato para la construcción de la vía que ahora se conoce como Ruta del Sol, y que debió estar hace diez años.
El pleito terminó en el 2007 con el pago de unas sanciones por incumplimiento, luego de declarar la caducidad del contrato. Commsa fue el segundo negocio del que tuvo que retirarse Sacyr, pues el primero fue la rehabilitación de la línea férrea del Pacífico.
ICA, AHORA EN MEDELLÍN
ICA, la mayor constructora de México, ganó en abril un contrato de 67 millones de dólares para la construcción de un túnel de aguas residuales en Medellín.
En septiembre de 1997, se hizo al mayor contrato para la recuperación y el mantenimiento de la malla vial que se haya firmado en la historia de Bogotá, durante la primera administración de Antanas Mockus.
En el contrato por 111 mil millones, ICA se comprometió a recuperar durante año y medio 3.760 kilómetros de vías y 24 meses más para hacerles mantenimiento.
Sin embargo, desde el primer mes empezaron los retrasos y en el 2001 un tribunal de arbitramento condenó al Distrito a pagar 24 mil millones de pesos a la firma mexicana, por la cancelación unilateral del contrato, y estos a su vez debieron pagar 1.450 millones de pesos a la Alcaldía por incumplimientos en las obras.
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Inmobiliarios prevén que ley de costos reduzca inversión
Martini dice que pequeñas y medianas empresas serán afectadas por nueva norma
Los riesgos propios de toda actividad comercial serán llevados al límite con la recién aprobada Ley de Costos y Precios Justos. A juicio de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) la normativa publicada el martes en Gaceta Oficial, acarreará que “muchas empresas opten por bajar la santamaría”. Según el gremio, la intención del texto de “uniformar” los importes de bienes y servicios, será negativa a futuro.
La norma que comenzará a ser instrumentada en 90 días -el 21 de noviembre- busca fijar “precios justos de intercambio” en bienes y servicios esenciales. Los sectores abarcan alimentos, vestido, calzado, útiles escolares y vivienda.
Para el presidente del gremio inmobiliario, Aquiles Martini, la normativa es “nefasta”. Explica que en el caso de las constructoras, la utilidad de cada proyecto es menor a 25%, y “aunque la cifra pueda calificarse de alta” por algunos, no es así. “Cada obra tarda entre tres y cinco años en ser concluida y la inflación anual oscila entre 25% y 30%. Entonces, se termina perdiendo plata a futuro, porque resulta más rentable tener el capital en el banco ganando intereses a una tasa de 12%, que invirtiéndolo y arriesgándolo”.
Además del desestímulo a la inversión, precisó que los eventuales cierres por efecto de la Ley pueden impactar en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas. Refiere que éstas suelen ostentar costos operativos más elevados que las compañías grandes, por lo que -agrega- limitar la utilidad puede llevar a la clausura.
Martini sostiene que someter a un precios máximo de venta o banda de precios (artículo 31, literal 6) los bienes y servicios esenciales mermará las operaciones empresariales trayendo menos oferta. Anticipó que generará el efecto contrario que busca la regulación, porque se restringirá el acceso de los ciudadanos a productos y prestaciones diversos.
Bajo margen de ganancia
El gremialista precisó que en el caso de los corredores inmobiliarios (gestión de compra-venta de inmuebles), el mercado se autorreguló desde hace muchos años y actualmente su margen de ganancia se sitúa entre 3% y 5% sobre el monto total que implicó la operación. Apuntó que la diferencia entre lo que cobran unos y otros está marcada por el tipo de servicio que ofrece cada empresario.
Para Martini, estandarizar los precios y los costos será inviable debido a la complejidad de cada sector económico. “No distinguir cada empresa por tamaño, servicio que presta o rubro que produce y acceso a los insumos, generará escasez, y abrirá el espacio a negociaciones truculentas, porque un ente tendrá la potestad de determinar cuánto se gana o no”, alertó.
Alejandro Uzcátegui, presidente de Empresarios por Venezuela (Empreven), apuesta por la norma, al considerar que cada dueño de compañía obtendrá las ganancias justas, para contribuir al desarrollo social y financiero del país.
Añadió que el control permitirá eliminar la especulación, y por ende reducir la inflación.
Articulado
La Ley de Costos y Precios Justos contiene 88 artículos. El texto crea una Superintendencia que instrumente la norma y ordena un registro de empresas y precios, a los fines de aplicar un “modelo estadístico” que determine el valor de bienes y servicios esenciales.
El Tiempo
22-07-2011
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La norma que comenzará a ser instrumentada en 90 días -el 21 de noviembre- busca fijar “precios justos de intercambio” en bienes y servicios esenciales. Los sectores abarcan alimentos, vestido, calzado, útiles escolares y vivienda.
Para el presidente del gremio inmobiliario, Aquiles Martini, la normativa es “nefasta”. Explica que en el caso de las constructoras, la utilidad de cada proyecto es menor a 25%, y “aunque la cifra pueda calificarse de alta” por algunos, no es así. “Cada obra tarda entre tres y cinco años en ser concluida y la inflación anual oscila entre 25% y 30%. Entonces, se termina perdiendo plata a futuro, porque resulta más rentable tener el capital en el banco ganando intereses a una tasa de 12%, que invirtiéndolo y arriesgándolo”.
Además del desestímulo a la inversión, precisó que los eventuales cierres por efecto de la Ley pueden impactar en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas. Refiere que éstas suelen ostentar costos operativos más elevados que las compañías grandes, por lo que -agrega- limitar la utilidad puede llevar a la clausura.
Martini sostiene que someter a un precios máximo de venta o banda de precios (artículo 31, literal 6) los bienes y servicios esenciales mermará las operaciones empresariales trayendo menos oferta. Anticipó que generará el efecto contrario que busca la regulación, porque se restringirá el acceso de los ciudadanos a productos y prestaciones diversos.
Bajo margen de ganancia
El gremialista precisó que en el caso de los corredores inmobiliarios (gestión de compra-venta de inmuebles), el mercado se autorreguló desde hace muchos años y actualmente su margen de ganancia se sitúa entre 3% y 5% sobre el monto total que implicó la operación. Apuntó que la diferencia entre lo que cobran unos y otros está marcada por el tipo de servicio que ofrece cada empresario.
Para Martini, estandarizar los precios y los costos será inviable debido a la complejidad de cada sector económico. “No distinguir cada empresa por tamaño, servicio que presta o rubro que produce y acceso a los insumos, generará escasez, y abrirá el espacio a negociaciones truculentas, porque un ente tendrá la potestad de determinar cuánto se gana o no”, alertó.
Alejandro Uzcátegui, presidente de Empresarios por Venezuela (Empreven), apuesta por la norma, al considerar que cada dueño de compañía obtendrá las ganancias justas, para contribuir al desarrollo social y financiero del país.
Añadió que el control permitirá eliminar la especulación, y por ende reducir la inflación.
Articulado
La Ley de Costos y Precios Justos contiene 88 artículos. El texto crea una Superintendencia que instrumente la norma y ordena un registro de empresas y precios, a los fines de aplicar un “modelo estadístico” que determine el valor de bienes y servicios esenciales.
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Desestima creación de propiedad colectiva
dinero.com.ve
La socióloga Isabel Pereira, integrante del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), advirtió que “que uno de los fundamentos ideológicos del socialismo del Siglo XXI es sustituir la propiedad privada por propiedad colectiva”. Este lineamiento ampara una escalada política centrada en invasiones, expropiaciones, fomentos de cogestión y aliento a la conflictividad laboral dentro de la empresa privada, agregó durante el Foro sobre la Actividad Inmobiliaria realizado esta semana en el Hotel Gran Meliá Caracas.
Pereira explicó que “el traspaso de propiedad privada a pública convierte al Estado en un ente patrimonialista en desmedro de los ciudadanos. Estado rico versus ciudadanos pobres”. Sin embargo, analizó que en la actualidad es posible que Venezuela se convierta en un país de propietarios dado que:
- El fracaso de las empresas colectivas: Fundos zamoranos, Empresas de producción Social, Núcleo de producción endógena, sin viabilidad económica, destruyendo además las capacidades productivas precedentes.
-El peligro del desabastecimiento: tres millones de hectáreas agrícolas, ocupadas por fundos de alto rendimiento, son invadidas por grupos sociales con apoyo de las Fuerzas Armadas y las policías locales. En la actualidad sólo 50.000 están en producción.
-Además destruye la posibilidad de fundar patrimonio a la familia venezolana. Los ahorros de las clases populares que en promedio son iguales al salario mínimo están invertidos en la construcción de sus viviendas y en pequeños negocios informales.
La socióloga señalo también que los recientes resultados de una encuesta donde se preguntó, ¿Es la propiedad privada un asunto de ricos?, ciudadanos identificados con el chavismo y la oposición tienen opiniones similares.
Pereira finalizó diciendo que “la estatización de la propiedad privada constituye la base para la expansión del poder totalitario del Gobierno sobre los ciudadanos: El Estado controla y domina lo que se produce, distribuye, determina quién consume y qué consume, si la propiedad colectiva pública se impone los venezolanos perderemos nuestra libertad como país de emprendedores, responsables y creadores de riqueza”.
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Pereira explicó que “el traspaso de propiedad privada a pública convierte al Estado en un ente patrimonialista en desmedro de los ciudadanos. Estado rico versus ciudadanos pobres”. Sin embargo, analizó que en la actualidad es posible que Venezuela se convierta en un país de propietarios dado que:
- El fracaso de las empresas colectivas: Fundos zamoranos, Empresas de producción Social, Núcleo de producción endógena, sin viabilidad económica, destruyendo además las capacidades productivas precedentes.
-El peligro del desabastecimiento: tres millones de hectáreas agrícolas, ocupadas por fundos de alto rendimiento, son invadidas por grupos sociales con apoyo de las Fuerzas Armadas y las policías locales. En la actualidad sólo 50.000 están en producción.
-Además destruye la posibilidad de fundar patrimonio a la familia venezolana. Los ahorros de las clases populares que en promedio son iguales al salario mínimo están invertidos en la construcción de sus viviendas y en pequeños negocios informales.
La socióloga señalo también que los recientes resultados de una encuesta donde se preguntó, ¿Es la propiedad privada un asunto de ricos?, ciudadanos identificados con el chavismo y la oposición tienen opiniones similares.
Pereira finalizó diciendo que “la estatización de la propiedad privada constituye la base para la expansión del poder totalitario del Gobierno sobre los ciudadanos: El Estado controla y domina lo que se produce, distribuye, determina quién consume y qué consume, si la propiedad colectiva pública se impone los venezolanos perderemos nuestra libertad como país de emprendedores, responsables y creadores de riqueza”.
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¡Queremos construir!
TalCualDigital.com
Un grupo de trabajadores del sector de la construcción marcharon hasta la Alcaldía de Caroní en San Félix, para exigir al alcalde José Ramón López el otorgamiento de permisos para reactivar la edificación de viviendas que están paralizadas.
El representante del sindicato de la construcción, Ángel Fajardo, señala que son 9 obras las que están paradas porque la alcaldía no quiere atender la orden del presidente Chávez de hacer cumplir la Misión Vivienda.
Los protestantes denunciaron que más de 300 familias esperan por sus viviendas en Villa Orinokia, urbanismo que debe ser desarrollado en el sector Alta Vista de Puerto Ordaz.
Según el Coordinador de Seguridad Ciudadana municipal, comisario Saúl Cordero, llevarán las demandas de los trabajadores ante el alcalde López, a través de un documento. Esperan ser atendidos.
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El representante del sindicato de la construcción, Ángel Fajardo, señala que son 9 obras las que están paradas porque la alcaldía no quiere atender la orden del presidente Chávez de hacer cumplir la Misión Vivienda.
Los protestantes denunciaron que más de 300 familias esperan por sus viviendas en Villa Orinokia, urbanismo que debe ser desarrollado en el sector Alta Vista de Puerto Ordaz.
Según el Coordinador de Seguridad Ciudadana municipal, comisario Saúl Cordero, llevarán las demandas de los trabajadores ante el alcalde López, a través de un documento. Esperan ser atendidos.
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Déficit habitacional en el país es el más elevado de la región
Consideran que el plan de vivienda del Gobierno se enfrenta a obstáculos como la falta de insumos y los problemas con los servicios
La lenta ejecución en la construcción de viviendas ha llevado a que el déficit habitacional en el país sea el más alto de la región latinoamericana.
El profesor del IESA, Carlos Molina, explicó que la menor oferta de unidades ha ampliado las brechas y por ello en Venezuela el déficit habitacional es de 78 viviendas por cada 1.000 habitantes, cuando en otras naciones es más bajo.
Durante un foro de vivienda organizado por el IESA, realizó una presentación sobre la política habitacional y allí comentó que en Chile el déficit es de 35 viviendas por 1.000 habitantes, en Colombia es 42 unidades, en México asciende a 60 viviendas y en Argentina es 65 casas.
Ante ese comportamiento, Carlos Molina expresó que si bien en algunos períodos la inversión en el sector se ha elevado, ello no se ha reflejado en la producción de unidades, mientras que en Chile la inyección de recursos ha sido más baja y ha habido una mayor cantidad de viviendas.
Las autoridades en el primer trimestre anunciaron que a partir de este período se aceleraría la producción de casas y expresaron que en lapso de siete años se contempla la construcción de 2 millones de soluciones habitacionales.
El profesor del IESA indicó que aunque existe la intención de atender el déficit, la política de vivienda requiere de la participación del sector privado. "Hay que involucrar a las empresas, debido a que la construcción masiva por parte del Gobierno resulta costosa".
Agregó que los costos se generan, porque el sector público no compite. "Actualmente se tienen convenios con empresas internacionales y éstas contratan a compañías locales, lo cual tiene incidencia".
Por lo tanto, reiteró que es favorable que en la planificación se sumen a los privados a fin de aumentar la capacidad.
Durante el foro, el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alfredo Cilento, destacó que el Gobierno está presentando un plan de producción de unidades, pero se enfrenta a problemas para poder ejecutar los proyectos.
Los entes oficiales disponen de 57 millardos de bolívares para el programa habitacional, sin embargo, Cilento expresó que ese plan tiene obstáculos, siendo uno de ellos la caída en la producción de insumos.
"Existe una menor disponibilidad de materiales y ante esa situación se anuncia una importación de productos cuando los puertos tienen dificultades para nacionalizar".
A la falta de productos, destacó, se añaden los problemas con la vialidad y los servicios de energía y agua. Expresó que "por ejemplo las vías no se encuentran en buenas condiciones, lo que encarece el costo del transporte y al final se afectan los precios de los insumos".
En la presentación, comentó que aunado a esos obstáculos el sector se enfrenta a nuevas leyes que afectan la propiedad, reducen el mercado de alquileres y crean un nuevo tipo de propiedad de las viviendas.
"El sector en los últimos años ha sido objeto de medidas improvisadas que han afectado la oferta de unidades, y ahora se añaden esos marcos legales".
En este 2011 el Ejecutivo ha aprobado la Ley de Emergencia de Vivienda que establece procedimientos adicionales para la ocupación y expropiación de bienes; la Ley de Propiedad Familiar, que constituye una nueva forma de propiedad, y la Ley contra los Desalojos Arbitrarios, que condiciona las desocupaciones de inmuebles.
Mayela Armas
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Durante un foro de vivienda organizado por el IESA, realizó una presentación sobre la política habitacional y allí comentó que en Chile el déficit es de 35 viviendas por 1.000 habitantes, en Colombia es 42 unidades, en México asciende a 60 viviendas y en Argentina es 65 casas.
Ante ese comportamiento, Carlos Molina expresó que si bien en algunos períodos la inversión en el sector se ha elevado, ello no se ha reflejado en la producción de unidades, mientras que en Chile la inyección de recursos ha sido más baja y ha habido una mayor cantidad de viviendas.
Las autoridades en el primer trimestre anunciaron que a partir de este período se aceleraría la producción de casas y expresaron que en lapso de siete años se contempla la construcción de 2 millones de soluciones habitacionales.
El profesor del IESA indicó que aunque existe la intención de atender el déficit, la política de vivienda requiere de la participación del sector privado. "Hay que involucrar a las empresas, debido a que la construcción masiva por parte del Gobierno resulta costosa".
Agregó que los costos se generan, porque el sector público no compite. "Actualmente se tienen convenios con empresas internacionales y éstas contratan a compañías locales, lo cual tiene incidencia".
Por lo tanto, reiteró que es favorable que en la planificación se sumen a los privados a fin de aumentar la capacidad.
Durante el foro, el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alfredo Cilento, destacó que el Gobierno está presentando un plan de producción de unidades, pero se enfrenta a problemas para poder ejecutar los proyectos.
Los entes oficiales disponen de 57 millardos de bolívares para el programa habitacional, sin embargo, Cilento expresó que ese plan tiene obstáculos, siendo uno de ellos la caída en la producción de insumos.
"Existe una menor disponibilidad de materiales y ante esa situación se anuncia una importación de productos cuando los puertos tienen dificultades para nacionalizar".
A la falta de productos, destacó, se añaden los problemas con la vialidad y los servicios de energía y agua. Expresó que "por ejemplo las vías no se encuentran en buenas condiciones, lo que encarece el costo del transporte y al final se afectan los precios de los insumos".
En la presentación, comentó que aunado a esos obstáculos el sector se enfrenta a nuevas leyes que afectan la propiedad, reducen el mercado de alquileres y crean un nuevo tipo de propiedad de las viviendas.
"El sector en los últimos años ha sido objeto de medidas improvisadas que han afectado la oferta de unidades, y ahora se añaden esos marcos legales".
En este 2011 el Ejecutivo ha aprobado la Ley de Emergencia de Vivienda que establece procedimientos adicionales para la ocupación y expropiación de bienes; la Ley de Propiedad Familiar, que constituye una nueva forma de propiedad, y la Ley contra los Desalojos Arbitrarios, que condiciona las desocupaciones de inmuebles.
Mayela Armas
El Universal
22-07-2011
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